Auto 23925 de septiembre 7 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 65

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El demandante al sustentar la demanda incurre en graves deficiencias que dan al traste con cualquier vocación de admisibilidad.

Ha dicho la Corte en repetidas ocasiones que cuando el punto discutido por el tercero civilmente responsable es “únicamente” la indemnización de los perjuicios fijados en la sentencia condenatoria, deben observarse las causales y la cuantía para recurrir conforme a la casación civil, sin atención a la pena que corresponda para el o los delitos, pues así lo establece con claridad el artículo 208 de la Ley 600 de 2000 (D. 2700/91, art. 221, preceptiva vigente para cuando ocurrieron los hechos) —cfr. entre otros, auto de casación del 8 de junio de 2005, radicación 23.188, magistrado ponente Mauro Solarte Portilla—.

Del mismo modo, de acuerdo con la doctrina de esta Sala, el tercero civilmente responsable carece de legitimidad para cuestionar la responsabilidad penal del procesado, así como la validez del proceso adelantado en su contra (cfr. autos de casación del 23 de julio de 2001, rad. 17.098, M.P. Édgar Lombana Trujillo, del 9 de mayo de 2002, rad. 19.237, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, y del 5 de mayo de 2004, rad. 21.312, M.P. Alfredo Gómez Quintero, entre otros).

Sin embargo, la Corte encuentra necesario matizar este último criterio. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 600 de 2000, que se ocupa de los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria, “La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”.

Luego es posible que el tercero civilmente responsable discuta la responsabilidad del enjuiciado declarada en la sentencia condenatoria, ya sea porque a pesar de que en su contexto se reconoció que la conducta causante del perjuicio no se realizó o no la cometió el sindicado, se le declaró responsable de la misma o, mejor, se dejó de aplicar la norma jurídica pertinente por errarse en cuanto a su existencia o validez en el tiempo y en el espacio, o porque se estimó que los supuestos condicionantes del precepto no coincidían con los presupuestos fácticos establecidos procesalmente, o porque se le dio un alcance jurídico diferente o se le asignaron consecuencias que no se derivan de la misma (violación directa); o también porque a causa de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas se quebrantó la normativa en cualquiera de esas formas (violación indirecta).

Expresado de otra manera, si la acción civil se enerva por declararse en providencia judicial en firme la ocurrencia de cualquiera de los citados presupuestos y si la responsabilidad del tercero se deriva del hecho ajeno o de aquellos realizados por quienes estuvieren bajo su cuidado (responsabilidad indirecta o refleja), conforme a los lineamientos del artículo 2.347, inciso 4º del Código Civil, es obvio colegir, de un lado, que si se demuestra en el proceso penal que la conducta causante del daño no fue realizada por el sindicado o que este no la cometió, o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa (equivalentes estos dos últimos a la imposibilidad de impedir el hecho pese a la autoridad y el cuidado que la calidad de tercero les confiere —inciso 5º ídem—), ni el sujeto agente, ni el tercero estarían obligados a indemnizar, y de otro, que es válido que dicho tercero ataque la sentencia condenatoria si estima que a pesar de que está acreditado procesalmente la presencia de alguno de estos elementos, no fue recogido en ella.

Esta facultad que se reconoce al tercero civilmente responsable para acceder a la casación con miras a poner en discusión determinados aspectos de la condena penal, está supeditada, desde luego, a que haya desplegado durante la actuación procesal controversia al respecto, de modo que se pueda hallar identidad sustancial entre los tópicos propuestos en la demanda de casación y las pretensiones en estadios antecedentes.

A tono con esa perspectiva, en la Sentencia C-1075 de 2002, al abordar el tema de la vinculación del tercero civilmente responsable al proceso penal en virtud de demanda presentada contra los artículos 69, 70, 140 y 141 de la Ley 600 de 2000, la Corte Constitucional señaló que:

“... si ya ha habido un fallo que exonere de responsabilidad penal a la persona por quien responde el tercero civilmente responsable, no es posible iniciar ni proseguir la acción civil y, por lo tanto, tampoco podrá ser vinculada al proceso penal como tercero (1) .

(...).

7. El procedimiento, las acciones y recursos que se aplican a la intervención del tercero civilmente responsable se encuentran en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y en lo no regulado por estos, en las normas de procedimiento civil que no sean incompatibles con la naturaleza del proceso penal. Por lo tanto, el tercero civilmente responsable puede, entre otras actuaciones, llamar en garantía, denunciar el pleito, proponer nulidades, y emplear los medios de defensa necesarios para exonerarse de su responsabilidad” (negrillas no originales).

Esas hipótesis de ataque las deberá desplegar, por supuesto, con arreglo a las causales de la casación penal, en cuanto la discusión tiene como punto de referencia alguno de los elementos inhibidores de la acción civil consagrados en el artículo 57 de la Ley 600 de 2000 porque refieren aspectos de esa naturaleza penal.

En virtud de lo anterior, entonces, se puede concluir que el tercero civilmente responsable podrá acudir en casación por las causales penales contra la sentencia de segunda instancia que le es adversa, si estima que un error en la fijación de la responsabilidad penal del sujeto agente por no percibirse o no declararse en el fallo alguno de los tópicos señalados en el citado artículo 57, incidió en la condena en su contra.

Esta concreta posibilidad de actuación del tercero civilmente responsable para oponerse en sede casacional al fallo condenatorio, complementa las advertidas por la Sala en sentencia del 23 de agosto del año que avanza, con ponencia de quien ahora cumple similar cometido, de la siguiente manera:

“De las anteriores reflexiones, a la luz de la normatividad contenida en la Ley 600 de 2000, se concluye lo siguiente:

a) El interés jurídico por razón de la cuantía es el principio general que gobierna la posibilidad que tiene el tercero civilmente responsable para acceder a la casación por la vía ordinaria, en los términos y las condiciones fijadas en la ley, cuando “únicamente” cuestiona los perjuicios.

b) Si lo que busca es la protección de sus garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia podrá acudir a la vía que corresponda de acuerdo a la pena fijada para el delito, con prescindencia de la cuantía de los perjuicios decretados en la sentencia. En cualquiera de tales eventos, deberá cumplirlas exigencias formales inherentes al instituto, ya sea por la vía ordinaria o por la discrecional, según lo admita el caso.

c) Con base en la facultad especial que la ley penal le otorga a la Corte, esta puede casar oficiosamente el fallo a favor del tercero civilmente responsable, prescindiendo de cualquier exigencia formal, cuando lo considere necesario para que prevalezca el derecho material y el orden constitucional”.

En este caso, de manera confusa el casacionista va al desgaire. De postular un aparente quebranto de garantías, lo que llevaría a entender que propuso la casación excepcional en virtud de la penalidad señalada a las lesiones culposas, pasa a mostrar inconformidad con el monto de los perjuicios, aspecto que determinaba que tuviera en cuenta la cuantía y causales previstas para la casación civil. Estas ni siquiera fueron mencionadas y aquella no fue estimada.

Al respecto vale precisar que para la fecha de la sentencia de segundo grado (dic. 14/2004), que contiene la resolución desfavorable al recurrente, el valor de esta no era ni superaba el equivalente a 425 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es, a $ 152.150.000, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil.

Como el fallo de segundo grado, en armonía con el de primera instancia, condenó al tercero a pagar el equivalente a 1.200 gramos oro (patrón que tenía un precio de $ 34.072.87 por gramo para la fecha en cuestión) por perjuicios morales, más $ 7.969.000 por los materiales, es evidente que el valor no supera el tope que legitimaría al tercero para cuestionar el valor de los perjuicios fijados en la sentencia, por manera que el censor carece de interés para cuestionar ese aspecto.

Además, cuando el actor habla de violación al debido proceso y al derecho de defensa, se adentra en aspectos de índole probatoria pero sobre la forma como se tasaron los perjuicios, que no enseñan la necesidad de desarrollar la jurisprudencia o garantizar los derechos fundamentales como para darle cabida a la casación excepcional, propuesta que resulta contradictoria en cuanto el examen de aquella situación está condicionada al valor fijado en la condena, mientras que el de garantías está supeditado a que se enseñe que en efecto es indispensable entrar a protegerlas, punto sobre el que no aparece argumento atendible en la demanda.

Lo mismo ocurre cuando trata la falta de congruencia, pues el yerro lo hace consistir en la disonancia que dice encontrar entre la acusación y la sentencia porque en aquella no se mencionó la figura del concurso de conductas punibles y en esta sí, mas no hizo cabal y suficiente desarrollo del reparo en cuanto se olvidó del exacto contenido de las dos decisiones, a fin de resaltar la supuesta falta de correspondencia entre una y otra y, además, tampoco enseñó de qué forma el hecho de haberse condenado al procesado por un concurso de lesiones repercutió en la forma como el juzgador corporativo fijó la condena a indemnizar los perjuicios a favor de cada uno de los afectados.

En cuanto al alegato que trata de la falta de vinculación al proceso de la señora Ligia Amparo Rubio Padilla, conductora del vehículo Chevrolet Sprint, el libelista lo toca desde dos aristas. Una, que esa omisión redundaría en la reducción de los perjuicios dada la eventual concurrencia de culpas, proposición que envuelve de nuevo un debate al monto de los perjuicios, cuyo valor no alcanza el tope que legitimaría el acceso a la casación. La segunda, afincada en la violación indirecta de una norma de derecho sustancial, respecto de la que no pasa del simple enunciado, ya que luego de proponerla hace algunas menciones al hecho de haber sido relevado del cargo de defensor, sin que explique siquiera qué repercusión tuvo esa presunta irregularidad en la liquidación de los perjuicios.

En suma, como el recurrente carece de interés y además la demanda no satisface los requerimientos mínimos de precisión y claridad, se inadmitirá el libelo casacional.

Por último, ha de señalarse que revisada la actuación, no se observó la presencia de ninguna de las hipótesis que permitirían a la Corte obrar de oficio de conformidad con el artículo 216 de la Ley 600 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada en nombre del tercero civilmente responsable, sociedad Transportes Especializados de Carga “Teca Ltda.”, por las razones expuestas en las anteriores consideraciones.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Esta aseveración la hizo con base en el artículo 57 de la Ley 600 de 2000.

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