Auto 226 de octubre 21 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Asunto: generación de parámetros y niveles de cumplimiento de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Corte Constitucional

Atendiendo a las atribuciones dadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión del 1º de abril de 2009, y con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, en especial en dicha normatividad(2), esta Sala es competente para proferir el presente auto.

En este proveído esta corporación establecerá en principio algunos parámetros para examinar en un futuro próximo el grado de cumplimiento de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008, esto es, valorando las actualizaciones integrales de los planes de beneficios que se hayan realizado y se realicen en adelante con ocasión de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1438 de 2011(3), en correspondencia con la orden décimo octava sobre periodicidad de la actualización.

Lo anterior sin perjuicio de que tanto el Gobierno Nacional o la Comisión de Regulación en Salud decidan rediseñar integralmente el plan de beneficios utilizando, por ejemplo, criterios como patologías, condiciones de salud o contención de costos. Se entenderá en este auto que aquellos parámetros que la Corte hará explícitos para el caso de las actualizaciones integrales, deberán ser observados en los rediseños del plan de beneficios que no podrán resultar regresivos respecto de las actualizaciones integrales adelantadas previamente. Ello implica que un rediseño integral del plan de beneficios debe ofrecer igual o mayor grado de protección al derecho a la salud que aquel garantizado por una actualización que haya observado los parámetros de estructura, proceso y resultado que serán fijados en este proveído.

Los lineamientos que se adoptarán hacen parte de la trayectoria natural del proceso de seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y suponen un desarrollo razonable de las órdenes dadas por la mencionada providencia, debido a que se derivan directamente de la parte resolutiva de la misma.

1. Sobre la utilización de parámetros de cumplimiento.

En este auto la Corte clasificará los parámetros de cumplimiento para la orden diecisiete basada en la categorización de estructura, proceso y resultado, propuesta —entre otros—por las Naciones Unidas(4), CIDH(5), Hunt(6) y Backman, Hunt, Khosla et ál.(7).

Con el objeto de diseñar los tres tipos de parámetros que se incluyen en este acápite, se estudió la literatura internacional y regional sobre indicadores y parámetros de cumplimiento de derechos humanos y, particularmente, sobre derechos socioeconómicos. A continuación, se hace una breve introducción al tema de los parámetros e indicadores.

La experiencia internacional y comparada muestra que los indicadores y parámetros son una herramienta central en el monitoreo de la protección y cumplimiento de los derechos humanos y las garantías constitucionales, así como en el seguimiento de políticas tendientes a protegerlos(8). Una vez se tiene claro cuál es el nivel de prestación ideal y cuál el nivel de prestación real, los parámetros aportan importantes insumos para la elaboración de políticas públicas, la vigilancia de su implementación y la evaluación de sus resultados(9).

Como resultado de la aplicación de parámetros de cumplimiento, el Estado puede encontrar más herramientas para identificar cuáles son las barreras sociales e institucionales que le impiden alcanzar un nivel de garantía ideal de derechos concretos, valorar sus esfuerzos para superar dichas barreras y determinar cómo está ubicado respecto a otros Estados con condiciones similares(10).

Por otro lado, dichos parámetros también resultan útiles para la sociedad civil(11), ya que a través de ellos esta puede hacer seguimiento y evaluar la gestión del Estado, lo que puede conducir a un mayor grado de exigibilidad en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Por ende, con la adopción de parámetros de cumplimiento, la labor del Estado se hace más transparente y fácilmente verificable.

Así, por ejemplo, en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, hizo un llamado para que se desarrollen “nuevos mecanismos, tales como un sistema de indicadores” para medir el progreso en el goce de los derechos(12). Desde entonces, los indicadores y parámetros de cumplimiento han sido usados de manera consistente por diversos organismos internacionales(13), tales como el comité de expertos convocado por la división de las Naciones Unidas para el avance de las mujeres, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y la división estadística de las Naciones Unidas.

Esta última señaló que los indicadores y parámetros son parte indispensable de las decisiones sobre política pública, ya que permiten el monitoreo de los procesos, la evaluación de las políticas y la comparación entre los países a partir del recaudo de evidencia empírica(14).

Sin embargo, si bien la doctrina suele ser generalmente pacífica sobre la importancia de los indicadores y los parámetros, existen varias posiciones respecto de la forma de presentarlos y diseñarlos.

De una parte, pueden expresarse en medidas cuantitativas similares a porcentajes, números, radios, etc., tal es el caso de ciertos elementos en las metas del milenio(15), y algunos documentos como el elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contrala Mujer, Cedaw, donde se utilizan indicadores y parámetros cuantitativos como porcentajes de alfabetización, mortalidad materna y participación en la fuerza laboral.

Igualmente, pueden expresarse a través de medidas cualitativas, como aquellos elaborados por el WorldJustice Project (WJPRule of LawIndex), que utiliza medidas cualitativas que permiten calificar el desarrollo del Estado de derecho de un país de 0 a 1 y ubicarlo en un ranking global, regional y de ingresos económicos(16).

En este marco, para la creación de los parámetros de cumplimiento de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte ha tenido en cuenta, sobre todo, el trabajo de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos. específicamente, este tribunal se ha nutrido del Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos, publicado por las Naciones Unidas en 2008, dado que constituye un referente importante para cualquier ejercicio de creación de indicadores o parámetros en materia de derechos humanos(17), así como del documento preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recoge la división de indicadores de estructura, proceso y resultado aplicándola al caso concreto de derechos socioeconómicos(18).

Ahora bien, no existen indicadores o parámetros abstractos que resulten aplicables a todos los derechos, puesto que cada uno de ellos requiere una batería específica de indicadores o parámetros de acuerdo con sus características. Una vez se escoge el modelo de presentación o diseño de los parámetros, es fundamental determinar su configuración en relación con el derecho que se pretende estudiar. En el presente caso, es preciso referirse al derecho a la salud en concreto.

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(19), cualquier indicador o parámetro sobre el derecho a la salud debe tener en cuenta los siguientes criterios(20):

— Disponibilidad: supone la oferta de bienes, servicios, equipo humano, infraestructura, programas de atención, entre otros.

— Accesibilidad: hace referencia al acceso que toda persona, sin discriminación alguna, tiene a los establecimientos, bienes y servicios de salud. Además, comprende una esfera física concerniente a la cobertura nacional; una esfera económica relacionada con la capacidad de pago; y una esfera ligada a la pertinencia y suficiencia de la información que recibe una persona, la cual debe permitirla preservación de su salud y la posibilidad de tomar decisiones frente a procedimientos y/o tratamientos médicos.

— Aceptabilidad: exige que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud se rijan según la ética médica y sean capaces de adaptarse a la cultura particular de los beneficiarios.

— Calidad: determina que la oferta de establecimientos, bienes y servicios debe ser apropiada desde el punto de vista científico y médico, debiendo adecuarse a estándares de calidad.

De esta manera, la Corte Constitucional propone los siguientes parámetros de cumplimiento de la orden de actualización integral del plan de beneficios, que deberán ser observados por el Gobierno Nacional para el desarrollo de las actualizaciones de los planes de beneficios.

Por parámetros de estructura se hará referencia a instrumentos formales, presentados dentro de plazos fijados por la ley y/o por la jurisprudencia constitucional, en los que el Gobierno Nacional o la entidad regulatoria definen, a partir de una metodología unificada, objetivos, un marco normativo, una estrategia, un plan de acción concreto, un cronograma y unos indicadores de desempeño, con el fin de superar los obstáculos que enfrente la materialización de los logros. Al ser indicativo de la voluntad del gobierno de ocuparse del tema en cuestión, el instrumento puede ofrecer además los parámetros para que este rinda cuenta de sus acciones u omisiones con respecto al cumplimiento de los objetivos.

Los parámetros de estructura se refieren a la existencia y a las características de un documento o instrumento formal basado en una metodología para alcanzar unos objetivos de políticas públicas. Estos parámetros son necesarios, más no suficientes, para alcanzar un grado de cumplimiento alto, medio o bajo de las órdenes impartidas por la Sentencia T-760 de 2008. Al ser necesarios, en aquellos casos en los que se constate la inexistencia de un instrumento o documento formal que cumpla con características básicas, se debería declarar el incumplimiento general de las órdenes.

Los parámetros de proceso, por su parte, reflejan una relación o secuencialidad entre los instrumentos de política pública adoptados por el Estado (parámetros de estructura) y la consecución de objetivos intermedios que acumulados se convierten en parámetros de resultado, los cuales a su vez están relacionados con la materialización de derechos tales como la salud. En este sentido, los parámetros de proceso deben hacer explícita la relación o secuencialidad entre los parámetros de estructura y los de resultado.

Los parámetros de proceso se refieren ya no a un documento o instrumento formal, sino a las acciones concretas realizadas a partir de dicho instrumento por la entidad gubernamental o regulatoria con miras a lograr la actualización integral del plan de beneficios. Para un cumplimiento alto, medio o bajo de las órdenes, es indispensable no solo que exista el instrumento formal, sino que este se haya materializado en acciones concretas. En aquellos casos en los que no se constaten este tipo de acciones, se debería declarar el incumplimiento general de las órdenes.

Por último, los parámetros de resultado describen los logros, individuales y colectivos, que reflejan el grado de realización de un derecho humano en un determinado contexto. En este caso, los parámetros de resultado reflejan un grado de realización de la actualización integral del plan de beneficios, la cual hace parte de la realización del derecho fundamental a la salud. Un parámetro de resultado suele ser un parámetro lento, menos sensible a las variaciones transitorias que un indicador de proceso.

2. Los parámetros de cumplimiento en la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008.

Los siguientes son los lineamientos o parámetros que deben observarse como mínimo por el Gobierno Nacional al momento de llevar a cabo la actualización integral de los planes de beneficios.

2.1. Parámetros de estructura: suponen que el instrumento unificado con el cual se realice la actualización integral del POS (acuerdo de la CRES u otra regulación), haya sido presentado dentro de los plazos fijados por la ley y por la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, dicho instrumento deberá ser diseñado a partir de:

i. Una metodología que muestre cómo clarificar y actualizar integralmente el POS teniendo en cuenta, entre otros, los cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, la disponibilidad de recursos, el acceso a tecnología, el equilibrio financiero y macroeconómico, y la posible incorporación de medicamentos, dispositivos o procedimientos extraordinarios no explícitos dentro del plan de beneficios.

ii. Un proceso de participación directa y efectiva de las entidades que integran el sistema general de seguridad social en salud, la comunidad médica, las organizaciones de profesionales de la salud, los usuarios, los afiliados y las sociedades científicas.

iii. Un conjunto de objetivos medibles a corto, mediano y largo plazo.

iv. Un programa diseñado específicamente para lograr esos objetivos.

v. Un cronograma para el cumplimiento de tales objetivos, en el cual se identifiquen los plazos, las acciones concretas y los responsables de su ejecución, así como las etapas de evaluación y los mecanismos correctivos y de ajustes a que haya lugar.

vi. Unos indicadores de desempeño, con su respectivo soporte técnico, para evaluar el cumplimiento de dichos objetivos.

vii. Una estimación del presupuesto requerido para la aplicación de la metodología y para financiar los servicios que se incluyan en la actualización integral del POS.

2.2. Parámetros de proceso: implican que el instrumento con el cual se busque actualizar integralmente el POS atienda, por lo menos, a las siguientes subreglas:

i. Las inclusiones, exclusiones o no inclusiones de medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud deberán basarse en la metodología presentada por el ente regulatorio (parámetros de estructura).

ii. Las inclusiones, exclusiones o no inclusiones de medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud deberán justificarse según argumentos científicos fundamentados en: (i) el perfil epidemiológico y la carga de la enfermedad de la población, (ii) la disponibilidad de recursos, y (iii) el equilibrio financiero.

iii. La no inclusión o exclusión en el POS de medicamentos que se encuentren en la lista modelo OMS de medicamentos esenciales(21) más reciente, deberá justificarse de acuerdo a argumentos científicos basados en el perfil epidemiológico y la carga de la enfermedad de la población, la disponibilidad de recursos y el equilibrio financiero, además de otros posibles criterios previamente establecidos por la CRES en su metodología.

iv. La no inclusión o exclusión en el POS de los medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud que se encuentran en la lista delos 100 más recobrados ante el Fosyga, deberá justificarse de acuerdo a argumentos científicos fundados en el perfil epidemiológico y la carga de la enfermedad de la población, la disponibilidad de recursos y el equilibrio financiero, u otros criterios previamente establecidos por la CRES en su metodología.

v. Respecto a los 100 medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud más recobrados ante el Fosyga y/o aquellos farmacéuticos de la lista modelo OMS de medicamentos esenciales más actualizada, no incluidos en la actualización integral del POS, deberá justificarse por qué es más razonable financieramente su no inclusión, que recalcular la UPC o utilizar otros mecanismos, tales como controlar sus precios en coordinación con las entidades competentes —para el caso de los medicamentos— con objeto de incluirlos en el POS.

vi. Deberá consolidarse una “lista de espera” priorizada con un cronograma definido de inclusión, compuesta por los medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud no incluidos y evaluados por la CRES, pero que eventualmente harán parte del listado del POS, con base en argumentos sólidos de tipo epidemiológico, demográfico y financiero.

vii. Las inclusiones, exclusiones o no inclusiones de medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud deberán efectuarse con base en los resultados de un proceso de consulta y participación efectiva de las entidades que integran el sistema general de seguridad social en salud, las organizaciones de profesionales de la salud, los usuarios, afiliados y las sociedades científicas.

viii. Deberá implementarse una metodología para eliminar las ambigüedades, lagunas y contradicciones sistémicas del listado de medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud incluidos en la actualización integral de POS (zonas grises), fundamentada en un criterio de clasificación científicamente aceptado.

ix. Deberán identificarse y reevaluarse aquellos medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud obsoletos que actualmente se encuentran incluidos en el POS.

x. Deberán identificarse y excluirse (o no incluirse) aquellos medicamentos sin registro sanitario vigente y/o de uso no autorizado.

xi. Las inclusiones, exclusiones o no inclusiones de medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud deberán realizarse teniendo en cuenta las guías de práctica clínica acogidas por el Gobierno Nacional, que se encuentren disponibles y actualizadas.

xii. Deberá tomarse en consideración la eficacia, efectividad y seguridad (u otros criterios de priorización adecuadamente justificados a la luz del goce efectivo del derecho a la salud) de los medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud incluidos en el POS, así como de los no incluidos y excluidos.

xiii. Las inclusiones, exclusiones o no inclusiones de medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud deberán atender a los posibles reajustes a la UPC.

2.3. Parámetros de resultado: Requieren que se demuestre una relación de secuencialidad entre los parámetros de estructura y de proceso que conducirá, en un tiempo razonable, a la materialización de los siguientes objetivos:

A corto y mediano plazo:

i. Las actualizaciones integrales del POS reducirán significativamente las ambigüedades, lagunas y contradicciones sistémicas en el listado de medicamentos, dispositivos, procedimientos y demás servicios de salud incluidos en el POS (zonas grises).

ii. Las actualizaciones integrales del POS generarán un descenso significativo en los volúmenes y costos de los recobros ante el Fosyga.

iii. Las actualizaciones integrales del POS promoverán el goce efectivo del derecho a la salud de los menores de edad, las mujeres, los ancianos las minorías étnicas y los sectores de la población más vulnerables.

iv. Las actualizaciones integrales del POS incentivarán el acceso a servicios médicos para aquellas personas que sufren de enfermedades catastróficas, huérfanas y raras.

v. Las actualizaciones integrales del POS responderán a las necesidades que se derivan de los cambios en la estructura demográfica nacional, así como a las necesidades que se deriven de los cambios en el perfil epidemiológico nacional y en el acceso a nuevas tecnologías.

vi. Las actualizaciones integrales del POS generarán parámetros de seguimiento para el uso transparente de las tecnologías implementadas.

vii. Las actualizaciones integrales del POS proveerán desincentivos para el inadecuado uso de los recursos públicos.

Largo plazo:

i. Las actualizaciones integrales del POS se orientarán a fortalecer el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, cubrir las necesidades y mejorar las condiciones de salud de la población colombiana, así como a reducir las inequidades existentes entre los diferentes regímenes del sistema, proteger a los asegurados de los riesgos financieros que pueda causar la enfermedad y considerar las preferencias de los usuarios.

ii. Las actualizaciones integrales del POS conducirán al mejoramiento de los parámetros de salud pública en el país, en áreas tales como la carga de enfermedad, las tasas de morbimortalidad, el número de años perdidos por discapacidades o la muerte temprana.

3. Niveles de cumplimiento de la orden 17 de la Sentencia T-760 de 2008

Los parámetros determinados en el numeral anterior de este acápite, deberán ser acatados en la actualización integral que de los planes de beneficios se lleve a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1438 de 2011 (incluyendo el parágrafo de dicha norma), situación que será valorada por esta Sala junto a los acuerdos 003 y 008 de 2009, al momento de decidir sobre el cumplimiento de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008.

Tal valoración se regirá, en principio, por los niveles de cumplimiento e incumplimiento que se explicarán a continuación, cuya creación tuvo en cuenta la clasificación desarrollada por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional en el Auto 185 de 2004.

3.1. Nivel de cumplimiento alto.

Un nivel de cumplimiento alto de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008 supone que el ejercicio de ponderación de los parámetros de estructura y de proceso arroje resultados muy positivos, siendo razonable esperar que la implementación de la normatividad a través de la cual se actualice integralmente el POS conducirá a la materialización de los resultados fijados en la misma. En esta medida, una actualización integral del POS con un nivel de cumplimiento alto debe mostrar una relación secuencial clara entre parámetros de estructura, de proceso y de resultado.

3.2. Nivel de cumplimiento medio

Un nivel de cumplimiento medio de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008 requiere que el ejercicio de ponderación de los parámetros de estructura y de proceso presente resultados aceptables pero no del todo positivos. Por consiguiente, ante un grado de cumplimiento medio, es razonable que no exista plena certeza de si la implementación del instrumento formal a través del cual se actualizó integralmente el POS conduzca a la materialización de los resultados fijados en este. En esa medida, una actualización integral del POS con un nivel de cumplimiento medio muestra una cadena secuencial medianamente clara entre parámetros de estructura, de proceso y de resultado.

3.3. Nivel de cumplimiento bajo.

Un nivel de cumplimiento bajo de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008 supone que el ejercicio de ponderación de los parámetros de estructura y de proceso arroje resultados ni siquiera aceptables, sino deficientes. En consecuencia, ante un grado de cumplimiento bajo, es irrazonable pretender que de la implementación del instrumento formal a través del cual se actualizó integralmente el POS se llegue a la satisfacción de sus propios objetivos. Así las cosas, una actualización integral del POS con un nivel de cumplimiento bajo muestra un proceso secuencial dudoso entre parámetros de estructura, de proceso y de resultado.

3.4. Incumplimiento.

El incumplimiento de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008 supone que el proceso secuencial entre parámetros estructurales, de proceso y de resultado se haya roto debido a que: (i) la entidad a cargo del cumplimiento no presentó o presentó extemporáneamente, el instrumento formal para la actualización integral del POS —parámetros de estructura—; (ii) que pese a existir este no se cristalizó en medidas concretas que permitan evidenciar un procedimiento —parámetros de proceso—; y (iii) que no sea conducente de ningún modo a la consecución de resultados concretos —parámetros de resultado—.

Cuando se constate el rompimiento de la relación secuencial entre los tres tipos de parámetros, se procederá a declarar el incumplimiento general de mandato de actualización integral del POS.

4. Decisiones a adoptar.

Las consideraciones de esta providencia están fundamentadas en el arreglo institucional vigente para el sistema de salud colombiano, según el cual el plan de beneficios debe ser actualizado integralmente, lo que reviste gran importancia para la garantía del derecho fundamental a la salud.

Así, en la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el siete (7) de julio de 2011, el Gobierno Nacional ratificó a través del Ministro de la Protección Social que al POS se le realizaría una actualización integral para antes de finalizar el año 2011, basada en la metodología unificada remitida por la CRES en junio de 2011, “Metodología para la actualización integral del plan obligatorio de salud del sistema general de seguridad social en salud”.

De igual forma, durante el mes de agosto de 2011, el Gobierno Nacional anunció un rediseño estructural del plan de beneficios a través de una metodología basada en la sistematización de patologías, que tendría lugar en el primer semestre de 2012.

Dicho rediseño integral —independientemente del método que se utilice— debe garantizar un grado de protección igual o superior al derecho a la salud que el provisto por una actualización integral realizada con un grado de cumplimiento alto de los parámetros estructurales, de proceso y de resultado consignados en este auto. Igualmente, todo rediseño estructural del plan de beneficios deberá hacerse con base en una metodología previa que reúna las características básicas descritas en los parámetros sintetizados en esta providencia.

En tanto existen suficientes indicaciones de que el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación en Salud están comprometidos con la realización de una actualización integral o rediseño del plan de beneficios, corresponde a este tribunal determinar el proceso argumentativo que la CRES y el Ministerio de la Protección Social deberán hacer explícito con el objeto de alcanzar un grado de cumplimiento alto de la orden décimo séptima, ya sea a través de una actualización integral o de un rediseño estructural del plan de beneficios.

Se concluye que solo en el caso de que la Comisión de Regulación en Salud tramite dicha carga argumentativa de manera satisfactoria, podrá la Corte entrar a considerar un grado de cumplimiento alto a nivel estructural, procesal y de resultado de la ya mencionada orden. De lo contrario, se vería abocada a constatar el incumplimiento de la misma o determinar grados de cumplimiento medio o bajo.

En consecuencia, esta Sala requerirá al Ministerio de la Protección Social y a la Comisión de Regulación en Salud para que en adelante realicen las actualizaciones integrales de los planes de beneficios con observancia de los lineamientos expuestos en el número 2 del presente acápite, sin perjuicio de los demás criterios o medidas que considere necesarios para el cumplimiento de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008, de manera que este proceso conlleve un nivel de cumplimiento alto.

Aunado a lo anterior, se convidará al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten las medidas necesarias en orden a superar las amenazas y violaciones que enfrenta el derecho a la salud por cuenta de la crisis que aqueja al SGSSS, teniendo en cuenta que tanto la falta de claridad sobre los contenidos del POS como su desactualización, generan no solo incertidumbre entre la ciudadanía, sino que configuran obstáculos considerables para el goce efectivo e igualitario del derecho a la salud e incentivan el uso intensivo de la tutela para acceder a servicios de salud excluidos o no definidos claramente en el POS, lo que tiene un impacto negativo en el funcionamiento de la rama judicial y en las finanzas del sector salud.

III. Decisión

En merito a lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, en uso de sus facultades constitucionales y legales

RESUELVE:

1. REQUERIR al Ministerio de la Protección Social y a la Comisión de Regulación en Salud para que en adelante realicen las actualizaciones integrales de los planes de beneficios con observancia de los lineamientos expuestos en el número 2 de la parte motiva de esta providencia, sin perjuicio de los demás criterios o medidas que considere necesarios para el cumplimiento de la orden décimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008, de manera que este proceso conlleve un nivel de cumplimiento alto.

Proceda la secretaría general de esta corporación a librar las comunicaciones correspondientes al Ministerio de la Protección Social y a la Comisión de Regulación en Salud, en los términos indicados en este numeral, acompañando copia de este proveído.

2. INVITAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a las diferentes órdenes previstas en la Sentencia T-760 de 2008, a fin de avanzar hacia el goce efectivo del derecho fundamental del derecho a la salud de la población colombiana, tal como se ha puesto de presente en el aludido fallo y en la C-252 de 2010 y teniendo en cuenta los planteamientos realizados en la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la sentencia constitucional del siete (7) de julio de 2011 y lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

A través de la secretaría general de esta corporación, líbrense las comunicaciones correspondientes al señor Presidente de la República y al señor presidente del Congreso, acompañando copia de este proveído, así como de las intervenciones surtidas en la audiencia pública de rendición de cuentas, para los efectos que estime pertinentes.

Notifíquese, publíquese, insértese, comuníquese y cúmplase».

(2) “... el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.

(3) “El plan de beneficios deberá actualizarse integralmente una vez cada dos (2) años atendiendo a cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos dentro del plan de beneficios”.

(4) Véase: Secretario General de las Naciones Unidas, Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. UN Docs E/CN.3/2011/13 (2010). Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, “Uso de indicadores para exigir responsabilidad en materia de derechos humanos” en Informe sobre desarrollo humano 2000 (PNUD, Nueva York: 2000).

(5) Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y Culturales. Doc. 14. 19 de julio de 2008.

(6) Véase, Paul Hunt, “Informe Provisional del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud”, presentado de conformidad con la 2003745 del Consejo Económico y Social, 10 de octubre de 2003, A7587427, pág. 6.

(7) Health systems and the Right to Health: An Assesment of 194 Countries, s.l., Lancet, 2008, pág. 2054.

(8) Véase: Secretario General de las Naciones Unidas, Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals. UN Docs E/CN.3/2011/13 (2010). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Uso de indicadores para exigir responsabilidad en materia de derechos humanos” en Informe Sobre Desarrollo Humano 2000 (PNUD, Nueva York: 2000). Sobre este fenómeno: Sally Engle Merry, “Measuring the World Indicators, Human Rights, and Global Governance” 52 Current Anthropology, Supplement 3 (2011) S83; Kevin Davis y Michael B. Kruse, “Taking the Measure of Law: The Case of the Doing Business Project”. 32 Law & Social Inquiry (2007)1095. El mismo fenómeno ha sido analizado en Europa por Armin von Bogdandy y Matthias Goldmann, ‘The Exercise of International Public Authority through National Policy Assessment. The OECD’s PISA Policy as a Paradigm for a New International Standard Instrument’, 5 International Organizations Law Review (2008) 241.

(9) Luis Eduardo Pérez, “¿Es posible medir los derechos? De la medición del acceso a bienes y servicios a la medición del disfrute de los derechos” En: “Derechos sociales: justicia, política y economía en América Latina”. Bogotá, Grupo Ideas, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 2010.

(10) Véase, Luis Eduardo Pérez, ibíd.

(11) Véase, Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Bogotá, Grupo Ideas, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 2001.

(12) Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de Viena y Programa de Acción. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, junio 15-25, 1993, UN Docs A/CONF.157/23 (1993), párrafo 98.

(13) Véase Ann Janette Rosga y Margaret L. Satterthwaite, “The Trust in Indicators: Measuring Human Rights” 27 Berkeley Journal of International Law (2009) 253.

(14) UN Expert Group Meeting Report, 8-10 October 2007, pág. 4.

(15) Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio (Naciones Unidas: Nueva York, 2006).

(16) Véase el más reciente índice (2010) elaborado por WJP en la siguiente página web: http://www.worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJPRuleofLawIndex 2010_2_0.pdf.

(17) Organización de las Naciones Unidas. Instrumentos internacionales de derechos humanos. Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos. HRI/MC/2008/3/ junio de 2008.

(18) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y Culturales. Doc. 14. 19 de julio de 2008.

(19) Véase, Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, El derecho a la salud. Ginebra, Naciones Unidas, 2000.

(20) Véase, Katarina Tomasevski, Human rights obligations: Making Education Available, Accesible, Acceptable and Adaptable, 2001.

(21) En caso de existir otra lista de referencia que se ajuste a las necesidades de la población colombiana, el Gobierno Nacional deberá cumplir con la carga argumentativa a que se refiere este parámetro.