Auto 22995 de noviembre 14 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp.: 22995

Rad.: 05001233100020002881 01

Consejero Ponente

Dr. Alier Hernández Enríquez

Actor: María Cecilia Rodríguez Maldonado y otros.

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil dos.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de 21 de marzo de 2002, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del cual decidió declarar la perención del proceso.

Antecedentes

Auto impugnado

En la providencia apelada, el a quo sostuvo que la demanda había sido admitida mediante auto de 20 de marzo de 2001 y que, en esa providencia, se ordenó la notificación al demandado y al procurador judicial por conducto de la oficina de apoyo judicial, “entendiéndose que dicho trámite corresponde a la parte demandante”. Agregó que, en el proceso no aparece constancia de que se haya surtido la mencionada notificación o que la parte actora hubiera aportado la constancia de pago en la oficina de apoyo judicial.

Luego de transcribir el texto del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, anotó que, el 28 de marzo de 2001 se surtió la notificación al Ministerio Público, recordó las varias tesis sobre la procedencia de la perención “en materia de notificación de la demanda” y dijo que, el tenor literal de esa norma

“es claro en precisar cuánto tiempo debe permanecer el proceso en la secretaría por inactividad de la parte demandante, cuando el impulso corresponde a ella, esto es, determinó un mínimo (sic) de seis meses, los cuales este despacho computará a partir del día en que el auto admisorio de la demanda fue notificado al Ministerio Público, o sea a partir del veintiocho (28) de marzo de dos mil uno (2001), lo que quiere decir que a la fecha, este proceso ha permanecido en la secretaría esperando que el demandante pague y diligencie la notificación, por más de seis meses”.

Recurso de apelación

El apoderado de la parte actora apeló la providencia comentada alegando que, como no se ha notificado el auto admisorio de la demanda a la entidad demandada, mal puede deducirse la existencia de un proceso, lo cual hace improcedente la perención.

Adujo que los poderdantes residen en Bogotá y no tienen capacidad económica para costear los gastos de desplazamiento del abogado para efectos del impulso del proceso.

Aclaró que

"...en una oportunidad se trató de cumplir con el pago de la notificación por intermedio de una persona de esa ciudad y ello no fue posible por cuanto existe un procedimiento para ello demasiado complicado, pues se necesita solicitar copia del auto admisorio, luego solicitar que se hagan denominados (sic) avisos de notificación y luego pasar a la oficina de apoyo todo lo cual no es de fácil (sic) entendimiento para personas ajenas al sistema".

De otra parte, indicó que le ha sido imposible enterarse del curso del proceso porque el tribunal no da informaciones telefónicas sobre el estado de los procesos. Aseguró que sólo el 15 de abril de 2002, los demandantes pudieron sufragar los gastos necesarios para cubrir los costos de la notificación, pero, para entonces, ya había sido decretada la perención. Alegó que la materia del proceso es “un hecho de lesa humanidad” y que ello debe prevalecer sobre asuntos procesales.

Finalmente, dijo que “la Carta pregona la protección de la mujer cabeza de familia y de los menores de edad” por lo que solicitó revocar el auto impugnado y disponer que “se proceda a la notificación de la demanda para de estar (sic) manera garantizar también el derecho al acceso a la administración de justicia”.

En escrito posterior, el abogado transcribió apartes de providencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en las que se sostiene que no procede la perención cuando no se ha notificado lo demanda.

Auto admisorio de la demanda

Por medio de auto de 20 de marzo de 2001, el tribunal dispuso lo siguiente:

“Se admite la presente demanda...

Notifíquese el contenido del presente auto al representante legal de la entidad demandada el contenido del presente auto (sic), y de conformidad con la Ley 270 de 1996 se le notificará a la directora ejecutiva de la rama judicial, en orden a lo cual se le hará entrega de una copia de la demanda y sus anexos. Igualmente notifíquese al procurador judicial.

Fíjese en lista por diez (10) días".

(...)".

Consideraciones

Sea lo primero, aclarar que la perención es una institución que opera objetivamente, cuando concurren los requisitos señalados en la ley. No es una sanción para cuya imposición deban —o, siquiera, puedan— considerarse factores subjetivos de los actores, como lo sugiere el apoderado de la parte demandante.

En cuanto a la procedencia del decreto de perención como mecanismo de terminación anticipado del proceso, en los casos en que hayan transcurrido más de seis (6) meses sin que la parte demandante hubiera efectuado el pago de las expensas necesarias para adelantar la diligencia de notificación personal del auto admisorio de la demanda, a la demandada, la Sala ha precisado que

"...es posible decretar la perención del proceso aun cuando no se haya notificado el auto admisorio de la demanda al demandado (1) ; (...).

(1) Consejo de Estado. Sección Segunda. Auto del 16 de junio de 1995. Expediente 10.087 y auto del 13 de marzo de 1997, expediente 14.845.

(y) que la falta de pago de las expensas necesarias para que pueda surtirse la diligencia de notificación del demandado, no puede ser sancionada con la perención del proceso, cuando el juez omite señalar la suma de dinero que la parte demandante debe proveer para el efecto" (2) .

(2) Consejo de Estado. Sección Tercera. Expedientes 17071, 17670 y 17772 del 12 de octubre de 2000. Sección Cuarta. Auto del 20 de enero de 1995. Expediente 7096 y auto del 4 de julio de 1995, expediente 7072.

Esta pauta jurisprudencial se sustenta, de una parte, en el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, disposición según la cual, al decidir sobre la admisión de la demanda el juez debe disponer, entre otras actuaciones, la siguiente:

ART. 207.—Auto admisorio de la demanda.

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso (3) , cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. (negrilla).

(3) De conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2867 de 1989, se consideran como gastos ordinarios del proceso los ocasionados por concepto de notificaciones, publicaciones, coplas necesarias para el diligenciamiento del proceso, edictos, comunicaciones telegráficas y correo aéreo.

De otra parte, puede explicarse dicho criterio en que, tal como lo ha precisado la Sala,

"...Teniendo en cuenta que la situación que abre la posibilidad de declarar la perención es la ausencia de una actuación procesal a cargo del actor, es lógico que el auto a partir del que se cuenta el término para que se configure tal fenómeno procesal sea aquél en el que quede establecida la obligación o carga del demandante, siempre que ella esté conforme con la ley" (4) .

(4) Auto de expediente 22650.

Caso concreto

En el caso sub judice, la Sala observa que la actuación de la parte demandante dependía de que el a quo señalara las expensas que debía sufragar, pues dicha determinación que sólo puede ser adoptada por el juez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 207 numeral 4º Código Contencioso Administrativo.

De allí que, al no haberse tomado tal determinación, es claro que el desarrollo del proceso dependía exclusivamente de la actividad del juzgador y no de la parte demandante, por lo que, no podía el tribunal decretar la perención.

En otros términos, en el asunto concreto, no concurren los requisitos de procedencia de la perención, pues la inactividad del proceso no es imputable a la parte demandante (5) .

(5) En ese sentido ver, entre otros, auto de cuatro de octubre de dos mil uno, expediente 20871.

En conclusión, la Sala procederá a revocar el auto apelado, para que el tribunal dé cumplimiento a la normatividad referida y continúe tramitando el proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de 21 de marzo de 2002, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que se fijen los gastos ordinarios del proceso.

2. Ejecutoriado este auto, envíese el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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