Auto 23052 de noviembre 20 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE REPETICIÓN

CONSECUENCIAS CUANDO LA ENTIDAD CONDENADA NO LA EJERCITA EN UN PLAZO DE SEIS MESES

EXTRACTOS: «Para resolver el recurso motivo de alzada, es necesario verificar los alcances del artículo 8º de la Ley 678 de 2001, que a la letra dice:

“ART. 8º—Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley.

Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición:

1. El Ministerio Público.

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la dirección de defensa judicial de la Nación, cuando la perjudicada con el pago sea una entidad pública del orden nacional.

PAR. 1º—Cualquier persona podrá requerir a las entidades legitimadas para que instauren la acción de repetición, la decisión que se adopte se comunicará al requirente.

PAR 2º—Si el representante legal de la entidad directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero a que se refiere este artículo no iniciare la acción en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución”.

Se establece al inicio de la norma en cita una obligación clara para la entidad encargada del pago de una condena, el cual es el de iniciar la acción de repetición correspondiente en un plazo no mayor a seis (6) meses.

El plazo contenido en cualquier proposición jurídica, cumple su función como delimitador del período de tiempo en que se cumpla una obligación o se exija un derecho. En el presente caso, la obligación contenida en los seis meses expuestos en la norma, es la de presentar la acción de repetición por parte de la entidad condenada. Teniendo el plazo una función delimitadora, sería fútil establecer el mismo sin que se desprendiera una consecuencia por su inobservancia.

Para el aquo, dicha consecuencia se constituye en la perdida de legitimidad por parte de la entidad condenada para incoar la respectiva acción de repetición fruto de la condena impuesta. Para la Sala, esta interpretación es errónea toda vez que de la lectura global del artículo estudiado se desprende que la consecuencia de la trasgresión del plazo de seis meses trae como resultado efectos diferentes a los tomados por el tribunal administrativo de Casanare.

Inicialmente se debe considerar el título del artículo estudiado “legitimación”, el cual indica que la disposición en estudio trata sobre una condición que se impone a una persona para que actúe en un proceso de repetición. Sin embargo, del primer parágrafo del artículo 8º de la Ley 678 de 2001, no se colige que la condición de legitimado para actuar en un proceso se le imponga o prive a una determinada persona, pues esta primera parte de la norma en mención trata sobre el deber impuesto a la entidad condenada para que inicie la correspondiente acción de repetición en un determinado periodo de tiempo.

A continuación, el segundo parágrafo del artículo en estudio establece una de las primeras consecuencias del incumplimiento del deber de accionar por parte de la entidad condenada, pues se faculta al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho para ejercitar la acción de repetición. Esta parte de la disposición estudiada sí encuentra coherencia con su título, pues condiciona a las entidades en mención para ejercitar la acción de repetición derivada de la condena impuesta a la entidad que ha omitido su deber de repetir. Es de anotar que la legitimación otorgada a las entidades antes nombradas es dispositiva, pues no se establece como un deber sino como una facultad, toda vez que se dice que estas entidades “podrán” ejercitar la acción.

De lo hasta aquí examinado, no se observa que se prive a la entidad que sufrió la condena a repetir de su facultad para ejercitar la acción de repetición. Esto se da bajo el entendido de que la facultad otorgada al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia es de carácter dispositivo, sin que se disminuye u obvie la capacidad de la entidad directamente afectada para ejercitar la acción de repetición.

El espíritu de la Ley 678 de 2001 se dirige al efectivo cumplimiento del deber constitucional impuesto a todo ente público que se vea condenado por la conducta reprochable de uno de sus agentes, consistente en la repetición de la condena impuesta a la entidad. Esto justifica la premura demostrada por el legislador para que las entidades encargadas de ejercitar la repetición lo hagan en el menor tiempo posible, en este caso 6 meses. Este plazo se instituye entonces como un mecanismo de la ley para evitar la negligencia por parte de los representantes de las entidades encargadas de repetir, ya que si bien la acción de repetición tiene una caducidad de 2 años, esto no quiere decir que la acción deba ser incoada el último día del término de caducidad concedido.

Con el plazo de seis meses se pretende que el cumplimiento del deber de repetir sea inmediato, pues resulta incomprensible que se dilate el ejercicio de la acción por parte de las entidades condenadas, cuando la condena que se pretende repetir ha sido proferida en un proceso donde la misma entidad ha participado en su desarrollo. Siendo la entidad condenada conocedora de los hechos demostrados en el proceso original, se entiende que una vez proferida y ejecutoriada la condena, ya tiene una idea de la participación del agente contra el cual pretende repetir, respecto de los hechos que llevaron a la sentencia condenatoria.

En este punto cabe recordar que la acción de repetición no es una liberalidad de la entidad condenada, sino una obligación de la misma tendiente a la guarda del interés público, razón que justifica el plazo perentorio de 6 meses.

Como complemento de este razonamiento se observa en el parágrafo 2º del artículo 8º de la Ley 678 de 2001, que se establece la segunda consecuencia al incumplimiento del deber de repetir en un período inferior a 6 meses. En este aparte se establece que dicho incumplimiento se constituye en causal de destitución del funcionario encargado de iniciar la acción de repetición. De esto se asume que los efectos de la norma estudiada se subsumen solo al comportamiento de los funcionarios encargados de iniciar la acción de repetición.

En este orden de ideas resulta equivocado deducir que las derivaciones del incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 8º de la Ley 678 de 2001 van mas allá de su contexto, toda vez que de lo analizado anteriormente se deduce que los efectos de la norma en cita apuntan al comportamiento de los funcionarios encargados de iniciar los procesos de repetición, y no a la capacidad de accionar que ostenta la entidad llamada a repetir.

La facultad otorgada al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia para que se inicie la acción de repetición, una vez transcurridos seis meses sin que la entidad titular de la misma la presente, se torna en mecanismo de protección del bien tutelado mediante la ley, pues se busca que la acción de repetición se ejerza a pesar de la desidia de la entidad originalmente titular de la misma. Sin embargo. sería incoherente con el espíritu de la ley el privar a la entidad de dicha facultad, pues si bien se otorga la titularidad de la misma a otros entes, se entiende que el ente que mejor puede impulsar el proceso de repetición es aquel que hubiese tenido un contacto cercano con los hechos que originaron la condena a repetir.

Al verificarse los reales alcances del artículo 8º de la Ley 678 de 2001, estima la Sala que el a quo realizó una aplicación errónea del mismo, toda vez que sus alcances se limitan al comportamiento de los funcionarios encargados de incoar las acciones de repetición, sin tocar la legitimación de los entes públicos interesados en repetir una condena impuesta en su contra».

(Auto de 20 de noviembre de 2003. Expediente 23.052. Consejero Ponente: Dr.Ramiro Saavedra Becerra).

____________________________