Auto 2339 de mayo 31 de 1991 

SALA CONSTITUCIONAL 

ASAMBLEA CONSTITUCIONAL

Ref.: Proceso 2339. Demanda de inconstitucionalidad contra la Proposición modificatoria del Reglamento de la Asamblea Constitucional, nuevo artículo 46, aprobada en la sesión plenaria del 1º de mayo de 1991; y contra el Acto Constituyente número 1 de 1991, emanado de la misma Asamblea. Recurso de reposición.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Augusto Escobar Trujillo

Bogotá, D.E., mayo treinta y uno de mil novecientos noventa y uno.

El ciudadano Alfredo Castaño Martínez interpuso en tiempo oportuno recurso de reposición contra el auto que inadmitió la demanda en el presente proceso.

Decidido, conforme a los artículos 26 y 27 del Decreto 432 de 1969, en providencias separadas, que no hay lugar a tramitar los incidentes de recusación planteados por el demandante contra algunos de los integrantes de la Sala, procede ésta a resolver el recurso interpuesto, lo cual hará previas las siguientes

Consideraciones

1. Entre los argumentos de diversa índole aducidos, la Sala estima que los realmente conducentes a lo que en sede de reposición se discute, dada la naturaleza y alcance del acto recurrido, se reducen a dos: que el escrito de demanda reúne los requisitos de forma establecidos en el artículo 16 del Decreto 432 de 1969 siendo éste el único aspecto que cabe estudiar para saber si la demanda es o no inepta y por lo tanto para decidir su admisibilidad; y, que la Corte ha declarado su competencia para conocer sobre la constitucionalidad de los Actos Legislativos reformatorios de la Constitución, por vicios en su formación, independientemente de que tengan vigencia temporal o permanente y aunque no están expresamente enunciados en el artículo 214 de la Carta, porque la misión de esta corporación es guardar "la integridad de la Constitución''''.

2. Se pasa a examinar ambas razones:

2.1. No es verdad que el único requisito a que deba atenderse para admitir o no una demanda sea el de su conformidad externa con las exigencias puramente formales de su confección. Es claro que la competencia del juez es el factor que determina la impulsión del proceso, pues ningún objeto tendría que un juez adelantara una actuación cuando desde el comienzo éste advierte su notoria incompetencia y por ende sabe que la misma por esa causa resultaría viciada. En punto a procesos de inconstitucionalidad, la competencia de la Corte depende exclusivamente de la naturaleza del acto, por lo cual su análisis debe prevalecer sobre el de la verificación mecánica de las meras formalidades del libelo.

Son múltiples los casos que pueden invocarse para demostrar que este criterio ha sido tradicionalmente aplicado por la Corte y de ahí que la providencia recurrida, según en ella se afirmó, tenga por sustento jurisprudencia reiterada de la corporación.

A título de ejemplos recientes, baste recordar los autos inadmisorios dictados en enero 30 de 1991 (Exp. 2274), marzo 6 de 1991 (Exp. 2298), marzo 20 de 1991 (Exp. 2312), abril 25 de 1990 (Exp. 2128), mayo 3 de 1989 (Exp. 1951), mayo 23 de 1990 (Exp. 2154), diciembre 12 de 1990 (Exp. 2270), noviembre 21 de 1990 (Exp. 2251), junio 27 de 1990 (Exp. 2155), mayo 3 de 1989 (Exp. 2951), noviembre 15 de 1989 (Exp. 2058), julio 15 de 1987 (Exp. 1689), abril 22 de 1987 (Exp. 1606), julio 29 de 1987 (Exp. 1694), agosto 4 de 1987 (Exp. 1706) y marzo 25 de 1987 (Exp. 1610) todos ellos por haberse encontrado que el acto acusado no era de los justiciables en este estrado. Este criterio es compartido por el Consejo de Estado en los negocios de su incumbencia e inclusive acogido en las reglas generales del proceso civil (inciso final del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil).

2.2. La sala bien conoce, desde luego, la jurisprudencia constitucional sentada desde la sentencia del 5 de mayo de 1978, relativa a la competencia de la Corte para pronunciarse sobre la inexequibilidad de actos legislativos reformatorios de la Constitución por violación de los trámites previstos al efecto en la propia Constitución vigente y más concretamente en el artículo 218.

Empero y tras concienzudo estudio de la cuestión, insiste en que los actos materia de la acción ciudadana a que este proceso se contrae, ostentan una naturaleza jurídica de tal especialidad y excepcionalidad, que son inasimilables a los demás de nuestro orden jurídico. Ellos y el órgano que los generó, aunque ya hacen parte ciertamente de nuestra institucionalidad, son distintos a todos los contemplados en la Carta Constitucional que nos ha regido y en el conjunto normativo de ella derivado.

El propio origen popular de la Asamblea Constitucional y consiguientemente su modo de funcionamiento, escapan a las previsiones de aquella preceptiva, diseñada para supuestos enteramente diferentes. Es por eso por lo que los actos de la Asamblea no pueden medirse con el mismo rasero normativo que los del Congreso, sea que a éste se lo visualice obrando en función legislativa o constituyente; para esta última, es decir, para la función constituyente del Congreso, exclusivamente, se estructuró el artículo 218 de la actual Carta Política, el que nada tiene que ver con un procedimiento extraordinario de reforma constitucional, acogido en esta oportunidad por el pueblo colombiano y que necesariamente implica capacidad suficiente en el organismo así creado, para producir normas que encaucen su marcha y hagan posible el cumplimiento de su cometido, no sujetas, por su propia esencia, a la Constitución escrita preexistente. No es, pues, trasladable a la ocasión la tesis sobre el control constitucional que teniendo como objeto los actos del Congreso, construyó la Corte en 1978 y que el actor estima equivocadamente aplicable al presente caso.

No halla en estas condiciones la Corte Suprema de Justicia —Sala Constitucional— razonamientos valederos que la lleven a revocar el auto inadmisorio de la demanda proferido en estas diligencias el veintidós de los corrientes, como lo pide el recurrente y en consecuencia,

RESUELVE:

Confirmar en todas sus partes el auto inadmisorio de que da cuenta la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Pablo J. Cáceres Corrales—Pedro Augusto Trujillo—Rafael Méndez Arango—Fabio Morón Díaz—Simón Rodríguez Rodríguez—Jaime Sanín Greiffenstein. 

Miguel Antonio Roa Castelblanco, Secretario (E).

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