Auto 22692 de agosto 25 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PROCESO PENAL

PRUEBAS EN LA ETAPA DEL JUICIO

EXTRACTOS: «Para definir el asunto objeto de la impugnación deben establecerse de manera previa los parámetros legales que determinan el trámite a seguir en el curso de la audiencia pública, las oportunidades que tienen las partes para solicitar pruebas en la etapa del juicio y finalmente, definir cuándo puede considerarse que una prueba tiene la condición de sobreviniente.

2. Si bien el artículo 29 de la Carta Política garantiza a los sujetos procesales el derecho fundamental al debido proceso y de manera especial al procesado el derecho de defensa, su ejercicio debe estar ceñido a las previsiones legales y a las ritualidades propias del proceso, de manera que el trámite se cumpla con igualdad de garantías para todos sus intervinientes.

Jurisprudencialmente, en vigencia del anterior estatuto procedimental penal, la Corte sostuvo que la última oportunidad que tenían los sujetos procesales para solicitar pruebas en el juicio era hasta antes de que se iniciaran las intervenciones finales de las partes en el debate público, pues una vez que, atendiendo la previsión legal, se les hubiera concedido el uso de la palabra precluía tal posibilidad, facultad que no podía estar desligada de la clase de pruebas que pueden ser pedidas.

En efecto, respecto a la oportunidad probatoria que tienen los sujetos procesales en la etapa de juzgamiento la Sala tenía por definido:

“En síntesis, las únicas oportunidades para que los sujetos procesales puedan pedir pruebas, serán en primer término el traslado previsto en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal y luego, en la audiencia pública, una vez concluida la práctica de las decretadas para evacuar dentro de la misma.

Si ninguno de los intervinientes considera que como consecuencia de las anteriores surjan otras, entonces precluye la oportunidad legal para solicitar pruebas. Las que demanden las partes en el momento de su intervención de fondo, no podrán ser consideradas por el juez, ya que por extemporaneidad, de ser atendidas, se violaría ostensiblemente el mandato constitucional ya visto (art. 29)” (1) .

La solicitud de práctica de pruebas en el juicio debía, entonces, no solo presentarse en las oportunidades señaladas: traslado del artículo 446 del Código de Procedimiento Penal y terminado el período probatorio de existir prueba sobreviniente, sino ser conducentes y pertinentes al tema objeto de debate, que lo será el definido por la acusación que haya formulado la fiscalía, aspecto este sobre el que la Sala ya había precisado que:

“... a diferencia de la etapa investigativa en la que existe amplitud probatoria en virtud de que su objeto es corroborar distintas hipótesis, tales como, verificar la ocurrencia del ilícito y sus partícipes, en el juicio, en cambio, el debate probatorio se encuentra circunscrito por el pliego de cargos, aspecto este que debe ser considerado para definir la pertinencia conducencia de las pruebas pedidas por los sujetos procesales” (2) .

Por lo tanto, no solo es indispensable que la solicitud se eleve oportunamente, sino que la prueba tenga por objeto confrontar o reafirmar alguno de los aspectos de la acusación, temática que conserva validez bajo los postulados del nuevo Código de Procedimiento Penal aunque sometido su ejercicio a una nueva regulación, según pasa a examinarse.

3. En efecto, el estatuto procedimental penal vigente establece que la solicitud de las pruebas en la etapa del juicio debe formularse en el término del traslado previsto por el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, es decir, en los 15 días hábiles siguientes al recibo del proceso.

Sin embargo, puede presentarse una nueva oportunidad, cuando practicadas en la audiencia pública las ordenadas, el fiscal considere que debe variar la calificación jurídica provisional por error o prueba sobreviniente conforme el artículo 404 ibídem, de la que el juez correrá traslado a las partes, quienes pueden solicitar que continúe la audiencia, en cuyo caso, podrán solicitar en su desarrollo pruebas respecto de la nueva acusación, o de suspenderse, contarán con un término de 10 días, lapso que debe comenzar inmediatamente, esto es, al día siguiente hábil de suspenderse la audiencia con tal propósito, para solicitar las pruebas que consideren pertinentes, vencido el cual, el juez por auto de sustanciación ordenará la práctica de pruebas en el curso de la audiencia pública. De igual manera, se procederá de variarse la calificación jurídica provisional por el fiscal a solicitud de juez de la causa, inciso 2º del numeral 2º del artículo 404 citado.

4. Respecto a la posibilidad de solicitar pruebas que se deriven de las practicadas en la etapa del juicio, es decir, sobrevinientes, la nueva normatividad procesal, de aplicación inmediata, dado su carácter instrumental, no reprodujo el inciso 2º del artículo 448 del Código de Procedimiento Penal de 1991, que establecía: “Si de las pruebas practicadas en las oportunidades indicadas en el inciso anterior, surgieren otras necesarias para el esclarecimiento de los hechos deberán ser solicitadas y practicadas antes de que finalice la audiencia pública” y agregaba “De oficio el juez podrá decretar las que considere necesarias”.

Sobre el particular, solo se encuentra la mención que hace el artículo 401 ibídem respecto a la posibilidad que tiene el juez de decretar pruebas de oficio, así como la facultad que le concede el legislador en el artículo 409 de la citada codificación al indicar que “Corresponde al juez la dirección de la audiencia pública. En ella tendrá amplias facultades para tomar las determinaciones que estime necesarias con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos...”.

De las anteriores revisiones se colige, que la invocada jurisprudencia de la Corte no puede ser aplicada al caso que se analiza por haberse desarrollado el juicio bajo unas nuevas disposiciones legales de aplicación inmediata, lo cual obliga a analizar el punto dentro de ese contexto, del que se deduce que una vez agotadas las oportunidades que tienen los sujetos procesales para solicitar pruebas (a las que se hizo mención) el juez como director de la audiencia pública puede ordenar su práctica en cuanto sean necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos (CPP, art. 409) es decir, que la facultad dispositiva que se le concede debe ser ejercida con ese propósito, a la cual indudablemente puede acudir, aun a instancia de los sujetos procesales, hasta antes de que conceda el uso de la palabra a los sujetos procesales para que inicien las intervenciones finales, como quiera que el juez también está sometido al debido proceso, esto es, al cumplimiento de las previsiones legales de las que se deriva que terminado el período probatorio se dará inicio a las intervenciones de los sujetos procesales (art. 407 ibídem).

Por consiguiente, el juez podrá decretar pruebas de oficio en la audiencia de juzgamiento respecto de las que se puedan derivar de las practicadas en la audiencia, ordenadas en virtud del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, o en razón del traslado subsiguiente a la variación de la calificación jurídica efectuada por el fiscal a iniciativa propia o por sugerencia del juez (art. 404.1) y finalmente, cuando concluido este período probatorio, estime que hay prueba sobreviviente(sic), necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de juzgamiento (art. 409 ya citado).

5. Para concluir el examen de los aspectos anunciados, la prueba sobreviniente, como la misma expresión lo señala, es aquella que se deriva de otra, cuya viabilidad y conocimiento emerge de la práctica de otra, cuya existencia no era conocida o de la cual no resultaba posible establecer su conducencia, procedencia o necesariedad.

Por lo tanto, estando definido en el juicio el ámbito de discusión probatoria por la acusación formulada de manera provisional al momento de calificar el mérito del sumario o con posterioridad al producirse la variación de la calificación jurídica en el curso de la audiencia de juzgamiento, la prueba que se demande estará ligada a esa imputación».

(Auto de 25 de agosto de 2004. Radicación 22.692. Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos).

(1) Auto del 27 de julio de 1994, ponente doctor Gustavo Gómez Velásquez, reiterado el 25 de agosto siguiente con ponencia del doctor Juan Manuel Torres Fresneda, segunda instancia 17676 del 17 de octubre de 2000, ponente doctor Carlos Eduardo Mejía Escobar, casación 14985 del 18 de diciembre de 2000, ponente doctor Carlos Augusto Gálvez Argote.

(2) Auto del pasado 28 de abril.

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