Auto 2016-01687 de diciembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 25000234100020160168701

Actor: Equidad Seguros de Vida O.C. y otros

Demandado: Superintendencia Nacional de Salud

Tema: Auto que rechazó la demanda por caducidad - Recursos en sede gubernativa

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.

La Sala procede a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora en contra del auto de 6 de octubre de 2016, proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se rechazó la demanda instaurada por la sociedad Equidad Seguros de Vida O.C. y otros(1), en contra de las resoluciones 2414 del 24 de noviembre de 2015 y 458 de 15 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

I. Antecedentes

Mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2016 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1 a 85, cdno. ppal.), la sociedad Equidad Seguros de Vida O.C. y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, presentaron demanda en contra de las resoluciones 2414 de 24 de noviembre de 2015 “Por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar Saludcoop entidad promotora de salud Organism Cooperativo, con NIT 800.250.119-1” y 458 de 15 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se rechaza un recurso de reposición”, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

A través de auto de 8 de septiembre de 2016, el magistrado sustanciador del proceso, dispuso la inadmisión de la demanda, otorgando el término de diez (10) días para que se allegara el original o copia auténtica de los actos demandados, así como las constancias de notificación, publicación o ejecución de los mismos, igualmente para que se aportara prueba de la falta temporal o absoluta del presidente de la Equidad Seguros Generales y del representante legal de la Fundación Equidad Seguros y, finalmente, para que se aclarara la demanda en relación con el demandante fondo de empleados y educadores privados (Fomanort), en cuanto a su nombre comercial.

El apoderado de la parte actora, mediante memorial de 22 de septiembre de 2016, presentó escrito de subsanación de la demanda.

En proveído de 6 de octubre de 2016, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó la demanda, luego de considerar que había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

II. La providencia apelada

La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de auto de 6 de octubre de 2016, decidió rechazar la demanda presentada en contra de las resoluciones 2414 del 24 de noviembre de 2015 y 458 de 15 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, luego de considerar que había operado el fenómeno de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que sustentó de la siguiente manera:

“[…] De la norma transcrita se tiene que dicho término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de publicación, notificación o ejecución del acto que agotó la vía gubernativa, según sea el caso, el que para los integrantes de la parte actora se contabiliza desde el día siguiente al de la firmeza de la Resolución 2414 de 24 de noviembre de 2015, por lo que teniendo en cuenta que dicho acto administrativo quedó en firme el 14 de diciembre de 2015 tal como consta en la certificación obrante a folio 566 del cuaderno principal del expediente, esto es, la fecha en que feneció el término de diez (10) días para interponer el recurso de reposición […].

[…] y el que además feneció frente a las personas “jurídicas Equidad Seguros de Vida O.C., Equidad Seguros Generales O.C., Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, IAC Acción y Progreso, Empresa Cooperativa de Servicios de Salud (Emcosalud), Fundación la Equidad Seguros y frente a la señora Beatriz Elena Giraldo Aristizabal ya que a pesar las (sic) citadas personas interpusieron recurso de reposición contra la Resolución 2414 de 24 de noviembre de 2015 dicho recurso fue rechazado de plano razón por la cual la Resolución 2414 de 24 de noviembre de 2015 quedó en firme para estas precisas personas jurídicas y natural igualmente el 14 de diciembre de 2015, por lo tanto el término de cuatro (4) meses que señala la norma empezó a correr al día siguiente y venció el 15 de abril de 2016; sin perjuicio de lo anterior se tiene que el 15 de julio de 2016 la parte actora presentó una solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Primera Judicial II para asuntos administrativos, según se corrobora a folios 511 a 515 del cuaderno principal del expediente sin que suspendiera el citado término de caducidad pues para dicha fecha en que fue presentada dicha solicitud ya había fenecido el término para presentar la demanda, por lo que la demanda de la referencia fue interpuesta el 17 de agosto de 2016 tal como consta en folio 1 del cuaderno principal del expediente, fecha esta para la que el medio de control jurisdiccional ya se encontraba caducado, razón por la que se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de anexos […]”.

III. Fundamentos del recurso de apelación

En escrito obrante en folios 586 a 592 del cuaderno principal del expediente, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra del proveído en mención, sustentando su inconformidad en los argumentos que se exponen a continuación:

Señaló que la forma correcta de contabilizar el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde a que el mismo inicia su computo desde el momento en el cual se notifica el acto mediante el cual se decidieron los recursos de reposición presentados, lo cual en el caso concreto solo aconteció el 7 de marzo de 2016, en razón a que solo hasta dicha fecha se conoció el resultado de la sede administrativa.

Precisó que la Resolución 2414 de 24 de noviembre de 2015, no fue notificada de manera personal a los propietarios de la EPS Saludcoop, sin embargo, un grupo de éstos otorgaron poder al abogado Hernán Jiménez Barreto, quien interpuso recurso de reposición en contra de la misma, acto con el cual se dieron por notificados de su contenido.

Resaltó que los propietarios de la EPS Saludcoop tienen un verdadero interés en lo que respecta a la liquidación de la EPS, razón por la cual interpusieron recurso con miras a lograr la revocatoria del acto de intervención.

Aseveró que en virtud de la interposición del recurso, el acto administrativo no quedó ejecutoriado, sino hasta la fecha en la cual se notificó la decisión sobre el medio impugnatorio, lo que no fue observado por el Tribunal.

Indicó que el Tribunal le da un alcance errado a la certificación de ejecutoria obrante a folio 566 del expediente, ya que la misma resulta contraria a la realidad, pues si bien en ella se indica que el acto quedó ejecutoriado el 14 de diciembre de 2015, lo cierto es que para dicha fecha no se habían resuelto sobre los recursos debidamente interpuestos.

Concluyó que los demandantes presentaron en tiempo tanto la solicitud de conciliación, como la demanda, pues en el caso de la primera fue presentada el 5 de julio de 2016, es decir tres (3) días antes del vencimiento del término de caducidad, entretanto la segunda lo fue el día 10 de agosto, un día después de celebrada la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, por lo cual no operó el fenómeno de la caducidad.

Por lo anterior, solicitó revocar el auto impugnado y, en su lugar, disponer la admisión de la demanda.

IV. Consideraciones de la Sala

En el sub lite, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control, argumento que fue controvertido por la parte actora en el escrito contentivo del recurso de apelación, pues, en su criterio, la firmeza de los actos administrativos acusados solo se dio en el momento en que se expidió la resolución que decidió el recurso de reposición interpuesto, por lo que la caducidad solo puede computarse a partir del día siguiente a la notificación de dicho acto.

Así las cosas, a la Sala le corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la parte actora, para lo cual se estima necesario hacer las siguientes precisiones:

El literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho será de cuatro (4) meses, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo definitivo y en firme.

En relación con la firmeza de los actos administrativos, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:

“[…] ART. 87.—Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo […]”.

De la norma transcrita, se observa que los actos administrativos cobran firmeza en alguno de los siguientes eventos: i) al día siguiente de su notificación, comunicación o publicación según sea el caso, cuando contra ellos no proceda recurso alguno; ii) al día siguiente a la notificación, comunicación o publicación según sea el caso, de la decisión de los recursos, cuando estos hayan sido interpuestos; iii) al día siguiente del vencimiento del plazo para interponer recurso, en los eventos en los que siendo recurrible el acto no se interpongan los recursos procedentes; iv) al día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos presentados y v) al día siguiente de la protocolización del silencio administrativo positivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente determinar frente a cuáles actos administrativos proceden los recursos en sede gubernativa, en este sentido el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé como regla general que todo acto administrativo definitivo es pasibles de impugnación, entretanto el artículo 75 ibídem determina que no son recurribles los actos de carácter general, de trámite, preparatorios, o de ejecución, salvo que la posibilidad de impugnarlos se encuentre permitida de manera expresa por la ley.

Así, el artículo 74(2) antes citado, dispone que los recursos procedentes contra los actos administrativos definitivos son el de reposición, el de apelación y el de queja, los cuales deben ser presentados dentro de la oportunidad establecida en el artículo 76(3) ibídem, esto es, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto, con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 77(4) de la misma codificación.

Conforme con lo expuesto, cuando en contra de un acto administrativo se presentan recursos con el lleno de los anteriores requisitos, la administración deberá darles el trámite previsto en el artículo 79 ejusdem y, además, resolverlos de plano, salvo que se hayan solicitado pruebas por el recurrente o que el funcionario requiera de éstas para resolver la impugnación, caso en el cual, las mismas deberán ser practicadas en un plazo no mayor a treinta (30) días, vencidos los cuales debe emitir su pronunciamiento, el cual al ser notificado, publicado o comunicado, caos en los cuales el acto administrativo adquiere firmeza, tal y como se precisó líneas atrás.

Ahora bien, en el evento en el cual el recurso interpuesto es rechazo(5), el término de caducidad del medio de control debe ser contabilizado desde el momento en el cual se notificó dicha decisión al recurrente, dado que sostener lo contario sería tanto como desconocer principios constitucionales, tales como los de transparencia, eficacia, confianza legítima, seguridad jurídica e, incluso, los derechos al debido proceso y defensa.

En efecto, en el supuesto en que el trámite de los recursos no se surte en virtud de la decisión de rechazo, para la Sala la caducidad debe contarse desde el día siguiente de la notificación del mismo, al no impartirle el trámite correspondiente cuando el mismo era procedente, así lo ha entendido la Sección Cuarta de esta Corporación, que en providencia de 2 de marzo de 2017, sostuvo:

“[…] En este orden de ideas, en el caso bajo examen sí procedía el recurso de reconsideración contra el Oficio 1-11-243-662 del 3 de julio de 2014, pese a lo cual la DIAN rechazó de plano el recurso mediante la Resolución 002 del 19 de septiembre del mismo año.

Teniendo en cuenta que el error no es imputable a la parte demandante sino a la administración tributaria, la caducidad será contabilizada desde la notificación de la resolución que rechazó de plano el recurso […]”(6).

En el sub lite, se encuentra acreditado que en contra de la Resolución 2414 del 24 de noviembre de 2015, procedía el recurso de reposición(7), el cual fue interpuesto en tiempo por parte de algunos propietarios de la EPS Saludcoop, medio impugnatorio que fue rechazado mediante Resolución 458 de 15 de febrero de 2016, por no cumplir con el requisito exigido por el numeral 1º del artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, al no tratarse los recurrentes de personas “interesadas” en el resultas de la actuación administrativa, decisión que en consideración de los accionantes resulta contraria a derecho, pues como propietarios de la EPS, les asiste interés respecto de su intervención y liquidación.

Al respecto, la Sala advierte que el numeral 1º del artículo 293 del Decreto-Ley 663 de 1993 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”(8), señala en relación con la finalidad del procedimiento liquidatario lo siguiente:

“[…] ART. 293.—Naturaleza y normas aplicables de la liquidación forzosa administrativa.

1. Naturaleza y objeto del proceso. El proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria es un proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos […]” (negrillas fuera de texto).

De la lectura de la norma, se colige que en el trámite de la liquidación se definirá sobre la manera como se dispondrá de los activos de la EPS, por lo que tal decisión tiene unos efectos sobre los propietarios de la misma, razón por la cual la decisión de liquidación si les reviste un interés a los actores, debiendo, entonces, la Superintendencia Nacional de Salud, haberle dado al recurso de reposición(9) el trámite de rigor y, proceder, por contera, a resolverlo de fondo.

Así las cosas, en el sub examine y siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, al estar sustentada la intervención de los ahora demandantes en su condición de terceros con interés en el procedimiento administrativo, ya que los actos administrativos demandados definieron la liquidación de una empresa de su propiedad, el término de caducidad del medio de control impetrado debe contarse desde la notificación que se les hizo del acto administrativo mediante el cual se rechazó el recurso interpuesto, lo que ocurrió el 7 de marzo de 2016, tal como consta en el expediente (fl. 532, cdno. ppal.).

De conformidad con lo anterior, el término de cuatro (4) meses para la caducidad del medio de control instaurado por los accionantes vencía el 7 de julio de 2016; sin embargo, el mismo fue suspendido el 5 de julio de 2016, esto es, dos días antes de que operara su caducidad, suspensión que se prolongó hasta el 9 de agosto de 2016, fecha en la que se emitió la constancia de no acuerdo por la Procuradora 10 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, de lo que se colige que la demanda fue presentada en tiempo, pues su radicación, como consta a folio 1 del expediente, data del 10 de agosto de 2016.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala revocará el auto de 6 de octubre de 2016, por medio del cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazo la demanda presentada por la parte actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de 6 de octubre de 2016, proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la parte actora, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ORDENAR a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que provea sobre la admisión de la demanda, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para tal efecto por la Ley 1437 de 2011.

3. En firme esta decisión DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, presidente.—María Elizabeth García González.—Oswaldo Giraldo López.—Hernando Sánchez Sánchez.

(1) Equidad Seguros Generales O.C., fondo de empleados del Estado y educadores privados (Fomanort), Cooperativa de profesores de la Universidad Nacional, fundación para el desarrollo social (Comultrasan), fundación laboratorio de farmacología vegetal (Labafarve), IAC acción y progreso, empresa cooperativa de servicios de salud (Emcosalud), Febro entidad cooperativa, cooperativa de producción y trabajo vendedor (Coopvencedor), fundación la equidad seguros, Efraín Guzmán Peláez, Juan Carlos Sánchez Peralta, Diego Fernando Salazar Viveros, Fernando Alberto Castañeda Sosa, Juan Carlos Gallego Calderón, Edgar Medina Serna, Gustavo Adolfo Rodríguez Murillo, Alba Julieth Quique Agudelo, Julieta Suárez Montoya, Rodrigo Salcedo, Genaro Armero Cabrera, Juan Alfonso Bautista Guerrero, Ferney Ipiales Bolaño, Rubiela Galeano Salinas, Carlos Armando Téllez Ochoa, Johana Mireya Barragán Robayo, Luz Alexia Guerrero Sánchez, Luz Dary Granados Espejo, Marta Patricia Amador Reyes, Ana Silvia Nieto Arévalo, Olga Lucia Machado Montoya, Silvia Cristina Parra Bolaños, Sandra Piedad Villamil Peña, Ana Rosa Abril, Lola Marcela Rubio, Beatriz Elena Giraldo Aristizabal, Mery Samit Sánchez Navas, Consuelo Virginia Suarez Rubio, Fabiola Pulido Caicedo, Verónica Bejarano, Gustavo Adolfo Raad de la Osa, Carga Filal Chacón Montañez, Walter Mosquera Arroyo, Luz Mery Pulido Barbosa, Sandra Patricia Miguez Niesa, Claudia Patricia Sandoval Mora, Jacqueline Lucia Escobar Flores, Vilma Rosa Vasileff Soto, Alberto de Jesús Puello, Maria Angélica Rodríguez, Andrea Elizabet Malaver Rivera, Flora Marina Moreno, María Cristina Morales, Carmen Doris Alejo González, Sandra Milena Castro, Eveling Daza Rojas, Evony Andrea Romero, José Orlando Rojas, Kelly del Carmen Paternina, Patricia Judirh Aroca Arias, Nayibe Trespalácios Castro, María Eugenia Tirado Montiel, Mercedes Sofir González Acosta, Amada Cecilia Chica, Roció Rodríguez Salgado, Rosa del Carmen Herrera, Dufi Maud Saah Espitia, Sandra Lorena Pacheco, Gloria Edith Bedoya, Maria Eugenia Calderón, Rosiris del Carmen Martínez Mercado, Raquel Alicia Torres Bedoya, Celedonia Maria Polo Donado, Nory Ligia Andrade Méndez, Judith Carlota Pastrana Berrocal, Lelys del Socorro López Salgado, Rafael Vuelvas Argel, Luis Eduardo Vélez Berrio, Ana Tulia Montealegre, Maria Helena Arias Naranjo, Maribel Tatiana Gamboa Marroquín, Edna Rocío Moreno Oviedo y Arelly Chávez Pinilla.

(2) ART. 74.—Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.

(3) ART. 76.—Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.

(4) ART. 77.—Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad; 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer; 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente (negrilla fuera del texto). Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.

(5) “[…] ART. 78.—Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja […]”:

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, proveído de 2 de marzo de 2017, rad. 2015-00266, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(7) Tal como lo indica el parágrafo de su artículo 8º obrante a folio 531 del cuaderno principal.

(8) Aplicable a los trámites de intervención forzosa y liquidación adelantados por la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1015 de 2002 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001”, así como en el artículo 1º del Decreto 3023 de 2002. “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 230 de la Ley 100 de 1993 y 68 de la Ley 715 de 2001”.

(9) De conformidad con el artículo 8º del acto acusado, esto es, la Resolución 2414 del 24 de noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, frente a la misma procedía el recurso de reposición.