Auto 22777 de septiembre 15 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

TRABAJO EXTRAMUROS DE LOS RECLUSOS

TAMBIÉN TIENEN DERECHO LOS INTERNOS QUE TIENEN LA CALIDAD DE DETENIDOS

EXTRACTOS: «La determinación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante la cual se abstuvo de pronunciarse sobre el aval requerido por las autoridades carcelarias para permitir el trabajo extramuros de la procesada B..., se basó, dígase desde ahora, en una perspectiva recortada de la normatividad que rige la materia.

En efecto, la única consideración de la corporación a quo radica en que como el trabajo extramuros es uno de los beneficios administrativos a que se refiere el artículo 146 de la Ley 65 de 1993, los cuales radican en cabeza del interno que tiene la calidad de condenado, no puede aplicársele a B... porque respecto de esta no se ha emitido sentencia.

Si bien B... tiene la calidad de sindicada, el aval que se pretende no puede afincarse exclusivamente en el precepto invocado por el tribunal, sino que también deben contemplarse, en una visión sistemática, las demás disposiciones que regulan el trabajo de los internos, con el fin de deducir si es cierto o no que el que se puede realizar de modo extramural es una prerrogativa exclusiva de los sentenciados.

Es cierto que el artículo 146 del Código Penitenciario y Carcelario denomina como beneficios administrativos a los permisos hasta de 72 horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y penitenciaria abierta y que estos hacen parte del tratamiento penitenciario; así mismo, que tal tratamiento tiene por objeto preparar al condenado para su vida en libertad mediante la resocialización (art. 142 ibídem), de acuerdo con el sistema progresivo (art. 144 ib.). El título XIII, dentro del cual se encuentran esas disposiciones, no desarrolla la forma como se realiza el trabajo extramural.

Esa reglamentación se encuentra en el título VII que trata del ‘Trabajo’. En el artículo 79 se establece que en los establecimientos de reclusión el trabajo es, obligatorio para los condenados, como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. El artículo 82, inciso 2º, señala que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad abonará a los detenidos y condenados un día de reclusión por dos días de trabajo.

De igual manera, el artículo 86 preceptúa:

“Remuneración del trabajo, ambiente adecuado y organización en grupos. El trabajo de los reclusos se remunerará de una manera equitativa. Se llevará a cabo dentro de un ambiente adecuado y observando las normas de seguridad industrial.

Los condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema progresivo, podrán trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad, siempre que colaboren con la seguridad de los internos y con el espíritu de su resocialización (...).

Los detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta gracia, según las consideraciones de conducta del interno, calificación del delito y de seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, solo podrán ser contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente controlados en su comportamiento y seguridad” (negrillas de la Corte).

Como puede observarse, el trabajo extramural no es un derecho-deber exclusivo de quienes se encuentren condenados dentro de un establecimiento carcelario, sino que la ley extiende esa posibilidad a los internos que tienen la calidad de detenidos, a manera de gracia, cuya concesión debe evaluarla el director del respectivo centro de reclusión.

Así las cosas, como otorgar o negar el trabajo extramuros a un detenido es una potestad exclusiva del funcionario en cuestión, porque bajo su responsabilidad está el cuidado, vigilancia y custodia de aquel, en principio el servidor judicial a cuyas órdenes se encuentra un sindicado no podría inmiscuirse en la viabilidad de esa concesión.

Pero como quiera que la detención tiene unas finalidades concretas, es conveniente que el juez evalúe el grado de incidencia que en relación con esos objetivos (asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, la preservación de la prueba y protección de la comunidad) puede darse en el caso concreto por la eventualidad de que el detenido salga a trabajar por fuera del recinto carcelario.

Expresado de otro modo, el funcionario judicial no puede sustraerse a dar su opinión cuando se le solicita que extienda su aval para el otorgamiento de autorización a un sindicado con el fin de que realice trabajo extramuros, con el simple argumento de que se trata de un beneficio administrativo, porque, como se vio, es posible que quienes se encuentran en situación de detención también accedan a esa forma de tratamiento.

Por esa razón, se revocará la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Cartagena, en el sentido de que proceda a evaluar, en conjunción con las finalidades de la detención preventiva, la conveniencia de que la procesada adelante trabajo extramuros y su opinión se la haga saber al director de la cárcel de distrito de esa ciudad.»

(Auto de 15 de septiembre de 2004. Radicación 22.777. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

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