Auto 2018-00004 de marzo 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Rad.: 11001-03-28-000-2018-00004-00

Actor: Alirio Uribe Muñoz

Demandado: Consejo Nacional Electoral

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil dieciocho

Nulidad

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2334 del 13 de septiembre de 2017 del Consejo Nacional Electoral, solicitada por el demandante.

Antecedentes

1. La demanda

En su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Alirio Uribe Muñoz demandó la Resolución 2334 del 13 de septiembre de 2017 proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se registró el logosímbolo del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado #Mejor Vargas Lleras.

2. La solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados

En escrito separado de la demanda, el actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado al considerar que la procedencia de la suspensión provisional se sustenta en que la vulneración del ordenamiento jurídico es evidente, ostensible y notoria y representa una afectación grave de los pilares democráticos fundantes del Estado y del ordenamiento jurídico nacional, lo cual se evidencia a través de un cotejo entre la Resolución 2334 de 2017 y las normas que prohíben la multiafiliación partidista, que fueron desconocidas por el Consejo Nacional Electoral.

Explicó que el constituyente proscribió prácticas nocivas para la democracia colombiana, entre ellas la doble militancia, y en el artículo 107 de la Constitución se establece la prohibición para todo ciudadano de pertenecer simultáneamente a dos partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida.

Así mismo sostuvo que de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 el incumplimiento a la doble militancia, en el caso de los candidatos, será causal para la revocatoria de la inscripción.

Precisó que en el acto acusado, el Consejo Nacional Electoral se redujo a cotejar los elementos de forma y se abstuvo de pronunciarse frente a las normas que prohíben la doble militancia, con lo que omitió su deber de velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, tal como lo establece el numeral 7º del artículo 265 de la Constitución.

De manera concreta adujo que con el acto demandado se vulneraron los siguientes artículos 107, 152 letra f y 265 numeral 7 de la Constitución, 2 de la Ley 1475 de 2011 y 5 de la Ley 130 de 1994 en consonancia con lo dicho en la Sentencia C-089 de 1994.

Finalmente sostuvo que la declaratoria de suspensión provisional de la Resolución 2334 de 2017 evitará un perjuicio irremediable y que los efectos de la sentencia sean nugatorios, ya que la contienda presidencial se llevará a cabo el 27 de mayo de 2018.

3. Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado (E) rindió concepto en el sentido de indicar que se debe negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

Sostuvo que si el acto hipotéticamente fuese anulado, el único efecto que podría tener esa nulidad es la necesidad de registrar nuevamente un logosímbolo en la medida en que el inscrito no podría ser utilizado.

Además de lo anterior, señaló que el peticionario no logró evidenciar la oposición entre el acto acusado y las normas presuntamente vulneradas.

Manifestó que no hay una argumentación suficiente que permita concluir que la autoridad electoral violó el ordenamiento superior, al evaluar la inscripción del logosímbolo de una agrupación política y no se encuentra una justificación para estudiar una eventual conducta de doble militancia por parte del candidato Germán Vargas Lleras en la acción anulatoria del acto de registro de un logosímbolo.

Finalmente en el escrito de solicitud de suspensión provisional no se advierte ningún elemento probatorio aportado o solicitado que permita inferir la eventual doble militancia del candidato Germán Vargas Lleras, ni la forma como es avalada por el acto acusado.

4. Consejo Nacional Electoral

Actuó por medio de apoderado judicial y se opuso a la medida cautelar.

Anotó que no se cumplen los presupuestos procesales que dan lugar a la adopción de la medida solicitada ya que con la resolución demandada no se da una vulneración del ordenamiento jurídico.

Explicó que la Resolución 2334 de 2017 lo único que pretendió hacer fue un control de legalidad a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, en lo que tiene que ver con que en la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los grupos significativos de ciudadanos.

Precisó que en esa instancia el control efectuado por el CNE se limitó a contrastar los símbolos registrados por el correspondiente grupo significativo de ciudadanos con los símbolos patrios y con los pertenecientes y registrados por otros partidos o movimientos políticos, con la finalidad de que con ello no se infringiera la ley.

Adujo que uno es el acto por medio del cual se registra el logosímbolo por el comité promotor del grupo significativo de ciudadanos y otro es la inscripción de la candidatura propiamente dicha, la cual se surte ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, que está regida por los artículos 30 a 32 de la Ley 1475 de 2011, la cual puede ser objeto de revocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral, en caso de inhabilidad de acuerdo con lo previsto en los artículos 108 y 265 numeral 12 o por otras causas constitucionales o legales, tal como lo prevé el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, entre ellas la relativa a la doble militancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.

Adujo que el actor no puede pretender que al momento en que se decida por parte del Consejo Nacional Electoral acerca de la legalidad de un logosímbolo inscrito por un comité promotor, se valoren aspectos ajenos a esa circunstancia, en la medida que no se había agotado la fase de inscripción de la candidatura.

Consideraciones

1. Competencia

La Sección es competente para conocer la demanda en la cual fue solicitada la medida cautelar, por tratarse de una acción de nulidad dirigida en contra de un acto administrativo, en este caso de contenido electoral, expedido por una autoridad del orden nacional, según lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, en ejercicio del medio de control de nulidad, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso, en el artículo 233, que la competencia para resolver la medida cautelar le corresponde al magistrado ponente.

2. De la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el capítulo XI, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció la posibilidad de decretar medidas cautelares en los procesos que se adelanten en esta jurisdicción, sin que la decisión implique prejuzgamiento por parte del operador jurídico respecto del asunto sometido a examen.

El contenido de dicha regulación permite que el juez pueda decretar una amplia gama de medidas de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa y de suspensión, pero es claro que frente a los actos administrativos, tanto de carácter general como particular, opera principalmente la suspensión provisional de sus efectos jurídicos.

A partir de las normas que regulan las medidas cautelares y según lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo exige la “petición de parte debidamente sustentada”.

Cuando se pretenda la suspensión provisional en ejercicio de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La norma señaló que la suspensión procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”. (Negrillas fuera del texto)

Así, la suspensión provisional de los efectos del acto que se acusa de nulidad es procedente siempre y cuando se acredite que existe violación de las disposiciones invocadas, que dicha transgresión surja del análisis del acto y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

3. La decisión

De manera concreta, el actor adujo que con el acto demandado se vulneraron los siguientes artículos 107, 152 letra f y 265 numeral 7 de la Constitución, 2 de la Ley 1475 de 2011, y 5 de la Ley 130 de 1994 en consonancia con lo dicho en la Sentencia C-089 de 1994.

El actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado al considerar que la vulneración del ordenamiento jurídico es evidente, ostensible y notoria y representa una afectación grave de los pilares democráticos fundantes del Estado y el ordenamiento jurídico nacional, puesto que el Consejo Nacional Electoral desconoció las normas que prohíben la multiafiliación partidista.

Explicó que en el artículo 107 de la Constitución se establece la prohibición para todo ciudadano de pertenecer simultáneamente a dos partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida.

Así mismo sostuvo que de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 el incumplimiento a la doble militancia, en el caso de los candidatos, será causal para la revocatoria de la inscripción.

Por su parte el Consejo Nacional Electoral adujo que por medio de la Resolución 2334 de 2017 lo único que se pretendió hacer fue un control de legalidad a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, en lo que tiene que ver con que en la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos emblemas o logotipos previamente registrados antes el Consejo Nacional Electoral por los grupos significativos de ciudadanos.

Precisó que en esa instancia el control efectuado por el CNE se limitó a contratastar los símbolos registrados por el correspondiente grupo significativo de ciudadanos con los símbolos patrios y con los pertenecientes y registrados por otros partidos o movimientos políticos, con la finalidad de que con ello no se infringiera la ley.

Afirmó que uno es el acto por medio del cual se registra el logosímbolo por el comité promotor del grupo significativo de ciudadanos y otro es la inscripción de la candidatura propiamente dicha, la cual se surte ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, que está regida por los artículos 30 a 32 de la Ley 1475 de 2011, la cual puede ser objeto de revocatoria por parte del CNE, en caso de inhabilidad o por otras causas constitucionales o legales, entre ellas la relativa a la doble militancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.

Adujo que el actor no puede pretender que al momento en que se decida por parte del CNE acerca de la legalidad de un logosímbolo inscrito por un comité promotor, se valoren aspectos ajenos a esa circunstancia, en la medida que no se había agotado la fase de inscripción de la candidatura.

Al revisar el acto demandado, esto es la Resolución 2334 del 13 de septiembre de 2017, se tiene que el Consejo Nacional Electoral resolvió registrar el logosímbolo del grupo significativo de ciudadanos #Mejor Vargas Lleras, que promueve la inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para las elecciones que se llevarán a cabo el 27 de mayo de 2018, para lo cual esa entidad verificó que cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 5º de la Ley 130 de 1994, que dispone:

“Denominación símbolos. Los partidos y los movimientos políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional Electoral.

Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente.

El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales.

En las campañas electorales y en las demás actividades del partido o movimiento sólo se podrá usar la denominación estatutaria o su abreviatura o sigla, las denominaciones suplementarias deberán ser autorizadas por el órgano del mismo que señalen los estatutos.

Los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y el símbolo registradas y las sedes correspondientes.” (Negrillas fuera del texto original)

Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral tuvo en cuenta que:

— Grupo Significativo de Ciudadanos se encontraba debidamente registrado ante la Registarduría Nacional del Estado Civil,

— Que verificados los logos de los grupos significativos de ciudadanos aprobados y rechazados, se tuvo como resultado que el logosímbolo del Grupo Significativo de Ciudadanos #Mejor Vargas Lleras no se encontraba registrado previamente, y

— Que el logo tampoco utilizaba símbolos patrios, ni emblemas estatales ni generaba confusión con otros logos ya existentes.

De acuerdo con lo anterior, no se advierte vulneración alguna a las normas que consagran la prohibición de la doble militancia, puesto que por medio del acto demandado solo se registró el logosímbolo del Grupo Significativo de Ciudadanos #Mejor Vargas Lleras, y por tanto al no contener la inscripción de algún candidato no había lugar a hacer tal estudio por parte del Consejo Nacional Electoral.

En este contexto, debe diferenciarse entre el acto por medio del cual se registra el logosímbolo del grupo significativo de ciudadanos, de la inscripción de la candidatura, la cual según el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 debe hacerse dentro de un periodo que durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación.

Una vez realizada la inscripción de la candidatura, la autoridad electoral verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente(1).

De acuerdo con lo anterior, el momento en el cual se estudia el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos es una vez se haya hecho la inscripción de las candidaturas, y no al momento del registro del logosímbolo.

Con fundamento en lo anterior, los argumentos de la medida cautelar no están llamados a prosperar y en consecuencia, será negada la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

De otra parte, el Consejo Nacional Electoral solicitó que se vincule al señor Germán Vargas Lleras, al presente proceso, por tener interés en el resultado del mismo, petición a la que accederá y en consecuencia se ordenará que por Secretaría se notifique el auto admisorio de la demanda.

Por lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

Primero: Negar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2334 del 13 de septiembre de 2017, expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Segundo: Por tener interés directo en el resultado del proceso, notifíquese personalmente la demanda al señor Germán Vargas Lleras, en la forma prevista en el artículo 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese y cúmplase

Consejero de Estado: Carlos Enrique Moreno Rubio.

1. Artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.