Auto 2229-08 de octubre 2 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 11001-03-24-000-2008-00192-00 (2229-08)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Javier Mantilla Rojas

Demandado: Ministerio de la Protección Social

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil ocho.

El actor, en ejercicio de la acción de simple nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita la nulidad parcial del artículo 2º de la Resolución 626 del 12 de octubre de 2008, expedida por el Ministro de la Protección Social, por medio de la cual “deroga la Resolución 1651 de 2007 y se modifican los artículos 2º, 3º y 5º de la Resolución 01875 de 2002”.

En escrito separado a la demanda y con fundamento en el artículo 152 del C.C.A., solicita la suspensión provisional parcial del artículo 2º de la Resolución No. 626 del 12 de octubre de 2008, argumentando que este acto administrativo, al modificar el artículo 2º de la Resolución 1875 de 2002, modificó también el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para resolver la solicitud de suspensión provisional de la disposición acusada, se

CONSIDERA:

De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda la suspensión provisional, tratándose de la acción de simple nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

El demandante dice que el artículo 2º de la Resolución 626 del 12 de octubre de 2008, al modificar el artículo 2º de la Resolución 1875 de 2002, agregó tres nuevas causales a las establecidas en el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo para negar la inscripción de los sindicatos en el registro sindical del Ministerio de la Protección Social. Esta disposición, en lo pertinente, reza así:

ART. 366.—Tramitación.

(…).

4º) Son causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:

Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional, la ley [o las buenas costumbres].

Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley;

[Cuando se trate de la inscripción de un nuevo sindicato de empresa, en una donde ya existiere organización de esta misma clase].

(…).

Nota: El literal c) del numeral 4º de esta norma y el aparte del literal a) encerrado entre corchetes fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia del 17 de mayo de 2000 (C-567).

Por su parte, el artículo 2º de la Resolución No. 626 del 12 de octubre de 2008, que se acusa parcialmente, además de contemplar las causales a) y b) de que trata el numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, arriba transcritas, añadió las siguientes causales (las que se encuentran en negrillas):

“ART. 2º—Modificar el artículo 2º de la Resolución 01875 de 2002, el cual quedará así:

(…).

Que los estatutos sean contrarios a la Constitución Política o la ley.

Que la organización sindical se haya constituido con un número de miembros inferior al exigido por la ley.

Que la organización sindical se haya constituido para obtener fines diferentes a los derivados del derecho fundamental de asociación.

Que la organización sindical se haya constituido contraviniendo la clasificación establecida en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo.

Que se constituya una organización sindical de industria o por rama de actividad económica, pero sus afiliados sean trabajadores de empresas que no son de la misma industria o rama de actividad económica, o sean trabajadores de una misma empresa”.

El artículo 39 de la Constitución Política que concedió a los trabajadores el derecho a constituir sindicatos, prescribió que la estructura interna y el funcionamiento de los mismos se sujetarían al orden legal y a los principios democráticos.

En consecuencia, la garantía de la libertad sindical y la protección al derecho fundamental de sindicalización constituyen la regla general, y cualquier limitación a la misma en función de la estructura y funcionamiento de los sindicatos, impuesta por el estatuto del trabajo, debe estar constitucionalmente justificada.

Según lo prescrito en el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, (subrogado por el art. 50 de la L. 50/90 y modificado por el artículo 6º de la L. 584/2000) para que un sindicato pueda actuar y ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos señalen, es indispensable su inscripción en el registro sindical que se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fue el mismo Estatuto del Trabajo, en sus artículos 365 a 367, el que señaló el procedimiento para la consecución de la inscripción del registro sindical y las causales que impiden dicha inscripción. Es así que la decisión de inscribir o no a un sindicato en el registro sindical, debe sujetarse a las reglas contenidas en estas mismas disposiciones, especialmente las contenidas en el numeral 4º del artículo 366 ibídem.

En este sentido, los actos administrativos proferidos por el Ministerio de la Protección Social, mediante los cuales, niegan la inscripción en el registro sindical únicamente, pueden expedirse con fundamento en las causales legales contenidas para el efecto en el numeral 4º del artículo 366 ibídem, por cuanto el Legislador en dicho numeral impuso que las “causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente” son las allí contenidas.

Existiendo una reserva de ley, para establecer las causales que impiden el registro sindical, no podía el Ministerio de la Protección Social, mediante un acto administrativo, crear otras causales diferentes a las legalmente estatuidas.

De conformidad con todo lo anterior, la Sala evidencia una infracción manifiesta o directa de las disposiciones invocadas como fundamento de la suspensión provisional, en especial el numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 46 de la Ley 50 de 1990.

Por lo expuesto, la Sala,

RESUELVE:

1. ADMÍTESE LA DEMANDA presentada en ejercicio de la acción pública de nulidad, instaurada por Javier Mantilla Rojas, contra el Ministerio de la Protección Social.

2. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Ministro de la Protección Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del C.C.A. Entréguensele copias de la demanda y sus anexos.

3. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Agente del Ministerio Público.

4. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del C.C.A., modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998.

5. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los numerales 3º, 4º y 5º del artículo 2º de la Resolución No. 0626 de 2008, expedida por el Ministro de la Protección Social, por medio de la cual “se deroga la Resolución 1651 de 2007 y se modifican los artículos 2º, 3º y 5º de la Resolución 01875 de 2002.”

6. Solicítese a la demandada el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado. Adviértesele que el desacato constituye falta disciplinaria. Término diez (10) días.

7. Con el fin de llevar a cabo las notificaciones personales de rigor, debe la parte demandante suministrar la suma de $10.000, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

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