AUTO 2016-02449 DE NOVIEMBRE 24 DE 2017

 

Auto 2016-02449 de noviembre 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 050012333000201602449 01

Exp.: 59231

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Inés Alba Vera de Ramírez

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–

Naturaleza: Medio de control de reparación directa

Bogotá, D. C., veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el extremo actor contra la decisión adoptada el 28 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se rechazó la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa.

Antecedentes

1. El 14 de octubre de 2016, los señores Inés Alba Vera Ramírez, Edilsa, Luz Stella, Amparo del Socorro, Javier Alberto, Alba Lucía, Adriana María, Luis Fernando, Natalia Patricia Ramírez Vera, en nombre propio y mediante apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelarios –Inpec–, con el fin de que se declarara administrativamente responsable y se indemnizaran los perjuicios a ellos irrogados fruto de “(…) de la muerte violenta de que fue víctima el interno Carlos Enrique Ramírez Vera (q.e.p.d.) con arma cortopunzante, homicidio realizado por personas indeterminadas, ocurrido dentro del centro penitenciario y carcelario de Bellavista de Bello Antioquia, el 29 de noviembre de 1986” (fls. 1-18a, c. 1).

1. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte actora expuso que el señor Carlos Enrique Ramírez Vera, quien se encontraba recluido en las instalaciones de la cárcel Bellavista, perdió su vida como consecuencia de una herida con arma cortopunzante recibida a la altura de su cuello por personal desconocido el 29 de noviembre de 1986.

1.1. Indicaron que a menos de un mes para cumplir el tiempo total de su condena, el señor Ramírez Vera fue asesinado a manos de reclusos del mismo patio, aún sin identificar, quienes gracias a la falta de control y vigilancia de los guardianes del establecimiento carcelario, portaban armas de fuego y cortopunzantes con las que le cegaron la vida de manera violenta al condenado, ante la mirada impávida del personal que tenía a su cargo el cuidado y protección de la integridad personal y seguridad de la población carcelaria.

1.2. Frente al posible acaecimiento del fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa, expresaron que por tratarse la víctima de una persona protegida por no hacer parte del conflicto interno carcelario, el término de contabilización para el ejercicio oportuno de la acción debe aparejarse aquellos casos en los que se ha conocido de la comisión de delitos de lesa humanidad, en los cuales esta sanción procesal cede para darle paso al análisis de fondo, de cara a la materialización de principios y derechos de mayor entidad.

2. Mediante proveído de 24 de octubre de 2016, el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad a quien le correspondió inicialmente por reparto, declaró su falta de competencia funcional tras advertir que la cuantía del proceso superaba la cuantía de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que la primera instancia del proceso debía surtirse ante los Tribunales Contenciosos Administrativos y, en consecuencia, remitió el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial del circuito (fls. 59-60, c. 1.).

3. Una vez recibido el expediente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad inadmitió la demanda para que los actores especificaran el valor por concepto de perjuicios materiales desde el momento de la ocurrencia del hecho dañoso hasta le fecha de radicación del escrito contentivo de la demanda. De manera oportuna los actores allegaron escrito mediante el cual subsanaron el yerro advertido (fls. 63; 65-86, c. 1).

4. A través de proveído de 28 de febrero de 2017, notificado por estado de 7 de marzo de la misma anualidad, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, rechazó la demanda por ocurrencia del fenómeno extintivo de la caducidad. Como fundamento principal de tal decisión, el a quo arguyó (fls. 87-90, c. ppl.):

(…)

En suma, la fecha en que ocurrieron los hechos, es el día 29 de noviembre de 1986, por lo que el término de caducidad de dos años (2) establecido en la ley, empezó a correr a partir del día siguiente; esto es, a partir del 30 de noviembre de 1986, y fenecía el 30 de noviembre de 1988, y la demanda se presentó el 14 de octubre de 2016. Téngase en cuenta que si bien es cierto se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial de que trata el numeral 1º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, como se aprecia en la constancia de la Procuraduría Judicial, visible a folios 19 a 20, la solicitud ante el procurador se presentó el día 20 de enero de 2016; sin embargo, tampoco tuvo la virtualidad de suspender la caducidad, pues para esta fecha había operado este fenómeno jurídico, para el ejercicio del medio de control de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora, expresa el demandante en los folios 13 a 15 que de acuerdo con el contenido de la Ley 288 de 1996, no debe contarse el término para que opera la caducidad a partir del 29 de noviembre de 1986, teniendo en cuenta que la persona fallecida tenía la calidad de persona protegida por no hacer parte del conflicto interno carcelario, de forma posterior señala que el término para que opere la caducidad debe iniciar contabilizarse desde la fecha en que se profirió el acta de conciliación de fecha 25 de febrero de 2016, pues solo a partir de este momento las víctimas pudieron conocer la existencia del daño antijurídico de homicidio en persona protegida.

Advierte el despacho que si bien las pretensiones van encaminadas a reparar los daños materiales y morales padecidos por los demandantes a causa de la muerte de Carlos Enrique Ramírez Vera, no estamos en presencia de un delito de lesa humanidad, y el fallecido no ostenta la calidad de persona protegida, puesto que se está en presencia de este tipo de delitos cuando se ocasione la muerte con ocasión o en desarrollo del conflicto armado, y no cuando se trata de personas recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios, tampoco podría como lo pretende la parte actora, contabilizarse el término de caducidad a partir de la fecha en que se profirió el acta de conciliación, puesto que, como la norma lo indica este término comienza a contabilizarse a partir de la ocurrencia del hecho; de modo que, la demanda se presentó por fuera del término, pues ya había operado la caducidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con la pretensión de reparación directa.

5. De manera oportuna, el 10 de marzo de 2017 la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia que rechazó la demanda (fls. 91-94, c. ppl.). Como argumento central de la alzada, los actores adujeron que solo a partir de la fecha de solicitud de conciliación debía empezar a computarse el término de los dos años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa, pues fue en ese momento en que los familiares del fallecido conocieron la existencia del hecho dañoso y, en consecuencia, surgió para ellos un interés para intentar la reparación de los perjuicios derivados de la muerte de su hijo y hermano.

5.1. Señaló que hasta la fecha de presentación de la demanda no se había establecido por parte de la autoridad competente la autoría del crimen cometido al interior del establecimiento carcelario, el que en cualquier caso debía ser imputado a la entidad demandada, pues inobservó las obligaciones que le eran propias, sobre todo las relacionadas con la vigilancia y protección de la población carcelaria puesta a su cargo. Además, indicaron que el centro de reclusión omitió entregar reportes oficiales sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el fatídico hecho, y fue solo hasta el 26 de enero de 2015 que tuvieron la oportunidad de acceder al informe de necropsia, al acta de levantamiento del cadáver y el contenido del expediente penal elaborado por la Fiscalía General de la Nación.

5.2. Por último adujeron “La accionante Inés Alba Vera de Ramírez, alega que en el proceso de reparación directa con Radicado 050013333201600454600, se de aplicación de excepción de caducidad porque se violan principios constitucionales, soportados en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y en el mismo tenor se dé cumplimiento a lo expresado en la Ley 288 de 1996, permitiendo la solución de conflictos que vinculen intereses individuales, aplicando términos diferentes a los establecidos en el estatuto contencioso, para que se reclamen indemnizaciones, utilizando la conciliación o los incidentes de liquidación”.

6. El a quo concedió, por ser procedente, la impugnación presentada contra la anterior decisión, por lo que remitió el expediente a esta corporación, con base en lo reglado en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (fl. 102, c. ppl.).

Consideraciones

I. Competencia

7. Esta corporación es competente para conocer del presente recurso comoquiera que supera la cuantía exigida por el artículo 152, numeral 6º, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para que el proceso deba tramitarse en doble instancia(1).

7.1. De igual forma, se advierte que la Sala es competente para decidir este asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 125 del CPACA, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Oralidad rechazó la demanda por caducidad del medio de control. Asimismo, dicho auto es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 243 ibídem.

II. Problema jurídico

8. Le corresponde a la Sala determinar si para el caso de autos operó el fenómeno de la caducidad, para lo cual será necesario determinar el tipo de medio de control relacionado con el presunto hecho dañoso demandado y la fecha de su ocurrencia. Finalmente se determinará si hay lugar a la aplicación de una regla excepcional a la referida institución de admisibilidad.

III. Análisis de la Sala

9. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

9.1. Es así como este fenómeno procesal opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial. La caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva.

9.2. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de reparación directa, de conformidad con el literal (i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se estableció un término de 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su ocurrencia.

9.3. En el presente asunto, el a quo consideró que debía rechazarse la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que habían transcurrido más de dos años entre el día en que se produjo la muerte violenta del señor Carlos Enrique Ramírez Vera el 29 de noviembre de 1986 y la presentación de la demanda, la cual se radicó el 14 de octubre de 2016.

10.1. De manera contraria al razonamiento del tribunal, el extremo recurrente sostuvo que el término para el perfeccionamiento de fenómeno extintivo no debió contarse desde el deceso de su familiar, sino al menos desde el momento en que tuvieron conocimiento, gracias a las pruebas entregadas, que la muerte se había producido como consecuencia de una riña al interior del penal.

11. Así pues, se tiene que la pretensión que dio lugar al rechazo de la demanda dentro del sub lite tiene que ver con el presunto daño, por falla en el servicio, que le fue endilgado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec– a raíz de la muerte del recluso Ramírez Vera al interior del centro carcelario, en momentos en que se originó una riña con los compañeros con quienes compartía patio.

12. La Sala advierte en primer lugar, que en el marco de la responsabilidad derivada de daños padecidos por personas que se encuentren en una relación especial de sujeción que emana entre el Estado y el recluso(2) -por razón del encarcelamiento–, la contabilización del término para el ejercicio oportuno de la acción indemnizatoria, por regla general, inicia desde el día siguiente al acaecimiento del hecho dañoso, por lo que en caso de que se pretenda obtener el resarcimiento de los perjuicios derivados de la muerte del penado, la presentación de la demanda no podrá superar el término de dos contados a partir de su ocurrencia.

12.1. Ahora bien, los apelantes aducen que el conocimiento de las circunstancias violentas en que se produjo el deceso del señor Carlos Enrique Ramírez Vera tan solo fueron conocidas una vez les entregaron los documentos que así lo acreditaron, lo que ocurrió después del 26 de enero de 2015, fecha en que radicaron con destino a la Personería del municipio de Bello (Antioquia) una solicitud escrita en aras de obtener dicha información.

12.2. Analizados los documentos allegados se tiene que con ocasión de la muerte del recluso Ramírez Vera la Fiscalía General de la Nación inició etapa de instrucción el 29 de noviembre de 1986, dentro de la cual, luego de casi 10 años de investigación decidió precluir la causa penal al no hallar a los presuntos responsables del homicidio, indagación que contó, entre otras pruebas, con el acta del levantamiento del cadáver, registro de defunción y protocolo de necropsia, documentos mediante los cuales se registró que la causa de la muerte del recluso fue la consecuencia natural y directa de la anemia aguda causada por herida de arma cortopunzante al interior del penal.

12.3. Así mismo del contenido del registro de civil de defunción se lee que la señora Inés Alba Vera de Ramírez aparece como denunciante de este acto jurídico(3), de lo cual se puede concluir que la aquí demandante conocía desde el momento mismo en que se realizó el registro, la causa violenta de la muerte de su hijo, por lo que no es de recibo el argumento esbozado en la apelación, de acuerdo con el cual, desconocían las circunstancias que rodearon la muerte del recluso.

12.4. Adicionalmente, de los hechos narrados en la demanda es claro que los accionantes conocieron la consumación del hecho dañoso desde el momento mismo de su ocurrencia, pues señalaron textualmente “El 29 de noviembre de 1986, estando recluido en el patio quinto de la cárcel Bellavista de Bello, Antioquia, se formó una riña entre reclusos, resultando asesinado con arma cortopunzante en el cayado aórtico la muerte, al interno: Carlos Enrique Ramírez Vera sin que se haya podido establecer la autoría del homicidio”, aseveración de la que se extrae que no es cierto, tal como lo afirman, que fue solo hasta la entrega de los documentos solicitados el 25 de enero de 2015 que conocieron que la muerte de su familiar se había producido al interior de centro de reclusión por lo que le era imputable a la entidad demanda.

12.5. Así las cosas, la Sala encuentra que los demandantes no lograron demostrar que la contabilización del término de caducidad se enmarca dentro de la excepción normativa contenida en la parte final del literal (i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de la que se sigue que el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa se fijaba en función del conocimiento que se tuvo o debió tener de la ocurrencia del daño, siempre y cuando esta situación se encontrara plenamente demostrada al interior del proceso, supuesto legal que el caso objeto de estudio no supera.

12.6. Y es que, los actores confunden los elementos sobre los que se edifica el juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, pues el argumento empleado en el recurso de apelación acerca de la autoría y ejecución del homicidio, que según su dicho y las pruebas arrimadas fue perpetrado por otros reclusos en el patio quinto de la cárcel de Bellavista, aborda el factor de atribución de responsabilidad o lo que es lo mismo la imputación del daño antijurídico, pero no guarda relación con la configuración del hecho dañoso, el que fue concretado en el momento mismo de la muerte, esto es, el 29 de noviembre de 1986, el cual era conocido por ellos.

12.7. Ahora, si bien los apelantes en su recurso no invocaron como fundamento de inconformidad la calidad de persona protegida que supuestamente ostentaba la víctima de la cual se derivaba la posibilidad de alterar la contabilización del término de caducidad, que fue desestimado por el tribunal y que hizo parte de su argumentación en la demanda presentada, la Sala abordará tal problemática en aras de solventar todos los puntos que conforman la Litis.

12.8. Desde el punto de vista estrictamente legal la calidad de homicidio en persona protegida fue introducido en nuestra legislación interna como tipo penal, con la Ley 599 de 2000 cuya entrada en vigencia se produjo en el año 2001, de lo cual puede concluirse que para el momento en que se produjo el asesinato del señor Carlos Enrique Ramírez Vera, año 1986, no se encontraba tipificada esta conducta.

12.9. No obstante, y al margen de la ausencia de regulación sancionatoria al interior de nuestra normatividad para ese momento, en el marco de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, entendido este como el conjunto de normas internacionales cuyo campo de aplicación se circunscribe al desarrollo de conflictos armados de carácter internacional o nacional de cara a la protección de la población civil, que impone a los grupos combatientes hacer una distinción y dirigir sus ataques únicamente en contra de objetivos militares. En palabras de la Corte Constitucional(4) se ha referenciado este cuero normativo internacional en los siguientes términos:

El derecho internacional humanitario no es otra cosa que la codificación del núcleo inderogable de normas mínimas de humanidad que rigen en los conflictos armados y que como tales constituyen un valioso instrumento jurídico para lograr la efectividad plena del principio de la dignidad humana aún en las más difíciles y hostiles circunstancias, y sus disposiciones se aplican independientemente de si los países se han comprometido o no jurídicamente en la adopción de tales disposiciones, por tratarse de prácticas consuetudinarias de carácter imperativo que responden a presupuestos éticos mínimos y exigibles a todas las partes del conflicto, se trate de un conflicto nacional o internacional.

12.10. Así mismo, de conformidad con los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales se considera persona protegida a aquella que goza de la protección cuya fuente deviene de la suscripción de tratados por parte de los Estados o en aplicación del derecho internacional consuetudinario orientado en cualquier caso a resguardar a la población con más alto grado de vulnerabilidad en tiempo de guerra.

12.11. De acuerdo a lo anterior, para que pueda estructurarse un homicidio en persona protegida se torna indispensable que el mismo se hubiese perpetrado con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado de carácter internacional o interno, en contra de quienes por ejemplo estén en poder de un bando enemigo, en estado de vulnerabilidad en combate o los terceros ajenos a los bandos en contienda.

12.12. Los demandantes aducen que el término de caducidad debe flexibilizarse, pues el homicidio del señor Ramírez Vera se dio en el marco del conflicto interno suscitado entre los reclusos de la cárcel de Bellavista del cual el interno no hacía parte, situación que se equipara a la descrita en la regulación internacional.

12.13. Frente a esta aseveración la Sala encuentra que es impreciso hacer extensivo no solo las acepciones propias del Derecho Internacional Humanitario sino además las prerrogativas que de él devienen para el caso en estudio, pues si bien es cierto el Estado Colombiano admitió la existencia de un conflicto armado interno, en tanto se constató el control territorial por parte de grupos no estatales compuestos por una estructura jerárquica, organizados para dar órdenes de estricto cumplimiento y perpetrar operaciones militares prolongadas e intensificadas con el paso del tiempo, lo cierto es que no puede verificarse que el homicidio del señor Ramírez Vera al interior del centro de reclusión hubiese sido cometido con ocasión y en desarrollo del referido conflicto interno, elemento estructural a la hora de establecer la trasgresión a las disposiciones de este cuerpo normativo de carácter internacional cuyo principal objetivo es la protección general de la población civil contra los efectos de las hostilidades.

12.14. En este orden de ideas, la Sala considera que la flexibilización del conteo del término de caducidad, bajo el supuesto del homicidio cometido en persona protegida no es de recibo, pues como se explicó en precedencia no se probó que el asesinato del señor Carlos Enrique Ramírez Vera se hubiese cometido en el contexto del conflicto armado interno ni como resultado de este.

13. En conclusión esta corporación deberá confirmar, por las razones expuestas en este proveído, la decisión emanada del Tribunal Administrativo de Antioquia respecto a la procedencia del rechazo de la demanda interpuesta, cuyo objetivo principal era lograr el resarcimiento de los daños supuestamente infringidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR por los motivos expuestos a lo largo de la presente providencia, la decisión adoptada el 28 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, en lo que respecta al rechazo de la demanda por caducidad del medio de control.

2. En firme este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth. 

1 El presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía de la demanda presentada asciende a la suma de $ 1 356 258 296 (fl. 84, c. 1), la cual resulta mayor a los 500 S.M.L.M.V. exigidos por el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el medio de control de reparación directa en el año 2016 ($344 727 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene del valor de la mayor de las pretensiones solicitadas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

2 “Con fundamento en lo anterior, pude concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues –según se consideró anteriormente–, su seguridad depende por completo de la administración. // Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 66001-23-31-000-1998-00454-01(18800), actor: Ofelia Pérez Díaz y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Ley 9ª de 1979 “Artículo 517. El certificado individual de defunción deberá constar como mínimo de las siguientes partes:
Una primera parte destinada a registrar los datos de filiación del muerto, lugar de nacimiento y lugar de la muerte, residencia habitual y tiempo de residencia en el lugar donde ocurrió la muerte; en caso de muerte violenta debe certificarse si ella se originó por violencia accidental, homicidio o suicidio;
Una segunda parte para que en caso de muerte violenta, se especifique si ella se originó por violencia accidental, homicidio o suicidio;
Una tercera parte destinada a registrar la causa o causas de la muerte, secuencialmente ordenadas para el diagnóstico de la causa directa de la muerte, las causas antecedentes y la causa básica o fundamental, así como la existencia de otros estados patológicos que hubieren podido contribuir a la defunción pero no relacionados con la causa fundamental. También esta parte comprenderá el registro del curso cronológico y correlacionado de la evaluación de cada causa morbosa con la muerte y el período de la asistencia médica recibida, si ello existió o, en caso contrario, los medios usados por el médico no tratante para establecer la causa de la muerte, el nombre, domicilio, firma y número de registro del médico;
Una cuarta parte destinada a informar la causa probable de la muerte en los casos de que no exista certificación médica y los datos de identificación, profesión y domicilio del informante y cualquier otra información que pueda contribuir a establecer la causa probable de la muerte, y
Una quinta y última parte con los datos del número de registro del Certificado de Defunción que será el mismo de la licencia de inhumación, lugar y fecha del registro, y finalmente la autoridad sanitaria u oficina que lo hace”.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-240 del 1º de abril de 2009, actor: Guillermo Otálora Lozano, C. P. Mauricio González Cuervo.