Auto 22804 de octubre 27 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 94

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá D.C., octubre veintisiete de dos mil cuatro.

Vistos

Resuelve la Sala lo pertinente en relación con el recurso de reposición interpuesto por el defensor del condenado Álvaro Steevens Forero contra la providencia de la Sala de septiembre 20 de 2004, mediante la cual se declaró prescrita la acción penal por el delito de falsedad en documento privado.

Antecedentes

1. En la fecha indicada, en pronunciamientos diferentes, la Sala ordenó, en el primero, la cesación de procedimiento a Álvaro Steevens Forero por haberse operado la prescripción respecto del cargo de falsedad en documento privado y, como consecuencia, le fijó la pena privativa de la libertad en 28 meses de prisión y en el mismo lapso la de inhabilitación de derechos y funciones públicas; y, en el segundo, inadmitió la demanda de casación presentada a su nombre por el defensor.

2. Este sujeto procesal, en el marco del recurso de reposición que interpuso en contra la primera determinación, le solicitó a la Corte concederle a su representado la condena de ejecución condicional, apoyado en que con motivo de la “redosificación” punitiva que siguió a la declaración de prescripción, la pena pasó de 40 a 28 meses de prisión, cumpliéndose así el requisito objetivo previsto en el artículo 63-1 del Código Penal. También concurre la denominada exigencia subjetiva, tenida en cuenta por las instancias al otorgarle la prisión domiciliaria.

Aduce el impugnante, por último, que la Sala es competente para decretar el beneficio solicitado por ser la máxima autoridad de la jurisdicción penal.

Consideraciones

1. La circunstancia de ser la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad de la jurisdicción penal ordinaria no es una condición de la cual derive competencia para resolver cualquier asunto en los procesos donde ha sido interpuesto el recurso extraordinario de casación.

La misma, eso es evidente, tiene como origen el medio de impugnación y se encuentra limitada al examen formal de la demanda, a la declaración de causales objetivas de extinción de la acción penal como la prescripción y la muerte del procesado, y al proferimiento del fallo de casación. Igualmente, como pasa en este caso y pese a que la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada como consecuencia de la inadmisión de la demanda de casación, para resolver el recurso de reposición que eventualmente se interponga en contra de decisiones que lo admitan en el trámite del recurso extraordinario como la que declara la cesación de procedimiento.

2. El artículo 68 del Código Penal de 1980, a condición de que se reunieran los requisitos allí establecidos, disponía que

“En la sentencia condenatoria de primera, segunda o de única instancia, el juez podrá, de oficio o a petición del interesado, suspender la ejecución de la pena por un período de prueba de dos a cinco años...”.

La Sala, al interpretar esa disposición, entendió que el examen pertinente orientado al análisis sobre la procedencia del subrogado penal era susceptible de efectuarse solamente en el marco del fallo, incluido el de casación pero siempre y cuando se hubiera alegado el tema en la demanda (1) .

2.1. El artículo 63 del Código Penal vigente, igualmente a condición de que se reúnan las exigencias allí contempladas, estipula que

“La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos a cinco años...”.

Es evidente que el nuevo texto no conservó la misma redacción del derogado y aunque puede colegirse que no limitó la oportunidad para determinar si se suspende o no la ejecución de la pena al proferimiento de la sentencia, como lo hacía el anterior, es preciso advertir que ese continúa siendo el momento procesal en el que corresponde hacerlo y que, sin embargo, existe autorización legal para ese análisis por fuera de él cuando la pena privativa de la libertad se fija en 36 meses de prisión o menos como consecuencia de la prescripción de una de las conductas punibles, a condición de que el juzgador no haya desechado la concurrencia del requisito subjetivo del subrogado penal en el fallo.

2.2. En el presente caso, a causa de la prescripción decretada por la Sala se le fijó la pena a Steevens Forero en 28 meses de prisión en lugar de los 40 que se le impusieron en las instancias, y eso significa que procede considerar si es merecedor de la suspensión condicional de la sentencia, solo que el asunto no es competencia de la Corte —que únicamente la ostenta en el marco de la sentencia de casación— sino del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien la deriva del artículo 79-4 del Código de Procedimiento Penal, norma esta que igual le impone idéntico examen en los casos de reducción punitiva originada en la aplicación del principio de favorabilidad (art. 79-7 ibíd.).

La solicitud de condena condicional, entonces, no puede ser resuelta por la corporación y en esa medida no procede la adición a la providencia impugnada que se reclama a través del recurso de reposición.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

NO ADICIONAR la providencia del 20 de septiembre de 2004, por la cual se declaró prescrita la acción penal por el delito de falsedad en documento privado y se fijó la pena al condenado Álvaro Steevens Forero en 28 meses de prisión.

Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

Cúmplase.

Magistrados: Herman Galán Castellanos—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo, comisión de servicio—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Corte Suprema de Justicia. Auto-única instancia 15.003, junio 26 de 2001, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote; y, Auto-casación 6.990, enero 21 de 1992, M.P. Jorge Carreño Luengas.

___________________________________