Auto 2139 de octubre 8 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

NO AFECTA LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD

EXTRACTOS: «Preceptúa el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991:

“La tutela como mecanismo transitorio.

Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para entrar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de este...”.

Del contenido de la norma transcrita se infiere que, como mecanismo transitorio y para evitar un perjuicio irremediable, no obstante existir otro medio de defensa judicial, procede la acción de tutela. Esta norma regula los efectos favorables del fallo, en dos hipótesis:

a) Si se ejerció la acción pertinente antes de la tutela, los efectos favorables de ésta se prolongan en el tiempo mientras dure el proceso que se instauró.

b) Si se ejerció la acción de tutela y no se ha iniciado el proceso judicial respectivo, al cabo de cuatro meses contados a partir del fallo, cesan los efectos favorables del mismo.

No puede entenderse que al señalar la norma “En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela”, se esté concediendo un plazo adicional de caducidad, toda vez que el artículo 8º sólo gobierna el evento de los efectos de la favorabilidad del fallo de tutela, y, la institución de la caducidad no puede estar condicionada o supeditada a dicha favorabilidad, como quiera que, de una parte, las acciones judiciales se pueden ejercer independientemente de que se haya utilizado o no tal acción constitucional, y, de otra parte, es potestativo accionar o no, en tanto que del contenido de la norma en cita se deduce la consagración de un imperativo para lo que respecta a los efectos favorables del fallo.

Tampoco puede creerse que el artículo en mención suspende o interrumpe el término de caducidad de que trata el artículo 136 del C.C.A., dado que la suspensión o interrupción solo procede por expreso mandato legal, y, la caducidad por ser de orden público corre ininterrumpidamente, inexorablemente, es decir que ni aún la fuerza mayor o el caso fortuito pueden afectarla.

La Sala Plena de esta Corporación en providencia de 24 de enero de 1992, al estudiar la disposición contenida en el artículo 8º, hace hincapié en que no se está creando un nuevo plazo de caducidad, sino resurgiendo al lapso de cuatro meses el que fuere superior, obviamente en lo que atañe a los efectos favorables del fallo de tutela. Ello quiere decir, que si por ejemplo, para d ejercicio de una acción contenciosa se dispone de un término de dos años, y si previamente se hizo uso de la acción de tutela, como mecanismo transitorio, no tiene razón de ser que los efectos favorables del fallo se prolonguen en lo que resta del término para el ejercicio de la acción, sino que únicamente cobijan hasta un lapso máximo de cuatro meses, precisamente para no desnaturalizar la transitoriedad del mecanismo utilizado y la prontitud e inmediatez con que se debe actuar para la protección de los derechos tutelables.

(Auto de octubre 8 de 1992. Expediente 2139. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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