Auto 21302 de agosto 19 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN DE OFICIO EN MATERIA PENAL

NO ES NECESARIO QUE LA DEMANDA HAYA REUNIDO LOS REQUISITOS FORMALES

EXTRACTOS: «1. Es indiscutible que la demanda no satisface el requisito de claridad y precisión en la formulación de los cargos consagrado en el numeral 3º del artículo 212 del Código de Procedimiento Penal.

2. De acuerdo con la lógica que rige el recurso de casación, cada cargo que se proponga en contra de la sentencia debe ser autosuficiente al propósito de remover sus fundamentos.

Esa regla, sin embargo, fue desconocida por el casacionista, quien en cada uno de los diez primeros cargos atacó un argumento probatorio del fallo impugnado, de tal suerte que tendrían que prosperar todos ellos para derribarlo. Y en el reproche once, que es como un resumen, relacionó los indicios que condujeron a la condena de su defendido y a ellos opuso las conclusiones a las cuales arribó en los anteriores, anotando finalmente que en el proceso no se logró establecer quién fue el autor del homicidio, si “El Caballo” o el acusado, y que entonces los juzgadores no aplicaron el mandato legal que les imponía la resolución de esa duda a favor del último.

Lo razonable frente a una situación como la planteada, en la cual se vincula el resquebrajamiento de la sentencia a la concurrencia de varios errores en la apreciación probatoria, es que los mismos se presenten al interior del mismo cargo con respecto del principio de no contradicción, siendo deber del recurrente acreditarlos y demostrar su trascendencia, es decir, que de no haberse incurrido en ellos la orientación de la decisión habría sido diferente.

La falencia del casacionista, no obstante, podría ser excusada si se establece que cada error propuesto en cargo separado fue debidamente acreditado e igualmente que conjuntamente los mismos logran desvirtuar los términos de la sentencia. Pero no es así, como se pasa a ver.

3. A través de la causal primera de casación, que fue la que invocó en casi todas las censuras, es viable denunciar, como es sabido, errores de juicio o in iudicando, de naturaleza jurídica o probatoria.

3.1. En el primer caso, al impugnante no le está permitido discutir la apreciación probatoria, pues en tal hipótesis la transgresión de la ley es la consecuencia directa de un error estrictamente jurídico, originado en la aplicación indebida de la norma sustancial, en su falta de aplicación o en su interpretación errónea.

3.2. En el segundo caso, la violación de la ley se produce de manera indirecta, como resultado de errores en la apreciación probatoria, que pueden ser de hecho o de derecho, teniendo lugar los primeros cuando el juzgador supone u omite pruebas (falso juicio de existencia), cuando distorsiona o altera su contenido material (falso juicio de identidad), o cuando realiza la apreciación probatoria con desbordamiento de la sana crítica (falso raciocinio); y los segundos, cuando el juez aprecia pruebas inválidas o cuando tiene como tales pruebas válidas (falso juicio de legalidad) o cuando considera que la prueba tiene tarifa legal, no teniéndola, o estando sujeta a ella desconoce el valor o la eficacia probatoria que la ley le asigna (falso juicio de convicción).

4. Violación indirecta del artículo 29 de la Constitución Nacional a causa de errores de hecho es el enunciado común a los diez primeros cargos de la demanda, de los cuales tres (primero, octavo y noveno) se refieren a falso juicio de existencia y los otros siete a falso juicio de identidad.

5. La primera modalidad de error de hecho antes anotada, se configura cuando el juzgador omite considerar medios de prueba válidos que obran en el proceso o cuando los supone o se los inventa.

Plantear una irregularidad así en casación, por lo tanto, le impone al sujeto procesal que lo hace, en primer lugar, determinar el medio probatorio ignorado o supuesto y, en segundo, demostrarle a la Corte la repercusión del error en la sentencia.

En el presente caso el recurrente ni siquiera cumplió el primer requisito en los citados cargos.

(...).

10. De otro extremo y no obstante la anterior conclusión de fracaso total de los cargos propuestos en la demanda casacional, advierte la Sala la ostensible infracción a la garantía fundamental de favorabilidad porque frente a hechos sucedidos en vigencia del Código Penal de 1980, el cual permitía en su artículo 44 un máximo de 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas, se le impuso al procesado esa sanción con fundamento en el código que rige por el mismo lapso de la pena principal (13 años), afrenta que se debe corregir con soporte en estas razones:

10.1. A cada tipo de Estado corresponde una sistemática procesal penal. Al Estado de derecho en su primera fase de liberal, le fue coherente un proceso penal respetuoso de las garantías individuales del ciudadano, también conocido como Estado legislativo de derecho porque en procura de lo anterior, todo giraba alrededor de la ley como expresión de la voluntad popular mientras que el juez no era más que “la boca de la ley”. En su segunda etapa, de social, le es afín un proceso penal social caracterizado por irradiar los derechos de todos los intervinientes procesales en igualdad de condiciones, esto es, sin privilegio ni discriminación para sujeto procesal alguno. Y en el último trayecto de evolución, de Estado social y democrático de derecho y, especialmente, de Estado constitucional de derecho, afianzados en el pluralismo político y en la colectividad de valores, se ha incluido directamente la carta de derechos o parte dogmática del estatuto fundamental —comprendido el bloque de constitucionalidad— en la sistemática procesal y consecuentemente en el circuito jurisprudencial para convertir como principal fuente de su legitimidad el amparo y la efectividad de los valores, principios y derechos esenciales, dialéctica importante distinguida como la constitucionalización del proceso penal y que comprende su doble hermenéutica de procesalismo y de procedimentalismo, rompiendo amarras también el juez con la concepción meramente mecánica de su función para remontarse a la racionalidad y razonabilidad de sus decisiones como el apoyo de su autonomía e independencia, concepción política englobada en la teoría del garantismo penal y que señala como legitimación de la tarea judicial la de ser garante de los derechos fundamentales.

10.2. Los tribunales de casación surgieron en los tiempos modernos en vida del Estado liberal de derecho con el fin de prevenir las desviaciones de los jueces del texto de la ley, pero el debido proceso casacional también ha sido irradiado por la tipología del Estado. Brevemente dígase que en Colombia el recurso extraordinario pasó de ser un mero juicio de legalidad a la sentencia, a unas dimensiones más afines con el vigente Estado social y democrático de derecho (Const. Pol., art. 1º) que, en protección de las garantías fundamentales de todos los asociados, permitiera la casación oficiosa y —más adelante en el camino evolutivo— la casación excepcional —en postrimerías y en respeto a la igualdad— a disposición de todos los sujetos procesales.

10.3. Y primero requirió el tribunal de casación para el logro de una decisión oficiosa, una demanda en forma. Avanzó, ante el apremio mayor especialmente del acervo axiológico superior en punto de los valores dignidad humana, justicia y orden justo (preámbulo); del principio según el cual las autoridades están instituidas para la protección de los derechos esenciales de las personas (Const. Pol., art. 2º); y, de los derechos fundamentales al debido proceso (Const. Pol., art. 29) —en el cual se involucra el de la prevalencia del derecho sustancial (procesalismo) a lo meramente formal (procedimentalismo), Const. Pol., arts. 29 y 228—, y al acceso a la administración de justicia (Const. Pol., art. 229), a flexibilizar la rigidez a ultranza de la técnica para permitir que, no obstante la falta de exquisitez en la claridad y precisión de los cargos, sí podía el juez de casación advertir el fin que perseguía el recurrente, entrara a ajustar la demanda y adelante a resolver de fondo, comprendiendo inclusive al no recurrente de situación jurídica similar a la del casacionista exitoso (1) .

10.4. Ahora bien: la Corte Constitucional, al fijar los alcances del término “podrá” incluido en el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal (2) , señaló:

“La expresión ‘podrá’ no hace referencia a una especie de discrecionalidad absoluta de la Corte Suprema de Justicia por cuya virtud, ante la violación de las garantías fundamentales por la sentencia que examina en casación, estaría facultada por la norma para decidir a su arbitrio si casa o no casa la sentencia. El correcto entendimiento de la norma enseña que mediante la expresión ‘podrá’, lo que el legislador pretendió fue introducir una autorización para que la Corte case la sentencia en la que se perciba ostensiblemente el vicio anotado, a lo cual procederá de oficio, pues de lo contrario, se expondría ella misma a quebrantar esas garantías” (3) .

10.5. Esa autorización-deber para la Corte casar la sentencia de oficio cuando perciba una evidente transgresión de los derechos fundamentales —se reitera— no está atada a que la demanda reúna todos los requisitos formales pues ello significaría desdibujar su condición de órgano límite de la jurisdicción ordinaria y de juez constitucional garante de las prerrogativas esenciales en el caso concreto. Vale decir:

Un caso llega a la Corte cuando el sujeto procesal ha interpuesto oportunamente el recurso extraordinario, le ha sido concedido y ha presentado, también en término, la demanda correspondiente. Entonces verifica la Sala que ese trámite se encuentre ajustado a la ley: que la sentencia admitía el recurso, que se presentó y sustentó puntualmente, que el impugnante contaba con interés para interponerlo y, además, emprende el examen formal del libelo para la calificación de la demanda, momento en el cual la Corte accede al conocimiento de los hechos, al trámite de la actuación y a variada información procesal que surge del estudio de los cargos y de la eventual comprobación de su contenido, que puede abocarla —no obstante la improsperidad de las censuras— ante una situación de ostensible violación de una garantía fundamental, que no le es posible obviar a riesgo de contrariar los referidos mandatos constitucionales y legales.

10.6. Como se referenció atrás, a Correa le fue impuesta —además de la pena principal correspondiente— la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas durante 13 años frente a hechos ocurridos en 1999. Así las cosas, para que conceptúe únicamente sobre la posible transgresión de la garantía de favorabilidad, se dispondrá correr traslado de la actuación a la procuraduría por el término de 20 días establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre del procesado Juan Carlos Correa Cristancho.

2. Para que conceptúe sobre la posible vulneración de la garantía constitucional de favorabilidad al procesado, CORRER traslado de la actuación a la procuraduría por el término de 20 días.

Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(Auto de agosto 19 de 2004. Radicación 21302. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

(1) Corte Suprema de Justicia, casación, noviembre 5 de 2003, M.P. Yesid Ramírez Bastidas.

(2) “Limitación de la casación. En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Pero tratándose de la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220 (CPP/2000, art. 207), la Corte deberá declararla de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales”.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-657 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, reiterada en la sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto que me merecen las decisiones de la Sala, presento a continuación las razones de mi disenso con la determinación adoptada por la mayoría, pues considero que ella, al inadmitir la demanda de casación presentada a nombre del procesado para a la vez disponer un trámite que no está previsto en la ley con el fin de evaluar la posibilidad de casar de oficio la sentencia por una presunta vulneración de derechos fundamentales, rompe de tajo la estructura del proceso y desconoce los institutos que le están anejos.

En efecto, la casación, tal y como quedó concebida en las disposiciones que por razón de la inexequibilidad de la Ley 553 de 2000 y las pertinentes de la Ley 600 del mismo año, recobraron vigencia —D. 2700/91—, es un medio extraordinario de impugnación llamado a cumplir las finalidades constitucionales de la prevalencia del Estado social de derecho, el imperio de la ley, la realización del derecho sustancial y la unificación de la jurisprudencia nacional, según se desprende de lo preceptuado en el artículo 235-1 de la Carta Política, por lo que no puede confundírsele con los recursos de la vía ordinaria.

Igualmente, la casación como un juicio de legalidad que se emite sobre la sentencia, tampoco puede entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, Iimitada y excepcional del mismo.

La pretensión impugnativa en casación siempre tiene un objeto preciso y diferente al de las instancias; regido por causales específicas señaladas por la ley, con cargos que han de adecuarse a estas y que se deciden por una nueva sentencia. Por lo tanto, es diferente y diversa en objeto y contenido de la que se profirió por los falladores de primero y segundo grados en el proceso respectivo.

Ciertamente, esa configuración de la casación como recurso extraordinario no es campo vedado para que, reconociéndose el influjo que el proceso penal recibe de los principios y valores que emanan de la Carta Política, que para todos los efectos de la actividad estatal, incluida la jurisdiccional, estatuyó el modelo de Estado social y democrático de derecho para Colombia, la Corte también propenda por la salvaguarda de los derechos esenciales de las personas, la tutela del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del acceso a la administración de justicia, que tan caros resultaron en la decisión de cuyo contenido me aparto.

Pero alcanzar esos loables propósitos no justifica el empleo de cualquier medio, porque aun dentro de ese contexto toda función está sometida a muy precisos límites y se desarrolla con arreglo a determinadas competencias.

No cabe duda que el legislador y la jurisprudencia de esta Corte, de modo paulatino, han venido flexibilizando los rigores para acceder a la casación, ejemplo de lo cual es, como se puntualiza en la decisión de la que disiento, la introducción de institutos como la casación oficiosa y la excepcional, circunstancia que, sin embargo, no sustrae la naturaleza extraordinaria de este medio de impugnación.

También es cierto que la doctrina de la Corte venía entendiendo, hasta ahora, que para entrar a casar de oficio una sentencia debía mediar una demanda en forma, esto es, que hubiese superado el examen formal y, por ende, el trámite subsiguiente, el del traslado al procurador delegado, y que a pesar de desestimar sus fundamentos, por advertir la presencia evidente del quebranto a una garantía, se allanaba el camino al quiebre del fallo. Un ejemplo de esa tendencia lo constituye un reciente pronunciamiento de la Sala:

“La Corte adquiere competencia para conocer de la casación, solo a partir de la presentación de una demanda en debida forma y de la existencia de un interés jurídico para recurrir —L. 600/2000, art. 213—, siendo ilegítima cualquier intervención suya sin el cumplimiento de dichos presupuestos, los cuales no pueden ser obviados con los enunciados genéricos de disposiciones constitucionales que la harían procedente.

Aceptar —sin más— la tesis propuesta a partir de la prevalencia del derecho material, la vigencia de un orden justo como fin esencial del Estado y del principio de preeminencia de las normas y valores constitucionales que irradian al universo jurídico interno, ni más ni menos sería desquiciar el ordenamiento jurídico cuya defensa se propugna, pues por esa vía cualquier sujeto procesal entendería encontrarse frente a una violación de sus garantías, que obligaría a la Corte a contrariar el orden que se quiere proteger y a desvirtuar la naturaleza de la casación que en nuestro medio es esencialmente un juicio de legalidad.

Repárese en que la intervención oficiosa de la Corte, permitida por el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal para declarar nulidades requiere que la demanda, háyase o no invocado la causal tercera del artículo 207 no prospere, pero aun así se advierta la irregularidad sustancial a corregir, comoquiera que la limita a tener en cuenta únicamente las causales ‘expresamente alegadas por el demandante’. Pero así mismo, prevé la posibilidad de casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma afecta las garantías fundamentales” (Sent. jul. 8/2004, Rad. 20.323, M.P. Alfredo Gómez Quintero).

Incluso, poco antes fue más allá y al constatar que respecto de un procesado que no había recurrido la sentencia de primera instancia ni tampoco interpuso casación, se le habían vulnerado sus garantías fundamentales, hizo uso de la potestad de casación oficiosa consagrada en el artículo 216, pero de todos modos, después de haberse surtido la plenitud del trámite presupuesto de la sentencia de casación (Cfr. Sent. mayo 12/2004, Rad. 20.114, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

Cabe decir que en tales ocasiones y en algunas otras en las cuales esta corporación le dio lugar a casar de oficio una sentencia, lo hizo con plena competencia, en ejercicio cabal de sus atribuciones que como Corte de Casación le confiere el artículo 235-1 de la Constitución y la ley.

Pero la singular solución que ahora adoptó está por fuera del ámbito dentro del cual la Corte puede ejercer de manera legítima su atribución como Corte de Casación.

El capítulo IX, del título V del Código de Procedimiento Penal, dedicado a la casación, integrado con las normas del Decreto 2700 de 1991 que revivieron en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de algunos preceptos de la Ley 553 de 2000, así como de la Ley 600 de ese año (Sent. C-252/2001), atinentes al recurso extraordinario, conforman unidad secuencial, lógica y racional.

De esa forma, señala los eventos en los que procede la casación (art. 205), fija las causales susceptibles de ser invocadas (art. 207), prevé quiénes están legitimados para presentar la demanda (art. 209), se ocupa del trámite que opera una vez interpuesto el recurso (D. 2700, art. 224 y L. 600, art. 211), especifica los requisitos que debe contener el libelo (art. 212), estatuye el efecto que se deriva de no superarse el examen formal de la demanda al momento de su calificación o lo que ocurre si está presentada en debida forma (art. 213), establece el principio de limitación y la posibilidad de casación oficiosa (art. 216), y traza los derroteros a seguir en caso de que la Corte acepte como demostrada alguna causal (art. 217).

A despecho(sic) de que lo que sigue pueda llegar a ser tachado de puro formalismo, cabe destacar que en punto de la demanda de casación, la Corte tiene contacto en dos ocasiones: la primera, cuando la califica, esto es, al momento de verificar si satisface los condicionamientos para su admisibilidad; frente a esta oportunidad, puede ocurrir que la admita y que, en consecuencia, le dé traslado al procurador delegado para que emita su opinión sobre el mérito del libelo; o, al contrario, puede suceder que por no reunir alguno de los requisitos legales que la hagan viable, la inadmita y, en consecuencia, ordene la devolución del expediente al tribunal de origen.

El otro momento se contrae al estudio de fondo del problema propuesto en la respectiva censura, si la demanda ha sido admitida y después de conocerse el criterio del Ministerio Público sobre el particular.

Si nos detenemos en el instante en que la Corte sopesa la capacidad formal de la demanda, cabe reflexionar sobre el efecto de la decisión que no la encuentra ajustada a las exigencias formales de ley. El canon 213 del estatuto adjetivo de manera clara establece, que en tal caso se inadmite el escrito y se devuelve el expediente al despacho de origen.

¿Qué fenómeno se produce en tal situación? Que hasta allí llega el trámite de la casación y lo que tenía carácter suspensivo, esto es, la sentencia demandada, adquiere firmeza y, por tanto, el carácter de cosa juzgada.

Otro interrogante ¿puede la Corte conservar la competencia para examinar una sentencia o todo el proceso a pesar de que inadmitió una demanda de casación? No. La atribución que tiene como Corte de casación, conferida por el artículo 235-1 de la Carta Política, dirigida a cumplir las elevadas finalidades que traza el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, se desarrolla, de un lado, de conformidad con los fines y principios que inspiran la Constitución y, por otro, de acuerdo con los parámetros legales.

Siendo eso así, al prorrogar su injerencia —que no competencia— en el asunto, después de que ha inadmitido una demanda, ya no actúa como órgano de casación y mal podría, entonces, pretender corregir algún entuerto, por más protuberante que sea, por medio de una sentencia de casación, así se invoque la potestad oficiosa consagrada en el artículo 216.

Expresado de otro modo, en tal escenario la Corte ya no actúa de conformidad con la facultad que le difiere el artículo 235-1 constitucional y ni siquiera como una tercera instancia, sino como una corporación de plena jurisdicción, quizá a la manera del grado de consulta, el cual hoy no opera en el proceso penal, pero en todo caso la determinación que llegare a adoptar no tiene el carácter de sentencia —menos de una de casación— ni puede incidir en algo que ya ha tomado la fuerza de cosa juzgada material. Esto equivale a solucionar una evidente vía de hecho (fenómeno que tendría solución a través de otros mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico) —el supuesto desconocimiento del principio de favorabilidad—, con otra vía de hecho: una decisión sin competencia del órgano que la produce.

Lo que se acaba de señalar no significa que la Corte deba permanecer indiferente a hipótesis como la concretada en la sentencia a que se refiere la decisión de la que me aparto. En tales casos lo que se debe buscar es una solución que no acarree el rompimiento de las instituciones jurídico procesales, en orden a que prevalezca el derecho sustancial sobre lo formal y a salvaguardar las garantías de los sujetos procesales, en particular las debidas al procesado.

Por eso, nada se oponía a que, no obstante la ineptitud formal de la demanda y al detectarse de modo objetivo que la sentencia rompió con el orden jurídico y reportó agravios no reparables de otra manera en virtud de un yerro que no fue denunciado en ella, pero que constituye motivo de casación, fuesen salvados los defectos técnicos, se ajustara el libelo, se corriera traslado al procurador delegado y luego, ahora sí en ejercicio de su natural competencia, la Corte entrase a hacer uso de la facultad de casar oficiosamente el fallo, luego de desestimar el contenido de la censura.

Lo anterior resulta menos exótico que la solución tomada en la providencia de la cual discrepo y que, ya no de lege ferenda, se aproxima a lo que entrará a regir en virtud de la Ley 906 de 2004, cuyo artículo 184, inciso 3º, establece que

“En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” (negrillas no originales).

En síntesis, como la Corte no tiene competencia para casar un fallo después de que por razones de forma inadmitió la demanda de cesación, estimo que en esta oportunidad no ha debido inadmitir el libelo ni mucho menos, después de haberlo hecho, correr traslado al procurador delegado, porque ante esta última situación la corporación perdió la facultad de obrar como Corte de casación.

Sigifredo Espinosa Pérez 

____________________________