Auto 22505 de octubre 20 de 2004 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

DEFENSOR DE OFICIO

DESIGNACIÓN PARA QUE PRESENTE DEMANDA DE CASACIÓN

EXTRACTOS: «Para comenzar, la Sala estima necesario analizar lo relacionado con la designación que hizo el tribunal de un defensor de oficio para que asistiera al procesado en el trámite del recurso de casación.

Antaño, la Corte negaba esa posibilidad, porque tratándose de una impugnación rogada, que requería una técnica rigurosa, no se podía imponer esa carga a un profesional de oficio. Así, por ejemplo, en auto del 6 de octubre de 1987 (M.P. Édgar Saavedra Rojas, rad. 2051), expuso:

“Quiere decir lo anterior, que su petición (la del procesado) entraña la de nombramiento de defensor de oficio que presente la respectiva demanda de casación...

... resulta imposible a la Corte acceder a ella, comoquiera que en sede de casación no procede el nombramiento de apoderado oficioso, que sí actúa en las instancias y está facultado, en desarrollo de esa obligación adquirida en el trámite del juicio, a representar al acusado ante la Corte.

... (No) es pertinente dentro del trámite del recurso extraordinario la designación de un abogado de oficio que asuma la función de presentar la demanda respectiva. A este respecto, baste recordar el auto de esta misma Sala proferido el día veintiuno de septiembre del año en curso, con ponencia de este mismo magistrado, el cual en su parte pertinente dice:

“En varias oportunidades anteriores la Corte ha precisado la naturaleza del recurso de casación, estableciendo sin lugar a dudas que este tiene una especial tramitación y un marcado rigorismo; como consecuencia de ello no le es permitido a la corporación aceptar demandas presentadas a nombre propio por los procesados que no sean abogados titulados, ni nombrar defensores de oficio para la asistencia del sentenciado, porque tales actividades contrarían la naturaleza misma del recurso .

“A este propósito, se recuerda el auto de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta y seis, en que fuera ponente el suscrito magistrado, el cual, sostiene las siguientes aseveraciones:

““Sin embargo, para el recurso extraordinario de casación no procede la designación de defensor de oficio al procesado, porque la calidad del recurso, su alto tecnicismo, la esencia misma de él de no constituir una tercera instancia sino una prolongación del debate procesal a instancias de una de las partes, hacen inconducente la imposición de tales cargas a los profesionales del derecho...””.

Con ese entendimiento, hoy la Sala no podría ocuparse del estudio de la demanda, pues el tribunal, ante pedido del sindicado una vez renunciara su defensor, le designó uno de oficio para que presentara el escrito de sustentación del recurso.

Una nueva reflexión de la Sala permite llegar ahora a otra conclusión. En efecto:

El derecho que tiene el procesado a la asesoría letrada por parte de un abogado es fundamental y, por tanto, los servidores judiciales deben garantizarlo tanto dentro de la instrucción, como en sede de juicio, en pro del principio de prohibición de la indefensión. En virtud de este postulado, si el poder judicial observa que en cualquier momento de la actuación penal el procesado no tiene defensor letrado o, si lo tiene, este no cumple sus funciones reales, debe hacer todo lo necesario por garantizar esa protección. Por eso, si conminado el imputado para que busque defensor, no lo designa, el Estado tiene la obligación de designarle uno; por eso, si durante el proceso el sometido a la justicia penal pide se lo nombren, la justicia debe hacerlo.

Esa garantía, como se desprende de la Constitución Política, especialmente de su artículo 29, no establece diferencias entre apoderados designados contractualmente, o a partir de la confianza, y defensores designados de oficio por el Estado. Lo importante es que durante todo el proceso se halle realmente preservada.

Consecuencia del mandato constitucional, no puede haber ningún momento del proceso en el cual el sujeto pasivo de la acción penal carezca de asistencia técnica, es decir, esta debe ser continua, verdadera y unitaria.

Por eso el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, norma rectora que prevalece sobre cualquiera otra legal, y que tiene que ser utilizada como guía de interpretación —art. 24 ibíd.—, dispone que “en toda actuación se garantizará el derecho de defensa, la que deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material”.

Para cumplir con su deber, el funcionario judicial puede acudir a la propia regulación procesal, que ampliamente prevé instituciones como el nombramiento de defensor de confianza o de oficio, desde el momento de la vinculación a la actuación o en cualquier otro momento posterior, hasta la finalización del proceso (art. 129); la defensoría pública (art. 130); la defensoría de oficio (art. 131); e, inclusive, con limitaciones, la labor que pueden desarrollar los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos.

El proceso al que se refiere la normatividad se extiende, como es obvio, a su culminación, es decir, incluye todo el trámite, hasta la ejecutoria de la sentencia, que se obtiene luego de los pasos normales, que terminan con la solución del recurso de casación.

Ni los tratados sobre derechos humanos, ni la Constitución Política, ni la ley, limitan el derecho de defensa exclusivamente a los apoderados contractuales o de confianza. Al contrario, prevén también la posibilidad de la defensa oficiosa. Lo trascendental, entonces, es que haya defensa profesional, de experto y seria, con independencia de que proceda de un convenio del imputado con ella o de la determinación que de la misma haga el Estado.

En verdad, en materia de conocimientos, de capacidades y de alcances jurídicos, no puede haber distinciones entre abogados penalistas. Si la necesidad de un apoderado se explica porque sus conocimientos permiten un mejor ejercicio de la contradicción —de la prueba y de las decisiones—, no se entiende cómo, si al sindicado le es imposible acudir a un profesional por contrato, ante su ruego, el Estado no le pueda facilitar uno de oficio. Si fuera así, sencillamente se haría una distinción odiosa y carente de fundamento, y se obstaculizaría al reo, por ejemplo, su derecho de impugnar el fallo de segundo grado.

La conclusión parcial es evidente. Si en el asunto estudiado el proceso no ha concluido porque permanece la posibilidad de la casación, el imputado no puede permanecer sin defensor. Y como el suyo ha renunciado, y aquel ha solicitado al Estado le designe uno de oficio, es imprescindible resguardar el derecho de defensa. Por ello el tribunal obró atinadamente al proporcionárselo.

Conviene, entonces, el cambio de doctrina.

Y la última conclusión también es nítida: como el tribunal actuó válidamente al designar un defensor de oficio para que presentara la demanda de casación, es viable el análisis de la misma».

(Auto de octubre 20 de 2004. Radicación 22.505. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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