Auto 222 de julio 30 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

JURISDICCIÓN COACTIVA

SUSPENSIÓN POR PREJUDICIALIDAD

EXTRACTOS: «La excepción de “pleito pendiente”, medio de defensa contemplado como tal en el numeral 10 del artículo 97 del CPC., puede ser oponible, como bien lo expresa la proponente, cuando existe otro proceso en curso que involucra a las mismas partes, versa sobre los mismos hechos y su objeto es común.

Pero, pasa por alto la excepcionante, la cuestión que es materia del presente proceso ejecutivo es apenas en apariencia semejante a la que se debate en el contencioso administrativo donde se ha demandado en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la Resolución 0193 de 22 de enero de 1988, y su confirmatoria 4252 de 29 de noviembre siguiente, ambas expedidas por la Superintendencia Bancaria, pues, la realidad es que mientras en el ejecutivo la Nación, que es parte demandante, persigue por vía de jurisdicción coactiva la satisfacción de una obligación insoluta a cargo de Granahorrar con fundamento en un acto administrativo ejecutoriado que goza de presunción de legalidad, en el proceso ordinario, este contencioso y declarativo, donde el demandante no es la Nación sino quien aparece como demandado en el ejecutivo, se busca o es objeto no el cumplimiento del acto o resolución cuestionada sino la invalidación de la misma mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por demás, el demandado en el ejecutivo lo es Granahorrar, mientras que en el ordinario de nulidad lo es la Nación.

Por consiguiente, de las circunstancias alegadas por la parte ejecutada mal podría concluirse la configuración de la excepción previa de “pleito pendiente”, cuando sólo en el evento de existir actualmente otro proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva contra la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, para hacer efectivas las sanciones pecuniarias impuestas mediante la Resolución 0193 y su confirmatoria 4252, sería procedente.

No obstante, es oportuno señalar que si el acto o actos administrativos con base en los cuales se adelanta el proceso ejecutivo están siendo controvertidos ante la jurisdicción contencioso administrativa, muy bien podría darse el fenómeno de la prejudicialidad, en razón de estar pendiente de definición la validez y eficacia de los mismos, de alcance particular, y la ejecución dependería de la decisión que allí se adopte.

Ese fenómeno de prejudicialidad específica de jurisdicción u heterogénea, pero no pleito pendiente porque, como se dejó visto, la cuestión litigiosa, aunque conexa, es enteramente diferente, da lugar solamente a la suspensión del proceso ejecutivo, conforme lo prevé el numeral 2° del artículo 170 del CPC, para evitar decisiones judiciales que pueden resultar contradictorias con el fallo de proceso cuya sentencia depende o sea influible por lo que debe decidirse en otro.

Mas no es competencia de esta Corporación hacer un pronunciamiento en tal sentido, por ser asunto que debe resolver el funcionario del conocimiento, según lo prevé el artículo 171 del ordenamiento procedimental en cita, que en este caso lo es la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, División de Cobro de la Oficina Regional de Santafé de Bogotá.

Por lo mismo, estando pendiente de consideración y decisión solicitud que en ese sentido formuló en debida forma la parte ejecutada, y antes de entrar a fallar sobre excepción de fondo propuesta, se dispondrá que una vez ejecutoriado este proveído se devuelva el expediente a la oficina de origen para el fin indicado».

(Auto de julio 30 de 1992. Expediente 0222. Consejero Ponente: Dr. Amado Gutiérrez Velásquez).

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