Auto 2017-00038/59065 de noviembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Rad.: 11001-03-26-000-2017-00038-00 (59065)

Actor: Víctor Prieto Sánchez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

Ref.: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil diecisiete.

Procede el despacho a pronunciarse sobre la admisión de la demanda presentada por el señor Víctor Prieto Sánchez el 3 de septiembre de 2014, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, el señor Víctor Prieto Sánchez, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones RE 0023 del 29 de enero de 2014 y RE 0350 del 11 de marzo de 2014, por medio de las cuales se excluyó al demandante del estudio para el ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas (fls. 248 a 267, cdno. ppal.). Así mismo, solicitó se ordenara a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas incluir de manera inmediata al demandante, en su calidad de víctima del conflicto, en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, con el fin de iniciar el trámite judicial pertinente, de conformidad con la Ley 1448 de 2011.

2. Por reparto, el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Primera, que mediante auto del 16 de septiembre de 2014 declaró su falta de competencia para conocer el asunto y ordenó su remisión a los Juzgados Administrativos de Barranquilla – Atlántico (fl. 272 a 275 cdno. ppal.).

3. Inconforme con la decisión anterior, el apoderado de la parte actora formuló recurso de reposición y en subsidio el de apelación, por cuanto consideró que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Primera era el competente para conocer del proceso, toda vez que el demandante tenía su domicilio en la ciudad de Bogotá (fl. 276-278 cdno. ppal.).

4. Mediante providencia del 20 de enero de 2015 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Primera, dispuso reponer el auto del 16 de septiembre de 2014, por cuanto la cuantía del proceso excedía los 300 smlmv para que fuera de su competencia. En esa medida, consideró que el expediente debía ser remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera (fl. 282 a 293 cdno. ppal.).

5. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera a través de auto del 7 de mayo de 2015, también declaró su falta de competencia para tramitar el sub judice y ordenó remitirlo al Tribunal Administrativo del Cesar (fl. 298 a 302 cdno. ppal.).

6. Posteriormente, el 21 de mayo de 2015, la parte demandante presentó reforma de la demanda, en la cual aclaró que el asunto objeto de estudio carecía de cuantía, toda vez que el restablecimiento que se perseguía no era de carácter económico, sino meramente la orden de inscripción del señor Víctor Julio Prieto Sánchez en el registro de tierras despojadas y abandonadas del predio rural identificado con la matrícula inmobiliaria 190-7797, ubicado en el municipio de Copey, departamento del Cesar (fl. 303-304 cdno. ppal.).

7. En consideración a lo anterior, el 25 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A, ordenó la remisión del expediente a la Sección Primera del Consejo de Estado (fl. 313 a 317 cdno. ppal.), la cual mediante providencia del 13 de marzo de 2017, indicó que el proceso debía ser asumido por la Sección Tercera de esta corporación, por tratarse de un asunto agrario (fl. 331 cdno. ppal.).

8. En consecuencia, la demanda se sometió a reparto entre los despachos de la Sección Tercera, correspondiéndole su conocimiento a este despacho (fl. 335 cdno. ppal.).

II. Problema jurídico

Corresponde al despacho, en primer lugar, definir cuáles son los asuntos de carácter agrario de conocimiento de la Sección Tercera, para luego establecer si la cuestión planteada en el presente proceso encaja dentro de los mismos y, de advertirse que a la Sección Tercera de la corporación no le corresponde el trámite del asunto, definir cuál es la autoridad habilitada para el particular, con el fin de remitirle las diligencias para lo de su cargo o, de ser el caso, proponer el respectivo conflicto negativo de competencia.

III. Consideraciones

En virtud de lo dispuesto en los artículos 149 y 150 de la Ley 1437 de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce, entre otros asuntos, de: i) los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, que se promuevan contra actos administrativos proferidos por autoridades del orden nacional; ii) la revisión de los actos de extinción del dominio agrario y de los de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos; iii) la nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos; iv) los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza y v) las apelaciones de las providencias —autos y sentencias— susceptibles de este recurso, dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia.

A su vez, por disposición del reglamento interno de esta corporación(1), a la Sección Tercera le compete el conocimiento de los siguientes temas:

1. Los procesos de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos de contenido agrario, contractual, minero o petrolero.

2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el numeral primero.

3. Los procesos de expropiación en materia agraria.

4. Las controversias de naturaleza contractual.

5. Los procesos de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones administrativas a que se refieren el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, y el inciso 3 del artículo 35 de la Ley 30 de 1988.

6. Los procesos relacionados con la extinción de la condición resolutoria de los baldíos nacionales, conforme al artículo 7º de la Ley 52 de 1931.

7. Los procesos de reparación directa contra las acciones u omisiones de los agentes judiciales a que se refieren los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996.

8. Los procesos relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio de predios urbanos y rurales.

9. Los procesos de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales.

10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.

11. Los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado.

13. Las acciones populares que versen sobre asuntos contractuales y aquellas relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa. (…)

Por su parte, la Sección Segunda de esta corporación conoce de los asuntos de carácter laboral; la Cuarta de los tributarios(2), entre otros; la Quinta de los de naturaleza electoral y la Primera de los ambientales, así como de aquellos que versen sobre materias cuyo conocimiento no corresponda a las demás Secciones(3).

Ahora bien, respecto al conocimiento de los procesos agrarios por esta Sección, el legislador estableció, en atención a su naturaleza, una competencia especial, en virtud de la cual tales litigios deben tramitarse en única o en segunda instancia ante el Consejo de Estado, verbigracia el contenido en los numerales 9, 10 y 12 del artículo 149 del CPACA y lo dispuesto en los numerales 12 y 13 del artículo 152 ibídem, a cuyo tenor(4):

“ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

“(…).

“9. De la nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.

“10. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.

“(…).

“12. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o de la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

“(…).

“ART. 152.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

“(…).

“12. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.

“13. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias (…)” (se resalta).

Lo anterior resulta acorde con los criterios que la Sala Plena de la corporación aplicó al definir los procesos que conocería cada una de sus Secciones atendiendo a un criterio de especialidad y de volumen de trabajo(5). En estas condiciones, la Sección Tercera no tendrá a cargo todas las controversias en las que se ventile cualquier materia relacionada con la explotación agrícola de la tierra, sino solo conocerá de determinadas cuestiones agrarias.

A su vez, las otras secciones tramitarán los demás procesos según el alcance y la cuantía de las pretensiones, asegurando con ello una distribución equitativa de la carga de trabajo entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

En el sub lite se pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se resolvió la solicitud de inscripción de un inmueble en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente formulada por el señor Víctor Julio Prieto Sánchez, actuación regulada por el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011(6), “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

En esa medida, al analizar el contenido de las decisiones demandadas y confrontarlas con las normas antes referenciadas, se advierte que no se está tramitando una demanda con una temática agraria, entendiendo por estas las establecidas, entre otros, en los numerales 9, 10 y 12 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los numerales 12 y 13 del artículo 152 ibídem, es decir, aquellos en los que se define la situación administrativa de una persona en temas de propiedad rural.

En efecto, en el presente asunto se debate la nulidad de unos actos administrativos, por medio de los cuales se excluyó al demandante del estudio para el ingreso a un registro de tierras despojadas y abandonadas, pero dicho registro no es un tema agrario, pues trata de una inscripción ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que tiene como objetivo poder iniciar un procedimiento administrativo, pero el mismo no tenía la vocación de definir una situación jurídica frente a un asunto de propiedad rural.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las determinaciones cuestionadas no corresponden a ninguno de los negocios asignados expresamente a las demás Secciones, el asunto debe tramitarse ante la Sección Primera de la corporación, por cuanto a esta le corresponde asumir el conocimiento de los procesos frente a los cuales no exista regla especial de competencia.

Ahora bien, como mediante auto del 13 de marzo de 2017, la Sección Primera, despacho de la consejera María Elizabeth García González, manifestó su falta de competencia, se propondrá el respectivo conflicto, el cual será resuelto por la Presidencia del Consejo de Estado, en ejercicio de las facultades conferidas por el parágrafo del artículo 110 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(7).

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. DECLARAR la falta de competencia de esta Sección para conocer de este asunto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR el expediente a la Presidencia del Consejo de Estado, para que resuelva el conflicto de competencia presentado entre esta Sección y la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la corporación.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Ramiro Pazos Guerrero.

1 Acuerdo 58 de 1999, modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.

2 Al respecto, conviene aclarar que a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo también conoce de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentados en contra determinadas autoridades del orden nacional.

3 Sobre la distribución de los negocios entre las Secciones, el reglamento interno señala:
“ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
“Sección primera // “1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. // “2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones (…)”. // “4. Las controversias en materia ambiental (…). // “8. Todos los demás, para los cuales no exista regla especial de competencia.
“Sección segunda // “1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales. // “2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo (…). // “4. Los procesos contra los actos de naturaleza laboral expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (…)”. // “Sección Tercera // “1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros. // “2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el numeral primero (…)”.
Sección cuarta // “1. Los procesos de simple nulidad que versen sobre actos administrativos relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las tasas. // “2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el numeral precedente. // “3. Los procesos de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, distintos a los de carácter laboral, relacionados con actos administrativos expedidos por las siguientes entidades: Consejo de Política Económica y Social, Conpes, Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores, Junta Directiva del Banco de la República, Ministerio de Comercio Exterior y Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (…).
“Sección Quinta // “1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral. // “2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, distintos de los de carácter laboral, contra actos de contenido electoral (…)” (Se resalta).

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 1º de febrero de 2017, exp., 57420, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

5 Al respecto, el artículo 1º del Acuerdo 54 de 2003, por medio de la cual la Sala Plena de la corporación modificó el Acuerdo 588 de 1999, señala: “ART. 1º—Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: ‘ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)’” (se resalta).

6 “ART. 76.—Registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas forzosamente. Créase el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio (…)”.
“La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso (…).
“La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este capítulo (…)”.

7 “ART. 110.—Integración de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la corporación y estarán integradas de la siguiente manera:
“La Sección Primera, por cuatro (4) magistrados.
“La Sección Segunda se dividirá en dos (2) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.
“La Sección Tercera se dividirá en tres (3) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.
“La Sección Cuarta, por cuatro (4) magistrados, y
“La Sección Quinta, por cuatro (4) magistrados.
“Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el Reglamento de la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada sección y a las respectivas subsecciones.
“PAR.—Es atribución del Presidente del Consejo de Estado, resolver los conflictos de competencia entre las secciones de la Sala de lo Contencioso de la Corporación” (Se resalta).