Auto 213 de febrero 10 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp. AG-25000-23-06-000-2001-00213-01 fl. 1283, feb. 10/2005

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Jesús Emel Jaime Vacca y otros.

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional.

Asunto: Acción de grupo.

Resuelve la Sala el incidente de nulidad propuesto por el Ministerio Público contra todo lo actuado en el proceso de la referencia, a partir del auto admisorio de la demanda.

I. Antecedentes procesales

1. El 29 de mayo de 2001, Jesús Emel Jaime Vacca y Carmen Fanny López Ortiz quienes obran en nombre propio y en el de sus hijos Sor María, Yihan Carlos y Jesús Jaime López, interpusieron acción de grupo contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional solicitando que se declare extracontractualmente responsable a la demandada, por los perjuicios causados por la omisión en el cumplimiento de su deber de proteger la vida, tranquilidad, los bienes y la seguridad pública de los habitantes del corregimiento de la Gabarra, jurisdicción de Tibú - Norte de Santander (fls. 3 a 30).

2. El 30 de noviembre de 2004, la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, con fundamento en los numerales 4º y 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Explicó que, en el momento de presentarse la demanda, no se acreditó la existencia de un grupo de al menos veinte (20) personas, tal y como lo exige el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, pues la parte demandante sólo estuvo conformada por cinco (5) personas y por tanto media carencia total de poder para representar el mínimo legal exigido; por consiguiente, a su juicio, la acción de grupo es improcedente en este caso.

Alegó que en caso de no ser atendidos estos argumentos, deberá declararse la nulidad, conforme lo dispone el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido vinculado el Ministerio del Interior y el departamento de Norte de Santander, en aplicación del parágrafo del artículo 52 de la Ley 472 de 1998, pues “según la demanda, el hecho de la incursión guerrillera al corregimiento de la Gabarra fue anunciado públicamente por uno de los cabecillas del grupo subversivo, siendo entonces de conocimiento general” (fls. 1264 - 1275).

3. Por secretaría el proceso se fijó en lista el nueve (9) de diciembre de 2004, para anunciar traslado a las partes de la nulidad propuesta por el Ministerio Público (fl. 1278).

4. El apoderado de la parte demandante se opuso a esa solicitud ya que una vez iniciado el proceso “los otros miembros quedan vinculados a la acción, no por expresa voluntad de estos, sino por mandato de la ley, la cual, sin embargo, les confiere la potestad ora de integrarse al grupo de manera explicita (sic) ora de excluirse de él”. Tampoco resulta a su juicio procedente la otra causal de nulidad invocada, pues en este evento no se configura un litis consorcio necesario, por lo que la víctima puede optar por perseguir a uno o a varios de los responsables y no de manera simultánea (fls. 1279 a 1281).

II. Consideraciones de la Sala

La solicitud de nulidad del Ministerio Público será negada porque la demanda reunió todos los requisitos exigidos por la Ley 472 y el trámite que se imprimió al proceso, sigue los lineamientos exigidos en la misma normatividad.

1. La acción de grupo tiene un carácter primordialmente reparatorio y ha sido concebida, en aras de la economía procesal, para que un número plural de personas pueda obtener la reparación de los daños que, individualmente han padecido y que tienen una causa común, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 Constitucional y la Ley 472 de 1998.

2. En reciente providencia (1) , para un caso similar al que ahora se estudia, esta Sala con posterioridad al pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte Constitucional sentó su criterio en torno a los artículos 3º y 46 de la Ley 472, en cuanto se refiere al número mínimo de miembros del grupo que debe presentar la demanda, para que proceda la acción. Allí se indicó que no es indispensable la concurrencia de todos ellos al momento de presentación de la demanda, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, “en la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”, aunque si bien puede ser interpuesta por una persona esta debe actuar en nombre de un grupo no inferior de 20 personas. La demanda debe, pues, establecer los criterios que permitan la identificación del grupo afectado.

3. La Sala encuentra que no asiste razón al Ministerio Público en relación con la no integración del grupo, puesto que en el proceso está acreditado que el grupo está integrado por más de 20 demandantes.

En efecto, si bien la demanda se ejerció únicamente por 5 personas, en ella se señalaron los criterios que permiten identificar el grupo de la siguiente manera:

“El grupo está integrado por las personas que habitaban la cabecera y las áreas rurales, incluyendo las veredas, que integran el corregimiento especial de la Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, para el 29 de mayo de 1999, y que se vieron forzados a desplazarse de su lugar de residencia y domicilio con posterioridad a ese (sic) fecha como consecuencia de la presencia, amenazas y ataques de los grupos paramilitares que ingresaron a esa región del país a finales del mes de mayo de 1999; presencia criminal que fue coordinada y planificada por efectivos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional y el Ejército Nacional (sic) y favorecida en su actuar delictual, unas veces, por complicidad, y en otros por la deliberada omisión en el cumplimiento de deberes legales en los que incurrió la fuerza pública.

El grupo en nombre del cual se impetra esta acción, son los habitantes de las zonas rurales y la cabecera del corregimiento especial de la Gabarra, que padecieron con posterioridad al 29 de mayo de 1999, la incursión paramilitar y las amenazas de estos contra pobladores de esa (sic) corregimiento; grupo de personas que como consecuencia de esto tuvieron que refugiarse en la República Bolivariana de Venezuela y/o desplazarse forzadamente de su lugar de domicilio a otros lugares del país, padeciendo daños morales, de vida en relación y patrimoniales.

El criterio para acreditar la pertenencia al grupo, para los individuos que estén ausentes del proceso, será probando con cualquier medio de convicción que tenía domicilio en la cabecera o áreas rurales del corregimiento de la Gabarra para el 29 de mayo de 1999 y fue víctima de desplazamiento por la presencia paramilitar a esa región; o con la presentación de la denuncia de haber sido desplazados en aquella fecha o los días posteriores; o demostrando que aparece inscrito en el registro nacional de desplazados como afectado por ese fenómeno y como lugar de expulsión el área urbana o rural de la Gabarra con posterioridad a la fecha indicada; o demostrando que aparece en los registros de refugiados o desplazados elaborados por autoridades públicas de Venezuela y Colombia; o demostrando con cualquier otro documento público la calidad de desplazado de La Gabarra.

El grupo de individuos perjudicados con la acción y omisión de agentes públicos pertenecientes a las entidades demandadas, como se probará en el trámite de la acción, es de tres mil quinientas (3500) personas” (fl. 10).

Dichos criterios son suficientes para identificar los miembros del grupo afectado y concluir que está integrado por más de veinte personas, tal y como lo consideró, en su momento el a quo al admitir la demanda.

En efecto, desde el momento en que se presentó la demanda, se demostró que, Jesús Emel Jaime Vacca, Carmen Fanny López Ortiz, Sor María Jaime López, Yihan Carlos Jaime López y Jesús Jaime López, quienes otorgaron poder para interponer la acción de grupo en nombre de todos los desplazados del corregimiento de la Gabarra, jurisdicción de Tibú, reúnen la condición señalada en la demanda como criterio para identificar el grupo, según se acreditó mediante declaraciones extrajuicio y oficio de la directora técnica para atención a la población desplazada de la red de solidaridad social, donde se lee que el número de desplazados por este caso asciende a 2.185 personas (fls. 35 a 381).

Al encontrarse probado en el proceso que los demandantes reúnen las condiciones expuestas en la demanda como criterio identificador del grupo, es claro para la Sala que, de conformidad con el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, están legitimados para ejercer la acción en nombre de un grupo que aparece como superior a 20 personas.

En tal virtud, no se configura en este caso la nulidad prevista en el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

4. En cuanto hace a la nulidad formulada en los términos del artículo 140-9 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse notificado la demanda al Ministerio del Interior y al Departamento de Norte de Santander, tampoco tiene vocación de prosperidad.

4.1. En relación con la nulidad por falta de notificación del Ministerio del Interior, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, la Nación estará representada, entre otros, por el ministro “que expidió el acto o produjo el hecho”, por lo que si la omisión se endilga en la demanda a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, la demanda se notificó correctamente a dichas entidades.

4.2. En lo que respecta a la nulidad por no vinculación del departamento del Norte de Santander, la Sala destaca que tampoco en este evento se presenta causal de nulidad, puesto que en caso de que se atribuya responsabilidad por ese hecho a la citada entidad territorial, ésta integraría un litis consorcio facultativo, lo que conlleva que bien podía ser citado como demandado, o en cambio, como se hizo en este caso, optase solo por vincular a uno de los señalados como responsables.

Además, si bien parágrafo del artículo 52 de la Ley 472 prevé que “…cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia, de oficio ordenará sus citación”, el Ministerio Público que fue quien propuso la nulidad, se limitó a afirmar que “según la demanda” la incursión subversiva fue anunciada públicamente, sin que señalara en su escrito prueba alguna que soportara esta afirmación, y sin que de la misma se revele la circunstancia de que el departamento de Norte de Santander pueda ser otro posible responsable a quien haya que citar al proceso.

Por lo expuesto, se,

RESUELVE:

1. DENIÉGASE la nulidad propuesta contra todo lo actuado dentro del proceso de la referencia.

2. CONTINÚESE con el trámite del proceso.

Cópiese, notifíquese cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio, Presidenta de Sala—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 30 de septiembre de 2004, radicación 250002325000200400028 01, actor: Edilma María Solano y otros. Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Referencia Acción de grupo.

(2) Sentencia C-569 de 2004.

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