Auto 21698 de febrero 25 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN

NO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Magistrado Ponente

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Radicación 21.698

Bogotá, D.C., febrero veinticinco de dos mil cuatro.

Vistos

Mediante sentencia del 7 de octubre del 2002, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró la extinción del dominio de todos los derechos reales, principales y/o accesorios de bienes de propiedad de la señora Marleny Parra Angarita, y negó similar medida en relación con Fabio Arpidio y Gilberto Augusto Gómez Zuluaga.

El fallo fue apelado por el apoderado de la señora Parra Angarita, y el tribunal superior de la misma ciudad lo confirmó el 15 de mayo del 2003.

El mismo defensor acudió a la casación excepcional.

Antecedentes

1. Mediante informe del 11 de septiembre de 1998, la policía judicial, Dijín, de Bogotá, puso en conocimiento de la fiscalía que la señora Marleny Parra Angarita fue detenida el 26 de noviembre de 1996 en Nueva Jersey (Estados Unidos) por posesión y distribución de heroína, conducta por la cual fue condenada. Relacionó varios bienes adquiridos por la misma, “con el fin de que se proceda a estudiar la aplicación de la Ley 333 de 1996”.

2. Con base en esos hechos, se inició acción para la extinción del derecho de dominio, que finalizó con las sentencias citadas.

3. El apoderado de la afectada presentó recurso y demanda de caución discrecional,

“con el fin de que se garanticen los derechos fundamentales y se desarrolle la jurisprudencia. En especial se proteja los siguientes derechos fundamentales: a presentar pruebas y controvertirlas, a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, a la protección integral de la familia, al patrimonio familiar, el derecho a una vivienda digna, a la propiedad privada, al acceso progresivo a la propiedad de la tierra o vivienda y al cumplimiento de la Constitución y las leyes”.

Consideraciones

La Sala rechazará la demanda por las siguientes razones:

1. El artículo 205 del Código de Procedimiento Penal dice que

“La casación procede contra las sentencias... proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial..., en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años...”.

“De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales”.

De la interpretación sistemática de la disposición surgen dos formas de acceder al recurso extraordinario de casación:

a) La común, que procede si se reúnen las siguientes exigencias: una, que la decisión cuestionada sea un fallo de un tribunal superior; dos, que este hubiese sido emitido en sede de segunda instancia; tres, que el juicio se hubiere adelantado en razón de un delito; y, cuatro, que la sanción legal prevista para esa conducta sea privativa de la libertad, con un límite inferior que supere los 8 años.

b) La discrecional o excepcional, cuya concesión compete a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de sentencias “distintas a las arriba mencionadas”, esto es, a las previstas para el recurso normal.

Así, la Corte puede otorgarla cuando se cumplan estos presupuestos: 1) que se intente contra una sentencia proferida en segunda instancia (por jueces o tribunales); 2) que el proceso se hubiere tramitado por un delito; y, 3) que la pena prevista por el legislador sea diversa de la privativa de la libertad, o esta con un mínimo inferior o igual a 8 años de prisión.

Es claro, entonces, que la ley reservó la casación, en cualquiera de sus modalidades, exclusivamente para procesos penales, adelantados por delitos, y formalmente culminados con sentencia de segunda instancia. Por tanto, excluyó todo otro tipo de proceso o trámite, los procesos por contravenciones y los juicios de única instancia.

Desde este punto de vista es nítido, así, que la acción de extinción del derecho de dominio no se halla cobijada por el recurso extraordinario de casación.

2. Las Leyes 333 de 1996 y 793 del 2002 fijaron las reglas para la extinción del derecho de dominio sobre bienes adquiridos en forma ilícita.

Según esos estatutos, “La acción de extinción de dominio... es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real” (arts. 7º y 4º de las Ls. 333/96 y 793/2002, respectivamente), y “distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales” (arts. 8º y 4º, en el mismo orden).

En consecuencia, si de manera expresa el legislador dispuso que la acción de extinción del derecho de dominio fuera diversa del proceso penal, es obvio que prevista la casación respecto de procesos penales que concluyen con sentencia de segunda instancia, no es viable frente a actuaciones de índole diferente.

3. Los artículos 30 de la Ley 333 de 1996, y 7º de la Ley 793 del 2002, dicen que en virtud del principio de integración el funcionario debe acudir al Código de Procedimiento Penal. Pero las mismas disposiciones fueron igualmente explícitas en cuanto ello es posible solamente para llenar vacíos, es decir, para aquellos aspectos que no se encuentran reglamentados en esos estatutos.

Y en lo que tiene que ver con los recursos, no hay ninguna insuficiencia, pues con claridad la propia legislación particular prevé los recursos ordinarios y el grado de consulta. Desde este ángulo, por consiguiente, no existen lagunas legales y, por ende, no hay lugar a la remisión al Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Rechazar el recurso de casación discrecional interpuesto.

Contra esta decisión no procede ningún recurso. Notifíquese y cúmplase.

Yesid Ramírez Bastidas—Herman Galán Castellanos—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Mauro Solarte Portilla. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria

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