Auto 2018-00064 de junio 18 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Rad.: 11001-03-28-000-2018-00064-00

Actor: Gustavo Adolfo Prado Cardona

Demandado: Consejo Nacional Electoral

Asunto: Nulidad- Auto inadmite

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil dieciocho

I. Antecedentes

1. Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado el 7 de junio de 2018, el señor Gustavo Adolfo Prado Cardona presentó demanda de nulidad contra la Resolución 3296 del 1º de octubre de 2014 “por medio de la cual se da cumplimiento al artículo 108 de la Constitución Política de Colombia”, en especial en su artículo 6º que declaró la perdida de personería jurídica del Movimiento Político Movimiento de Inclusión y Oportunidades —MIO—.

La parte actora, fundamentó su demanda en los siguientes supuestos fácticos:

1. Aseguró que mediante Resolución 1910 de 10 de agosto de 2010 el Consejo Nacional Electoral, reconoció personería jurídica al Movimiento de Inclusión y Oportunidades —MIO— debido a que aquel logró una curul en la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras.

2. El 6 de septiembre de 2010, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 declaró la inexequibilidad del inciso introducido por el A.L 1 de 2019 al artículo 108 Constitucional que establecía:

“Los Partidos y Movimientos Políticos que habiendo obtenido su Personería Jurídica como producto de la circunscripción especial de minorías étnicas podrán avalar candidatos sin más requisitos que su afiliación a dicho partido, con una antelación no inferior a un año respecto a la fecha de la inscripción”.

3. Mediante Resolución 3296 de 1º de octubre de 2014, el CNE dio aplicación al artículo 108 Superior y, por ende, declaró que el Movimiento MIO perdió su personería jurídica, toda vez que no alcanzó la votación mínima requerida para conservarla, ni obtuvo representación en el Congreso de la República.

A juicio de la parte actora, la decisión del CNE de declarar la pérdida de personería jurídica del movimiento MIO es ilegal, toda vez que desconoció los artículos 29, 108, 152 y 265.5 de la Constitución, así como el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.

En este sentido, explicó que la autoridad electoral pasó por alto que no existe ninguna norma que regule las causales de pérdida de personería jurídica de aquellos partidos o movimientos políticos que alcanzaron tal reconocimiento en la circunscripción especial de minorías étnicas, pues las normas que al respecto se previeron fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.

En efecto, para la parte actora la causal de pérdida de personería jurídica dispuesta en el texto vigente del artículo 108 de la Constitución no es aplicable a los movimientos o partidos que, como el MIO, hayan alcanzado personería en la circunscripción especial, debido a que esa misma norma establece que las colectividades políticas que participen en la citada circunscripción se rigen por un régimen especial y excepcional creado por la ley, sin que al momento de expedición del acto acusado existiera un cuerpo normativo que regulara la materia.

II. Consideraciones

1. Competencia

Según lo reglado en el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite”, razón por la que el Despacho tiene competencia para proferir la presente decisión. Además, con ocasión de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado, según el cual el conocimiento de las demandas contra los actos de contenido electoral(1) radica en la Sección Quinta.

2. Sobre los actos controlables a través de nulidad y nulidad y restablecimiento.

Antes de establecer si es viable o no admitir la demanda de la referencia, es menester determinar cuáles son los actos susceptibles de control a través del medio de control de nulidad y cuales los que se pueden examinar mediante nulidad y restablecimiento. Lo anterior, toda vez que en el caso concreto se demanda, en ejercicio del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo un acto de contenido particular y concreto.

Sobre el punto lo primero a precisar es que pocos temas han causado tanta controversia en la jurisprudencia como el relacionado con la posibilidad de que los actos de contenido particular y concreto puedan ser controlados a través de la otrora denominada “simple nulidad”.

En efecto, pese a que en vigencia de la Ley 167 de 1941 se determinó que lo que activaba una u otra “acción”(2) era la naturaleza del acto acusado; en el año 1961, el Consejo de Estado dio origen a la denominada teoría de los móviles y finalidades(3), según la cual la procedencia de una u otra acción dependía, exclusivamente, de los móviles que llevaron al actor a activar el aparato jurisdiccional.

Así pues, en esa providencia esta Corporación concluyó que un acto particular y concreto podía ser demandado en acción de nulidad, si a través de él se buscaba proteger la legalidad en abstracto del ordenamiento jurídico. De hecho, se aseguró que se podía cuestionar en nulidad un acto particular y concreto, aun si de la sentencia se derivaba restablecimiento automático, siempre y cuando la demanda se hubiese propuesto dentro de 4 meses de los que hablaba la ley(4).

Esta postura fue desarrollada ampliamente por el Consejo de Estado en diversas providencias precisándola y dándole alcance. Al respecto, cobra especial relevancia la providencia del 21 de agosto de 1971(5) en la que, entre otros, esta Corporación sostuvo que la acción de nulidad podía ser utilizada para controlar toda clase de actos, es decir, tanto generales, como particulares y concretos, con la única condición de que si la demanda se dirigía contra un acto particular no se pretendiera restablecimiento de un derecho.

En vigencia del derogado Decreto 1º de 1984 —Código Contencioso Administrativo— el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo aplicó la teoría de los móviles y finalidades. No obstante, si se quiere, la morigeró, ya que si bien aceptó que un acto particular y concreto podía ser demandado mediante la acción de nulidad, estableció algunos requisitos para su procedencia.

En efecto, mediante Sentencia del 29 de octubre de 1996(6), la Sala Plena del Consejo de Estado unificó su postura y determinó que la acción de nulidad procedía contra actos particulares, únicamente, en dos eventos: i) cuando expresamente lo consagrare la ley y ii) cuando el acto despertara un especial interés para la comunidad que transcendiera el mero interés de la legalidad en abstracto, comprometiendo el orden público, social o económico del país.

Ahora bien, en el año 2002 se produjo un nuevo cambio en lo que respecta a esta teoría, pues la Corte Constitucional en Sentencia C-426 de 2002 concluyó que las excepciones establecidas por el Consejo de Estado en la sentencia del año 1996 eran inconstitucionales, debido a que aquellas contrariaban las garantías de acceso a la administración de justicia, al establecer una limitación al derecho de acción que no estaba consagrado en la ley.

Por lo anterior, en la citada providencia se concluyó que el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo —que aludía a la acción de simple nulidad— era constitucional siempre y cuando se entendiera que la “acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos de la parte motiva de esta sentencia”. Bajo este panorama, se entendió que sí era posible demandar en nulidad actos particulares y concretos siempre cuando se buscara el control de la legalidad en abstracto.

No obstante, la tesis de la Corte Constitucional fue rebatida por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia del 4 de marzo de 2003(7); providencia en la que no solo se cuestionó la tesis acuñada por esa autoridad judicial, sino en la que, además, se expusieron varios argumentos con fundamento en los cuales se pretendía evidenciar la inviabilidad de la postura del máximo tribunal constitucional.

Esta situación generó posiciones encontradas entre ambas Corporaciones, pues mientras el Consejo de Estado insistía en que los actos particulares y concretos podían ser demandados en “simple nulidad” siempre y cuando se cumplieran las condiciones establecidas en la sentencia del año 1996, la Corte Constitucional, en sede de tutela(8), aplicaba la tesis acuñada en la sentencia C-426 de 2002 y, por contera, ordenaba tramitar los procesos de nulidad contra actos particulares aun si estos no se encontraban en las situaciones a las que aludía el Consejo de Estado.

Bajo este panorama, uno de los objetivos principales del legislador al expedir la Ley 1437 de 2011 fue, precisamente, zanjar la anterior discusión a afectos no solo de brindar seguridad jurídica a los usuarios de la administración de justicia, sino de definir expresamente cuando debía utilizarse uno y otro mecanismo(9).

Para cumplir tal cometido, el principal cambio que se introdujo en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fue el de eliminar la diferencia entre acción y pretensión, debido a que se entendió que la acción es una sola y que lo que diferencia los distintos medios de control es la pretensión de la demanda. Por ello, contrario a lo que ocurría en el derogado Decreto 1º de 1984, la Ley 1437 de 2011 estipuló de, forma expresa, cuales son los actos controvertibles a través de cada medio de control así:

Medio de ControlActo que se puede cuestionar
NulidadActos generales
Nulidad y RestablecimientoActos de carácter particular y concreto
Nulidad ElectoralActos Electorales (elección- nombramiento- llamamiento a proveer vacantes)
Nulidad por Inconstitucionalidad.—Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional.
— Actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.

Como puede observarse, a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011 lo que determina la procedencia de uno u otro medio de control es la naturaleza del acto acusado, de forma que este debe ser el parámetro a tener en cuenta para establecer si la demanda está bien formulada o; si por el contrario, atañe al juez, según las voces del artículo 171 ibídem, adecuarla al trámite correspondiente.

Así las cosas, para establecer cuál es la posición actual respecto de la procedencia del medio de control de nulidad para controvertir actos de contenido particular y concreto, se debe consultar el tenor del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual establece:

“ART. 137.—Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PAR.—Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.

De la simple lectura de la norma en comento, se desprende que por regla general el medio de control de nulidad procede, exclusivamente, contra actos de contenido general. No obstante, el mismo legislador estableció 4 situaciones excepcionales en las que es jurídicamente admisible que un acto particular y concreto pueda ser controlado mediante este mecanismo judicial.

En otras palabras, de acuerdo al tenor del artículo objeto de estudio solo será posible examinar la legalidad en abstracto de un acto particular y concreto, si y solo si se materializa alguna de las causales contempladas en la ley.

Ahora bien, aunque podría pensarse que el legislador no podía reincorporar la teoría de los móviles y finalidades al ordenamiento jurídico, debido a que esta tesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-426 de 2002, lo cierto es que fue el mismo tribunal constitucional el que al examinar la exequibilidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las limitaciones allí establecidas concluyó que:

“(…) el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, no revivió las mismas normas contenidas y expulsadas del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo que fue objeto de análisis en la Sentencia C-426 de 2002, ni se trata de contenidos normativos idénticos a los que ya fueron objeto de estudio, ni sus efectos, son los mismos. No se trata de los mismos contenidos, por lo que, como lo ha reconocido esta Corporación, no se configura cosa juzgada material, cuando existe una “modificación que de algún modo altere los efectos de la norma”. En este caso, el hecho de que el Legislador haya adoptado el papel que extraña la Sentencia C-426 de 2002, en desmedro de la posición reprochada al juez contencioso administrativo de cierre, es una modificación determinante en los efectos y contenidos normativos de los dos preceptos.

Bajo esos supuestos, como la doctrina de los móviles y las finalidades en sí misma, no fue separada del ordenamiento, el Legislador podía acoger algunas de las premisas de esa teoría, como en efecto lo hizo en el artículo cuestionado, sin violar con ello, la cosa juzgada constitucional.

Además, el contexto en el que se inscribe el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como se dijo previamente, es diferente al del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Se trata de preceptos que, aunque contienen una referencia similar a la teoría de los móviles y las finalidades, formalmente son distintos y pertenecen a diversos estatutos contencioso administrativos, lo que implica que hayan sido expedidos en momentos jurídicos e históricos distintos y por autoridades estatales completamente diversas, como se ha visto.

Esa referencia además, no es casualidad, porque el Legislador, con la norma en particular objeto de análisis, se dio a la tarea de armonizar las visiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la acción de nulidad, para finalmente arribar a un postulado propio. Por esa razón no sorprende que se acoja una de las variantes de la teoría de los móviles y finalidades, y al mismo tiempo, se regulen expresamente algunas de las reglas previstas en la Sentencia C-426 de 2002, las cuales pueden evidenciarse fácilmente en el parágrafo del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que incluye casi de manera expresa, consideraciones concretas de esta Corte”(10).

Bajo este panorama, no cabe duda que a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, los actos de contenido particular y concreto pueden controlarse a través del medio de control de nulidad siempre y cuando se materialice alguno de los eventos previstos en el artículo 137 ibídem, de lo contrario y, si esto es posible, debe adecuarse la demanda al trámite correspondiente.

3. Caso concreto.

3.1. Conforme a lo expuesto en el capítulo que precede, corresponde al Despacho establecer si la Resolución 3296 de 2014 puede ser controlada a través del medio de control de nulidad, tal y como sugiere el demandante o si por el contrario, su legalidad debe examinarse en nulidad y restablecimiento. Lo anterior, debido a que como se precisó, tal acto es de contenido particular y concreto.

En efecto, tanto la jurisprudencia como la doctrina ha clasificado los actos administrativos, según varios criterios, uno de los más conocidos es el que atañe a la distinción entre actos generales y actos particulares(11).

De acuerdo con esta categorización, los actos generales son aquellos que crean situaciones jurídicas de carácter impersonal y general; en tanto los particulares “hace nacer una situación jurídica que afecta concretamente a una persona o personas determinadas”(12) es decir, son aquellos son aquellos “que crean, modifican, extinguen o afectan una situación jurídica particular, subjetiva, relacionada con una persona jurídica o natural.”(13)

Bajo esta definición es evidente que la resolución atacada es un acto particular y concreto, toda vez que la situación jurídica que en él se crea afecta a un determinado grupo de personas, en este caso, al Movimiento Político MIO, puesto que es respecto de esa colectividad que se decretó la pérdida de personería jurídica y, por ende, el despojo de los derechos que esa prerrogativa conlleva.

En este contexto, corresponde al Despacho examinar si en el caso concreto se acreditó alguna de las causales que el artículo 137 ibídem prevé para la procedencia del medio de control de nulidad respecto de actos particulares y concretos, habida cuenta que solo en esas circunstancias sería posible controlar en nulidad la Resolución 3296 de 2014.

Al respecto se observa que con la demanda no se pretende la recuperación de un bien de uso público, de forma que no se configura el evento previsto en el numeral 2º del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; tampoco de los actos acusados se desprende un efecto nocivo que afecte de manera grave el orden público, social, económico, político o ecológico, ni el demandante presentó algún argumento que permita arribar a la conclusión contraria, razón por la que no se materializa la causal de procedencia del numeral 3º de la disposición en comento.

En efecto, no hay ninguna prueba o siquiera indicio que permita colegir que la decisión del CNE tiene tal impacto sobre las poblaciones afrodescendientes, raizales y palenqueras que constituya una afectación al orden social o político.

Lo propio sucede con la causal contenida en numeral 4º del artículo 137 Ejusdem, debido a que la ley no ha autorizado la procedencia del medio de control de nulidad para los actos a través de los cuales el Consejo Nacional Electoral decrete la pérdida de personería jurídica de un partido o movimiento político; en consecuencia, no puede aseverarse que se está en presencia de dicha excepción.

En este contexto, queda por analizar, únicamente, la causal prevista en el numeral 1º del artículo 137, la cual estipula:

“1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero”.

Conforme a la norma objeto de estudio se colige que esta causal tampoco se materializa en el caso concreto, porque aunque las pretensiones de la demanda se limitan a solicitar la nulidad del artículo 6º de la Resolución 3296 de 2014, lo cierto es que una sentencia anulatoria conllevaría indefectiblemente a un restablecimiento automático del derecho a favor de un tercero, en este caso del Movimiento MIO.

En efecto, en caso de admitirse la demanda y accederse a las pretensiones de la misma, la consecuencia directa e irremediable de la nulidad sería que dicha colectividad política recuperaría de forma automática su personería jurídica, generando así un restablecimiento inmediato para esa agrupación; siendo claro que esta clase de efectos por disposición legal, no puede desprenderse del medio de control de nulidad.

Así las cosas, no cabe duda que tampoco se configura la excepción prevista en el artículo 137.1 de la Ley 1437 de 2011, razón por la que corresponde dar aplicación al parágrafo de la norma ibídem, según el cual “si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”

Bajo este contexto, el escrito introductorio presentado por el señor Prado Cardona contra la Resolución 3296 de 1º de octubre de 2014 debe tramitarse, examinarse y valorarse conforme a las reglas del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, de acuerdo a las disposiciones que rigen el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.2 Ahora bien, para tramitar la demanda de la referencia conforme a las normas del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe tenerse en cuenta que dicha codificación consagra unas disposiciones específicas respecto a cuál es el término en el que debe ejercitarse dicha herramienta judicial, so pena de que se declare la caducidad, y por ende, se restringa el acceso a la administración de justicia.

Al respecto, específicamente el artículo 164 ibídem dispone:

“ART. 164.—Oportunidad para Presentar la Demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”;

En este orden de ideas, se cuenta con 4 meses contados desde la notificación del acto acusado para acudir a la administración de justicia, y por consiguiente, presentar los reparos que considere pertinentes.

Revisado el expediente, se observa que no existe en el plenario ningún medio de convicción que permita establecer la fecha en la que la decisión objeto de demanda quedó en firme. En este orden de ideas, a efectos de establecer si se cumplió con el término de caducidad al que alude el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el medio de control de nulidad y restablecimiento es menester que la parte actora aporte constancia de la ejecutoria del acto acusado.

Así las cosas, se ordenará al señor Prada Cardona que informe al Despacho la fecha en la que la resolución acusada quedó en firme y ejecutoriada. Para dar cumplimiento a lo anterior se le concederá, según lo establecido en el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, un término de 10 días.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

III. RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de nulidad presentada por el señor Gustavo Adolfo Prado Cardona contra la Resolución 3296 de 1º de octubre de 2014 proferida por el CNE.

2. CONCEDER al demandante el término de diez (10) días para que suministre la información requerida, según lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Alberto Yepes Barreiro.

1. En Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de ponente del 9 de marzo de 2017. C.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicado 11001-03-24-000-2016-00480-00 se concluyó que se entienden como actos de contenido electoral, entre otros, el que “otorga o elimina la personería jurídica de un partido o movimiento político”.

2. Se sutiliza este término, porque es el acuñado en la citada ley.

3. Acuñada en Consejo de Estado, Sentencia del 10 de agosto de 1961 con ponencia del magistrado Carlos Gustavo Arrieta.

4. Explícitamente se dijo “Los motivos y finalidades del actor deben estar en consonancia con los motivos y finalidades que las normas asignan a la acción. (...) Distinta es la situación cuando el recurso se dirige contra actos particulares. En este evento, el quebrantamiento de la legalidad no tiene el carácter de continuidad y permanencia, sino que es ocasional y episódico, y sólo afecta directa e inmediatamente a determinada persona.
Cuando se utiliza el contencioso de anulación contra actos particulares, la doctrina de los motivos y finalidades opera en dos formas: si la declaratoria de nulidad solicitada no conlleva el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado, el contencioso popular puede ejercitarse inclusive por el titular de ese derecho; pero si la sentencia favorable a las pretensiones del actor determina el restablecimiento automático de la situación jurídica individual afectada por la decisión enjuiciada, el recurso objetivo no será admisible, salvo que la acción se intente dentro de los cuatro meses de que habla la ley.”

5. Consejo de Estado, Sentencia del 21 de agosto de 1971 con ponencia del magistrado Humberto Mora Osejo.

6. Consejo de Estado, Sentencia del 21 de octubre de 1996 con ponencia del magistrado Daniel Suarez Hernandez.

7. Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso Administrativo, Sentencia del 4 de marzo de 2003 CP. Manuel Urueta Ayola.

8. Al respecto consultar Sentencia T-836 de 2004.

9. En la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011 se precisó que las finalidades de la comisión redactora del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo eran “1. Revisar y proponer la actualización del conjunto normativo referente a la actividad administrativa y los procedimientos utilizados por la administración pública, de acuerdo con la Constitución Política de 1991 y con las realidades socioeconómicas del nuevo modelo de estado y de la administración. 2. Redefinir el objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa, las clases de acciones y procesos y los poderes del juez conforme con las exigencias constitucionales y las transformaciones institucionales, de manera que se pueda controlar eficazmente la legalidad de las actuaciones de la administración, al tiempo que se garantizan los derechos de los administrados, en el marco de una tutela judicial efectiva. 3. Incorporar como legislación las doctrinas jurisprudenciales ya decantadas y pacíficas en todos los asuntos y materias que competen a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 4. Fortalecer tanto en la regulación de la actuación administrativa como en la del proceso contencioso-administrativo, la utilización de nuevas tecnologías, con el objetivo de hacerlos eficientes y facilitar a los usuarios el acceso a las autoridades y a la administración de justicia. 5. Definir los elementos de la oralidad en el proceso contencioso-administrativo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley Estatutaria de la Justicia, Ley 270 de 1996. 6. Consagrar los mecanismos y recursos de unificación de la jurisprudencia por el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” (resalta el Despacho) En Gaceta del Congreso 1173 de 17/11/2009 disponible en http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=1136&p_numero=198&p_consec=24362 consultado el 14 de junio de 2018.

10. Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2015 M.P. Gloria Ortiz

11. Según el profesor Garrido Falla, esta categoría responde a la clasificación según la extensión de los efectos jurídicos

12. Garrido Falla Fernando, Tratado de Derecho Administrativo. Volumen 1, parte general, duodécima edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1994, pág. 422.

13. Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de ponente del 29 de septiembre de 2017, radicación 11001-03-28-000-2017-00032-00 C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.