Auto 22422 de julio 14 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA PENAL

NO TIENE EJECUTORIA PARCIAL

EXTRACTOS: «No obstante que la colisión negativa de competencias se suscitó entre el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, ambos pertenecientes al mismo distrito judicial, se impone concluir que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la llamada a dirimirla, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal.

2. Observa la Sala que el asunto central de la controversia que originó el conflicto de competencias entre los citados funcionarios judiciales, se refiere a si la sentencia de primera instancia que resolvió la responsabilidad de varios procesados, adquirió o no ejecutoria parcial respecto de aquellos que no la impugnaron o desistieron de esta, en particular lo relacionado con el procesado José Clemente Calderón Murillo.

Frente a dicho asunto, es conveniente precisar que se entiende por ejecutoria la condición o calidad que adquiere la sentencia cuando contra ella no se interponen los recursos ordinarios o el extraordinario de casación o, habiéndose instaurado, los mismos han sido desatados, adquiriendo la decisión judicial autoridad de cosa juzgada.

Igualmente, no debe olvidarse que el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal dispone que las providencias quedan ejecutorias tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. Así mismo precisa que “la que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutorias el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.

A su vez, el artículo 92, ibídem, no contempló la ejecutoria parcial o fragmentaria del fallo, como motivo de la ruptura de la unidad procesal.

En esas condiciones, es necesario reiterar que el legislador no consagró la posibilidad de la ejecutoria parcial de las sentencias, lo que resulta lógico y consecuente con los principios de nuestro sistema procesal penal, implicando, por lo tanto, que la ejecutoria opera no para cada sujeto procesal individualmente considerado sino para todos en general y, de esa manera, el fallo se cumple una vez ha cobrado firmeza, es decir, cuando no han sido interpuestos los recursos legales o estos se han desatado, máxime cuando las sentencias de instancia constituyen una unidad inescindible.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha dicho:

“El legislador no prevé la posibilidad de ejecutorias parciales o fragmentarias del fallo de segunda instancia; y ello es así para guardar concordancia lógica con algunos principios esenciales de procedimiento y de la casación:

La unidad procesal, cuya ruptura no está prevista por el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, para la eventualidad en que solo algunos de los condenados interpongan el recurso extraordinario.

La fuerza vinculante del fallo para todas aquellas personas involucradas en su parte resolutiva. Las sentencias de instancia conforman una unidad jurídica inescindible cuando convergen en el mismo sentido; su ejecutoria es única y se verifica en el mismo momento; razón adicional para que sus efectos no puedan separarse para unos y otros, según hubiesen interpuesto o no el recurso de casación.

El momento y los efectos de la ejecutoria de una sentencia impugnada en casación. La firmeza de la decisión judicial y el surgimiento de los efectos que siguen a la cosa juzgada —condenatoria o absolutoria— coinciden con la firmeza de la sentencia de casación...” (1) .

Recientemente reiteró la Sala:

“Como el fallo fue impugnado así solo hubiera sido por dos de los condenados, uno de los cuales desistió de la impugnación extraordinaria como atrás se precisó, es claro que el mismo aún no ha cobrado ejecutoria en relación con ninguno de los afectados con el mismo, dada la imposibilidad legal de que puedan reconocerse ejecutorias parciales...” (2) .

Por consiguiente, desafortunada es la afirmación del tribunal de Bogotá cuando, en auto del 23 de septiembre de 2003, afirmó que respecto del procesado José Clemente Calderón “el fallo está en firme” por razón del desistimiento del recurso de apelación, aspecto que no se ajusta a la realidad procesal ni a la ley, toda vez que las demás impugnaciones no han sido desatadas, permaneciendo el proceso en esa corporación, lo que implica que la sentencia de primera instancia aún no ha cobrado ejecutoria.

Ahora bien, no debe olvidarse que en este asunto, de conformidad con los artículos 192, numeral 1º, y 193, literal a, del Código de Procedimiento Penal, los recursos de apelación interpuestos por los sujetos procesales contra la sentencia de primer grado, fueron concedidos en efecto suspensivo, lo que conlleva a colegir que la competencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado se suspendió a partir de la concesión de dichas impugnaciones, circunstancia procesal que le impide atender cualquier petición que hagan los sujetos procesales.

En consecuencia, como los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad solo pueden conocer de las sentencias ejecutoriadas (CPP, art. 79), situación que en este caso no se ha dado, y toda vez que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado tiene suspendida la competencia, pues aún no se han desatado las impugnaciones interpuestas contra el fallo de primera instancia, resulta obvio concluir que es la Sala de Decisión Penal del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la competente para conocer del presente asunto, a donde se dispondrá la remisión del expediente para lo de su cargo».

(Auto de 14 de julio de 2004. Radicación 22.422. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés).

(1) Rad. 19230, auto de colisión del 14 de mayo de 2002, M.P. Édgar Lombana Trujillo. Ver también auto del 10 de diciembre de 1997, doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(2) Casaciones 16223 y 21235 del 20 de marzo y de 24 de noviembre de 2003, M.P. Marina Pulido de Barón.

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