Auto 2088-06 de abril 19 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad. 11001 03 15 000 2006 00135 00 (2088-06)

Actor: Martha Jeanneth Correa Pineda

Procurador 2

Fl. 120

Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil siete.

EXTRACTOS: «CONSIDERA:

La ciudadana Martha Jeanneth Correa Pineda, en ejercicio de la acción pública de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la suspensión provisional y la nulidad del acto administrativo, Acuerdo PSAA06-3650 de 2006, dictado por el Consejo Superior de la Judicatura, “por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”.

Por auto de 30 de noviembre de 2006, se admitió la demanda instaurada y se decretó la suspensión provisional del inciso 3º, del artículo 3º del citado acuerdo, que dispone: “Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación universitaria, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión”.

Consideró la Sala que era evidente la contradición de dicho aparte con el parágrafo 1º del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, que señala: “la experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado (...)”.

La confrontación se efectuó entre los artículos 3º del acuerdo acusado y 161 de la Ley 270 de 1996, cuyos apartes pertinentes se trascribe a continuación:

ART. 128.—Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios de la rama judicial.

Para ejercer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezcan la ley:

(...).

PAR. 1º—La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades.

Acuerdo Nº PSAA 06-3560 del 10 de agosto de 2006. Por el cual se adecuan y modifican los requisitos de los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”.

(...).

ART. 3º—

(...).

Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación universitaria,...”.

Como puede observarse, de la simple lectura de las citadas disposiciones se infiere contradicción entre el acuerdo acusado y la ley, circunstancia que llevó a la Sala a suspender el citado aparte del acuerdo; sin embargo, al examinar nuevamente el asunto, se encuentra que, como lo afirma, el demandado, mediante el acuerdo se adecuan y modifican los requisitos de los cargos de “empleados”, mientras que el artículo 128 de la Ley 270 de 1996, fija requisitos adicionales para el desempeño de cargos de “funcionarios”.

Aunque, a primera visita, tal distinción no sería razón suficiente para modificar la definición de experiencia profesional, considera en esta oportunidad la Sala que es necesario examinar la diferenciación que hace la Ley 270 entre funcionarios y empleados y comprobar si se justifica la tesis expuesta por el Consejo Superior de la Judicatura.

Ahora bien, es cierto que el artículo 161 de la misma ley, faculta a la Sala Administrativa para “establecer” requisitos adicionales para acceder a los cargos de funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Se requiere sin embargo, fijar el alcance de tal potestad para determinar si ella contiene la autoridad para “modificar” los requisitos previstos en la ley.

Estas razones imponen a la Sala reponer parcialmente el auto recurrido, en cuanto decretó la suspensión provisional del inciso 3º del artículo 3º del acuerdo acusado.

Por lo expuesto, se DISPONE:

REPONER el numeral 4º del auto de 30 de noviembre de 2006, en cuanto dispuso decretar la suspensión provisional del aparte “experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación de materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación universitaria, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión” contenido en el inciso 3º del artículo 3º del Acuerdo PSAA-06-3560 de 10 de agosto de 2006, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En su lugar, DENIÉGASE la suspensión provisional solicitada por las razones expuestas.

RECONÓCESE PERSONERÍA al abogado Jorge Mario Rivadeneira Mora como apoderado sustituto de la corporación demandada, en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 83 del plenario.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ana Margarita Olaya Forero—Alberto Arango Mantilla—Jaime Moreno García».

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