Auto 2017-05864 de diciembre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicado: 250002342000201705864 01

Actor: Carlos Hernando Camargo Ruiz y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Referencia: Solicitud de hábeas

Bogotá, D.C., a doce de diciembre de dos mil diecisiete.

Decide el despacho la impugnación interpuesta por la parte actora contra la providencia del 30 de noviembre de 2017, proferida por el magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, perteneciente al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se negó el amparo de hábeas corpus invocado por Carlos Hernando Camargo Ruiz, Edwin Mauricio Londoño Maldonado y Fredy Eduardo García Panteves, decisión que será modificado.

Antecedentes

I. Síntesis de la acción interpuesta

1. El 29 de noviembre de 2017, los señores Carlos Hernando Camargo Ruiz, Edwin Mauricio Londoño Maldonado y Fredy Eduardo García Panteves, invocaron la acción constitucional de hábeas corpus, en consideración a que en vulneración de sus derechos fundamentales, se encuentran detenidos en la sala transitoria de retenidos de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda desde el 18 de junio de 2017, cuando debían estar recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario para miembros de la Policía Nacional de Facatativá.

1.1. Al respecto, señalaron que la “POLICÍA NACIONAL-COORDINADOR DE ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL-CÁRCEL DE FACATATIVÁ DE LA POLICÍA NACIONAL” vulneró sus referidos derechos, habida cuenta de que (i) al haber ocupado los cargos de intendente y de patrulleros de la policía nacional, sus vidas corrían peligro en el lugar en el que están detenidos, toda vez que han recibido amenazas y malos tratos por parte de las demás personas allí recluidas; (ii) tal sala de detención no tiene los elementos necesarios para mantener su privación de la libertad en condiciones dignas; (iii) su retención en ese lugar ha excedido por mucho el tiempo permitido, en consideración a que sólo se puede estar privado de la libertad en esos sitios hasta 36 horas, y ellos han estado detenidos en dicha sala por más de 5 meses; (iv) el coordinador de establecimiento de reclusión indicó que iba a someter a estudio la asignación de cupos para ellos dentro del referido establecimiento penitenciario y carcelario, luego de lo cual ha guardado silencio pese a que le efectuaron una petición adicional en ese sentido, y (v) se desconoció la orden proferida por el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá con Función de Control de Garantías, habida cuenta de que esa autoridad ordenó que su medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se llevara a cabo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario para miembros de la Policía Nacional de Facatativá, y a la fecha dicha decisión no se ha cumplido.

1.2. Con fundamento en lo anterior, adujeron que de conformidad con la jurisprudencia de tutela de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, tenían derechos a cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel de Facatativá, máxime cuando el juez de control de garantías así lo dispuso, al punto que el incumplimiento de las autoridades pertinentes al respecto implicaba su desacato a una orden judicial, de tal forma que el juez constitucional del hábeas corpus debía ordenar “que de manera inmediata y en el ámbito de sus competencias, LA POLICÍA NACIONAL, el COORDINADOR DE ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL, el DIRECTOR DE LA CARCEL DE FACATATIVÁ DE LA POLICÍA NACIONAL, y el JUZGADO 68 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PALOQUEMAO, se realice (sic) los trámites pertinentes para que se ejecute la medida de aseguramiento de detención preventiva en la cárcel de Facatativá de la policía nacional a los señores CARLOS HERNANDO CAMARGO RUIZ (…) EDWIN MAURICIO LONDOÑO MALDONADO (…) y FREDY EDUARDO GARCÍA PANTEVES conforme a lo ordenado por el JUZGADO 68 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PALOQUEMAO” (fl. 2-7, cdno. único).

II. Trámite

2. La acción de hábeas corpus fue presentado por los señores Carlos Hernando Camargo Ruiz, Edwin Mauricio Londoño Maldonado y Fredy Eduardo García Panteves, mediante el abogado Franklin Alexander Pulido Chacón (fl. 13, cdno. único).

3. El proceso correspondió por reparto al despacho del magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, quien por auto del 29 de noviembre de 2017 avocó el conocimiento de la petición de hábeas corpus y dispuso su notificación “a la NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE PUENTE ARANDA, a la COORDINACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL, a la CÁRCEL DE FACATATIVÁ DE LA POLICÍA NACIONAL y al JUZGADO 68 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PALOQUEMAO”.

3.1. Igualmente, ordenó a cada una de dichas entidades la rendición de sendos informes relacionados con el requerimiento aludido, y no decretó la práctica de una inspección judicial en consideración a que la estimó como no necesaria, “toda vez que con lo manifestado en el escrito de amparo y los informes solicitados es suficiente para resolver el caso” (fl. 15,16, cdno. único).

4. En respuesta a la orden señalada, las entidades aducidas se pronunciaron en los siguientes términos:

4.1. El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Policía Nacional de Facatativá, a través de la secretaria de su dirección, sostuvo que en sus instalaciones no se encontraban detenidos los demandantes del presente asunto (fl. 21, cdno. único).

4.2. La Nación-Fiscalía General de la Nación-Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, aseveró que una vez revisados sus libros radicadores, encontró que los accionantes no fueron judicializados por ella ni se encuentran vinculados a procesos penales asignados a algún despacho fiscal adscrito.

4.2.1. Sin embargo, precisó que consultó en la Sala de Capturados del complejo judicial donde se ubica, dependencia que está a cargo de la SIJIN, en la cual se le indicó que los demandantes estaban detenidos allí en virtud de medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C.

4.2.2. De esta manera, dado que reiteró que esa sala de capturados no estaba a su cargo y comoquiera que (i) los actores no se encontraban vinculados a un proceso conocido por los fiscales adscritos a ella, y (ii) “la entidad a cargo de los procesados con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”, adujo que procedía a remitirle la acción de hábeas corpus al “jefe de Coordinación Penitenciaria de la SIJIN”, en tanto que a ella no le correspondía realizar trámite alguno para el traslado de dichos accionantes al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Policía Nacional (fl. 23, cdno. único).

4.3. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional-Coordinación de Establecimientos Carcelarios de la Policía Nacional, perteneciente a la SIJIN, señaló que los demandantes efectivamente se encontraban detenidos en la sala de retención transitoria de la URI de Puente Aranda desde el 14 de junio de 2017, en virtud de medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C. De otro lado, aseveró que el 27 de junio de la misma anualidad, se presentó en sus instalaciones una funcionaria de la Coordinación del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Policía Nacional ubicado en Facatativá, con la finalidad de pedir las boletas de detención de los accionantes con el objeto de gestionar los cupos necesarios para su traslado de la sala transitoria de detención al centro penitenciario aludido, sin que posteriormente se hubiese tomado alguna determinación al respecto.

4.3.1. Asimismo, señaló que en múltiples ocasiones solicitó a dicha autoridad que le informara lo sucedido en cuanto al traslado de los accionantes, eventos en los que siempre se le contestó que ello no se había decidido. Por su parte, ante una solicitud presentada en el mes de noviembre, se le remitió un oficio en el que el coordinador de establecimientos de reclusión de la Policía Nacional le solicitó al juez coordinador de centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio que a los accionantes se les reasignara a otro lugar de reclusión distinto a la cárcel de Facatativá, último funcionario que a su vez remitió por competencia dicha petición al director del Inpec, punto en el que precisó que, el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., mediante auto, señaló que no le correspondía determinar el lugar de detención para los accionantes, puesto que ello era competencia del referido centro de servicios judiciales.

4.3.2. Con base en lo expuesto, señaló que los señores Camargo Ruiz, Londoño Maldonado y García Panteves seguían recluidos en la sala transitoria de detención señalada, puesto que las autoridades encargadas de ubicarlos en un centro penitenciario y carcelario no habían obrado en consecución de dicho fin para la fecha (fl. 27, cdno. único).

4.4. El Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., con Función de Control de Garantías, indicó que el 14 de junio de 1997, en audiencia preliminar, resolvió la solicitud de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento en contra de los accionantes, a los cuales les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, para lo cual se libraron las boletas de detención pertinentes y le entregó la carpeta del proceso al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, con la finalidad de que lo repartiera al juzgado de conocimiento que correspondiera, cuya identificación desconoce.

4.4.1. Teniendo en cuenta lo señalado, destacó que obró conforme a sus funciones, habida consideración de que evacuó la audiencia preliminar de conformidad con lo previsto en la ley y, al repartir el proceso al referido centro de servicios judiciales, perdió competencia para tomar determinación alguna en cuanto al lugar en el que deben estar recluidos los demandantes.

4.4.2. De otro lado, manifestó que el hábeas corpus resultaba improcedente, en la medida en que (i) el mismo fue ideado con la finalidad de tutelar el derecho a libertad de quienes son privados en violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando dicha privación se prolonga de manera ilegal, lo que no ocurría en el presente asunto, en consideración a que la detención de los demandantes se dio en virtud de orden legalmente expedida por autoridad competente, y (ii) no se agotó el requisito de subsidiariedad, puesto que los demandantes no acudieron primeramente a los mecanismos que el ordenamiento jurídico les otorga para lograr sus pretensiones, de lo que se sigue que el juez constitucional del hábeas corpus le esté vedad pronunciarse el respecto so pena de incurrir en una intromisión indebida sobre las facultades que son propias del juez que conoce de la causa. En ese sentido, manifestó que “todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de hábeas corpus” (fl. 35-37, cdno. único).

4.5. La Nación-Fiscalía General de la Nación, a través de Fiscalía Doscientos Cincuenta y Nueve perteneciente a la Seccional Anticorrupción, reiteró lo señalado por las demás autoridades en cuanto a los accionantes, en el sentido de que se encontraban capturados en la sala transitoria de retención de la URI de Puente Aranda a cargo de la Policía Nacional, en virtud de orden legal del Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C. Con observancia de lo anterior, indicó que si bien desconocía las labores del abogado de los actores con el objeto de garantizar sus derechos, en especial, su dignidad humana —para efectos de que los internaran en un centro carcelario adecuado y ajustado a las funciones que desempeñaron como miembros de la Policía Nacional—, lo cierto es que la acción de hábeas corpus no podía prosperar, en consideración a ésta únicamente tiene como vocación proteger el derecho a la libertad, y no los derechos fundamentales invocados como vulnerados por los demandantes. En este sentido, señaló que debieron ejercer la acción de tutela para el efecto, toda vez que “ese no es el derecho fundamental violado (la libertad), pues se observa con meridiana claridad que son otros derechos fundamentales”.

4.5.1. Por otra parte, indicó que sus actuaciones no tenían que ver con el amparo solicitado, en la medida en que la asignación de celdas en un centro penitenciario es eminentemente administrativo y de competencia del Inpec (fl. 43, cdno. único).

5. El 30 de noviembre de 2017, el magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección E, negó el amparo del hábeas corpus solicitado por los señores Carlos Hernando Camargo Ruiz, Edwin Mauricio Londoño Maldonado y Fredy Eduardo García Panteves, en consideración a que lo estimó improcedente.

5.1. Al respecto, coligió que el hábeas corpus no procede, en consideración a que no se vulneraron las garantías constitucionales y legales de los accionantes, comoquiera que su privación de la libertad se derivó de una medida de aseguramiento legalmente impuesta.

5.2. De otro lado, señaló que de conformidad con los medios probatorios obrantes en el expediente, era factible concluir que los demandantes podían acudir a un juez natural para solventar su traslado, en consideración a que el mismo Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., indicó que el encargado de resolver esa petición era el juez de conocimiento que estuviera a cargo del asunto y, en caso de que el mismo no hubiese sido asignado, ello le correspondía determinarlo al juez coordinador del centro de servicios judiciales, operador judicial que se demostró que remitió una petición por parte del coordinador de establecimiento penitenciarios de la Policía Nacional al director del Inpec, con el objeto de que a los demandantes se les remitiera a otro centro penitenciario distinto a la cárcel de Facatativá.

5.3. De esta manera, recordó que de conformidad con la jurisprudencia que existe sobre la materia, el operador judicial del hábeas corpus no puede sustituir al juez natural y mucho menos, obrar de modo que tal acción se convierta en una tercera instancia de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes.

5.4. Finalmente, señaló que las pretensiones deprecadas por los actores desbordan la acción de hábeas corpus, en consideración a que la misma no tiene como finalidad ordenar el adelanto de trámites administrativos para el traslado de reclusos (fl. 51-58, cdno. único).

6. La anterior decisión fue impugnada por los actores el 4 de diciembre de 2017, oportunidad en la que reiteraron lo aducido en su demanda, y advirtieron que de conformidad con la Sentencia T-151 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, la acción de hábeas corpus también procede cuando la retención de una persona se da en condiciones diferentes a las dispuestas por el juez de control de garantías.

6.1. Igualmente, manifestaron que mediante fallo del 1º de septiembre de 2017, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo a una persona que se encontraba en una situación similar a la de ellos, de tal forma que “por vías de hecho no se puede cambiar o modificar la orden de medida de aseguramiento impuesta a una persona en audiencia y que la restricción de la libertad impuesta se debe hacer en estricto cumplimiento de la orden emanada del juez que la emitió”. En ese orden de ideas, adujeron que ellos debían cumplir con su medida de aseguramiento en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Policía Nacional ubicado Facatativá, de conformidad con lo ordenado por juzgado de garantías aducido, punto en el que señalaron que no se podía desconocer sus derechos, especialmente su derecho de defensa, con la petición elevada para que se les internara en un centro de reclusión distinto al aseverado (fl. 64-66, cdno. único).

III. Hechos probados

7. De acuerdo con los medios probatorios visibles dentro del expediente, se tienen como probados los siguientes hechos relevantes:

7.1. El 18 de junio de 2017, se celebró la audiencia preliminar de legalización de captura dentro del proceso identificado con el número 11001-60-00049-2014-13278 (228262), en la cual se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, a los señores Carlos Hernando Camargo Ruíz, Fredy Eduardo García Panteves y Edwin Mauricio Londoño Maldonado, con ocasión de que se les consideró como posibles coautores de los delitos de “concusión en concurso heterogéneo de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso en concurso homogéneo sucesivo, fraude procesal en concurso homogéneo, falso testimonio (determinador) y amenazas a testigos, con circunstancias de mayor punibilidad (art. 31, 59, num. 9º, 288, 299, inc. 1º, 404, 442,453 y 454 A)”. Conforme a lo anterior, el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., con función de control de garantías libró las boletas de detención 50, 51 y 52 con dirección al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Facatativá, y advirtió que los procesados quedaban a disposición del “CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO” (copias de las boletas de detención 50, 51 y 52 del 18 de junio de 2017, suscritas por el juez perteneciente al Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., con función de control de garantías; fl. 8-10, cdno. único).

7.2. El 28 de junio de 2017, el apoderado de los señores Carlos Hernando Camargo Ruíz, Fredy Eduardo García Panteves y Edwin Mauricio Londoño Maldonado, radicó ante la Coordinación de Establecimientos de Reclusión de la Policía Nacional, las boletas de detención referidas, con el objeto de tramitar los cupos para sus poderdantes en sus establecimientos penitenciarios. Conforme a lo anterior, el 21 de julio de 2017, dicha autoridad le contestó que para efectos de realizar el referido trámite, era necesario que se le suministraran “datos que no gocen de reserva sumarial en los cuales se evidencien los móviles o hechos por los que se origina la medida de privación de la libertad en su contra, emanada por autoridad competente (…), obedeciendo a los parámetros establecidos en la Resolución 3579 del 23 de junio de 2006 en el parágrafo de su artículo 3º” Al expediente no se allegaron elementos probatorios que den cuenta del cumplimiento de dicho requerimiento por parte de tal abogado (copias del memorial radicado el 28 de junio de 2017 ante la Coordinación de Establecimientos de Reclusión de la Policía Nacional, y del oficio S-2017-026214/INSGE-COERE-38.10, jul. 21/2017; fl. 11, 12, cdno. único).

7.3. El 29 de junio de 2017, la coordinación de establecimientos de reclusión de la Policía Nacional remitió los oficios S-2017-021460/INSGE-COERE-38.10 y S-2017-21 465/INSGE-COERE-38.10 al juzgado coordinador del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio, los cuales fueron recibidos el 4 de julio de la misma anualidad. Mediante dichos documentos, la autoridad en comento solicitó que se reasignaran los lugares de reclusión en la que se debían cumplir las medidas de aseguramiento dispuestas para los señores Carlos Hernando Camargo Ruiz y Edwin Mauricio Londoño Maldonado, habida cuenta de que (i) el Inpec catalogó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Policía Nacional ubicado en Facatativá como de mínima seguridad, en consideración a que el mismo no cuenta con las condiciones necesarias para albergar a personas privadas de la libertad con situaciones judiciales complejas como la de los accionantes señalados; (ii) dicha cárcel tiene como destino el personal de la fuerza pública que sean investigados por actos cometidos en adelanto o con ocasión de sus funciones, y no por hechos al margen de tales servicios, de modo que no era factible internar en ese centro penitenciario a los actores referidos, debido a los hechos por los que eran objeto de pesquisa penal, y (iii) de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1709 de 2014, los servidores y ex servidores públicos deben ser recluidos en pabellones dentro de los establecimientos del orden nacional que ostenten medidas de seguridad de carácter medio o alto, por lo que los señores Camargo Ruiz y Edwin Maldonado no pueden ser recluidos en cárceles a cargo de la Policía Nacional, habida cuenta de que las mismas no cumplen con tales características (copias de los oficios S-2017-021460/INSGE-COERE-38.10 y S-2017-21 465/INSGE-COERE-38.10, jun. 29/2017; fl. 31, 32, cdno. único).

7.4. Mediante auto del 19 de julio de 2017, el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., con Función de Control de Garantías indicó que no le correspondía modificar las boletas de detención referente a los demandantes Camargo Ruiz, Londoño Maldonado y García Panteves, en la medida en que finalizó las audiencias de control de garantías y remitió la carpeta del procedimiento correspondiente al centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio, con lo que perdió competencia para pronunciarse sobre dicho asunto. Por consiguiente, adujo que en caso de que no se hubiese designado a un juez de conocimiento para conocer del caso, el encargado de resolver ese requerimiento era el juez coordinador del referido centro de servicios y, en ese orden de ideas, ordenó “devolver la carpeta respectiva para que tome las determinaciones a que haya lugar” (copia del auto, jul. 19/2017, proferido por el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., con Función de Control de Garantías; fl. 33, cdno. único).

7.5. El 21 de julo de 2017, el juzgado coordinador del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio expidió el oficio CL-O-5486, por medio del cual informó al coordinador del establecimiento de reclusión de la Policía Nacional con sede en Facatativá que corrió traslado de su solicitud de reasignación del lugar de reclusión del señor Carlos Hernando Camargo Ruiz, al director del Inpec, oficio que fue recibido el 9 de agosto del mismo año (copia del oficio CL-O-5486, expedido por el juzgado coordinador del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio; fl. 33, cdno. único).

Consideraciones

I. Competencia

8. El despacho es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la decisión a través de la cual se negó la solicitud de hábeas corpus presentada por Carlos Hernando Camargo Ruiz, Edwin Mauricio Londoño Maldonado y Fredy Eduardo García Panteves, dado que el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 dispone que “cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual”.

II. Problema jurídico

9. De conformidad con las pretensiones de la demanda, el despacho debe determinar si la acción de hábeas corpus procede para ordenar el traslado de los actores al Establecimiento Penitenciario y Carcelario para miembros de la Policía Nacional de Facatativá, no obstante su detención se hubiese dado en forma debida y legal o, si por el contrario, existen otros mecanismos para solventar la pretensión de los accionantes.

III. Análisis del despacho

10. El artículo 30(1) de la Constitución Política consagra el recurso de hábeas corpus como aquel derecho que le asiste a quien estuviere privado de la libertad y creyere estarlo ilegalmente.

11. Por su parte, el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 define el hábeas corpus como “un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”.

12. De esta manera, se advierte que la finalidad de la acción de hábeas corpus radica en tutelar el derecho a la libertad de las personas —cuyo núcleo esencial se encuentra contemplado en el artículo 28(2) de la Constitución Política—, cuando dicha prerrogativa se ve limitada de manera ilegal o arbitraria, mecanismo que por vía de la protección a la libertad tiene la potencialidad de garantizar varios derechos conexos a la misma.

13. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que cuando se afecta de manera irregular o con abuso de poder el derecho a la libertad, pueden peligrar otras garantías, como la dignidad humana o la vida del detenido, como ha sucedido en los eventos en que los Estados retienen de manera arbitraria a los particulares, a quienes al no procesar a la luz del sistema establecido y no destinar a lugares formales de detención, a la postre terminaban por asesinar o “desaparecer”, conductas de grave vulneración a otros derechos que también se buscó evitar con el establecimiento del hábeas corpus. En estos términos, señaló:

En efecto, el hábeas corpus es la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que reconoce en forma expresa que toda persona es libre, así como que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Dicha disposición consagra además, que la persona detenida preventivamente debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente dentro del término que establezca la ley.

(…) Y si bien el hábeas corpus es el medio por excelencia para su protección, y así se venía considerando tradicionalmente por la legislación y la jurisprudencia, la naturaleza ius fundamental del derecho que se reglamenta con el proyecto de ley que se examina, pone en evidencia que el hábeas corpus es una garantía fundamental no solo del derecho a libertad, sino que igualmente lo es de otros derechos fundamentales de la persona privada de la libertad como los de la vida y la integridad personal.

Además, existe igualmente otra forma de hábeas corpus preventivo (denominado también hábeas corpus correctivo), que se deriva de la circunstancia de que, cuando se recurre al hábeas corpus como mecanismo de control de la legalidad de las detenciones, se está protegiendo también el derecho a la vida ya a la integridad personal, derechos fundamentales que resultan igualmente expuestos en las situaciones de abuso de poder propias de las privaciones irregulares de la libertad.

La privación arbitraria o ilegal de la libertad de una persona, como se ha recordado, puede constituir una modalidad o medio para la violación de otros de sus derechos y libertades, los que se han colocado en condiciones precarias, o incluso pueden llegar a ser anulados en ciertos casos extremos. Por ello, la cabal protección del hábeas corpus reviste vital importancia, pues a través de éste medio idóneo se protegen derechos como el de la vida e integridad de la persona privada de la libertad en cualquier circunstancia, lo cual impone el carácter sumario e inmediato de la protección que se pretende otorgar a través de éste medio, ya que en muchos casos será urgente una decisión inmediata de libertad a fin de salvaguardar el conjunto integral de los todos los derechos en juego, y con previa presentación del detenido ante el juez o tribunal competente para resolver el hábeas corpus.

Además, e íntimamente ligado a los derechos a la vida e integridad personal, en el caso de detenciones arbitrarias o ilegales, el hábeas corpus garantiza el derecho a no ser desaparecido. Cabe recordar, que la privación de la libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona es una desaparición forzada que el hábeas corpus puede llegar a impedir, pues la autoridad judicial competente para conocer el hábeas corpus procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción, para lo cual podrá ordenar que ésta se presente ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición.

(…) Al respecto de la protección integral del hábeas corpus, la Corte en Sentencia C-620 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentaría, consideró que el hábeas corpus es un derecho que no sólo protege la libertad física de las personas sino también es un medio para proteger la integridad física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que en las dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego torturar y desaparecer a aquellas personas que no gozan de la simpatía del régimen de turno. Se concluyó en dicho pronunciamiento, que el hábeas corpus se convierte así en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad, en forma arbitraria, ilegal o injusta, como también de otros derechos entre los que se destacan la vida y la integridad física(3).

(…) Así tenemos que, como quedó anteriormente precisado, el hábeas corpus protege no solo el derecho a la libertad sino también el derecho a la vida ya a la integridad personal, y todos los derechos fundamentales que resultan igualmente expuestos en las situaciones de abuso de poder propias de las privaciones irregulares de la libertad.

En consecuencia, la definición adoptada por el legislador en el artículo primero del proyecto que ahora se examina ha de entenderse como comprensiva tanto de la modalidad de hábeas corpus reparador, como en la modalidad de hábeas corpus correctivo, entendido éste último como mecanismo para evitar o poner fin a situaciones que comporten amenazas graves contra los derechos fundamentales de la persona, como la vida o la integridad personal o el derecho a no ser desaparecido.

(…) Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas(4), o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

(…) Ahora bien. (sic) La finalidad que se persigue con la consagración legal de las hipótesis en las cuales resulta procedente el ejercicio de la acción de hábeas corpus, es la de asegurar que todas las decisiones que recaigan sobre la libertad personal sean tomadas mediante orden escrita proferida por la autoridad judicial competente, con plena observancia de las formalidades establecidas para ello y dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en la ley, así como que la persona sea recluida en el lugar oficial de detención y en ningún otro.

Además, como ya se mencionó en la presente providencia(5), a través de la tutela de la libertad personal que se busca mediante el instituto del hábeas corpus, en muchas ocasiones se está protegiendo también el derecho a la vida y a la integridad personal, por cuanto de quien hace uso de la fuerza para privar a alguien de su libertad personal en forma irregular o arbitraria, no es de extrañar que la utilice igualmente para dar al retenido tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas, desaparecimiento e, inclusive, para atentar contra su vida (se resalta)(6).

14. De esta manera, de acuerdo con la Ley 1095 de 2006, la jurisprudencia de la Corte Constitucional referenciada, y decisiones emitidas por magistrados de la Corte Suprema de Justicia(7) y el Consejo de Estado en casos concretos(8), son dos las condiciones que determinan la procedencia de la acción de hábeas corpus: por un lado, que la persona esté privada de la libertad y, por otro, que la privación de la libertad o la prolongación de la misma hayan ocurrido como consecuencia de una decisión judicial manifiestamente arbitraria y violatoria del ordenamiento jurídico. En efecto, sólo cuando se demuestre que la privación de la libertad personal o la prolongación de la privación de la libertad son el resultado de actos contrarios a lo dispuesto por el ordenamiento constitucional o legal, la autoridad judicial competente en virtud de esa acción podrá ordenar que la persona sea puesta inmediatamente en libertad.

15. Adicionalmente, se debe destacar que la orden procedente en virtud del mecanismo en análisis consiste en que se libere de manera inmediata al individuo cuyo derecho ha sido limitado de manera ilegal o irregular, con el objeto, se reitera, de que cese la vulneración a dicha potestad y por ende, a aquéllas conexas que por su restricción sean puestas en un riesgo inminente o resulten gravemente afectadas, tal como lo prevé el artículo 6º(9) de la normativa aludida, y la jurisprudencia constitucional referenciada(10).

16. Ahora bien, para efectos de determinar la procedibilidad de la acción referida para que se ordene la libertad, también es importante distinguir los eventos en los que la detención ocurre por orden judicial, de aquellos casos en los que no media ese tipo de mandato, en la medida en que en aquéllos debe preferirse la utilización de los mecanismos ordinarios que plantea el proceso penal para lograr la libertad del sindicado. Se advierte así que el juez constitucional que conoce del hábeas corpus no puede sustituir a las autoridades judiciales competentes para decidir sobres las peticiones que se formulen en relación con la libertad del reo.

17. En estos casos el mecanismo de amparo sólo es procedente en la medida en que se demuestre que la providencia judicial que dio lugar a la detención es una vía de hecho, y cuando esté demostrado que los recursos ordinarios han sido agotados respecto de la privación de la libertad que se acusa de ilegal(11).

18. Cabe destacar que la anterior postura jurisprudencial ha sido fijada en múltiples providencias, en el sentido de que no le es dable al juez constitucional que conoce de la acción de hábeas corpus desplazar al juez natural en las funciones que le han sido otorgadas legal y constitucionalmente, motivo por el cual si bien dicho mecanismo no es necesariamente subsidiario, no puede ser utilizado para efectos de sustituir a ese operador judicial en las decisiones propias de su órbita, como tampoco puede ser usado para obtener una instancia adicional. Al respecto, sobre el mecanismo excepcional del hábeas corpus, se ha señalado:

El hábeas corpus al ser un medio excepcional de protección de la libertad no puede desconocer los trámites judiciales dispuestos al interior del proceso penal, ni el juez constitucional encargado de resolverlo puede sustituir a los funcionarios encomendados del conocimiento de tales procedimientos ordinarios, al punto que le está vedado cuestionar situaciones del resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria, ni constituirse en una segunda o tercera instancia en los procesos de ejecución de la pena(12).

19. Sin perjuicio de lo anterior, se debe precisar que no obstante es imperativo agotar los medios que contiene el proceso ordinario respectivo, se ha reconocido que de manera excepcional, la acción de hábeas corpus sí tendría vocación de prosperidad para ordenar la puesta en libertad de una persona, a pesar de que no se haga uso de aquéllos, cuando la decisión judicial es abiertamente arbitraria y con ella se está produciendo un mal de mayor grado que resulte irreparable(13).

20. En el caso concreto, el despacho observa que (i) la pretensión de los accionantes al ejercer el mecanismo de hábeas corpus es completamente ajena al objeto y a la finalidad de la acción y el derecho constitucional ejercidos y, (ii) no se observa que su restricción a su derecho a la libertad se hubiese dado de manera ilegal o arbitraria, sino que por el contrario, al imponérseles las medidas de aseguramiento correspondientes, se respetaron sus garantías legales y constitucionales.

21. Al respecto, teniendo en cuenta que las únicas pretensiones elevadas por los accionantes radicaron en que se ordenara a las entidades demandadas que hicieran lo necesario para logar su traslado de la sala de retención transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Policía Nacional ubicado en Facatativá, conviene recordar que la figura en comento, la cual no se puede perder de vista que radica en un mecanismo excepcional y expedito, no fue ideada para imponer el adelantamiento de procedimientos administrativos como el señalado, sino para lograr la rápida liberación de las personas que se encuentren detenidas en violación del ordenamiento jurídico, sea porque se les privó de la libertad en vulneración de las normas constitucionales o legales, o porque su detención inicialmente legal se prolongó en forma irregular —ver párrafos 10 a 18—.

22. De esta forma, es evidente que en virtud del hábeas corpus no es factible ordenar traslados de reclusos de un lugar a otro, puesto que su constitución obedeció a garantizar de manera plena el derecho a la libertad de las personas que no tienen por qué estar privados de esa prerrogativa, de tal forma que es claro que las únicas peticiones del libelo introductorio no se adecuan al objeto del mecanismo utilizado para acceder a la administración de justicia y por consiguiente, de entrada se impone negar el amparo invocado.

23. Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que del recuento probatorio efectuado en el presente asunto se advierte que los actores no demostraron que al momento de privárseles de la libertad se les hubiese vulnerado sus garantías constitucionales y legales —como por ejemplo, que se encontraran incomunicados, que desconocieran la autoridad que ordenó su detención, que no se supiera su paradero o que no tuvieran la oportunidad de acudir ante una autoridad judicial encargada de solventar sus peticiones, entre otras—, y por el contrario, existen elementos probatorios que permiten colegir que las autoridades competentes observaron tales disposiciones, en consideración a que partir de la realización de la audiencia preliminar de legalización de captura efectuada por el Juzgado Sesenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, D.C., con función de control de garantías —ver párrafo 7.1—, se puede inferir que sus privaciones de la libertad se dieron en virtud de mandamiento escrito y por autoridad judicial competente, así como que se cumplieron las formalidades ordenadas por la ley para el efecto, inferencias que no tienen medio probatorio alguno en su contra.

24. Ahora bien, no obstante en principio no se advierte motivo alguno en virtud del cual pueda proceder una orden en el sentido referido por la demanda, en tanto ello desborda la finalidad de la acción especial de hábeas corpus y ni siquiera se probó la configuración de una vulneración que hubiese habilitado su procedencia, no escapa al despacho que en su recurso de apelación, los actores adujeron que se debía acceder a sus peticiones de ser trasladados con fundamento en un precedente que se habría proferido recientemente en el mismo sentido.

25. Al respecto, se observa que mediante providencia del 1º de septiembre de 2017, la magistrada Patricia Salazar Cuellar concedió la acción constitucional de hábeas corpus presentada en favor de una mujer que se encontraba detenida en un CAI, cuando le correspondía estar retenida en su residencia en virtud de una medida de aseguramiento de detención domiciliaria y por lo tanto, ordenó a las autoridades judiciales y administrativas competentes —Juzgado Promiscuo Municipal con función de Control de Garantías de Gramalote, Juzgado Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, CAI del Aeropuerto de la Policía Metropolitana y al Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta— que de manera inmediata, coordinada y en el ámbito de sus competencias, realizaran los trámites pertinentes para que se ejecute la medida de aseguramiento referida en los términos ordenados. Al respecto, indicó:

De otro lado, se debe tener en consideración que entre las personas privadas de la libertad y el Estado existe una relación de especial sujeción, debido a la condición de indefensión en que quedan aquellos, sin que ello implique se deban desconocer derechos inherentes al ser humano, como la dignidad.

(…) En el presente caso, se tiene que a ZUANNY BELÉN FEBRES RAMOS el 22 de julio de 2017 el Juez Promiscuo Municipal con función de Control de Garantías de Gramalote (Norte de Santander), le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

Con el objeto de que se diera cumplimiento a dicha orden, la procesada FEBRES RAMOS suscribió diligencia de compromiso el 27 de julio siguiente y en la misma fecha, la juez coordinadora del centro de servicios emitió la boleta de detención domiciliaria 805, con destino al Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta (…).

No obstante, dicha orden no se ha cumplido, pues de acuerdo con las respuestas allegadas a la actuación, FEBRES RAMOS aún se encuentra privada de la libertad en el CAI Aeropuerto de la Policía Metropolitana de Cúcuta, debido a que el sindicato de empleados unidos penitenciarios adelanta «jornada de plan reglamento territorial carcelario en el departamento del Norte de Santander», por lo que no se permite la recepción de internos en los establecimientos carcelarios (…).

(…) Con tal panorama, se advierte que en el presente evento, contrario a la conclusión del Magistrado de primera instancia es procedente la protección constitucional invocada en favor de FEBRES RAMOS, pues si bien la decisión emitida por el juez de control de garantías no se considera arbitraria o caprichosa, ni se evidencia, en estricto sentido, una prolongación ilegal de la libertad, lo cierto es que se presenta una vía de hecho respecto del cumplimiento de la medida de aseguramiento impuesta.

Lo anterior, en razón a que no se ha cumplido en debida forma la restricción de la libertad impuesta a ZUANNY BELÉN FEBRES RAMOS, pues ha estado recluida en un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional por un término superior a las 36 horas al que aluda el artículo 28 A de la Ley 65 de 1993.

Además, las autoridades accionadas no indicaron haber realizado ninguna actividad tendiente a trasladar a la procesada al centro carcelario para el correspondiente registro en el sistema de información de sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario (Sisipec), de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 43 de la Ley 1709 de 2014 (…), para luego sí, ser remitida a su lugar de residencia.

Así las cosas, lo procedente en este evento es revocar la decisión impugnada y en su lugar, conceder la acción constitucional de hábeas corpus presentada en favor de ZUANNY BELÉN FEBRES RAMOS.

En consecuencia, se ordenará al Juzgado Promiscuo Municipal con función de Control de Garantías de Gramalote, al juez coordinador del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio, al comandante del CAI Aeropuerto de la Policía Metropolitana y al director del Complejo Penitenciario y Carcelario, ambos de la ciudad de Cúcuta, que de manera inmediata, coordinada y en el ámbito de sus competencias realicen los trámites pertinentes para que se ejecute la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a ZUANNY BELÉN FEBRES RAMOS(14).

26. El despacho se aparta de la postura asumida en la providencia referenciada y por consiguiente, no se le tendrá en cuenta para resolver el sub judice, habida cuenta de que como se reseñó, el fin del hábeas corpus no radica en ordenar la realización de trámites administrativos para concretar o definir la privación de la libertad de las personas —como sucedió en dicho asunto y ahora pretenden los actores—, sino en decretar su libertad inmediata para impedir la realización o prolongación de actuaciones que afecten ilegalmente dicha prerrogativa y por contera, los derechos que con su restricción irregular resultan vulnerados, lo que a todas luces no sucede en eventos como los del caso concreto.

27. Ciertamente, a pesar de que en casos de falta de condiciones y de hacinamiento de las salas de retención transitorias se puede presentar la vulneración de derechos fundamentales de las personas retenidas, detenciones que de prologarse por más de 36 horas, adicionalmente vulneran lo expresamente previsto en el artículo 28A(15) de la Ley 65 de 1993, no se puede perder de vista que tales violaciones no consisten en una inobservancia de las garantías derivada de la privación irregular o arbitraria de la libertad de los administrados, o su inadecuada prolongación —únicos eventos en los que procede el hábeas corpus—, sino en meras anomalías del mismo sistema penitenciario, las cuales si bien se debe propender por remediar y evitar, no tienen la potencialidad de ser amparadas por la vía del mecanismo en estudio.

28. Lo anterior, precisamente porque las irregularidades indicadas no provienen de una detención contraria al ordenamiento jurídico(16), en la que claramente se justifica que mediante la acción célere y excepcional de hábeas corpus se ordene la libertad del recluso de manera inmediata, sino que como se refirió, tales anormalidades se derivan de deficiencias administrativas frente a las que resulta imposible que proceda el mecanismo de accesos a la administración de justicia señalado y por ende, la única orden que le es propia —dejar en libertad—, puesto que ello implicaría que en todos los eventos en los que el Estado falla y con ello genera el riesgo de que los derechos de los reclusos se vena vulnerados, se imponga ordenar sus libertades en desconocimiento de las mismas garantías y derechos que cimientan las medidas de aseguramiento —tal como lo intuyó la Corte Suprema de Justicia al variar la determinación realmente procedente en el caso en estudio—, máxime cuando existen otros medios judiciales para la protección de los derechos que pueden ser afectados en tales eventos.

29. En efecto, no escapa al despacho que de conformidad con los artículos 10(17), 124(18), 130(19) 304(20) y 306(21) del Código de Procedimiento Penal, y 72(22) de la Ley 65 de 1993, para procurar la defensa de sus derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana, los accionantes estaban habilitados para acudir al juez respecto del cual se encontraban a cargo con el objeto de requerir que se materializara la orden inicial del juez de control de garantías, esto es, de que se les recluyera en un establecimiento carcelario con las condiciones necesarias para ello, como adujeron que era el Centro Penitenciario y Carcelario de la Policía Nacional ubicado en Facatativá, solicitudes que debieron ejercer en lugar de acudir al mecanismo de hábeas corpus, el que en todo caso, resulta completamente inviable para sus pretensiones.

30. Por su parte, en el evento en que los actores hubiesen considerado que los derechos referidos estaban en un inminente peligro, tenían la potestad de solicitar su protección vía tutela en consideración a que se tratan de derechos fundamentales, acción que de manera tradicional se ha considerado plausible frente a situaciones similares a las narradas por los demandantes en su libelo introductorio y que por lo tanto, se configuraba en el mecanismo idóneo para ventilar las pretensiones que elevaron en el sub lite, más aún cuando se debe recordar que de haberse considerado que para la protección de esos derechos procedía en realidad la acción de hábeas corpus, tales tutelas no habrían podido salir avante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º(23) del Decreto 2591 de 1991.

31. Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante sentencia del 11 de febrero de 2014, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en un asunto casi idéntico al del caso concreto, tuteló los derechos al debido proceso, a la vida digna y a la integridad física de una persona que perteneció al Ejército Nacional, respecto de quien a pesar de que se ordenó que fuese detenido en una guarnición militar, estuvo recluido en una URI por más de 6 meses, en una clara violación a los derechos aludidos. En esa decisión, la Corte señaló que cuando el juez de control de garantías determina el sitio de reclusión de un procesado, ello no es una mera solicitud, sino que radica en una orden que las autoridades administrativas de materializarla en principio no deben obviar. De esta manera, se indicó:

(…) En resumen, desde hace más de 6 meses el accionante se encuentra recluido en la mencionada carceleta, debido a que el comandante de Batallón José Hilario López de Popayán y el director del Centro Penitenciario San Isirio de Popayán, se han negado a recibir al interno. El primero pretextando carencia de instalaciones adecuadas para recluir oficiales, determinación respaldada por el director de los Centros de Reclusión Militar Ejército Nacional y el segundo, argumentando que la orden debía cumplirse en Guarnición Militar, tal y como lo ordenó la juez de control de garantías.

(…) Aclarado lo anterior, se advierte, prima facie, el error de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el fallo de tutela impugnado, pues no cabe duda alguna de la existencia de una orden judicial, expedida por la autoridad competente, cuya finalidad es que el Mayor WILMER DIDIER GARCÍA DAZA, miembro activo del Ejército Nacional, permanezca bajo detención preventiva en una guarnición militar. Desde ningún punto de vista es posible homologar la carceleta de la URI de Popayán con las especificaciones propias de un centro de reclusión especial para miembros de la fuerza pública, así al detenido se le mantenga aislado una celda y sin contacto con el resto de los detenidos. Tampoco importa que el accionante no haya sufrido amenazas contra su vida o recibido malos tratamientos por parte del personal estatal de la URI o de sus propios compañeros de presidio, como erradamente lo sostuvo el tribunal, pues la Corte Constitucional ha señalado que la garantía del sitio especial de reclusión a favor de los miembros de la fuerza pública, procesados o condenados, es independiente de si el recluso corre o no peligro:

(…) Lo relevante, para el caso, es que el accionante no debe permanecer ni un día más ese sitio de reclusión transitoria, pues, esa realidad es incompatible con la garantía prevista en el artículo 27 de la Ley 65 de 1993 y la jurisprudencia sobre la materia. En esa misma dirección, la supuesta falta de cupos alegada por las autoridades castrenses —la cual a simple vista se observa inmotivada— no es razón suficiente para privar al mayor WILMER DIDIER GARCÍA DAZA de un sitio de reclusión que garantice sus derechos fundamentales.

Esa situación vulnera el debido proceso pues, por ley, la ejecución de la detención preventiva debe realizarse en un centro de reclusión especial o, en su defecto, en la unidad militar a la que pertenece el peticionario y no en un sitio diseñado para retener temporalmente a los procesados. Asimismo, se atenta contra sus derechos a la integridad física y dignidad, dado que ese sitio no está habilitado para garantizarle, en forma permanente la protección de su vida y la atención médica que requiere.

(…) No obstante, la irregularidad detectada tiene su causa en el incumplimiento de la orden contendida en la boleta de encarcelación 40, de 28 de agosto de 2013, expedida por la Juez Tercero Penal Municipal de Popayán con Funciones de Control de Garantías, en la cual se dispuso la detención preventiva de WILMER DIDIER GARCÍA DAZA, en el Batallón de Apoyo y Servicio Para El Combate Nº 29 ASPC y no en cualquier otro lugar. Con lo que el “limbo jurídico” al cual se ha hecho referencia es sólo un problema aparente, pues, corresponde a la juez de control de garantías y no al juez de tutela, verificar el cumplimiento de la orden y hacerla cumplir en caso de desacato, como lo ordena el inciso 3º del artículo 10 de la Ley 906 de 2004:

(…) 4. Lo expuesto hasta aquí sería suficiente para negar la protección constitucional deprecada, dada la existencia de otro medio de defensa judicial, de no ser porque sobre la integridad física y dignidad del mayor WILMER DIDIER GARCÍA DAZA se cierne la amenaza de un perjuicio irremediable.

(…) Resumiendo, pese a que no ha ocurrido ningún hecho infortunado contra el accionante en los 6 meses que éste lleva detenido, no cabe duda que: a) se encuentra recluido en un sitio diseñado para una permanencia no superior a 4 días; b) padece quebrantos de salud y no se cuenta con las condiciones básicas para la atención de una urgencia médica; c) esporádicamente el nivel de hacinamiento aumenta a casi el doble, con la inclusión de algunos detenidos con nivel de peligrosidad considerable y d) no está bajo la responsabilidad del organismo que efectuó la aprehensión ni de la autoridad penitenciaria— artículo 304 de la Ley 906 de 2004.

Esas consideraciones son suficientes para concluir que el mayor WILMER DIDIER GARCÍA DAZA se encuentra en un precario estado de sujeción estatal incompatible con sus derechos fundamentales y contrario a lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penitenciario. Esa situación, por sí sola, constituye una amenaza de perjuicio irremediable que amerita la intervención inmediata del juez de tutela.

(…) Los mencionados funcionarios entendieron, erradamente, que la orden de encarcelamiento era una petición que no constituía un mandato de forzoso cumplimiento, la cual podía eludirse solicitando, a su vez, a la autoridad judicial el cambio de sitio de reclusión. No se observa en ninguno de los oficios enviados a la juez o en los informes allegados a este trámite, un solo motivo de fuerza mayor o razón apremiante que les impidiera cumplir con lo ordenado.

Sin perjuicio de la decisión que se tome más adelante, se les exhortará para que en lo sucesivo cumplan las órdenes judiciales pues, ellas no son peticiones, solicitudes, suplicas, favores, encargos, recomendaciones, ruegos o deseos que los otros funcionarios estatales y particulares puedan obviar sin mayor justificación. Nótese, si el argumento del hacinamiento o falta de cupo nunca ha sido excusa suficiente para que el Inpec se abstenga de recibir a los internos, entonces tampoco puede ser una justificación aceptable que se le deba permitir a los accionados.

6. Para la Sala, la intervención del juez de tutela es necesaria a fin de conjurar, a la mayor brevedad posible, la amenaza de prejuicio irremediable que se cierne sobre el accionante, y por tanto, se ordenará el cumplimiento inmediato de la orden de encarcelamiento y se compulsarán copias disciplinarias a la oficina de control disciplinario interno del Ministerio de Defensa y penales a la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, se ordenará a la Juez Tercero Penal Municipal de Popayán, con funciones de Control de Garantías, que haga uso de sus facultades legales con el fin de hacer cumplir la orden judicial de encarcelamiento antes referida. Aclarándosele que el desacato, o el fraude a la decisión judicial, por parte de los accionados, en principio, no requiere de una nueva intervención del juez de tutela (se resalta)(24).

32. Por su parte, en el año 2016, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, D.C., y la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de varias entidades estatales, debido a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en las salas de retención transitorias de las unidades de reacción inmediata y las estaciones de policía de Bogotá, D.C., quienes alegaron situaciones similares a las argüidas por los accionantes en el presente asunto.

33. En esa oportunidad, encontró que debido a las precarias condiciones en las que se encontraba el sistema penitenciario, varias personas eran mantenidas en las salas de detención mencionadas por más de 36 horas, en situaciones claramente vulneradoras de sus derechos a la dignidad humana e incluso, sometidas a tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, en consideración a que esos centros carecían de todos los medios necesarios para su sostenimiento y adecuada reclusión. De esta forma, ordenó el desarrollo de diferentes actuaciones tendientes a salvaguardar los referidos derechos de la población detenida de manera transitoria en tales lugares de retención, entre las que ordenó que el Inpec actuara en el marco de sus competencias para la asignación de centros de reclusión adecuados a las personas a las que se les decreta medidas de aseguramiento consistentes en detenciones preventivas, y para evitar que situaciones como esas volvieran a presentarse, encomendó a la Defensoría del Pueblo efectuar una vigilancia activa de las salas de retención transitoria. Al respecto, señaló

La Sala Octava de Revisión, con base en los hechos informados por el defensor delegado y corroborados por los jefes de Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy y Engativá, y el Representante de la Policía Metropolitana de Bogotá, estableció que con la actuación del Inpec y de la Policía Nacional se ha desconocido el deber de respeto a la dignidad humana establecido en el artículo 1º de la Constitución e infligido una violación manifiesta del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contenido en el artículo 11 de la Constitución Política, de las personas recluidas en las salas de retenidos y pasillos de las URI de Bogotá, en carpas ubicadas en parques, remolques y automotores parqueados cerca a éstas. Lo anterior por cuanto fueron confinados a lugares carentes de todos los elementos mínimos que deben existir para garantizar una reclusión en condiciones dignas y que no cumplen con las garantías contenidas en el artículo 5º, numerales 2º y 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues a lo anterior se suma la reclusión indiscriminada de hombres y mujeres, condenados y procesados compartiendo pequeños espacios no aptos para ser utilizados como establecimientos de reclusión.

La Sala Octava de Revisión advirtió que las instalaciones de las Unidades de Reacción Inmediata no son los lugares establecidos por la ley para recluir a personas que deben permanecer privados de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento o en cumplimiento de una condena luego de la formalización de la reclusión (…), y tampoco tienen las condiciones materiales y funcionales adecuadas para hacerlo, por lo que en éste evento también se violó el principio constitucional de dignidad humana (…) al confinar a los internos en las unidades de reacción inmediata por periodos prolongados, desconociendo que la detención transitoria allí no puede superar las treinta y seis (36) horas, conforme al artículo 21 de la Ley 1709 de 2014, que adicionó el artículo 28A a la Ley 65 de 1993; lapso fijado con base en el artículo 28 de la Constitución, porque es el máximo permitido para legalizar la captura, pues a partir de esta actuación las personas afectadas con detención preventiva o capturados a efecto de cumplir una pena deben quedar a disposición del funcionario judicial de conocimiento o del juez de control de garantías bajo la custodia del Inpec y en un establecimiento carcelario o penitenciario.

Consideró la Sala Octava de Revisión que esta situación también se produjo como efecto del represamiento ocasionado por la renuencia de funcionarios del Inpec en tramitar los traslados de los internos a los establecimientos en los que se ordenó su reclusión dentro del denominado “plan reglamento”, actuación que constituye una violación del principio de dignidad humana al utilizar a personas procesadas y condenadas como herramientas de presión en un proceso de negociación de derechos laborales, conducta censurable, que no puede avalarse, tolerarse ni ignorarse por el juez constitucional.

Ante la evidencia de los hechos que generaron la violación sistemática y generalizada del derecho de las personas recluidas en las URI, en vehículos y carpas aledañas a las mismas a recibir trato digno, la Sala de Revisión adoptará medidas encaminadas a que no se utilicen instalaciones distintas a los establecimientos de reclusión habilitados por la ley y autorizados por el Inpec, como sitios de confinamiento de personas afectadas con medidas de detención o condenas a prisión, por tratarse de espacios que no están diseñados para ofrecer las condiciones mínimas para recluir por periodos prolongados a los procesados o condenados. Reitera la Sala la prohibición legal de mantener personas privadas de la libertad en las salas de detención transitoria de las URI, por periodos superiores a 36 horas, e igualmente adopta medidas para que, sin afectar las medidas para afrontar el hacinamiento en los centros carcelarios y penitenciarios del Inpec, en el Distrito Capital se disponga de lugares que cumplan las condiciones mínimas de dignidad para la reclusión de aquellos que ya han permanecido más de 36 horas en las instalaciones de las unidades de reacción inmediata, estaciones de Policía y demás sitios habilitados por la Policía Metropolitana para detención transitoria.

Al constatar que existe una situación de riesgo para la garantía efectiva del derecho a la salud de las personas que se encuentran recluidas en las salas de detención transitoria de las URI, porque las accionadas manifestaron no tener claridad sobre el ámbito de sus competencias y en este orden considerar que a ninguna de ellas compete la garantía de prestación del servicio de salud, la Sala Octava de Revisión hizo claridad en el sentido que la atención del servicio de salud de las personas que permanezcan hasta por 36 horas en las URI debe ser garantizada por las entidades territoriales a través del régimen subsidiado en aplicación del principio de universalidad, en este caso por la Alcaldía Mayor de Bogotá y que pasado éste lapso y en todo caso luego de la audiencia de control de legalidad y la formalización de la reclusión, la atención en salud corresponde a la USPEC en coordinación con el Inpec cuando por decisión judicial las personas quedan bajo su custodia.

En tercer lugar, la Sala de Revisión estableció que la alimentación suministrada por el contratista Unión Temporal Servialimentar a las personas recluidas en las instalaciones de las URI y en lugares aledaños no cumple con las condiciones de calidad y cantidad requeridas, y dado que corresponde al Estado a través de la USPEC dar la alimentación a los internos que se encuentran en una relación especial de sujeción, para proteger el derecho a la alimentación ordena a dicha unidad suministrar oportunamente alimentos que cumplan los requerimientos mínimos, e insta a la Defensoría del Pueblo realizar un control sobre el acatamiento de ésta orden a través de visitas periódicas. Y, como para el suministro de alimentos se celebró un contrato y en su desarrollo se fijaron acciones de mejoramiento, igualmente determina la Sala de Revisión la necesidad de que el interventor del contrato, así como los organismos de control intervengan en el marco de sus competencias.

(…) 2.13. EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo para que en cumplimiento de su función constitucional realice visitas periódicas a las URI de Bogotá y a las Salas de Retención de la Policía Nacional, con el fin de determinar el estado de reclusión de las personas privadas de la libertad, verifique la efectividad de sus derechos fundamentales, de ser procedente promueva las actuaciones no solo preventivas sino también sancionatorias frente a la vulneración de sus derechos y envíen los reportes que estime necesarios al juez de primera instancia encargado de verificar el cumplimiento del presente fallo (se resalta)(25).

34. Con observancia de lo todo lo expuesto, para el despacho es evidente que se impone denegar el amparo de hábeas corpus, en consideración a que (i) las pretensiones elevadas en la demanda exceden el ámbito de dicho mecanismo y por consiguiente, le resultan completamente ajenas; (ii) no se demostraron las causales frente a las cuales sí resultaría procedente la protección que se desprende de la presente acción, y (iii) los accionantes tienen otros medios judiciales apropiados para obtener la protección de los derechos cuyo riesgo de ser vulnerados invocaron, a saber, (a) las peticiones que pueden elevar ante el juez ordinario competente para hacer cumplir las órdenes judiciales expedidas, y (b) la acción de tutela.

35 Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que (i) los accionantes han sobrepasado por mucho el límite temporal en el cual pueden estar recluidos en la sala de retención transitoria de la URI de Puente Aranda, (ii) la Corte Constitucional se pronunció ampliamente sobre hechos similares en Sentencia T-151 de 2016, momento en el que ordenó la realización de múltiples medidas para impedir la continua vulneración de las personas privadas de la liberad en ese tipo de lugares, y (iii) con miramiento en la facultad de prevención de daños y de violación de derechos de esta corporación, se exhortará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, a la Coordinación de Establecimientos Carcelarios de la Policía Nacional, al Juzgado Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, y al juzgado que actualmente se encuentre a cargo de los actores —el cual deberá ser notificado de esta decisión por parte del señalado juzgado coordinador—, para que tengan en cuenta lo analizado en el presente asunto y, sin perder de vista lo precisado en el referido fallo de la Corte Constitucional, ejecuten adecuadamente y de manera coordinada sus funciones para evitar que se mantenga en el tiempo la situación ilegal de los demandantes, puesto que se han encontrado privados de la libertad en una sala de detención transitoria por mucho más de 36 horas.

36. Igualmente, la presente decisión le será comunicada la Procuraduría General de la Nación, para que en el despliegue de su funciones preventiva y de vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, colabore con los entes referenciados o con los órganos que resulten pertinentes, para la adecuada realización de sus tareas de cara a quienes como los actores, se encuentren transitoriamente retenidos en circunstancias que puedan llevar a la vulneración de sus derechos humanos y fundamentales.

37. Por su parte, se exhortará a la Defensoría del Pueblo, para que en cumplimiento de sus funciones revise las situaciones actuales de las salas de detención transitoria de Bogotá, D.C., en especial la de los demandantes, con la finalidad de que realice todas las actuaciones que resulten procedentes y que considere pertinentes para evitar que se vulneren los derechos fundamentales de éstos y de la población detenida en tales centros de reclusión en general.

En mérito de lo expuesto, el suscrito consejero de la Sección Tercera —Subsección B— del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la providencia apelada, esto es, la proferida el 30 de noviembre de 2017 por el doctor Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección E y, en su lugar, se dispone:

1. NEGAR por improcedente el amparo de hábeas corpus solicitado por los señores Carlos Hernando Camargo Ruiz, Edwin Mauricio Londoño Maldonado y Fredy Eduardo García Panteves.

2 EXHORTAR al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, a la Coordinación de Establecimientos Carcelarios de la Policía Nacional, al juzgado coordinador del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio, y al juzgado que actualmente se encuentre a cargo de los accionantes —el cual deberá ser notificado de esta decisión por parte del señalado juzgado coordinador—, para que teniendo en cuenta lo analizado en el presente asunto y sin perder de vista lo precisado en el fallo T-151 de 2016 de la Corte Constitucional, ejecuten adecuadamente y de manera coordinada sus funciones para evitar que se mantenga en el tiempo la situación ilegal de los accionantes, puesto que se han encontrado privados de la libertad en una sala de detención transitoria por más de 36 horas.

3. REMITIR la presente decisión a la Procuraduría General de la Nación, para que en el despliegue de sus funciones preventivas y de vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, colabore con los entes referenciados o con los órganos que resulten pertinentes, para la adecuada realización de sus tareas de cara a quienes como los actores, se encuentren transitoriamente retenidos en circunstancias que puedan llevar a la vulneración de sus derechos humanos y fundamentales.

4. EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo, para que en cumplimiento de sus funciones revise las situaciones actuales de las salas de detención transitoria de Bogotá, D.C., en especial la de los demandantes, con la finalidad de que realice todas las actuaciones que resulten procedentes y que considere pertinentes para evitar que se vulneren los derechos fundamentales de éstos y de la población detenida en tales centros de reclusión en general.

5. Por secretaría, NOTIFICAR esta providencia de la forma más expedita e idónea a los accionantes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrado: Danilo Rojas Betancourth.

1 “Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.

2 “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.//La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.//En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

3 [45] Sentencia C-620 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentaría

4 [63] En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año de 1979 sobre el caso Argentino, esta comisión recomendó que para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición, crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a lugares específicamente destinados al objeto.

5 [64] Ver punto cinco de esta providencia.

6 Corte Constitucional, Sentencia C-187 del 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En un sentido similar, consultar: Corte constitucional, Sentencia C-301 de 1993, y Sentencia T-260 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 31 de agosto de 2017, expediente 51069, M.P. Eyder Patiño Cabrera.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 15 de marzo de 2017, expediente 15001-23-33-000-2017-00185-01(HC), C.P. César Palomino Cortés.

9 “Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno”.

10 “En su versión tradicional, regulada en el Código de Procedimiento Penal, el hábeas corpus se manifiesta como eficaz instituto ideado para poner fin a las detenciones ilegales o que se prolonguen indebidamente. De ahí que dicho procedimiento se articule con la presentación de las causas y condiciones ilegales de la privación de la libertad que ante un Juez hace la persona que cree estar en esa situación, con miras a que aquél resuelva definitivamente sobre su legalidad y procedencia. En este orden de ideas, se contempla un procedimiento sencillo, informal y ágil —la decisión debe adoptarse en un término de 36 horas—, accesible al ciudadano común, orientado a facilitar asimismo que el juez verifique los presupuestos y las condiciones de la presunta privación ilícita de la libertad. Finalmente, demostrada la violación de las garantías constitucionales y legales —detención, arresto o prisión ordenadas por autoridad incompetente, o por autoridad competente pero sin acatar las formas establecidas o sin justa causa etc.— se dispondrá por parte del juez la inmediata puesta en libertad de la persona privada de ella ilegalmente”. Corte constitucional, Sentencia C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 6 de abril de 2011, proceso 36205, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 21 de marzo de 2013, expediente 40983, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 1 de septiembre de 2017, expediente 51061, M.P. Patricia Salazar Cuellar.

15 “La detención en Unidad de Reacción Inmediata (URI) o unidad similar no podrá superar las treinta y seis (36) horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes, separación de los menores de edad y acceso a baño.// PAR.—Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley las entidades territoriales adecuarán las celdas a las condiciones de las que trata el presente artículo”.

16 Como lo sería la detención de un individuo en un sitio desconocido en el que nunca se dé cuenta de su paradero, marco situacional en el que quien lo retiene violenta su derecho a la libertad y puede llegar lesionar con facilidad sus derechos conexos a la dignidad humana y a la vida.

17 “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. (…) El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos”.

18 “La defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley reconocen en favor del imputado”.

19 “Además de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y que forman parte del bloque de constitucionalidad, de la Constitución Política y de la ley, en especial de los previstos en el artículo 8º de este código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su condición. En todo caso, de mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella”.

20 “Cuando el capturado deba ser recluido el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo remitirá inmediatamente a la autoridad del establecimiento de reclusión pertinente, para que se le mantenga privado de la libertad. La remisión expresará el motivo y la fecha de la captura”.

21 “El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.//Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.//La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.

22 “El juez de conocimiento o el juez de control de garantías, según el caso, señalará el centro de reclusión o establecimiento de rehabilitación donde deban ser recluidas las personas en detención preventiva”.

23 “La acción de tutela no procederá: (…) 2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus”.

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 11 de febrero de 2014, expediente 70709.

25 Corte Constitucional, Sentencia T-151 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.