Sentencia 20318 de febrero 11 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 022

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil tres.

La Sala se pronuncia sobre la colisión negativa de competencias planteada entre los juzgados 31 Penal del Circuito de Bogotá y 6º Penal del Circuito Especializado de esta misma ciudad, en la actuación adelantada contra José Emmer Palacios Moreno por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, definido en el artículo 366 del Código Penal.

Hechos

Al medio día del 7 de junio del pasado año, agentes de la Policía Nacional que cumplían labores de patrullaje en el sector de "canteras", en la calle 69 con carrera 48 sur del perímetro urbano de esta ciudad, sorprendieron a José Emmer Palacios Moreno cuando llevaba entre sus prendas una granada de fragmentación, que adujo se había encontrado momentos antes en ese lugar. El hallazgo de dicho elemento determinó su aprehensión.

Actuación procesal

El informe de la captura brindó fundamento a la Fiscalía 326 Seccional de Bogotá, adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata, para disponer la apertura de la investigación, despacho que vinculó al imputado Palacios Moreno en indagatoria y practicó algunas pruebas. Posteriormente, la Fiscalía 271 de la misma categoría asumió el control de las diligencias y resolvió la situación jurídica en providencia de junio 13 de 2002, mediante la cual afectó al sindicado con detención preventiva por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, tipificado en el artículo 366 del Código Penal.

En la etapa instructiva, atendiendo petición del procesado, la Fiscalía le formuló cargos con fines de sentencia anticipada y como el imputado aceptó la autoría de la referida conducta punible, la actuación fue remitida al reparto de los juzgados penales del Circuito de Bogotá para el proferimiento del respectivo fallo.

En auto de noviembre 6 de 2002, el juzgado 31 penal del circuito de esta ciudad se declaró incompetente para terminar de manera anticipada el proceso, en el entendido que de conformidad con el numeral 5º, del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000, el juzgamiento de las conductas definidas en el precitado artículo 366 del Código Penal le corresponde a los juzgados penales del circuito especializados. Por tal razón, remitió el expediente a tal categoría de funcionarios no sin prevenir que de no ser aceptado dicho argumento proponía colisión negativa de competencias.

A partir de los hechos demostrados en autos y con apego al acta de formulación de cargos, el juzgado 6º penal del circuito especializado de esta capital colige que los mismos “tipifican un delito de porte de municiones (sic) de uso privativo de las Fuerzas Militares”, de competencia de los juzgados penales del circuito con sujeción a las previsiones contenidas en el “artículo 23 del Decreto 2001 de 2002” (sic). En consecuencia, rehusó el conocimiento del proceso, aceptó la colisión propuesta y ordenó el envío del expediente a la Corte para la definición del conflicto.

Consideraciones de la Corte

Al tenor del inciso 2º, artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000, la Sala tiene competencia para dirimir la controversia surgida en la etapa del juicio en torno al conocimiento del presente proceso, pues se plantea en asunto de la jurisdicción penal y se encuentran involucrados en ella un juez penal del circuito especializado y otro funcionario judicial.

En el conflicto que suscita la intervención de la Corte, sin duda le asiste razón al primer despacho referido en precedencia, no obstante el evidente yerro en el que incurre al precisar el fundamento normativo del criterio esbozado y al categorizar el objeto material de la conducta punible investigada, cuya autoría admitió el sindicado en la diligencia de terminación anticipada de la actuación respectiva.

En efecto, el artículo 366 del actual estatuto penal contempla un tipo alternativo y compuesto, pues agrupa varios comportamientos referidos a un mismo bien jurídico, cada uno de los cuales podría configurar por sí sólo un hecho punible autónomo en cuanto comportan diversas formas de afectación de interés tutelado. La disposición en comento incrimina concretamente, las acciones de importar, traficar, fabricar, reparar, almacenar, conservar, adquirir, suministrar o portar, susceptibles de tener diversos y plurales objetos materiales, esto es, las armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas; conductas que por razones de simple técnica legislativa se compendian en una única disposición penal.

La estructura del precepto analizado, entre otros efectos, permite que la competencia para la investigación y juzgamiento de las conductas alternativas y compuestas definidas en él se asignen a diferentes funcionarios judiciales, conforme fue dispuesto en el artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000, disposición en relación con la cual la Sala tiene precisado que la asignación del ámbito funcional de los juzgados penales del circuito especializados, tratándose de la figura en comento, no se extendió a la totalidad de las conductas que por técnica legislativa lo integran, sino que la restringió a algunas de ellas, concretamente, a la fabricación y tráfico de municiones o explosivos, de manera que los restantes comportamientos allí también reprimidos, por virtud de la cláusula general de competencia prevista en el literal b) del artículo 77 de la Ley 600 de 2000, corresponden al conocimiento de los jueces penales del circuito, desde luego, con sujeción además al factor territorial (art. 81 ibíd.).

El Decreto 2001 de 2002, expedido dentro de las facultades derivadas de la conmoción interior, declarada a través del Decreto 1837 del mismo año, prorrogada en el Decreto 2555 de noviembre 8 de 2002, y con el Decreto 245 de 2003, limitó aún más la competencia de los funcionarios especializados y amplió la de los juzgados penales del circuito, pues en el numeral 24, artículo primero, no en la norma invocada por el despacho, dispuso lo seguidamente indicado:

“Artículo 1º. Competencia de los jueces penales del circuito especializados.

“Los jueces penales del circuito especializados conocen, en primera instancia, de los siguientes delitos:

… 24. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal, salvo que se trata del porte o conservación de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas …”.

El Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá con apoyo en el citado precepto del actual estatuto penal, pasando por alto que se encuentra suspendido en su aplicación como consecuencia de la reseñada norma expedida al amparo de la conmoción interior, simplemente predicó la falta de competencia para el conocimiento de este proceso, no obstante informarse en autos del porte de un artefacto catalogado como arma de uso privativo de la fuerza pública en el artículo 8º, literal g) del Decreto 2535 de 1993, conducta que incluso de conformidad con la disposición que invoca estaba sometida a su conocimiento.

Ciertamente, durante la vigencia del numeral 5º del artículo 5º transitorio del estatuto procesal penal, en su interpretación la Sala en lo pertinente concluyó:

“... De las conductas a que se refiere el artículo 366, ibídem, “son de competencia del juez penal del circuito especializado, la fabricación y el tráfico de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares y de municiones para las mismas, entendiendo en la expresión “tráfico” la importación, la reparación, el almacenamiento, la conservación, la adquisición y el suministro.

Y son de competencia del juez del circuito, el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de municiones para las mismas (negrillas fuera de texto).

“En síntesis: son de conocimiento del juez penal del circuito:

“1. El porte de armas de fuego de defensa personal.

2. El porte de municiones de armas de fuego de defensa personal.

3. El porte de explosivos.

4. La fabricación y tráfico de armas de fuego de defensa personal.

5. El porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

6. El porte de municiones para armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

“Son de conocimiento del juez penal del circuito especializado

“1. La fabricación y tráfico de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

2. La fabricación y tráfico de municiones para armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

3. La fabricación y tráfico de municiones para armas de fuego de defensa personal.

4. La fabricación y tráfico de explosivos ...” (1) .

(1) Auto de colisión de competencias de septiembre 28 de 2001, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda, radicado 18.711.

Por otra parte, con la vigencia de la norma proferida bajo el régimen de excepción, aplicable a los procesos en curso al tenor del artículo 3º del Decreto 2001 de 2001, la competencia de los juzgados penales del circuito para el juzgamiento del porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, como quedó atrás reseñado, simplemente resultó reiterada, de manera que ninguna discusión ofrece la del funcionario de esa categoría involucrado en el conflicto.

Resta indicar que la acción ejecutada por el procesado Palacios Moreno, de llevar consigo y entre sus prendas el referido artefacto bélico cuando deambulaba por el sector donde se llevó a cabo la captura, no permite un encuadramiento típico diverso de su porte, como se imputó además desde la medida de aseguramiento; y por último, con miras a rectificar la equivocada apreciación conceptual del juzgado 6º penal del circuito especializado, que de conformidad con el artículo 46 del mencionado Decreto 2535 de 1993 “se entiende por munición, la carga de las armas de fuego necesaria para su funcionamiento y regularmente está compuesta por: vainilla, fulminante, pólvora y proyectil”, condición ni remotamente predicable de las granadas de fragmentación, catalogadas como armas de uso privativo de la fuerza pública en el artículo 8º ibídem, insiste la Corte.

Por todo lo anteriormente esbozado, fuerza colegir que el conflicto negativo de competencias debe definirse asignando el conocimiento del presente proceso al Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, al que se remitirá el expediente en forma directa por la Secretaría de la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DIRIMIR la colisión negativa de competencias planteada entre los juzgados 31 Penal del Circuito de Bogotá y 6º Penal del Circuito Especializado de esta misma ciudad, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto al primero de los despachos mencionados.

2. Por la Secretaría de la Sala enviar el proceso al Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá para los fines indicados en la parte motiva y comunicar esta decisión al juzgado 6º penal del circuito especializado de esta misma ciudad anexando fotocopia de esta providencia.

Cópiese y cúmplase,

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

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