Auto 2017-00025 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 25000-23-26-000-2017-00025-01(HC)

Actor: Luis Ángel Reyes Montealegre

Demandado: juzgado doce de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

Procede el despacho de conformidad con los artículos 2.1, 2.2 y 7º de la Ley 1095 de 2006 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 700 de 2017 a resolver la impugnación que Luis Ángel Reyes Montealegre, presentó contra la providencia del 29 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la que se denegó el amparo de hábeas corpus formulado por el accionante.

Antecedentes

1. La petición de hábeas corpus.

El 28 de julio de 2017, el señor Luis Ángel Reyes Montealegre, presentó escrito en el que expone que se está prolongando ilegalmente su detención, ya que desde el día 27 de abril de 2017 se comprometió con el SIVJRNR y teniendo en cuenta el Decreto Reglamentario 1252 de 2017, adujo que el término para ser beneficiario de la libertad condicionada anticipada es de diez (10) días contados desde la solicitud del beneficiado, así que puesto que han transcurrido más de tres meses desde la fecha en que se firmó el Acta de compromiso nº 300784 se le violó el derecho fundamental a la libertad.

2. Hechos.

El accionante fundamentó su solicitud de libertad en que se encuentra privado de la libertad desde el día 9 de julio de 2012 y en la actualidad se encuentra recluido en el establecimiento carcelario para miembros del Ejército Nacional —EJART—, habiendo cumplido con un término de detención física de cinco años. Igualmente manifestó que el día 27 de abril de 2017 firmó Acta de compromiso nº 300784 ante la secretaría Especial para La Paz, comprometiéndose con el SIVJRNR y que el proceso por el que ha sido privado de su libertad está radicado bajo el nº 0500016000206200713479 en el juzgado 12 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá.

3. Trámite.

El conocimiento del presente asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente admitió la solicitud de hábeas corpus y avocó conocimiento del caso el 28 de julio de 2017, disponiendo para ello comunicar el inicio de la actuación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, al Establecimiento Carcelario para Miembros del Ejército Nacional, jefatura jurídica del Ejército Nacional, Secretaría Especial para La Paz JEP y al juzgado doce de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá.

Igualmente solicitó a dichas entidades informar en el término de la distancia sobre el conocimiento que tuvieren sobre el proceso 0500016000206200713479 seguido contra el señor Luis Ángel Reyes Montealegre identificado con C.C. 93.132.245 por el delito de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público y porte de armas de uso privativo de la fuerza pública y de defensa personal, con el fin de que remitieran a su despacho: copia de la orden de captura en contra del actor, notificaciones, el estado actual del proceso y todas las actuaciones pertinentes dentro del asunto mencionado. Así como también informar si a la fecha se ha solicitado por el accionante el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada y la respuesta que se le hubiere podido dar a la misma. Por último se ofició al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y al director del Establecimiento Carcelario para los miembros del Ejército Nacional —EJART— informar las condiciones de modo, tiempo y lugar por las que se encuentra privado de la libertad el señor Reyes Montealegre (fl. 14 del c. ppal).

El 28 de julio de 2017, el jefe del departamento jurídico integral del Ministerio de Defensa, brigadier general Juan Carlos Ramírez Trujillo, informando que de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 1820 de 2016, el procedimiento para la elaboración de los listados de miembros de la fuerza pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y/o la privación de la libertad en unidad militar o policial fueron establecidos mediante Resolución 0636 de 6 de febrero de 2017 y que la solicitud del accionante fue radicada bajo el nº 104, presentada en sesión del comité del día 10 de marzo, terminando allí el procedimiento de competencia del ministerio. Sin embargo, anotó la entidad que esa sesión de comité para elaboración de listados fueron remitidos a la secretaría ejecutiva de la JEP el 17 de marzo de 2017 (fls. 38-40, c. ppal).

En la misma fecha, el juzgado doce de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, manifestó que la acción de hábeas corpus no es el mecanismo para realizar peticiones sobre asuntos asignados por competencia exclusiva a esa instancia judicial de conformidad con la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, más cuando el actor está guardando silencio sobre aspectos relacionados con el proceso en su afán de acceder a beneficio. Además informó que el sentenciado solo ha presentado una petición de carácter personal ante ese juzgado, solicitud que fue resuelta de manera negativa al actor y ante la cual no presentó los recursos establecidos en la ley. Señaló que no procede el hábeas corpus puesto que el Decreto 700 de 2017, expresamente exige que haya operado mora en la resolución de las peticiones relacionadas con la Ley 1820 de 2016 y según relató, consultada la ficha técnica, su solicitud se resolvió dentro de los 10 días siguientes a su presentación. Razón por lo que el penado se encuentra detenido en virtud de orden expedida por la autoridad judicial competente (fls. 43 y 44, c. ppal).

El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para La Paz informó en la misma fecha que de acuerdo con el artículo 52 y siguientes de la Ley 1820 de 2016 la competencia de la secretaria ejecutiva a su cargo se activa una vez el Ministerio de Defensa remite los listados de posibles beneficiarios, situación que en el caso concreto operó el 17 de marzo de 2017. Posteriormente le corresponde a dicha entidad realizar los trámites para la suscripción de actas de compromiso y sometimiento a la JEP en todos los centros de reclusión militar del país y en aquellos establecimientos carcelarios donde se encuentran las personas señaladas en los listados. La función de la secretaría es verificar el lleno de requisitos y comunicar a las autoridades judiciales que conozcan de las causas penales si cumplen o no con lo establecido en la ley, señaló además que la ley no establece un término perentorio para la realización de dicha actividad.

En relación con el caso en concreto, señaló que el señor Reyes Montealegre suscribió en el Centro de Reclusión Militar EJART, Acta de compromiso el pasado 27 de abril de 2017 y que la secretaría ejecutiva se encuentra en este momento verificando el cumplimiento de requisitos para proceder a enviar el informe correspondiente al juez de la causa una vez se establezca que el caso tiene un nexo con el conflicto, dado que la calificación del delito no se encuadra dentro de los delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, el nexo con el conflicto, resaltó, es más difícil de verificar (fls. 53 y 54 del c. ppal).

El 29 de julio de 2017, el director del Establecimiento Carcelario para miembros del Ejército Nacional EJART, informó que:

1. El SV Luis Ángel Reyes Montealegre se encuentra privado de la libertad en ese centro desde el 28 de octubre de 2013.

2. Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2013 el juzgado segundo penal del circuito especializado de Medellín con funciones de conocimiento lo condenó a la pena principal de cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de prisión como autor responsable del delito de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público y porte de armas de uso privativo de la fuerza pública y de defensa personal, negándole la suspensión condicional de ejecución de pena y la prisión domiciliaria. Fallo confirmado por el Tribunal Superior de Medellín el 8 de octubre de 2014. Frente a la que la Sala de casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió demanda de casación.

3. El señor Reyes Montealegre, solicitó ante el juzgado doce de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá la libertad condicional, beneficio que fue negado en aplicación de la Ley 1820 de 2016 mediante Auto de 19 de mayo de 2017 (fls. 76 y 77, c. ppal).

4. La providencia impugnada.

Mediante providencia de 29 de julio de 2017 (fls. 88 a 94 del c. ppal), el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la solicitud de hábeas corpus, resaltando que:

“Teniendo en cuenta lo anterior, se debe precisar en primer lugar que la acción de hábeas corpus es de aplicación exclusiva para garantizar el derecho a la libertad, situación de la cual no goza Luis Ángel Reyes Montealegre, pues es evidente que contra el existe una condena de prisión impuesta.

Así las cosas, precisa el despacho que al juez de hábeas corpus, no le es dable pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1820 de 2016, por tratarse de una competencia exclusiva del juez de ejecución y penas, ni debe tenerse como una instancia para pretender acceder a beneficios que son reclamables por esta vía constitucional.

Finalmente, toda vez que la acción de hábeas corpus tiene como fin único el de restablecer la libertad de quien ha sido privado de la misma de forma injustificada, no se tramitará la solicitud de Luis Ángel Reyes Montealegre por no ser procedente para tal fin”.

5. La impugnación y su trámite.

La anterior decisión se notificó al accionante el 29 de julio de 2017, y en ese mismo acto, el accionante impugnó la providencia (fl. 105, c. ppal).

Mediante Auto de 31 de julio de 2017 (fl. 106, c. ppal) el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió la impugnación interpuesta por Luis Ángel Reyes Montealegre.

El expediente fue enviado a esta corporación, recibido el 31 de julio de 2017 (fl. 115 del c. ppal) y remitido a este despacho a las 5:00 p.m. del mismo día.

Consideraciones

1. Prevalencia del Acuerdo final para la terminación del conflicto.

1. Inicia su análisis esta judicatura poniendo de presente que el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”(1), celebrado el 24 de noviembre de 2016, tiene en el ordenamiento jurídico interno colombiano prevalencia y jerarquía normativa superior, en los términos del Acto Legislativo 02 de 11 de mayo de 2017, así:

(i) Prevalencia normativa o jerarquía superior a las normas de rango legal. Se precisa que la ubicación en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico interno del Acuerdo final corresponde a una norma jurídica vinculante y de rango superior a la legislación, siendo consecuencia de esta categorización el ser ‘obligatoriamente parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo final’.

(ii) Prevalencia de las normas de derecho internacional humanitario o derechos humanos. Esa situación de prevalencia normativa sólo comprende ciertas normas del Acuerdo final, como son los preceptos que versan sobre el derecho internacional humanitario o los derechos humanos y.

(iii) Deber de toda autoridad estatal de dar cumplimiento de buena fe al Acuerdo final. Consecuencia de la fuerza jurídica de tales preceptos se sigue para toda autoridad de hacer velar porque los efectos del Acuerdo final no se vean reducidos por la aplicación de disposiciones contrarias y reflejar su concreción y aplicación en cada uno de los ámbitos de su competencia, de ahí que el acto legislativo prevenga: “los desarrollos normativos del Acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo final”.

2. Lo anterior sin perjuicio de afirmar que el Acuerdo final se sujeta a losprincipios, estándares y mandatos convencionales sobre derechos de las víctimas y los deberes generales de respeto, garantía de derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que permitan el goce o ejercicio de los derechoshumanos, en esencia la libertad personal.

1.2.(sic) Lo anterior sin perjuicio de afirmar la vinculación del Acuerdo final con los estándares convencionales sobre derechos de las víctimas y los deberes generales de respeto, garantía de derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que permitan el goce o ejercicio de los derechos fundamentales/humanos reconocidos en el orden jurídico nacional y convencional.

2. Naturaleza de la petición introducida por el solicitante y régimen sustantivo.

2.1. En escrito de 28 de julio de 2017 el señor Luis Ángel Reyes Montealegre introdujo acción constitucional de hábeas corpus solicitando al juez se dispusiera su libertad inmediata, para lo cual, desde ya anticipa el despacho que ello se pide en razón a que el Ministerio de Defensa enlistó al solicitante como uno de los beneficiarios de la libertad condicional y anticipada de que trata el Acuerdo final y la Ley 1820 de 2016. Conteste con esa realidad este despacho encuentra forzoso hacer una precisión ulterior en cuanto hace al régimen adjetivo y el sustantivo que debe ser observado para el trámite y resolución de este asunto.

2.2. Comoquiera que el solicitante dirige su petición a los fines de que se le conceda en su favor orden perentoria para recuperar su libertad, refulge que al asunto se le debe imprimir el trámite procesal propio de la Ley 1095 de 2006, de donde se destaca el procedimiento sumario, preferente y expedito para la garantía de la libertad personal(2).

2.3. De otro tanto, en cuanto a la sustantividad del derecho que debe ser aplicado, como es cierto que lo pretendido por el accionante es que se le dé cumplimiento al Acuerdo final y las normas que lo desarrollan en cuanto hace a la libertad personal, el régimen sustantivo que será observado para resolver el asunto lo será el establecido en ese marco jurídico, en razón al carácter prevalente y preferente que tienen las disposiciones del Acuerdo final, sobre el ordenamiento jurídico legal restante, y por ser, justamente, deber de toda autoridad pública propender por su debida y adecuada aplicación en cada caso respectivo, en los términos del Acto Legislativo 02 de 2017 y en aplicación, puntual, del Decreto 700 de 2 de mayo de 2017, preceptiva que regula la procedencia del hábeas corpus en este ámbito.

3. La Justicia Especial para La Paz, estructuración y la ubicación de la secretaría ejecutiva.

3.1. Teniendo en cuenta que para la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera firmado por el Gobierno Nacional y los miembros representantes de las FARC-EP, las partes se comprometieron a materializar el artículo 22 constitucional en procura del establecimiento de un modelo de Estado que transforme las condiciones de violencia que se han instaurado en el escenario nacional.

3.2. Dentro del cumplimiento de las obligaciones pactadas, el punto cinco del acuerdo sobre las víctimas del conflicto: “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, que incluye la Jurisdicción Especial para La Paz, el Estado colombiano, mediante la Ley 1820 de 2016 reguló lo relativo a las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con estos, adoptando tratamientos penales especiales y diferenciados en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

3.3. Desde esta perspectiva el título IV de la citada ley establece tratamientos penales diferenciados para agentes del Estado, y en su capítulo tres relacionado con el régimen de libertades dispone las características, los elementos y el trámite para la obtención de la libertad transitoria condicionada y anticipada, en los siguientes términos:

“ART. 51.—Libertad transitoria condicionada y anticipada. La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio propio del sistema integral expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera.

Este beneficio se aplicará a los agentes del Estado, que al momento de entrar en vigencia la presente ley, estén detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para La Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la persecución penal.

Dicha manifestación o aceptación de sometimiento se hará ante el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para La Paz, en caso de que no haya entrado en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

El otorgamiento de la libertad transitoria, condicional y anticipada es un beneficio que no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para La Paz.

“PAR. 1º—Para el caso de los miembros de la fuerza pública en servicio activo, la libertad transitoria condicionada y anticipada implica el levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, salvo que se trate homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir o los demás delitos del artículo 46 de la presente ley. En todo caso, el levantamiento de la suspensión del ejercicio 4e funciones y atribuciones no procede para quienes se encuentren 22 investigados por delitos con una pena mínima privativa de la libertad de 5 o más años. Para todos los efectos de administración de personal en la fuerza pública la libertad transitoria condicionada y anticipada tendrá las mismas consecuencias que la libertad provisional, salvo que se trate de homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir o los demás delitos del artículo 46 de la presente ley o de los delitos con una pena mínima privativa de la libertad de 5 o más años.

Los miembros de la fuerza pública investigados de que trata el presente parágrafo, una vez levantada la suspensión de funciones y atribuciones y cuando la Jurisdicción Especial para La Paz haya declarado su competencia para conocer del caso, tendrán derecho a que se compute para efecto de la asignación de retiro el tiempo que estuvieron privados efectivamente de la libertad con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la JEP. Lo anterior, siempre y cuando hayan seguido efectuando sus respectivos aportes, sin que ello implique un reconocimiento para efecto de la liquidación de las demás prestaciones.

“PAR. 2º—En ningún caso los condenados y/o sancionados serán reintegrados al servicio activo.

“ART. 52.—De los beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Se entenderán sujetos beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada aquellos agentes del Estado que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que estén condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

2. Que no se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igualo superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para La Paz.

3. Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para La Paz.

4. Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del sistema.

“PAR. 1º—Para efectos de los numerales anteriores el interesado suscribirá un acta donde conste su compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para La Paz, así como la obligación de informar todo cambio de residencia, no salir del país sin previa autorización de la misma y quedar a disposición de la Jurisdicción Especial para La Paz. En dicha acta deberá dejarse constancia expresa de la autoridad judicial que conoce la causa penal, del estado del proceso, del delito y del radicado de la actuación.

“PAR. 2º. En caso de que el beneficiado sea requerido por el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y no haga presentación o incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso, se le revocará la libertad. No habrá lugar a la revocatoria por circunstancias diferentes a las aquí señaladas.

“ART. 53.—Procedimiento para la libertad transitoria condicionada y anticipada. El Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la fuerza pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Para la elaboración de los listados se solicitará información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, las que deberán dar respuesta en un término máximo de 15 días hábiles. Una vez consolidados los listados serán remitidos al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para La Paz quien verificará dichos listados o modificará los mismos en caso de creerlo necesario, así como verificará que se haya suscrito el Acta de compromiso de que trata el artículo anterior. El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para La Paz comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artículo anterior, funcionario quien de manera inmediata adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma.

El incumplimiento de lo aquí dispuesto constituye falta disciplinaria

“ART. 54.—Supervisión. Los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de donde saldrá el personal beneficiado de la libertad transitoria condicionada y anticipada, ejercerá supervisión sobre este hasta que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine lo de su competencia, utilizando tanto los mecanismos ordinarios como los dispuestos en la Jurisdicción Especial para La Paz.

“ART. 55.—Libertad definitiva e incondicional. La autoridad judicial ordinaria que esté conociendo de la causa penal cumplirá la orden de libertad inmediata, incondicional, y definitiva del beneficiado con la renuncia a la persecución penal proferida por Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”.

3.4. Estando claro que en el trámite de la solicitud del beneficio de libertad, participan como autoridades administrativas el Ministerio de Defensa Nacional a través de la elaboración de los listados de los miembros de la fuerza pública que puedan llegar a ser beneficiados con la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la secretaria ejecutiva de la JEP que será la encargada de verificar si dichos sujetos cumplen o no con los requisitos para someterse a la jurisdicción especial de paz; así como también, para la aplicación del beneficio una vez constatado que se cumple con las condicionantes legales, el subrogado penal debe ser ejecutado por la autoridad judicial que esté conociendo de la causa penal.

3.5. Para facilitar la conformación del andamiaje institucional requerido para facilitar y asegurar el desarrollo normativo del Acuerdo final, el Gobierno Nacional ha expedido varios decretos ley fundados en las facultades extraordinarias otorgadas para implementar el Acuerdo final de paz. Así como también ha adicionado el capítulo 5 al título 5 de la parte 2º del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales diferenciados, a través del Decreto 1252 de 2017 y el Decreto 1269 de 2017 por medio del cual se dictan disposiciones sobre tratamientos penales especiales respecto a miembros de la fuerza pública, reglamentando la Ley 1820 de 2016.

3.6. En procura de las obligaciones adquiridas, el aparato estatal también sufre modificaciones encaminadas a constituir el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR), el que según el Acto Legislativo 1 del 4 de abril de 2017 estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para La Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

3.7. Dicho acto legislativo a su vez, en su artículo 7º transitorio, establece la conformación de la Jurisdicción Especial para La Paz, que dentro de sus órganos cuenta con una secretaría ejecutiva que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para La Paz.

3.8. Secretaría ejecutiva que tiene entre las funciones que dicho estatuto normativo le otorga las de poder adoptar medidas cautelares anticipadas para preservar documentos relacionados con el conflicto armado, conforme a la ley. Así como también, con carácter temporal, mientras se cumple con el procedimiento previsto para el nombramiento definitivo del secretario ejecutivo de la JEP, la de verificación del cumplimiento de los requisitos para la libertad transitoria, anticipada y condicionada o la privación de la libertad en unidad militar o policial de los miembros de la fuerza pública(3). De modo que sus funciones comenzarán a desarrollarse desde la entrada en vigencia de este acto legislativo, sin perjuicio de que no haya entrado en funcionamiento la JEP.

3.9. En efecto, la función ejercida por esta secretaría ejecutiva, desde el diseño institucional pactado en los acuerdos y en relación con los instrumentos normativos que lo desarrollan para su implementación, no dan lugar a dudas respecto de su alcance, limitado ciertamente al ejercicio reglado de una actividad propia del poder ejecutivo que dentro de los alcances del artículo 113 Constitucional no puede interferir con el ejercicio de las funciones de las otras ramas del poder público, pero sí vinculado a la colaboración armónica con las demás ramas y órganos del poder estatal.

4. Los estándares convencionales en relación al Acuerdo final.

4.1. De otra parte, el Acuerdo final, en tanto instrumento jurídico político por medio del cual se dispone la adopción de medidas para la terminación del conflicto armado interno y la cimentación de una paz estable y duradera, pretende legitimidad a la luz del derecho internacional.

4.2. De ahí que sea en el mismo preámbulo, en su párrafo 12, donde se afirme que el Acuerdo final se ha ajustado a un elenco normativo que va desde los principios del Derecho Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional hasta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a los conflictos y su terminación, cuestión que viene a ser reiterada en el párrafo 25 al aceptarse expresamente que “las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el nuevo Acuerdo final” incluyendo allí una de las formulaciones de la Cláusula Martens en los términos del cuarto párrafo del preámbulo del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra(4), al tiempo que se invoca el respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos como uno de los principios orientadores del mismo instrumento(5), mientras en el contexto particular del SIVJRNR se lee en el párrafo 19 de los principios básicos del componente de justicia que “Para efectos del SIVJRNR, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, en el párrafo 4 del punto 5.2 “Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos” se anotó: “El Acuerdo en su conjunto debe contribuir a construir una visión compartida sobre la necesidad del respeto de todos los derechos humanos. El Estado trabajará para garantizar la plena satisfacción de los mismos (…)” y en el párrafo 10 del mismo acápite se lee: “En el marco del respeto y promoción de los derechos humanos, se reitera el compromiso de hacer efectivos los derechos que en esta materia contienen la Constitución Política de 1991, el Pacto de derechos civiles y políticos, el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”, entre otras de las variadas referencias al respeto y garantía de los derechos humanos o al derecho internacional que han sido consignadas en acápites específicos del texto del Acuerdo final.

4.3. De lo expuesto, deviene inexorable considerar los aspectos regulados en el Acuerdo final a la luz de la estructura de derecho internacional que se invoca como fuente de justificación y legitimidad de cuanto se ha pactado allí; esa referencia copiosa, además, opera como parámetro de validez normativa que vincula y se extiende a las autoridades estatales que en el marco de los procedimientos de implementación, interpretación o aplicación del Acuerdo final tengan interacción con alguno de tales tópicos.

4.4. Expresión concreta, más allá de lo retórico, encuentra en los siguientes criterios: (i) interpretación conforme. Deber de otorgar a las disposiciones del Acuerdo final aquella interpretación que de mejor manera se ajuste a los principios, estándares y mandatos convencionales, lo que, correlativamente, impone ajustar los sentidos interpretativos que pugnan con aquellos, pues la protección jurídica de los derechos y libertades a la luz del Acuerdo no puede ser inferior a aquellos; de ser así ese déficit de protección debe ser superado por vía de la interpretación conforme a cargo del operador jurídico(6), permitiendo que el efecto útil de los principios, estándares y mandatos convencionales opere, como se sigue de las reglas de interpretación dispuestas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (ii) integración normativa. Asumir como solución a las lagunas que se adviertan en el Acuerdo final la aplicación de los principio, estándares, y mandatos convencionales con el fin de lograr la plena eficacia de los derechos tutelables, la coherencia y solución armónica de las cuestiones abordadas en el mencionado Acuerdo; (iii) prevalencia de los principios, estándares y mandatos convencionales Privilegiar, en situaciones de antinomia entre el texto del Acuerdo final y los principios, estándares y mandatos convencionales, las prescripciones que emanan de este último, en tanto que es precisamente el sistema de referencia sobre el que se ha estructurado el Acuerdo, siendo verdad que su pretensión de legitimidad emana más que de las formalidades a las que fue sometido a su capacidad para responder, a la luz de las exigencias convencionales, como herramienta jurídica al servicio de la consolidación de los deberes generales de respeto y garantía de los derechos y libertades, como base razonable para la adopción de disposiciones de derecho interno que hagan efectivo el goce de aquellos(7) y como acuerdo político capaz de establecer cimientos sólidos para la adopción de mecanismos de justicia transicional en el marco de una sociedad que ha sufrido el conflicto y graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario(8).

4.5. Precisada como queda tal cuestión, que no hace más que ubicar a la autoridad jurídica nacional en su nicho ordinario de ser garante de la vigencia y cumplimiento de los pactos políticos con eficacia jurídica reconocida en el Acuerdo final sobre la base de las de formas, procedimientos y garantías que subyacen a los arreglos institucionales de la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho y siendo conteste con el primado de los derechos y libertades inherentes a la persona humana reconocidos en los estándares constitucionales y convencionales vigentes, el despacho encuentra que las particularidades del caso imponen revisar las cuestiones relativas a los estándares convencionales sobre la libertad personal en relación con el plazo razonable de las actuaciones judiciales.

4.6. El derecho a la libertad personal.

4.6.1. El derecho a la libertad personal, se encuentra tutelado con arreglo al artículo 28 constitucional(9), 7.1-7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(10) y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(11).

4.6.2. Se sabe que filosóficamente la libertad se cuenta entre los bienes más preciados sobre los que se funda toda organización política contemporánea, de ahí que buena parte de los arreglos institucionales deban su razón de ser a la protección de posiciones jurídicas de libertad, bien entendido como esfera negativa, de no interferencia, de los demás en las acciones propias; como la posibilidad de ser protagonista del régimen jurídico al que se está sujeto y como el reconocimiento del espacio afirmativo que posibilita la realización de lo que se desea(12). En suma, es la afirmación de un ámbito tutelado en cuya virtud le asiste al individuo un poder de autogobierno, elección y determinación personal libre de injerencias arbitrarias del Estado o terceros.

4.6.3. Ahora, en punto específico a la libertad personal, es claro que del sistema jurídico convencional y constitucional surgen diversas posiciones jurídicas de protección de la persona respecto a este derecho, como que no solo se ocupa de someter el ejercicio del poder punitivo del Estado a parámetros de legalidad previa, razonabilidad y proporcionalidad, sino también extiende su ámbito normativo de protección a cuestiones tales como la observancia de las debidas garantías que hacen obligada presencia en casos de privación de la libertad en el marco de las causas penales, la proscripción de actos de desaparición forzada de personas, prohibición de detenciones colectivas o actos de abuso de poder en desmedro de la libertad personal, entre otros tópicos. Valga enfatizar que la afirmación del carácter erga omnes del derecho de libertad personal entraña la irradiación de su ámbito normativo tanto a las relaciones verticales (Estado-ciudadanos) como a las horizontales (intra-particulares) que se susciten en la vida en sociedad, lo que se complementa, en un todo armónico, con las consabidas obligaciones generales de respeto y garantía que pesan sobre la autoridad estatal.

4.6.4. En desarrollo de ese pensamiento se advierte que de manera conjunta los artículos 7º CADH y 9º PIDCP establecen las siguientes disposiciones de protección del derecho de libertad personal: (i) Nadie puede ser privado de su libertad física; (ii) Se exceptúa lo anterior en las causas y condiciones fijadas previamente por la Constitución y la ley y según el procedimiento establecido en ésta; (iii) Nadie será objeto de detención o encarcelamiento arbitrario; (iv) derecho a ser informado de las razones de la detención y a ser notificado sin demora del cargo o acusación en su contra; (v) derecho a ser llevado ante autoridad judicial sin demora; (vi) derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de continuar el proceso; (vii) la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio o a diligencias procesales o para la ejecución del fallo; (viii) derecho de toda persona privada a recurrir ante autoridad judicial competente para que decida, sin demora, sobre la legalidad del arresto o detención y ordene su libertad si el arresto, prisión o detención fuere ilegal.

4.6.5. Adicionalmente, el artículo 9º del Pacto agrega los numerales 3: “la prisión preventiva no debe ser la regla general” y 5: “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”, y el artículo 7º de la Convención refiere en los numerales 6 y 7 a la imposibilidad de restringir o abolir, en los Estados donde esté reconocido así, el recurso judicial que tiene una persona cuando se vea amenazada de ser privada de su libertad, para que se resuelva sobre la legalidad de esa amenaza y, de otro tanto, la prohibición de detención por deudas, salvo el caso de incumplimiento de deberes alimentarios.

4.6.6. A partir de estos referentes la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado los siguientes criterios sobre la libertad personal: (i) Regla general. Se predica el principio de la libertad del individuo mientras se resuelve la responsabilidad penal(13); (ii) Limitaciones. La medida de detención está limitada por los principios de legalidad(14), presunción de inocencia y proporcionalidad(15); (iii) Fines legítimos. Sólo se reconocen como fines legítimos de imposición de la medida el aseguramiento de que el procesado no impedirá el desarrollo del proceso ni eludirá la acción de la justicia(16); (iv) Fines ilegítimos. La detención preventiva es una medida cautelar, no puede ser concebida como una pena anticipada ni como instrumento para la realización de fines de prevención general o especial, pues estos son propios de la pena(17); (v) Control judicial inmediato. La detención de una persona debe ser sometida inmediatamente a la revisión de autoridad judicial, a los fines de evitar arbitrariedad o ilegalidad en esa detención(18), (vi) Deber de evaluación periódica. Las autoridades judiciales tiene la obligación de revisar periódicamente la detención preventiva y ofrecer razones que justifiquen su mantenimiento(19); (vii) Cuestiones probatorias. La decisión que impone una medida de aseguramiento debe basarse en elementos probatorios suficientes que permitan establecer razonablemente la participación de la persona en el delito objeto de investigación; no se satisface este parámetro cuando el apoyo probatorio consiste en meras conjeturas o intuiciones abstractas, “El Estado no debe detener para luego investigar”(20); (viii) Estigmas y prejuicios. La medida no puede adoptarse por estigmas o prejuicios como, por ejemplo, en razón al origen racial de un grupo poblacional(21); tampoco cuenta como justificación suficiente elementos tales como las características personales del supuesto autor o la gravedad del delito(22); (ix) Juicio de proporcionalidad. La imposición de la medida debe obedecer a un juicio de proporcionalidad en el caso concreto, atendiendo los elementos de prueba y los hechos objeto de investigación(23); en este marco, debe perseguir un fin compatible con la Convención, ser idónea, necesaria [absolutamente indispensable para conseguir el fin y que no exista medida menos gravosa] y proporcional [debe ser estrictamente proporcional, el sacrificio de la restricción de la libertad no debe resultar exagerado ni desmedido frente a las ventajas que se obtienen y los fines](24); (x) Motivación suficiente. La falta de motivación suficiente respecto del fin legítimo constituye violación del derecho de libertad personal(25), caso en el cual la privación deviene en arbitraria y (xi) aun cuando esté previsto en la ley, puede existir violación a la libertad personal cuando la detención se ampare en causas o métodos irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad(26).

4.7. La garantía del plazo razonable.

4.7.1. De otro tanto, el concepto convencional de plazo razonable encuentra su fundamentación jurídica en los artículos 7.5 “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez (…)”, 8.1 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente (…)” y en el 25.1 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (…)” todos ellos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4.7.2. Emerge de esos preceptos que el concepto de plazo razonable se asocia a las garantías mínimas que están llamadas a hacer presencia en el ámbito de todo procedimiento, judicial o administrativo, que involucre o afecte derechos y libertades de la persona(27), pues existe el legítimo derecho de que la resolución de la controversia se produzca en un tiempo que se estime razonable, como lo ha considerado la Corte Interamericana: “154. (…) el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que la demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”(28).

4.7.3. Justamente, para tal fin la jurisprudencia interamericana ha construido la garantía del plazo razonable a partir de los siguientes criterios orientativos: a) la complejidad del asunto, aspecto éste donde la Corte, a su vez, ha perfilado la evaluación de parámetros tales como la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características de los recursos dispuestos en la legislación y el contexto en el que ha tenido lugar la violación objeto de la actuación(29), b) la actividad procesal del interesado, donde se valora si los sujetos del proceso realizaron intervenciones que eran razonablemente exigibles(30), c) la conducta de las autoridades judiciales, memorando el deber que le asiste a las autoridades judiciales, como rectores del proceso, de “dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo”(31) y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada(32), siendo deber de las autoridades obrar con la mayor diligencia “en aquellos casos donde de la duración del proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso”(33); previniendo que tales aspectos dependen de las circunstancias particulares(34). De otro tanto, se ha dicho que la razonabilidad del plazo debe ser evaluada de manera integral respecto de la totalidad de la duración de la actuación “desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse”(35), todo lo anterior sin perjuicio de admitir casos excepcionales donde los requerimientos de la justicia en ciertos casos de graves violaciones suponen una prevalencia de este interés sobre el principio del plazo razonable(36).

5. El régimen de libertad transitoria condicionada y anticipada en el Acuerdo final y la Ley 1820 de 2016. Requisitos y procedimientos.

5.1. Es el Acuerdo final el fundamento jurídico a partir del cual se estructura el reconocimiento del derecho de libertad transitoria condicionada y anticipada como beneficio para los actores del conflicto armado. En efecto, en el texto integral del Acuerdo final se ubica el Acuerdo de 9 de noviembre de 2016(37) en el cual las partes acordaron, inter alia, que el Gobierno Nacional “presentará ante el Congreso de la República la propuesta de proyecto de ley de Amnistías, indultos y tratamientos penales especiales, cuyos contenidos se adjuntan a este Acuerdo” (Resaltado propio), lo que se corresponde con el texto “ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales”(38), [incorporado al Acuerdo final] que en su artículo 49 refiere a la libertad transitoria condicionada y anticipada que habrá de concederse, como beneficio del sistema integral, para “la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano (…)” y señalando expresamente que “este beneficio se aplicará a los agentes del Estado, que al momento de entrar en vigencia la presente ley, estén detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para La Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la persecución penal (…) Dicha manifestación o aceptación de sometimiento se hará ante el secretario ejecutivo de la jurisdicción Especial para la paz, en caso de que no haya entrado en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. (…) El otorgamiento de la libertad transitoria, condicional y anticipada es un beneficio que no implica la definición de la situación jurídica definitiva (…)” (Resaltado propio).

5.2. Los beneficiarios, según lo dispuesto en el artículo 50, deben cumplir las siguientes exigencias: (i) estar condenado o procesado por conductas punibles por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, (ii) que no se trate de ciertos crímenes tales como lesa humanidad, genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años; (iii) que el interesado solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la JEP y (iv) que se comprometa a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema. Para tales efectos se suscribirá Acta de compromiso.

5.3. Y ese mismo texto en los artículos 51 a 53 se encarga de establecer las bases del procedimiento que debe ser seguido para la libertad transitoria y anticipada, cuestiones que, esquemáticamente, admiten ser presentadas en los siguientes términos: (i) El Ministerio de Defensa será la autoridad encargada de consolidar los listados de los miembros de la fuerza pública que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria y condicionada; (ii) consolidados los listados éstos se remitirán a la secretaría ejecutiva de la JEP quien, en relación con este asunto, cuenta con dos funciones: a) verificar los listados, pudiendo modificarlos en caso de ser necesario y b) verificar que se haya suscrito el Acta de compromiso; (iii) la secretaría ejecutiva de la JEP comunicará al funcionario judicial que esté conocimiento la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado “para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artículo anterior, funcionario quien de manera inmediata adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma”; (iv) los directores de establecimientos penitenciarios y carcelarios ejercerán supervisión sobre los beneficiarios hasta que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine lo de su competencia. Y en este marco jurídico no se puede perder de vista el rol como garante de derechos de los jueces de la República, como llamados a velar por el respeto y garantía efectiva de los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico convencional, constitucional y los derivados del Acuerdo final.

Esquema básico trámite concesión libertad transitoria, condicionada y anticipada
Ministerio de Defensa Secretaría ejecutiva JEP Juez penal Director centro penitenciario/carcelario
Elabora listados de los beneficiarios que, prima facie, cumplen requisitos. Los envía a la secretaría ejecutiva de la JEP. Recibe los listados y los verifica pudiendo modificarlos.
Verifica que los potenciales beneficiarios hayan suscrito el Acta de compromiso.
Comunica al juez penal que el beneficiado cumple las exigencias.
De manera inmediata otorga la libertad transitoria al beneficiario. Ejercerá supervisión sobre el beneficiario hasta que la Sala de Definición de Situaciones jurídicas resuelva lo pertinente.
Requisitos a ser cumplidos por los beneficiarios
Estar procesado o tener condena por comisión de delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. Que no se trate de ciertos crímenes tales como lesa humanidad, genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años.Solicitar o aceptar libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la JEP. Comprometerse a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del sistema. Para tales efectos se suscribirá Acta de compromiso.

5.4. Lo anterior, entonces, deja suficientemente claro que la cuestión relativa al régimen de libertad transitoria, condicionada y anticipada para los actores del conflicto armado fue objeto de regulación expresa y clara por cuenta de las partes firmantes del Acuerdo final. Se sigue de ello, guardando armonía con lo expuesto en las páginas precedentes, dos consecuencias jurídicas: (i) en razón a la preeminencia que tiene el Acuerdo final sobre el ordenamiento jurídico legal, toda autoridad debe velar porque los efectos del Acuerdo final no se vean mermados por la aplicación de disposiciones contrarias y, en sentido opuesto, deben verse concretadas y aplicadas sus prescripciones en los respectivos ámbitos de competencia de las autoridades y (ii) la interpretación y aplicación del Acuerdo final y, en este caso, el régimen de libertad personal, debe hacerse en armonía con los estándares convencionales de respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en el orden constitucional e internacional.

5.5. Lo que se viene de detallar se encuentra recogido en idénticos términos en los artículos 52 a 55 de la Ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”(39).

6. caso concreto.

6.1. Fijados los términos del amparo constitucional solicitado por Luis Ángel Reyes Montealegre, el despacho encuentra reunidos los siguientes presupuestos fácticos: (i) Reyes Montealegre fue condenado mediante sentencia de 25 de noviembre de 2013 por el juzgado segundo penal especializado del circuito de Medellín a la pena principal de cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de prisión como autor responsable del delito de homicidio agravado, falsedad ideológica de documento público y porte de armas de uso privativo de la fuerza pública y de defensa personal, (ii) ha permanecido privado de la libertad desde el 9 de julio de 2012, (iii) el Ministerio de Defensa incluyó al solicitante dentro del listado de miembros de la fuerza pública que dirigió a la secretaría ejecutiva de la JEP el día el 17 de marzo de 2017, (iv) el 27 de abril de 2017 el accionante suscribió Acta de compromiso en virtud del cual acepta su sometimiento a la Justicia Especial para La Paz.

6.2. A la fecha, habiendo transcurrido poco más de 4 meses y 11 días desde que el Ministerio de Defensa remitió la información y más de 3 meses y 1 día desde que Reyes Montealegre suscribió Acta de compromiso, la secretaría ejecutiva de la JEP no ha remitido información alguna a los jueces penales (o de ejecución de penas) competentes ordenando se disponga la libertad transitoria, condicionada y anticipada de Luis Ángel Reyes Montealegre, como tampoco ha emitido manifestación alguna en cuanto a su exclusión del listado presentado por el Ministerio de Defensa.

6.3. En comunicación dirigida por el secretario ejecutivo de la Justicia Especial para La Paz al juez constitucional de hábeas corpus, se informó, entre otras cuestiones, lo siguiente en el Oficio ES20170728-002961 de 28 de julio de 2017:

“Desde el pasado 17 de marzo de 2017, la secretaría que actualmente dirijo viene ejecutando un plan de acción a nivel nacional para suscribir las actas de compromiso de los posibles beneficiarios de la libertad condicionada, transitorio y anticipada prevista en la Ley 1820 de 2016. Hasta el momento, los listados remitidos por el Ministerio de Defensa abarcan un total de 1746 personas, agrupadas en 1069 casos y ubicadas en los diferentes centros de reclusión del país.

Estas competencias son ejercidas de manera simultánea con la suscripción de actas formales de compromiso para las libertades condicionadas reguladas en el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016, que incluyen personas sindicadas o condenadas por pertenencia o colaboración de las FARC y otros casos previstos en la citada norma. Esto ha implicado la elaboración de un cronograma de visitas a los 74 centros penitenciarios y carcelarios del país que albergan a 2102 personas internos identificados por las FARC-EP.

Como se observa, es un alto número de personas a quienes esta secretaría debe proceder a visitar para que suscriban las mencionadas actas de compromiso. Particularmente, los casos de fuerza pública requieren de una mayor dedicación y de más personal.

Esta secretaría pone de manifiesto que el pasado 27 de abril de 2017 se suscribió el acta del señor Reyes en el Centro de Reclusión Militar EJART, de la que se remite copia. De acuerdo con los anexos allegados por el Ministerio de Defensa Nacional, el señor Reyes tiene una condena de 480 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público y porte de armas de defensa personal de uso exclusivo de la fuerza pública”. Respecto del caso 104, que involucra al accionante, esta secretaría se encuentra verificando el cumplimiento de requisitos y procederá al envío del oficio de verificación y documentos pertinentes al juez de la causa una vez establezca que el caso tiene un nexo con el conflicto. Dado que la calificación del delito realizada por las autoridades judiciales no se encuandra dentro de los delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, el nexo con el conflicto es más difícil de verificar, es por esto que en el caso 104, que involucra al señor Reyes se ha decidido solicitar al Ministerio de Defensa se remitan las decisiones de instancia pues actualmente solo se cuenta con la sentencia de casación. Una vez recibida dichas decisiones será posible verificar si los delitos cometidos por el señor Reyes efectivamente tienen relación o no con el conflicto.

Respecto de las supuestas vulneraciones a los términos del Decreto 1252 de 2017, esta secretaría debe aclarar que esta norma regula los beneficios aplicables a los miembros de las FARC-EP. Su regulación no se extiende a los tratamientos penales diferenciados de los agentes de Estado contemplados en la Ley 1820.

Ante este panorama, la secretaría estima que sus actuaciones no han implicado una afectación del derecho fundamental a la libertad del señor Reyes, toda vez que se han desplegado las actuaciones necesarias para lograr la suscripción del Acta de compromiso del accionante y la verificación de los requisitos con los recursos humanos y técnicos disponibles”.

6.4. Así las cosas, en el caso concreto este despacho debe rechazar enérgicamente las razones expuestas por la secretaría ejecutiva de la JEP, toda vez que bajo ninguna consideración se encuentra justificada la tardanza de poco más de cuatro (4) meses en la resolución de un asunto que entraña de manera directa el ejercicio o goce de un derecho humano como lo es el beneficio de la libertad personal transitoria, condicionada y anticipada en los términos del Acuerdo final y la Ley 1820 de 2016.

6.5. Además, nota el despacho con extrañeza que en su contestación el secretario ejecutivo informe que para el trámite que tiene a cargo no se ha establecido término alguno, cuestión que tampoco es de recibo por parte de esta judicatura por dos elementales razones:

6.6. La primera de ellas, de orden convencional, pone de presente que toda autoridad estatal, en el marco de cualquier procedimiento donde se afecten derechos de la persona debe ajustarse a las garantías judiciales básicas establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, leído armónicamente con el artículo 25 y 7º de la misma Convención, y, bajo esta línea de pensamiento, se sigue que la secretaría ejecutiva está llamada a asegurar en el marco de su actuación la garantía del plazo razonable, es decir, la resolución del asunto o controversia puesto a su conocimiento en un término plausible y breve.

6.6.1. Por ende, mal se haría en entender esa alegada ausencia de término como una suerte de aval en favor de esa autoridad para adoptar, de manera arbitraria y según sus particulares criterios ad-hoc, las decisiones que corresponden según su competencia, pues consideraciones de tal naturaleza quiebran una de las posiciones jurídicas del derecho a una tutela efectiva de los derechos de las personas sujetos a la jurisdicción de la autoridad estatal, lo que no solo repercute en la violación de ese derecho, de por sí reprochable, sino también afecta de manera directa el goce o ejercicio del derecho de libertad personal, pues no se olvide que el procedimiento objeto de análisis (establecido en el Acuerdo final y la Ley 1820 de 2016) es el concebido para conducir a la concesión de un beneficio propio del esquema de justicia transicional adoptado, como lo es la libertad transitoria condicionada y anticipada a los actores del conflicto armado interno involucrados en la comisión de crímenes cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con ese conflicto armado.

6.6.2. Parte, entonces, este despacho de una premisa fundamental: todo sujeto [miembros de grupo armado insurgente o agente del Estado] que potencialmente obtenga beneficios de libertad derivados del Acuerdo final y sus normas de implementación tiene derecho a que su situación jurídica sea tramitada y decidida por las autoridades competentes observando de manera rigurosa las garantías judiciales y, puntualmente, la garantía del plazo razonable.

6.6.3. Inclusive, si se traen a colación los criterios convencionales sobre plazo razonable se llegan a las siguientes conclusiones:

(i) complejidad de asunto: prima facie la complejidad del asunto tratado no versa, concretamente, sobre el tema en sí mismo, pues como se revisó páginas antes la competencia de la secretaría ejecutiva se contrae a dos ámbitos: verificar que se haya suscrito el Acta de compromiso y, posiblemente, modificar las listas presentadas por el Ministerio de Defensa, modificación que, debe entenderse, sólo se puede llevar a cabo en relación con el no cumplimiento de alguno de los requisitos de que trata el artículo 52 de la Ley 1820 de 2016 o el artículo 50 de la ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales incorporada al Acuerdo final; por consiguiente, la complejidad referida al volumen de trabajo de esa Autoridad es una realidad insoslayable que preocupa a esta instancia judicial, pero de esa situación coyuntural no es admisible construir un argumento que jurídicamente avale la violación a las garantías judiciales y la libertad personal;

(ii) la actividad procesal del interesado, la que, en el caso concreto, no tiene trascendencia toda vez que de la documentación que informa esta causa judicial no se encuentra que el solicitante Reyes Montealegre realizara ante la secretaría ejecutiva actuaciones tendientes a obstruir, demorar u obstaculizar la normal marcha del procedimiento fijado para la obtención de la libertad;

(iii) la conducta de las autoridades. Se tiene demostrado que el 17 de marzo de 2017 se remitió a la secretaría ejecutiva de la JEP el listado de miembros de la fuerza pública por parte del Ministerio de Defensa; a instancias de esa secretaría el 27 de abril Reyes Montealegre suscribió la ya comentada Acta de compromiso 300784 y, según se informa en el Oficio ES20170728-002961 de 28 de julio de 2017, sin precisar fecha y detalles, se ha requerido al Ministerio de Defensa para que remitiera las decisiones de las instancias penales adoptadas en contra del acá demandante: “se ha decidido solicitar al Ministerio de Defensa se remitan las decisiones de instancia, pues actualmente solo se cuenta con la sentencia de casación. Una vez recibidas dichas decisiones será posible verificar si los delitos cometidos por el señor Reyes efectivamente tienen relación o no con el conflicto”, no obstante, como se dijo, no obra información de cuándo se solicitó tal información, ni otras actuaciones de la secretaría dirigidas a obtener, bien sea ante el Ministerio de Defensa o las autoridades penales, la información que echa de menos. En todo caso, sobre este último tópico, este despacho, amparado en la buena fe en que deben observar las autoridades administrativas al ejercer sus competencias, toma en consideración la manifestación del Gobierno Nacional (Ministerio de Defensa) de 17 de marzo de 2017 donde incluyó al solicitante como uno de los miembros de la fuerza pública que reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la libertad personal, en los términos del Acuerdo final, tanto así que la secretaría ejecutiva suscribió con Reyes Montealegre Acta de compromiso respectiva; de donde se concluye con esas dos actuaciones que el acá solicitante activó el procedimiento de marras ante la Justicia Especial para La Paz, sin que a la fecha dicha justicia (secretaría ejecutiva) haya actuado conforme a las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos relativas a la garantía del plazo razonable;

(iv) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. Como se ha sostenido, en este caso la prolongación de la actuación le ha generado un detrimento a Reyes Montealegre en cuanto hace al disfrute del derecho subjetivo que le asiste a la libertad personal, beneficio adquirido por todos los actores del conflicto armado con ocasión del Acuerdo final pero que no se ha materializado con ocasión de las omisiones en que ha incurrido la secretaría ejecutiva en el caso particular.

6.7. Adicional a lo anterior, se concreta la violación convencional al plazo razonable en el desconocimiento e inaplicación del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011(40), norma ésta que materializa el término razonable en el ámbito de las actuaciones administrativas. Disposición que desvirtúa de manera absoluta las afirmaciones del secretario ejecutivo de la JEP de que carece de un término para resolver las solicitudes de libertad presentadas con ocasión del Acuerdo final. El ordenamiento jurídico de tiempo atrás ha desarrollado el principio según el cual ninguna autoridad carece de procedimientos ni mucho menos de términos para resolver solicitudes. Luego la afirmación del secretario ejecutivo de la JEP dentro de este proceso es de por sí la prueba directa y confesión de la violación al principio del plazo razonable, establecido convencionalmente.

6.7.1. Con otras palabras, este despacho, por vía de esa integración normativa, considera que un referente objetivo de plazo razonable con que cuenta la secretaría ejecutiva de la JEP es el término de quince (15) días hábiles de que trata la Ley 1437 de 2011, los cuales deben contabilizarse desde la fecha en que esa Autoridad recibió del Ministerio de Defensa el listado de los miembros de la fuerza pública beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Este es el término prudencial al que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, además, siendo claro que al afirmar el Acuerdo final su sujeción a las normas constitucionales no hace otra cosa que reconocer la plena vigencia del ordenamiento constitucional y dentro de él del derecho de petición como derecho fundamental en los términos del artículo 23 y de la respectiva legislación que lo desarrolla. Es esencial el respeto a este término porque depende del mismo que se opere eficazmente el mandato convencional consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que opera con relación al artículo 8º de la misma, de manera que surge una clara convergencia entre el derecho de petición y la eficacia del hábeas corpus.

6.7.2. Llevadas estas consideraciones al asunto revisado, se tiene que el 17 de marzo de 2017 el Ministerio de Defensa remitió el listado en comento a la secretaría ejecutiva de la JEP, por tanto, el término de quince (15) días hábiles transcurrió desde el 21 de marzo (día siguiente hábil a la recepción) hasta el 10 de abril del mismo año y, se repite, a la fecha la secretaría no ha resuelto ese trámite de libertad.

6.8. Pero si, en gracia de discusión, se llegare a aceptar la hipótesis de que el secretario ejecutivo de la JEP ejerce funciones jurisdiccionales, para este tipo de casos, el marco de referencia objetivo para determinar el plazo razonable para dar respuesta a la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sería el de diez (10) días establecido en el Decreto 1252 de 2017, punto en el cual no habría lugar a admitir un trato diferenciado y discriminatorio entre agentes estatales y miembros del grupo armado insurgente, pues el asunto aquí tratado versa sobre la concesión de un beneficio de libertad y no tiene relación con las reglas sustanciales sobre las cuales la JEP deberá determinar el eventual grado de responsabilidad que les asista. Término que, en el caso concreto, estaría también evidentemente vulnerado en detrimento del concepto convencional de plazo razonable.

6.9. Ergo, conforme a los argumentos convencionales y la integración normativa de la Ley 1437 de 2011, se concluye que en este asunto se ha desconocido la garantía de plazo razonable en detrimento de Luis Ángel Reyes Montealegre, a quien, hasta la fecha, no se le ha reconocido el goce del beneficio derivado del Acuerdo final en el sentido de determinar si su caso se ajusta a los requerimientos de tal Acuerdo y a la Ley 1820 de 2016 para obtener el ya citado beneficio de libertad transitoria. Además, resulta inadecuado conforme a la buena fe del Acuerdo final que una autoridad administrativa limite o cercene los efectos de los derechos reconocidos a favor de los miembros del grupo armado insurgente FARC-EP y/o de los agentes del Estado involucrados.

6.10. Por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 constitucional y el artículo 1º del Decreto-Ley 700 de 2017(41), este despacho accederá a la protección constitucional de la libertad personal del señor Luis Ángel Reyes Montealegre, en estricta aplicación del régimen de libertad dispuesto en el Acuerdo final y la Ley 1820 de 2016. Decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata por las autoridades competentes.

7. Síntesis de esta decisión.

7. 1.- Considerando el valor normativo atribuido al Acuerdo final en los términos del Acto Legislativo 02 de 2017, se reconoce como norma jurídica vinculante y de rango superior dentro del ordenamiento jurídico de donde se sigue el deber de toda autoridad estatal de darle cumplimiento de buena fe, sin perjuicio de la vinculación del Acuerdo final a los estándares convencionales sobre derechos de las víctimas y de los derechos humanos, en general.

7.2. Para el caso se reconoce al hábeas corpus como instrumento de garantía de la libertad personal rigiéndose por el procedimiento sumario, preferente y expedito propio de la Ley 1095 de 2006, lo que en esta materia específica ha sido regulado por el Decreto 700 de 2017, de ahí la sustantividad del derecho a ser aplicado en el sub judice.

7.3. De otro tanto, dentro del diseño institucional dado para la configuración del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición SIVJRNR se ubica a la secretaría ejecutiva como un órgano administrativo encargado de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para La Paz, en los términos del artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2017, de ahí la razón de la vigencia del artículo 113 constitucional respecto de esa secretaría.

7.4. De lo expuesto, deviene inexorable considerar los aspectos regulados en el Acuerdo final a la luz de la estructura del derecho internacional como parámetro de validez normativa y que, para el caso concreto, impone considerar los estándares convencionales sobre libertad personal y plazo razonable, en relación a la aplicación del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada de que trata el Acuerdo final y la Ley 1820 de 2016. Justamente, la jurisprudencia interamericana para construir la garantía de plazo razonable ha establecido como criterios orientadores los siguientes: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada.

7.5. El régimen de libertad transitoria, condicionada y anticipada se encuentra, en sus aspectos sustanciales y procesales, en el Acuerdo final, concretamente el Acuerdo 9 de noviembre de 2016, y los artículos 51 a 55 de la Ley 1820 de 2016, como beneficio en el marco de la justicia transicional para los actores del conflicto que se sometan al SIVJRNR.

7.6. Todas estas cuestiones, llevadas a la luz del caso concreto, reflejaron una violación al derecho humano a la libertad personal a la que tenía derecho Luis Ángel Reyes Montealegre en los términos del Acuerdo final en razón de la omisión de la secretaría ejecutiva de dar respuesta a la solicitud de libertad conforme a los parámetros convencionales del plazo razonable; aunado a que siendo esa secretaría un órgano que ejerce funciones administrativas, el referente objetivo de plazo razonable está determinado por los artículos 23 constitucional y 14 de la Ley 1437 de 2011, esto es, un término perentorio de quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. Lo que constituye violación al deber de toda autoridad estatal de cumplir de buena fe el contenido pactado en el Acuerdo final.

7.7. En este sentido, en este asunto el secretario ejecutivo ha obrado en contravención al deber general de respeto de los derechos (artículo 1.1 de la Convención) en relación con la violación a la garantía de plazo razonable contenido en los artículos 7.5, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, libertad personal, garantías judiciales y recurso judicial efectivo; lo que se concretó con la interpretación restrictiva contraria al sentido y alcance material de los derechos y libertades de la Convención, adoptando una hermenéutica opuesta a las reglas de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los literales a) y b), al observar un estándar de interpretación que suprime el goce o ejercicio de los derechos reconocidos tanto a nivel de la Convención como en el ordenamiento interno.

7.8. La eficacia del Acuerdo de Paz y del Acto Legislativo 01 de 2017 no puede hacerse ineficaz a partir de la minucia administrativa.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión de 29 de julio de 2017, proferida por la magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó el amparo constitucional de hábeas corpus al señor Luis Ángel Reyes Montealegre.

2. ORDENAR, en su lugar, la libertad inmediata de Luis Ángel Reyes Montealegre quien se encuentra recluido en el Establecimiento Carcelario para miembros del Ejército Nacional EJART, para lo cual se expide boleta de libertad respectiva.

3. COMUNICAR inmediatamente esta decisión al Ministerio de Defensa Nacional - jefatura jurídica del Ejército Nacional, al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para La Paz y al juzgado doce de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá.

4. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez en firme esta decisión.

Notifíquese y cúmplase

Consejero: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

1 De aquí en adelante la providencia referirá a este documento como Acuerdo final.

2 “33. El hábeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia”.

3 Función que será cumplida por la persona que ha sido designada como secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para La Paz por el responsable del mecanismo de monitoreo y verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según comunicación del 26 de enero de 2017.

4 “Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguarda de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Preámbulo.

5 “3.4.1. Principios orientadores
El Gobierno y las FARC-EP acuerdan los siguientes principios orientadores: Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos: El Estado es el garante del libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades en los territorios”.

6 Cfr., Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados: c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

7 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1.1. Obligación de respetar los derechos. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
“ART. 2º—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
En similar sentido véase Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2.1 y 2.2. Cfr., Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 31 [80]. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. Distr. General: 26 de mayo de 2004.

8 Cfr., Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del secretario general. S/2004/616. Distr. General 3 de agosto de 2004. Igualmente Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Resolución E/CN.4/2005/102/Add.1. Distr. general 8 de febrero de 2001.

9 Constitución Política. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

10 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

11 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9. (1) Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

12 “14. (…) El núcleo esencial de la libertad personal está constituido, de una parte, por la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios y, de otra, por la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente.” Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 1993.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido sobre el derecho de libertad personal: “En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. (…) La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 52.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso J vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 158; caso Herrera Espinoza y otros vs Ecuador. Sentencia de 1º de septiembre de 2016, párr. 143.

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Usón Ramírez vs Venezuela. Sentencia de 20 de noviembre de 2009, párr. 145: “El numeral 2 del artículo 7º reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Al respecto, esta Corte ha establecido que la reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana”.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Tibi vs Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 106.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Servellón García y Otros vs Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 90. caso Herrera Espinoza y otros vs Ecuador. Sentencia de 1º de septiembre de 2016, párr. 143. caso Norín Catrimán vs Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 361-362.

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Suárez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 77; caso J vs Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 159: “159. Este tribunal ha precisado también que para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga266. Sin embargo, aún verificado este extremo, la privación de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Concordantemente, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho, ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia”.
Existe una tensión manifiesta entre este estándar de libertad personal y la legislación procesal penal colombiana que avala la detención preventiva de una persona por ser un peligro para la seguridad de la sociedad dispuesta en el artículo 310 de la Ley 906 de 2004. Empero, en el fallo C-469 de 2016 la Corte Constitucional revisó y avaló la constitucionalidad del precepto arguyendo que esa medida complementa, y no contradice, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Véase el fuerte salvamento de voto suscrito por el magistrado Alberto Rojas Ríos donde cuestiona la falta de compromiso de la Corte Constitucional en la aplicación del control de convencionalidad, toda vez que la detención preventiva fundada en ser el procesado peligro para la seguridad de la sociedad no se ajusta a los estándares convencionales.

18 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso López Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 81.

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007; párr. 117-118; caso Yvon Neptune vs Haití, Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 108. caso Bayarri vs Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 74.

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007; párr. 103.

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs República Dominicana. Sentencia de 28 de agosto de 2014, párr. 368.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Bayarri vs Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008; caso Teruel y otros vs Honduras, Sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 106; caso Rodríguez Vera vs Colombia (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 409.

23 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso López Álvarez vs Honduras. Sentencia de 1º de febrero de 2006, párr. 68. “La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria”.

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Norín Catrimán vs Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 312.

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Palamara Iribarne vs Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 216.

26 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Gangaram Panday vs Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994, párr. 47. “47. Esta disposición contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”. Véase también: caso Fleury y otros vs Haití, Sentencia de 23 de noviembre de 2011, párr. 58-59.

27 “124. Si bien el artículo 8º de la Convención Americana se titula “Garantías judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal. (…) 127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Baena Ricardo vs Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 125-127.

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Valle Jaramillo, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 154.

29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Argüelles y otros vs Argentina Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 190; caso Luna López vs Nicaragua. Sentencia de 10 de octubre de 2013, párr. 189.

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fornerón e Hija vs Argentina. Sentencia de 27 de abril de 2012, párr. 69.

31 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 211. Reiterado, recién, en caso Gutiérrez y Familia vs Argentina, Sentencia de 25 de noviembre de 2013, párr. 99; caso García Ibarra y otros vs Ecuador, sentencia de 17 de noviembre de 2015, párr. 132.

32 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Genie Lacayo vs Nicaragua. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 77. caso Valle Jaramillo, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 155. caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 172.

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Andrade Salmón vs Bolivia. Sentencia de 1º de diciembre de 2016, párr. 158. Igualmente véase caso Furlan y Familiares vs Argentina. Sentencia de 31 de agosto de 2012, párr. 202.

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 242-245.

35 caso Argüelles vs Argentina, párr. 188.

36 “149. (…) Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales123. No obstante, la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso. Además, en este tipo de casos, el deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable.” (Resaltado propio). Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso La Cantuta vs Perú Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Cfr. caso Anzualdo Castro vs Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009 párr. 156 y caso Radilla Pacheco vs México, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 244.

37 Visible a folios 279 y siguientes del documento publicado en la página web de la oficina del Alto Comisionado para La Paz. Enlace web: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesosyconversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf [Información recuperada el de agosto de 2017].

38 Folios 288 y siguientes del Acuerdo final.

39 Diario Oficial 50.102 de 30 de diciembre de 2016.

40 Ley 1437 de 2011. Artículo 14. Término para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

41 Decreto 700 de 2017. Artículo 1º. Acción de hábeas corpus. La dilación u omisión injustificada de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad condicional a la que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, darán lugar a la acción de hábeas corpus bajo los parámetros y el procedimiento establecidos en el artículo 30 de la Constitución Política y en la Ley 1095 de 2006, que la desarrolla.