Auto 22363 de julio 14 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN

SE REITERA QUE NO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

EXTRACTOS: «1. De acuerdo con el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, el recurso extraordinario de casación procede contra sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial o tribunales superiores militares, siempre y cuando se trate de fallos dictados en procesos adelantados por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años, cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

En la misma norma, el legislador dispuso que contra las sentencias que no admitan la casación común es admisible la casación discrecional, siempre y cuando el actor pruebe que ella conduce al desarrollo de la jurisprudencia o a la protección de los derechos fundamentales.

2. La primera es la norma general y la segunda la excepcional. Sin embargo, el hecho de que no se admita el recurso de casación contra sentencias por medio de las cuales se decreta la extinción de dominio de los bienes de una determinada persona jurídica o natural, obedece a otras razones. Veamos:

a) La acción a través de la cual se permite discutir el derecho de dominio de los bienes, no es de carácter penal. Según lo dispone el artículo 4º de la Ley 793 de diciembre del 2002, por medio del cual se derogó la Ley 333 de 1996, esta acción es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial. En eso se distingue de cualquiera otra de naturaleza penal que normalmente se inicia contra terceros de buena fe o exentos de culpa.

b) El juicio que se emite en la sentencia de extinción de dominio, es de naturaleza diferente a aquel que se profiere cuando se juzga una conducta punible. Mientras la primera opera sobre el derecho de propiedad de las personas, lo que significa que es de contenido real, la segunda, dado sus efectos sobre la libertad, es de índole personalísima.

c) Ni la Ley 793 del 2002 ni ninguna otra norma procesal penal, prevén la posibilidad de que pueda interponerse el recurso de casación contra sentencias mediante las cuales se declara la extinción de dominio de los bienes de una persona jurídica o natural. Al contrario: de manera expresa, en sus numerales 10 y 11 del artículo 13, dispone que contra esta clase de fallos sólo proceden la apelación y la consulta. Pero en ninguno de sus incisos establece que contra esta determinación proceda el recurso extraordinario de casación.

3. Los argumentos de los recurrentes, por tanto, carecen de fundamento legal y jurisprudencial. Estas son las razones:

a) Si el artículo 13, numeral 10, de la Ley 793 del 2002 establece expresamente que contra la sentencia que decrete la extinción de dominio de los bienes sólo procede el recurso de apelación, no está facultado el intérprete, en virtud de la claridad de la norma, para hacer extensivos a otros ámbitos su significado y sus consecuencias.

b) La casación discrecional, ciertamente, procede contra sentencias distintas a las mencionadas en el inciso 1º del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Pero el establecimiento de su desemejanza parte de un supuesto: que se trate de sentencias de naturaleza penal.

Si no lo son, esa regla no opera porque, por definición, la casación es un recurso extraordinario utilizable, en principio, sobre decisiones de carácter puramente penal. Únicamente por excepción, pero cuando la condena al pago de perjuicios se deriva en forma directa del juicio de responsabilidad penal, resulta admisible discutir su causa o su monto por la vía de este recurso extraordinario.

c) De los anteriores puntos, surge claramente por qué no es procedente el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de marzo del 2004 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. Dado que esa decisión no fue producto de una acción penal sino de una acción real, al cabo de la cual se declaró la extinción de dominio de los bienes que figuraban a nombre de Guillermo Ortiz Gaitán, el recurso de que se denegará».

(Auto de 14 de julio de 2004. Radicación 22.363. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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