Auto 23757 de noviembre 13 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

EJECUCIÓN DE LAUDOS EN MATERIA DE CONTRATOS ESTATALES

CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

EXTRACTOS: «La Sala procede a definir la jurisdicción competente para adelantar la ejecución derivada de laudos arbitrales proferidos con ocasión de la actividad contractual del Estado.

1. Regulación legal de la ejecución de laudos arbitrales.

El artículo 40 del Decreto-Ley 2279 de 1989, modificado por el artículo 129 de la Ley 446 de 1998, establece:

“ART. 40.—Vencido el término de los traslados, el secretario, al día siguiente, pasará el expediente al despacho para que se dicte sentencia, la cual deberá proferirse en el término de tres (3) meses. En la misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con arreglo a lo previsto para los procesos civiles.

Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º y 6º del artículo 38 del presente decreto, declarará la nulidad del laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará.

Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado el recurso y se condenará en costas al recurrente.

Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2, 4, 5 o 6 del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda mitad de los honorarios.

PAR. 1º—La inobservancia o el vencimiento de los términos para ingresar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirá falta disciplinaria.

PAR. 2º—De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme a las reglas generales” (negrilla de la Sala).

Por su parte, la Ley 80 de 1993, artículo 75, establece:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

Se trata de dos normas especiales: la primera que regula lo relativo a la ejecución de los laudos arbitrales y la segunda lo referente a la ejecución de obligaciones derivadas del contrato estatal.

La Sala advierte que no existe un conflicto normativo entre estas dos disposiciones, pues solo la primera regula de manera expresa y concreta el asunto materia de estudio en el presente caso.

En efecto, el estatuto de contratación estatal, Ley 80 de 1993, regula algunos aspectos del proceso arbitral que tenga por objeto la resolución de litigios derivados del contrato estatal, tales como el tipo de arbitramento (art. 70), el número de árbitros que deben conocer del asunto (art. 70), las causales de anulación del laudo (art. 72), el juez competente para conocer del recurso (art. 72), entre otros, y remite a las disposiciones generales sobre la materia en lo relativo a la designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento (art. 70) como también al trámite y efectos del recurso de anulación (parte final, art. 72).

En tales condiciones, como la Ley 80 de 1993 solo reguló algunos aspectos del arbitraje en litigios derivados del contrato estatal y remitió a las normas generales de la materia arbitral en lo demás, resulta aplicable el Decreto-Ley 2279 de 1989, respecto de lo no regulado por el estatuto contractual.

Por tanto, como la disposición que establece la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de los procesos ejecutivos adelantados con fundamento en laudos arbitrales, está contenida en el parágrafo 2º del artículo 40 del Decreto-Ley 2279 de 1989, que regula el trámite y los efectos del recurso de anulación de laudos arbitrales y a esta norma remite el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, es la aplicable al caso concreto.

Con fundamento en todo lo anterior, se concluye:

— La Ley 80 de 1993, estatuto especial que rige la contratación estatal, remite a las normas sobre la materia en lo relativo al arbitramento para dirimir conflictos derivados del contrato estatal, en aquellos asuntos no previstos.

— Lo relativo a la ejecución de laudos arbitrales no fue regulado por la Ley 80, por tanto, se rige por las normas especiales que regulan la materia arbitral.

— Las normas generales en materia de arbitraje asignaron el conocimiento del proceso ejecutivo derivado del laudo arbitral a la jurisdicción ordinaria.

A igual conclusión se llega si se tiene en cuenta lo expresado por la Sala en auto del 12 de agosto de 1999, expediente 16.124, en el cual, al definir la competencia de esta jurisdicción para adelantar procesos ejecutivos luego de la expedición de la Ley 446 de 1998, dijo:

“El actual estatuto general de contratación de la administración pública (L. 80/93) adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, respecto de obligaciones definidas por voluntad de las partes o por decisión judicial (art. 75), asuntos que, como se dijo, eran del conocimiento de la justicia ordinaria (...).

En adelante, pues, en materia de procesos ejecutivos derivados de sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa existió una doble adscripción de competencia: a la jurisdicción ordinaria, por regla general (CCA, arts. 177 y CPC, 16-1) y a la administrativa contenciosa, en materia contractual (L. 80/93, art. 75).

1.2. La regla anterior fue recogida por la Ley 446 de 1998 en el artículo 32, que reformó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, así:

“De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas (...).

“En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil” (negrilla).

El propósito de esta disposición no fue tanto el de atribución de competencia, pues, como se ha visto, tal circunstancia venía prevista desde el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, con la plena aceptación de la jurisprudencia nacional (1) , cuanto el de precisar el procedimiento a seguir en estos casos.

(1) Cfr. Consejo de Estado: auto de noviembre 29 de 1994 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, antes citado; Sección Tercera, sentencia de noviembre 23 de 1995, Exp. 11310; Sección Tercera, sentencia de agosto 20 de 1998, Exp. 14202; Sección Quinta, auto de abril 10 de 1997, Exp. 817; Corte Constitucional. Sentencia C-388 de 1996 de agosto 22 de 1996.

Lo que conviene aclarar, por las dudas que pudiera suscitar la redacción de la norma, es que la situación que se ha venido planteando no varió con la expedición de la Ley 446 de 1998; la regla que atribuye competencia a la jurisdicción contencioso administrativa para la ejecución de las sentencias que ella misma profiera, se circunscribe a materias propias de los contratos estatales, quedando a cargo de la jurisdicción ordinaria las demás: laborales, de impuestos, de nulidad y restablecimiento del derecho ajenas a los contratos, de reparación directa, etc.

Bajo este marco, la precitada Ley 446 de 1998 completó los instrumentos procesales necesarios en esta jurisdicción al establecer en los artículos 40 y 42, respectivamente, la competencia funcional de los jueces administrativos, en primera instancia, de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía no exceda de 1.500 salarios mínimos legales mensuales, y la competencia funcional de los tribunales administrativos, en primera instancia, de los referidos procesos, cuando la cuantía exceda de dicho monto.

Además, el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, que adicionó el título 14 del libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un capítulo IV, establece en el artículo 134D dos reglas para determinar la competencia territorial: una, en tratándose de controversias derivadas de un título ejecutivo cuya fuente es un contrato (num. 2º, lit. d) y, otra, para procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (num. 2º, lit. i), en el entendido de que estas últimas tienen origen en contratos estatales:

“Competencia por razón del territorio. La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas:

“1. Por regla general, la competencia territorial se determinará por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio del particular demandado.

“2. En los asuntos de orden nacional se observarán las siguientes reglas: (...).

“d) En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante (...).

“i) En los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, será competente el juez del territorio donde se profirió la providencia respectiva, observando el factor cuantía de aquella” (negrilla).

Por consiguiente, para tener claridad en esta materia, resulta necesario hacer el análisis conjunto de los artículos 75 de la Ley 80 de 1993, 32, 40, 42 y 43 de la Ley 446 de 1998, pues la percepción aislada de esas normas podría conducir a conclusiones equivocadas; además, dichas disposiciones no tuvieron la virtud de modificar el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo” (negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con este criterio jurisprudencial, esta jurisdicción solo es competente para conocer de los procesos ejecutivos adelantados con fundamento en “condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa”, en procesos adelantados para dirimir conflictos derivados de contratos estatales, con lo cual se entiende excluida la ejecución de laudos arbitrales.

En tales condiciones se tiene que no es cierto como lo afirma el a quo, que el Decreto-Ley 2279 de 1989 sea un estatuto que solo regula los sistemas de solución de conflictos entre particulares; por expresa remisión del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, es un conjunto normativo aplicable a la resolución de conflictos derivados de la contratación estatal, por la vía del arbitramento, en lo no regulado por la Ley 80 de 1993.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo comprende la ejecución y cumplimiento de las sentencias que resuelven controversias de carácter contractual proferidas por el juez administrativo y no, como aquí sucede, del laudo arbitral proferido por un tribunal de arbitramento».

(Auto de 13 de noviembre de 2003. Expediente 23.757. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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