Auto 2017-00019 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 85001-23-33-000-2017-00019-03

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: César Ortiz Zorro y otros

Demandado: César Figueredo Morales (personero municipal de Yopal - Casanare)

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Auto

Correspondería decidir el recurso de súplica parcial que presentó el demandado César Figueredo Morales, contra el auto de esta anualidad, adiado el 24 de noviembre, respecto a la “negativa de pruebas por extemporáneas”, de no ser porque el despacho advierte una situación que no permite adecuar el recurso, sino que implica rehacer o recomponer el debido proceso, conforme a las previsiones legales, en tanto se trata de una decisión no susceptible de recurso.

I. Antecedentes

1. Las demandas.

1.1. Expediente 2017-00019-02.

Los señores César Ortiz Zorro, Juan Vicente Nieves González, Miguel Alfonso Pérez Figueredo y Hayder Alexander Silva García incoaron demanda(1) de nulidad electoral contra el acto declaratorio de elección del demandado César Hernando Figueredo Morales, en calidad de personero municipal de Yopal (2016-2020).

1.2. Expediente 2017-00020-02.

El señor Óscar Beltrán Pérez demandó(2) en nulidad electoral el acto de elección de 30 de diciembre de 2016 del personero de Yopal y la nulidad de las resoluciones 166, 133 y 155 de 2016 por las cuales, en su orden, se estableció la lista de elegibles, se realizó la convocatoria al concurso público de méritos y se modificó el cronograma de la convocatoria para el proceso de selección de personero municipal de Yopal.

2. Supuestos fácticos comunes o generales.

Comparten las demandas, los siguientes fundamentos fácticos: i) mediante Resolución 133 del 8 de noviembre de 2015, el Concejo Municipal de Yopal convocó y reglamentó el concurso público de méritos para la elección de personero de Yopal (Casanare), estableciendo los principios orientadores, las normas rectoras y el cronograma(3); ii) el 4 de diciembre de 2016, se agendó la prueba de conocimientos y de competencias comportamentales, pero conforme al dicho de los demandantes, al no cumplir los protocolos de seguridad y custodia sobre el material evaluado, y tampoco con las garantías de imparcialidad y transparencia en el desarrollo de la misma, aun cuando los concursantes asistieron, devolvieron sin diligenciar la prueba como protesta a esas irregularidades, lo cual atesta el acta suscrita por los aspirantes y un veedor de la prueba; iii) mediante Resolución 155 de 5 de diciembre de 2016, el Concejo Municipal de Yopal modificó el cronograma del concurso público de méritos y convocó a nueva prueba de conocimientos para el 12 de diciembre de 2016, al que concurrieron los seis (6) admitidos al proceso de selección; iv) los resultados de la prueba de conocimientos arrojaron que solo el entonces concursante —hoy elegido y demandado— César Figueredo Morales pasó con el puntaje requerido y, por ende, fue quien continuó el proceso de selección hasta su culminación, siendo elegido como personero municipal de Yopal por el concejo en sesión del 30 de diciembre 2016.

3. El auto recurrido en súplica.

Mediante providencia de 24 de noviembre de 2017, obrante a folios 1971 a 1980 vuelto del cuaderno 9, dictado por la consejera ponente, adoptó, entre otras decisiones, las siguientes:

“2. NEGAR el decreto de las pruebas solicitadas en segunda instancia por el demandado, señor César Hernando Figueredo Morales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR que los documentos allegados por el demandante en los memoriales 2 y 14 de noviembre de 2017, son extemporáneos y no serán objeto de estudio en la sentencia, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia”.

La decisión tuvo como fundamento, el artículo 213 del CPACA, que consagra dentro del gran continente de eje temático de las pruebas, las llamadas probanzas de oficio y, la consejera ponente, disertó en los siguientes términos:

“(...) se tiene que si bien es cierto que le corresponde a las partes acreditar los hechos que invoca también es indiscutible que el juez puede, a efectos de garantizar la verdad material sobre la formal y la prevalencia del derecho sustancial, hacer uso de la facultad de decretar pruebas de oficio, dentro de los parámetros establecidos en la ley.

En virtud de ello, el artículo 213 invocado dispone claramente que las pruebas de oficio las deberá decretar y a su vez practicar conjuntamente con las pedidas por las partes, en las oportunidades previstas normativamente. Además, después de oídas las alegaciones el juez o la sala, sección o subsección y antes de dictar sentencia se encuentra facultado para ordenar de forma oficiosa la práctica de “las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda”.

Descendiendo al caso en particular se tiene que el demandado está solicitando al magistrado ponente decrete de forma oficiosa unas pruebas documentales, situación que no se enmarca dentro de la situación descrita normativamente, pues el decreto de la prueba oficiosa no se tramita a solicitud de parte sino que proviene de la facultad del juez como director del proceso, quien únicamente puede disponer de la práctica de pruebas decretadas para esclarecer puntos oscuros o difusos del proceso y por ello en virtud de esta competencia puede ordenar que se complemente el acervo probatorio para adoptar una decisión ajustada a la verdad material.

Con ello en síntesis estamos precisando que no le es dable a las partes o intervinientes del proceso disponer de la señalada competencia del juez.

Aunado a lo anterior, se destaca que las oportunidades probatorias dispuestas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 en el caso en concreto ya se encuentran superadas, pues la solicitud, decreto y práctica de las pruebas fue tramitada por el a quo y, por tanto, se encuentra el proceso pendiente de resolver el recurso de alzada contra la sentencia.

Finalmente, se advierte que la parte demandada tenía la posibilidad de postular pruebas, actividad que omitió realizar en las oportunidades establecidas en los artículos 212 y 213 de la Ley 1437 de 2011, por lo que torna en improcedente la solicitud de decreto de pruebas de manera oficiosa, figura que no se encuentra regulada en nuestro código.

2.2.2. Por otra parte y en relación con las pruebas documentales allegadas en memoriales del 2 y 14 de noviembre de 2017 se debe tener en cuenta que el demandado al optar por no contestar la demanda ni hacer uso de las oportunidades procesales previstas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, para solicitar y aportar las pruebas que pretendiera hacer valer en su defensa, no puede pretender revivir etapas procesales ya culminadas ni mucho menos disponer de la facultad otorgada al juez de decretar pruebas de oficio. Tampoco resulta admisible ni razonable allegar documentos que no fueron oportunamente solicitados y procurar con esto la violación del debido proceso y el derecho de contradicción de la parte demandante y demás intervinientes en el proceso.

2.2.3. Finalmente y en vista que las oportunidades probatorias se encuentran claramente previstas en los artículos 212 y 213, las partes deben someterse a los términos allí fijados y evitar la reiterada interposición de peticiones probatorias o de allegar documentos por fuera de los plazos allí previstos, so pena de entender estas actuaciones impertinentes, además de extemporáneas y constitutivas de acciones dilatorias, en la forma prevista en el artículo 295 idem que prevé: “la presentación de peticiones impertinentes así como la interposición de recursos y nulidades improcedentes serán considerados como formas de dilatar el proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

(...).

[...] teniendo en cuenta que las oportunidades procesales para aportar y solicitar pruebas dentro del presente proceso han precluido, se declarará que la presentación de los documentos aportados en este momento procesal es abiertamente extemporáneos y se negará la solicitud de decreto oficioso de nuevos medios probatorios, según se ha solicitado por el demandado, conforme a lo expuesto”.

4. El recurso de súplica.

El demandado César Figueredo Morales, en escrito que obra a folios 1992 a 2005 del cuaderno 9, interpuso recurso de súplica en cuanto el auto de 24 de noviembre de 2017 “niega el decreto de pruebas y se declara que por extemporáneas no serán objeto de estudio en la sentencia [...]”.

En los fundamentos fácticos de ese escrito relató todas las veces que ha solicitado el decreto de pruebas de oficio y finalmente, indicó: “el 14 de noviembre de 2017, obtenida la otra parte de la prueba tantas veces por mi requerida como oficiosa a los operadores judiciales de ambas instancias, ello previa petición verbal al operador del concurso, inmediatamente también la allegué al proceso como prueba sobreviniente” (fl. 1994, cdno. 9).

En los fundamentos jurídico normativos en los que sustenta su divergencia parcial con el auto suplicado, el recurrente indicó que si bien el artículo 213 del CPACA regula el tema de la prueba de oficio, acusa que se olvidó aplicar el artículo 103 ibidem, atinente al objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución y la ley y omitió aplicar el artículo 228 superior sobre el principio de prevalencia del derecho sustantivo sobre el procedimental, el artículo 11 del CGP sobre que el objeto del procedimiento es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.

Insistió en que las pruebas de oficio insistentemente solicitadas son aquellas que desde el “salvamento de voto”, al levantamiento de la medida cautelar planteara, a saber: el listado del nombre de los concursantes con su cédula y con firma de estos para entregarles los cuadernillos de las pruebas, aunado al protocolo de seguridad implementado por el ente educativo para todo el concurso “y que fue parte de mi argumento defensivo soporte de la alzada contra la cautela ordenada por el tribunal a quo, y cuya documental reposaba únicamente en los archivos del operador del concurso, por ello, lo he solicitado como oficiosa desde dicha oportunidad, en espera que dada la autoridad judicial colegiada conocedora en ambas instancias, así lo ordenara” (fl. 1997, cdno. 9).

En escrito posterior, obrante de folios 2011 a 2013 del cuaderno 9, adjuntó el salvamento de voto que mencionó en el anterior escrito y agregó que con ello ratificaba lo expuesto en el recurso de súplica, en cuanto la afirmación de que se tenía pleno conocimiento de que ese medio de prueba mencionado, era pertinente, útil, necesario e indispensable para encontrar la verdad jurídica material evidente y para acreditar los hechos objeto de controversia y de protección al derecho sustancial del debido proceso del recurrente, por encima de la aplicación meramente legal dada, precisamente, porque existen principios y derechos superiores que debió consultar y respetar e incluso bajo el deber oficioso del fallador.

Indicó que se pasó por encima del deber oficioso que regula la actividad jurisdiccional, y sin haber consultado sentencias como la SU-784 de 2014, C-086 de 2016 y SU-573 de 2017, por aplicar su postura de extremo rigor en la aplicación del artículo 213 del CPACA.

5. El trámite.

Conforme consta en informe secretaria[l]) del 1º de diciembre de 2017, por aviso se hizo saber a las partes y a los demás interesados sobre la interposición del recurso de súplica contra el auto en cuestión (fl. 2009, cdno. 9) y, que el escrito del recurso quedaba a disposición de la parte contraria por el término legal (fl. 2010, ibidem) y que conforme a informe secretarial del 6 de diciembre de 2017, dentro del traslado, no se hizo pronunciamiento alguno sobre el mismo (fl. 2021, ibidem).

II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa.

Como se indicó al inicio de esta providencia, ha de tenerse en cuenta que superadas las etapas procesales probatorias a disposición de las partes, el juez no puede pronunciarse sino dentro de los límites estrictos que la regulación procesal le otorga, precisamente, por encontrarse en estadio procesal excepcional, porque ello lleva a confusión a quien acude a la administración de justicia, pues se le mantiene en vilo en su situación jurídico procesal dentro de la causa sub judice, reviviendo una y otra vez, una etapa que debió quedar finiquitada en el momento procesal oportuno y que debió ser objeto de una decisión contundente, sin espacio para dar a entender que se trata de decisiones de denegatoria probatoria que no tenían más salida que el rechazo o la declaratoria de improcedencia.

Y es que en efecto, visto el expediente, para el momento en que el memorialista adjuntó lo que llamó prueba sobreviniente(4), esto es, el 2 de noviembre de 2017, estaba más que superado el tiempo para la procedencia de las pruebas en segunda instancia(5), aunado a que al interponer el recurso de apelación guardó silencio en materia probatoria y solo hasta el memorial de alegatos en segunda instancia, de 20 de octubre de 2017, obrante de folios 1778 a 1830, complementado mediante escrito del 30 de octubre siguiente, a folios 1866 a 1893, ambos en el cuaderno 8, le esboza al juez, el siguiente predicamento:

Pruebas oficiosas:

[...] solicito a los señores consejeros, que no obstante la prueba recaudada en el expediente, si aún quedan dudas sobre algún tópico de censura, oficiosamente requieran todas las pruebas que sean necesarias para “esclarecer la verdad real” y que sirvan a efecto de tomar la decisión que en justicia y derecho corresponda, de una manera justa, serena, razonada y totalmente objetiva, y con respeto del precedente, fijado por la Sección Quinta, ante cuestionamiento[s] similares planteados en procesos electorales como el sub lite, resueltos mediante sentencia del 23 de marzo de 2017, radicado 25000234100020160021901, C.P. Rocío Araujo Oñate, medio de control de nulidad electoral y sentencia del 4 de mayo de 2017, expediente 25000234100020160040401, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, medio de control de nulidad electoral.

Una de las cuales sería, oficiar a la Universidad Unitrópico para que allegue al despacho, copia de la instrucción dada al cuerpo de vigilancia de dicho ente educativo para la presentación de la prueba de conocimientos del 4 de diciembre de 2016. Igualmente solicitar a la misma operadora del concurso, original del listado de firmas del recibido por parte de todos los concursantes del cuadernillo de preguntas a nosotros entregados el pasado 4 de diciembre de 2016, pues estas pruebas están en su poder y respaldan en su integridad todos mis dichos”.

Por otra parte, ha de recordarse que tanto el auto recurrido como el recurso interpuesto se enfocaron en las llamadas pruebas de oficio y de ahí el límite competencial que tiene este despacho ponente.

En explicación subsiguiente, se deja claro el propósito y el alcance de las facultades discrecionales del juez, las cuales como su propio significado lo indica, responden a aquellas actividades que se hacen libre y prudencialmente, bajo el derrotero de ser una potestad propia que afecta las funciones de su competencia que no está reglada, pero, en este caso, no porque no estén reguladas, porque se trata del ejercicio de una función pública, sino porque legalmente su alcance está dado bajo el tamiz de la disponibilidad o competencia facultativa del operador jurídico, sin coacción de los sujetos procesales.

2.2. Las pruebas del artículo 213 del CPACA.

Valga recordar que el artículo en cita, desde tiempos de antaño, contiene aspectos probatorios que para el lector desprevenido pueden parecer de una misma cuerda o de una misma etapa, lo cual no es así porque la norma, incluso desde el CCA en su artículo 169, contiene el último estadio de posibilidad de decreto probatorio dentro del proceso contencioso administrativo.

En efecto, dos figuras se presentan en el tema, a saber: el llamado “auto de mejor proveer” y las nominadas pruebas de oficio propiamente dichas.

Ambas figuras hacen parte del gran continente de las llamadas “pruebas de oficio” y han mantenido en su esencia, la misma redacción que sobre el punto contenía el CCA, siendo mejorado y enriquecido en otros aspectos por el CPACA, como se evidencia del siguiente comparativo.

CPACACCA
“ART. 213.—Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el juez o la sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete”.
“ART. 169.—Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si estas no las solicitan, el ponente solo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.
Además, en la oportunidad procesal para decidir, la sala, sección o subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.

Como se observa, de la trascripción normativa, dentro de las pruebas de oficio, existen dos modalidades perfectamente definidas, a saber:

— La primera, las pruebas de oficio propiamente dichas, que se decretan durante las instancias con el propósito que se predica de toda contienda judicial y es esclarecer la verdad y cuya práctica, se indica, se hace en forma conjunta con las pedidas por las partes.

— La segunda modalidad, la del llamado auto de mejor proveer, que resulta en grado sumo, el poder de instrucción del operador jurídico en su labor de administrar justicia, sin dejar de ser una opción excepcional, por cuanto implica que las etapas procesales probatorias para la postulación de las partes —que incluye a la facultad oficiosa propiamente dicha— ya han sido superadas y finiquitadas, toda vez que el proceso se encuentra entre las etapas de alegaciones de conclusión —que ya han sido escuchados o presentados— y la de antes de dictar sentencia.

Pero lo cierto, es que ninguna de las dos modalidades de pruebas de oficio, pueden ser utilizadas por el juez ni por los sujetos procesales, como mecanismos ni instrumentos para suplir incurias o confusiones conceptuales o procesales que debieron ser solucionadas en los momentos de ley oportunos.

Por ello es que ambas figuras, las pruebas de oficio y el auto de mejor proveer, imponen que se deban respetar las oportunidades de postulación probatoria que se prevén en el ordenamiento procesal para las partes como sujetos procesales y todos los presupuestos de las pruebas en primera y segunda instancia tal y como se encuentra previsto en el actual 212 del CPACA (antes 214 del CCA), pues en el sustrato, son etapas totalmente escindibles y en el fondo, sin relación de dependencia, pues es claro que superada la oportunidad de la parte o del sujeto procesal interesado, no podrá intentar o coaccionar al operador jurídico para que efectúe un decreto de oficio o dicte auto de mejor proveer, intentando ingresar las pruebas que por postulación y petición de parte, tenía la carga de acreditar.

Ha de recordarse que el auto de las pruebas de oficio del artículo 213 del CPACA, está sometido al arbitrio del juez pues hace parte de su poder instructivo facultativo, en contraste con el impositivo bajo la facultad instructiva propiamente dicha.

Ahora bien, desde el punto de vista sustancial, el propósito de esclarecimiento de la verdad que acompaña la motivación de las pruebas de oficio propiamente dichas, es diferente a la que se puede desplegar mediante el auto de mejor proveer, que únicamente propende a esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.

Esa diferencia de propósito, que por regla general pasa desapercibida, tiene un efecto procesal determinante para fijar y tener claro el pequeño límite del poder instructivo del juez dentro de las dos modalidades de prueba de oficio, a fin de que no termine completando o ampliando lo que las partes estaban obligadas a cumplir, conforme a la carga probatoria que les correspondía.

Para responder a las divergencias de propósito y de misión que el postulante indica en su escrito, es cierto que el esclarecimiento de la verdad es lo que se busca en toda contienda judicial y hacia lo cual propende el juez de la causa, pero tal poder no puede quedar indefinido o diluido en el tiempo de todo el proceso, porque ello implicaría realmente revertir el orden procesal tan importante para materializar el debido proceso e incluso el derecho de defensa, dentro del llamado Estado de derecho; es por ello, que las oportunidades procesales, el principio de preclusión y temas como el saneamiento del proceso para el juez de lo contencioso administrativo de tan de reciente creación con el CPACA, no pueden ser desconocidos, para no generar anarquía al interior del proceso, el cual está imbuido de aspectos procesales como garantía a esa garantía fundamental del debido proceso.

Y no por ello puede endilgarse al juez la inobservancia del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal o de cualquiera otro, pues la disciplina del proceso en sus manifestaciones de términos, plazos, recursos procedentes, etc., precisamente propenden por ellos.

Por contera, es que la capacidad instructiva del juez en la que hay un pie de igualdad entre los protagonistas del proceso, se ve recortada bajo estrictos parámetros, tanto de plazos y términos procesales como de aspectos y presupuestos sustanciales, cuando se sobrepasan las etapas comunes o normales tales como las previstas en el artículo 212 del CPACA, por haber sido superadas y finiquitadas.

Y esos plazos y términos que se mencionan, tienen una segunda arista no menos importante y es el tema de los recursos contra las providencias en las que se deciden aspectos de vital importancia procesal, como son las decisiones que se adoptan sobre las pruebas. En efecto, el artículo 169 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone lo siguiente:

“ART. 169.—Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas”.

Lo cual armonizado con el artículo 213 del CPACA pretranscrito, encaja en forma perfecta, al determinar que si se decretan las pruebas de oficio, las partes interesadas tienen como única posibilidad de postulación, la de aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio.

Así las cosas, mutatis mutandi y, precisamente, ante la discrecionalidad que ostentan las pruebas de oficio, dentro de los estrictos parámetros de la dirección instructiva del juez, la parte procesal, no puede coaccionar al juez para que las decrete y menos para que las niegue, dependiendo de cuál es su interés o posición en la litis y, menos por vía de recurso improcedente, porque esa discrecionalidad que se expone, es claro, está dada tanto para la decisión primaria u originaria del juez de valerse de las pruebas de oficio, como de aquella que se pretenda forzar mediante recurso de alzada o de súplica ante la Sala del corporativo colegiado, pues se itera, se está dentro de un estadio procesal de ocurrencia excepcional y extraordinaria, por haberse superado las etapas de postulación probatoria que están al arbitrio, gobierno y petición de los sujetos procesales.

Y es que las partes procesales —entendidas en sentido amplio—, no pueden endilgar la incuria en el esclarecimiento de verdad, buscando que el juez profiera auto de pruebas de oficio, porque son las mismas partes o el interesado en probar los supuestos fácticos de los que pretende la consecuencia jurídica de la norma, quienes cumplen sus deberes dentro de la carga probatoria.

Por eso yerran quienes critican al operador jurídico de no esclarecer la verdad mediante poder instructivo de oficio, cuando las etapas previstas por el legislador a su favor, ya han sido cumplidas y superadas.

Esas diferencias de propósito de connotación profunda para el desenvolvimiento del proceso, han sido decantadas por años en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, desde la consideración de que la modalidad de pruebas de oficio, no es para completar ni mejorar lo que las partes procesales estaban llamadas a desarrollar ni puede constituir facultad discrecional del juez para crear oportunidades probatorias por fuera de las legalmente autorizadas, en desmedro y afectación de los principios procesales de oportunidad, igualdad y equilibrio de las partes en el proceso y en franco desconocimiento de la rogación que caracteriza a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se está frente al cuestionamiento de la presunción de legalidad del acto administrativo, los cuales deben ser garantizados por el operador.

En consecuencia, la discrecionalidad del juez, en materia de pruebas de oficio, no puede ser coaccionada ni coartada por los sujetos procesales, ni en la postulación de origen ni mediante el encausamiento de un recurso, pues ello llevaría a una contradicción suprema y a demeritar esa facultad dispositiva del juez.

Por contera, en atención a que el auto que resuelve sobre las pruebas de oficio no es recurrible por disposición expresa del artículo 169 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, armonizado con el artículo 213 del CPACA, el despacho,

RESUELVE

1. RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE el recurso interpuesto por la parte demandada contra el auto de 24 de noviembre de 2017. DEVUÉLVASE el expediente a la consejera ponente del proceso, para lo de su cargo y dé continuidad al trámite que corresponda.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

1 Folios 1 a 14 del cuaderno 1, con fecha de presentación de 13 de febrero de 2017.

2 La presentación de la demanda es del 13 de febrero de 2017.

3 Folios 40 a 65.

4 Consistente en la “Lista de asistencia de concursantes a la prueba de conocimientos practicada el 4 de diciembre del año anterior rubricada el puño y letra de cada uno de aquellos (se refiere a los concursantes), precisamente como mecanismo de seguridad para poderles hacer la respectiva entrega personalizada del cuadernillo de preguntas para tal calenda de 4 de diciembre” y el “Protocolo de seguridad implementado por el operador del concurso tanto para la práctica de la prueba del 4 de diciembre del año anterior, como también para la nueva fecha de presentación de la prueba [...]”(fls. 1897 1899, cdno. 8).

5 El auto admisorio del recurso de apelación fue proferido el 9 de octubre de 2017 y quedó ejecutoriado el 20 de octubre de 2017.