Auto 2017-00123 de octubre 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: exp. 2017-00123 00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actoras: María patricia Martínez Martínez y otra

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete.

Las señoras María Patricia Martínez Martínez y María Angélica Lopera Peña, actuando por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron ante el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, demanda tendiente a obtener la declaratoria de nulidad previa suspensión provisional, del aviso Nº 130TH-166 98-1667, fijado del día 6 al 21 de agosto de 2009 en la alcaldía municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, por medio del cual se le informaba a la comunidad sobre una solicitud de concesión de aguas; del informe técnico 130 TH-11068 de 13 de octubre de 2009; y de la Resolución 130TH-7739 de 16 de junio de 2010, “Por la cual se otorga concesión de aguas”; expedidos por la dirección territorial de Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia—.

I. Antecedentes

Las señoras María Angélica Lopera Peña y María Patricia Martínez Martínez, actuando a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, instauraron demanda(1) ante el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, contra Corantioquia, en la que expusieron las siguientes pretensiones:

“[…] Primera: Declárese la nulidad del aviso Nº 130TH-166 (fijado en la alcaldía municipal de San Pedro de los Milagros), del informe técnico Nº 130 TH-11068 del 13 de octubre de 2009 y la Resolución 130TH-7739 de 16 de junio de 2010 emitidos por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia—, por haberse dictado no solo con infracción a las normas en que se fundan, sino también de forma irregular y con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, entre otros. Debido a que la publicación del aviso correspondiente a lo prescrito por el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978 en lo que respecta al fijado y desfijado en la alcaldía municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, no se surtió durante el número de días de anticipación exigidos legalmente.

Segunda: como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, se ordene el reinicio del trámite de concesión de aguas en el que se dé pleno cumplimiento a los términos ordenados por el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978 en lo que respecta al fijado y desfijado del aviso en la alcaldía municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, para posibilitar el derecho de contradicción y defensa de mis poderdantes frente a dichas actuaciones.

Tercera: para el cumplimiento de la sentencia, se ordene dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Cuarta: condene a la demandada al pago de las costas, que impliquen la presente demanda, en los términos de la Ley 1437 de 2011, el artículo 392 y siguientes del Código de Procedimiento Civil […]”.

Mediante proveído de 8 de abril de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento del presente asunto, toda vez que el mismo carece de cuantía y los actos respecto de los cuales se pretende la nulidad y restablecimiento de los derechos fueron expedidos por una entidad pública del orden nacional, esto es, Corantioquia. En consecuencia, ordenó su remisión al Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto por los artículos 149 y 168 del CPACA. El expediente fue remitido al despacho el día 7 de abril de los corrientes.

En primer lugar, es menester precisar que de la lectura de la resolución acusada, se observa que se trata de un acto de contenido particular y concreto, en la medida en que resuelve una situación jurídica en cabeza del señor Octavio De Jesús Álvarez Tobón, en los siguientes términos:

“[…] RESUELVE:

“ART. 1º—OTORGAR concesión de aguas al señor Octavio De Jesús Álvarez Tobón, en calidad de persona natural, identificado con cédula de ciudadanía Nº 3.581.215, bajo las características que se enuncian:

[…].

“ART. 2º—dicha concesión se otorga por el término de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente. […]”.

De ahí que, en principio, el examen de procedibilidad de la demanda, se sometería a los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, específicamente en lo que se refiere a los siguientes aspectos, a saber: a) legitimación en la causa b) conciliación extrajudicial, c) caducidad.

No obstante, el despacho considera pertinente resaltar que, la Jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que el medio de control de nulidad procede también frente a actos creadores de situaciones jurídicas individuales y concretas, cuando tales situaciones implican “un interés para la comunidad en general de tal naturaleza e importancia que desborde el simple interés de legalidad en abstracto, por afectar de manera grave y evidente el orden público social y económico”(2).

Así mismo, es necesario precisar que el artículo 137 del CPACA, establece la posibilidad de solicitar la nulidad de actos de contenido particular, por medio del control de nulidad en los siguientes casos:

“[…] 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente. […]”.

Además, el parágrafo de dicho artículo dispuso: “Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”(3).

Cabe resaltar que a través de los artículos arriba enunciados se positivizó la teoría de los móviles y las finalidades, que ha sido acogida y ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de esta corporación(4), en la cual se ha sostenido que conforme a los poderes que le asisten al juez como director del proceso, en casos como el sometido a consideración —en los que de la eventual declaratoria de nulidad de los actos demandados no se desprende el restablecimiento automático de un derecho particular y concreto en cabeza de la parte actora— se encuentra la autoridad judicial en el deber de adecuar e interpretar la demanda al medio de control y al trámite procesal que corresponda, garantizando de esa manera la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, esto, con el objeto de evitar posteriores decisiones inhibitorias.

De otra parte, es necesario precisar que la expedición de los actos acusados se fundamentó, entre otras, en la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993(5) y en el procedimiento administrativo previsto en el Decreto 1541 de 26 de julio de 1978(6).

Lo anterior pone de manifiesto que para resolver la controversia planteada, es menester estudiar el contenido de las normas referidas que sirvieron de soporte para la expedición del decreto acusado.

Teniendo en cuenta lo precedente, se advierte que la Ley 99 de 1993, en su artículo 73 establece que la acción de nulidad es procedente contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente, tal y como sucede en el presente caso, pues la Resolución 130TH-7739 de 16 de junio de 2010, expedida por Corantioquia, precisamente otorgó una concesión de aguas en favor de un particular.

Para el efecto, el artículo 69 de la citada Ley señala que “cualquier persona natural, jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales”.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que aunque se trate de un acto de carácter particular, el mismo no entraña un contenido económico para las demandantes, por lo tanto, el medio de control adecuado para examinar las pretensiones de la demanda de la referencia es el de nulidad, dispuesto en el artículo 137 del CPACA.

Precisado lo anterior, la sala unitaria advierte que únicamente admitirá la demanda incoada por las actoras, que se interpretará como de nulidad, respecto de la Resolución 130TH-7739 de 16 de junio de 2010, “Por la cual se otorga concesión de aguas”; expedida por la dirección territorial de Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia—, ya que de los tres actos acusados es el único que contiene una decisión de fondo que crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta.

En efecto, para esta sala unitaria ni el informe técnico 130 TH-11068 de 13 de octubre de 2009, expedido por la dirección territorial de Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia—, ni el aviso 130TH-166 98-1667, fijado del día 6 al 21 de agosto de 2009 en la alcaldía municipal de San Pedro de los Milagros, por medio del cual se le informó a la comunidad sobre una solicitud de concesión de aguas, constituyen actos susceptibles de control de legalidad ante esta jurisdicción, pues se trata de decisiones administrativas preparatorias o de trámite.

Para corroborar lo anterior, basta consultar el contenido de los artículos 54 a 66 del Decreto 1541 de 1978, los cuales regulan el procedimiento para la expedición de los actos administrativos que otorgan la concesión de aguas. Sobre el particular, la referida norma prevé:

“[…] ART. 54.—Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, en la cual expresen:

a. Nombres y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio, nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal;

b. Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua;

c. Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su jurisdicción;

d. Si los usos son de aquellos relacionados en los puntos d a p del artículo 36 de este decreto, se requerirá la declaración de efecto ambiental. Igualmente se requerirá la declaración cuando el uso contemplado en los puntos b y c del mismo artículo se destine a explotaciones agrícolas o pecuarias de carácter industrial;

e. Información sobre la destinación que se le dará al agua;

f. Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo;

g. Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar;

h. Informar si se requiere establecimiento de servidumbre, para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas;

i. Término por el cual se solicita la concesión;

j. Extensión y clase de cultivos que se van a regar;

k. Los datos previstos en el capítulo IV de este título, para concesiones con características especiales;

l. Los demás datos que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, y el peticionario consideren necesarios.

“ART. 55.—Con la solicitud se debe allegar: a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante; b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y c. Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia.

“ART. 56.—Presentada personalmente la solicitud, se ordenará la práctica de una visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto de la visita.

“ART. 57.—Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la alcaldía o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita, para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión radial, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, podrá, a costa del peticionario, ordenar un comunicado con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales medios.

“ART. 58.—En La diligencia de visita ocular se verificará por lo menos lo siguiente: a. Aforos de la fuente de origen, salvo si el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, conoce suficientemente su régimen hidrológico; b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el aprovechamiento que se solicita; c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros que igualmente puedan resultar afectados; d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del predio que se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta ocupación; e. Lugar y forma de restitución de sobrantes; f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan hacer tal restitución; g. La información suministrada por el interesado en su solicitud; h. La declaración de efecto ambiental presentada por el solicitante. Cuando el uso contemplado en los puntos b y c del artículo 36 de este decreto, no se destine a explotaciones agrícolas o pecuarias de carácter industrial, el funcionario que practique la visita deberá evaluar el efecto ambiental que del uso solicitado pueda derivarse; i. Lo demás que en cada caso el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, estime conveniente.

“ART. 59.—En Las solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos deberán indicarse todos los detalles de las obras, la extensión y el número de predios o de habitantes que se proyecta beneficiar, el plazo dentro del cual se dará al servicio y la reglamentación del mismo.

“ART. 60.—Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la concesión. La oposición se hará valer ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, antes de la visita ocular o durante esta diligencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y acompañando los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para sustentarla. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, por su parte, podrá exigir al opositor y al solicitante de la concesión los documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios, fijando para allegarlos un término que no excederá de treinta (30) días. La oposición se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la concesión.

“ART. 61.—Cumplidos los trámites establecidos en los artículos anteriores, dentro de los quince (15) días siguientes a la práctica de la visita ocular o del vencimiento del término para la prueba si lo hubiere fijado, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, decidirá mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar la concesión solicitada.

“ART. 62.—El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: a. Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; b. Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; c. Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van a derivar las agua; d. Cantidad de aguas que se otorga, uso que se va a dar a las aguas, modo y oportunidad en que se hará el uso; e. Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; f. Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; g. Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974; h. Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, incluidas las relativas a la conservación o restauración de la calidad de las aguas y sus lechos; su forma de constitución será establecida mediante acuerdo de la junta directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—; i. Cargas pecuniarias; j. Régimen de transferencia al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, al término de la concesión, de las obras afectas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; k. Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y l. Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

“ART. 63.—El Encabezamiento y la parte resolutiva de la resolución que otorga una concesión de aguas será publicado en el Diario Oficial o en la “Gaceta departamental”, a costa del interesado. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución, el concesionario deberá presentar al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, el recibo del pago de la publicación, y dentro de un término de diez (10) días, contados a partir de la publicación, deberá allegar tres ejemplares del periódico oficial para agregarlos al expediente.

“ART. 64.—Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, de acuerdo con lo previsto en el título VIII de este decreto.

“ART. 65.—Cuando una derivación vaya a beneficiar predios de distintos dueños, la solicitud de concesión deberá formularse por todos los interesados. ART. 66.—En Los casos a que se refiere el artículo anterior, una vez otorgada la respectiva concesión se considerará formada una comunidad entre los distintos beneficiarios, con el objeto de tomar el agua de la fuente de origen, repartirla entre los usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre y cuando los interesados no hayan celebrado otra convención relativa al mismo fin […]”.

De la sola lectura de la normas traídas a colación, es posible concluir que tanto el informe técnico 130 TH-11068 de 13 de octubre de 2009 como el aviso 130TH-166 98-1667, fijado del día 6 al 21 de agosto de 2009 en la alcaldía municipal de San Pedro de los Milagros, son actos administrativos preparatorios o de trámite, es decir, aquellos que se expiden con la única finalidad de impulsar el procedimiento para que posteriormente se pueda dictar una decisión definitiva y de fondo, que en este caso fue la Resolución 130TH-7739 de 16 de junio de 2010, por medio de la cual Corantioquia otorgó la concesión de aguas.

Respecto a los actos de trámite este despacho mediante providencia de 11 de mayo de 2017, dentro del expediente 2016-00768-01, indicó:

“[…] Sobreelparticularcabeseñalarquelosactosadministrativosdetrámitesonaquellosqueledanceleridadalaactuación,esdecir,impulsaneltrámitepropiodeunadecisiónquehadetomarseconposterioridad,loscualesnosonsusceptiblesdedemandarseantelaJurisdicciónContenciosoAdministrativa,adiferenciadelosactosdefinitivosqueponenfinaunaactuaciónyquedecidendirectaoindirectamenteelfondodelasunto.

En tal contexto, únicamente las decisiones de la administración producto de la culminación de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de manera, que los actos de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de dicho control; así mismo, se exceptúan de control jurisdiccional los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional, toda vez que a través de ellos tampoco se decide definitivamente una actuación, pues solo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones […]”. (Resaltado no es del texto original).

Significa lo precedente, que los actos de trámite o preparatorios, en principio, no pueden ser demandados ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debido a que no crean, extinguen o modifican situación jurídica alguna, simplemente “se limitan a preparar, impulsar la actuación administrativa”. Sin embargo, como se advierte de los apartes jurisprudenciales transcritos, excepcionalmente dichas decisiones pueden ser susceptibles de control de legalidad en la jurisdicción cuando impiden que la actuación continúe, lo cual no es el caso.

Teniendo en cuenta lo precedente, se dispone:

I. Rechazar la demanda respecto de la nulidad del informe técnico 130 TH-11068 de 13 de octubre de 2009 y el aviso 130TH-166 98-1667, fijado del día 6 al 21 de agosto de 2009 en la alcaldía municipal de San Pedro de los Milagros, expedidos por la dirección territorial de Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia—, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

II. Por ajustarse a las formalidades previstas en los artículos 162 a 166 del CPACA., se admite la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad, respecto de la Resolución 130TH-7739 de 16 de junio de 2010, “Por la cual se otorga concesión de aguas”; expedida por la dirección territorial de Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia—. En consecuencia:

a) Notifíquese al director general de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia— en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA., modificado por el artículo 612 del CGP.

b) Notifíquese por estado a las demandantes, en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA.

c) Por tener interés directo en las resultas del proceso, notifíquese personalmente en la forma prevista en el artículo 200 del CPACA., al señor Octavio De Jesús Álvarez Tobón, en el predio El Descanso de la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Para tal efecto, comisiónese al Tribunal Administrativo de Antioquia. Por secretaría, líbrese despacho comisorio con los insertos del caso.

d) Notifíquese personalmente al señor procurador delegado para la conciliación administrativa, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del CGP.

e) Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA., modificado por el artículo 612 del CGP.

f) Póngase a disposición de la entidad demandada, del tercero interesado, del señor procurador delegado para la conciliación administrativa y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, copia de la demanda y sus anexos, en la secretaría, de conformidad con el inciso 5º del artículo 199 del CPACA.

g) Remítase de manera inmediata, a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y de la presente providencia a la demandada, al señor procurador delegado para la conciliación administrativa y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con la parte final del inciso 5º del artículo 199 del CPACA.

h) De conformidad con el artículo 172 del CPACA, córrase traslado a la demandada, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, al señor procurador delegado para la conciliación administrativa y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término de treinta (30) días, para que contesten la demanda, propongan excepciones, soliciten pruebas, o si es del caso llamen en garantía. Dicho plazo se contabilizará en la forma indicada en los artículos 199 y 200 del CPACA.

Dentro de dicho término, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA, la demandada deberá allegar los antecedentes administrativos correspondientes al acto administrativo acusado, con la advertencia de que la inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima.

i) De conformidad con lo ordenado en el numeral 4º del artículo 171 del CPACA, en concordancia con el Acuerdo 4650 de 2008 del Consejo Superior de la Judicatura, y con el objeto de atender los gastos ordinarios del proceso, depositen las actoras la suma de trece mil pesos ($ 13.000) moneda corriente, dentro de los diez (10) días siguientes al del regreso del expediente a la secretaría, en la cuenta de ahorros del Banco Agrario de Colombia 4-0070-000664-4.

III. Tiénese como parte demandante las señoras María Patricia Martínez Martínez y María Angélica Lopera Peña y al doctor William Fernando Hernández Ruíz, como su apoderado, de conformidad con los poderes y demás documentos visibles a folios 3 y 4 del expediente.

IV. Tiénese como parte demandada a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia —Corantioquia—.

V. Tiénese como tercero con interés directo en las resultas del proceso al señor Octavio De Jesús Álvarez Tobón.

Notifíquese y cúmplase.

Consejera: María Elizabeth García González.

1 Reformada mediante escrito visible a folio 47.

2 Sentencia de 26 de octubre de 1995, exp. 3332. Magistrado Ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez.

3 Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de octubre de 1996. Recurso extraordinario de Súplica. Exp. S-404. Magistrado Ponente: Daniel Suárez Hernández.

5 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

6 Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973.