•Auto 2222 de abril 15 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOMBRAMIENTO DE JEFES SECCIONALES

DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS NACIONALES

EXTRACTOS: «El demandante solicitó la suspensión provisional de la Resolución 81 del 26 de enero de 1999, expedida por el gerente general del Incora, mediante la cual fue nombrada la señora Carolina Cortés Forero como director regional 25 de esa entidad en el departamento de Nariño.

Dijo el demandante que fue inobservado el procedimiento administrativo que debió adelantarse para la provisión de ese cargo, porque se efectuó con desconocimiento de la facultad asignada al gobernador de escoger al candidato de la terna que para tal efecto debía presentar a su consideración el gerente general de ese establecimiento, y que así es ostensible la violación del artículo 305, numeral 13, de la Constitución y del artículo 78, parágrafo, de la Ley 489 de 1998, así como de los artículos 1º, 2º, inciso segundo, 4º, 6º, 29, 121, 122, 123, inciso segundo, 209, 287 y 288, inciso segundo, de la Constitución.

El artículo 305, numeral 13, de la Constitución, dice:

“ART. 305.—Son atribuciones del gobernador: (...).

13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley (...)”.

El artículo 78, parágrafo, de la Ley 489 de 1998:

“ART. 78.— (...).

PAR.—Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”.

Entonces, según las disposiciones referidas, los nombramientos de los jefes seccionales de los establecimientos públicos han de hacerse en aquellos que escoja el gobernador respectivo de ternas enviadas por el representante legal del establecimiento de que se trate.

Para el caso, el gerente general del Incora nombró a la señora Carolina Cortés Forero en el cargo de director regional 25 en la regional Nariño, pero ese nombramiento debió hacerse en la persona escogida por el gobernador de Nariño de terna enviada por el gerente general, y así no se hizo, como resulta del oficio 1343 de 5 de febrero de 1999 suscrito por el secretario general de ese establecimiento, copia auténtica del cual se trajo al proceso, en que se dijo que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78, parágrafo, de la Ley 489 de 1998 “se refiere a los casos en los cuales se organicen nuevas seccionales o regionales, mas no a las organizadas o creadas con anterioridad a la vigencia de la mencionada Ley 489 de 1998”, opinión errónea, pues ni la Constitución ni la ley han establecido distinciones en tal sentido.

Por lo demás, el Incora es establecimiento público del orden nacional, creado mediante la Ley 135 de 1961 y reestructurado por el Decreto 2137 de 1992.

Es ostensible la violación de los artículos 305, numeral 13, de la Constitución, y 78, parágrafo, de la Ley 489 de 1998, y por ello habrá de decretarse la suspensión provisional que se reclama».

(Auto de abril 15 de 1999. Expediente 2222. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto por la anterior decisión de la mayoría, consigno a continuación los argumentos que me llevan a disentir de dicha posición, y que en otras oportunidades he reiterado:

De acuerdo con el texto constitucional, se requiere del desarrollo legal que así se dispuso en el parágrafo del artículo 78 de la Ley 489 de 1998, que el accionante cita, y que dice:

“PAR.—Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estén asignadas a las entidades de orden territorial.

En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”.

Pero no puede inferirse del precepto si es aplicable o no a los establecimientos públicos nacionales que a la fecha de su vigencia, tuviesen en funcionamiento seccionales o regionales, o a los que se creen u organicen con posterioridad, como parece que fue la intención del legislador pues menciona a las seccionales o regionales que esos establecimientos públicos “podrán organizar” para luego expresar que en tal caso el gerente o director seccional “será escogido por el respectivo gobernador, de ternas enviadas por el representante legal”.

Se trata, pues, de un aspecto que sólo puede definirse luego de un estudio a fondo del asunto, que jurídicamente no es oportuno acometer en providencias de naturaleza provisional, consideración suficiente para concluir que no se da en este caso la condición exigida por el numeral 2º del artículo 152 del CCA, sobre la violación manifiesta u ostensible de las normas invocadas como infringidas, que debe surgir por confrontación directa con el acto impugnado o que emane de los documentos públicos aducidos con la solicitud.

Roberto Medina López. 

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