Auto 24196 de octubre 18 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

REBAJA DE PENAS

El artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se aplica a los condenados ajenos al conflicto armado.

Magistrada Ponente:

Dra. Marina Pulido de Barón

Radicación 24196

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre del dos mil cinco (2005).

Vistos

La Sala se pronuncia sobre la apelación interpuesta por el doctor Cristian José Arregocés Pinto contra la providencia del 4 de agosto del 2005, por medio de la cual el Tribunal Superior de Riohacha le negó la rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la Ley 975 del mismo año.

Antecedentes procesales

Mediante sentencia del 31 de julio del 2003, el Tribunal Superior de Riohacha declaró al doctor Cristian José Arregocés Pinto autor penalmente responsable del delito de prevaricato por acción, cometido en su condición de fiscal delegado ante los juzgados penales municipales de esa ciudad. Le impuso 40 meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por igual lapso y 55 salarios mínimos legales mensuales de multa. Finalmente, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

El fallo fue recurrido por la defensa y confirmado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de marzo del 2004.

El doctor Arregocés Pinto solicitó le fuera concedido el descuento punitivo previsto en el artículo 70 de la Ley 975 del 2005 y, como consecuencia, la suspensión condicional de la ejecución de la condena, por reunir los requisitos legales.

La providencia recurrida

Negó lo solicitado porque: i) la Ley 975 del 2005 es un estatuto especial referido exclusivamente a la reincorporación de los grupos armados ilegales y, por tanto, no surte efectos para todos los delitos y procesos, y, ii) aun en el supuesto de que fuera admisible, no procedería conceder la condena condicional, porque no se puede modificar una sentencia que ya hizo tránsito a cosa juzgada material.

La impugnación

El doctor Arregocés Pinto afirmó que no se puede desconocer el derecho fundamental de la aplicación retroactiva de la ley más favorable y que el juez no puede restringir su alcance cuando la disposición no lo hace. Agregó que como el descuento ubica la pena dentro de las previsiones de la condena condicional, debe otorgársele, toda vez que los fallos la negaron exclusivamente porque no se cumplía el presupuesto objetivo.

Consideraciones

Para efectos de la determinación a adoptar, la Sala observa:

I. Sobre la rebaja de penas del artículo 70 de la Ley 975 del 2005.

1. El 25 de julio del 2005 fue promulgada la Ley 975 (Diario Oficial 45.980), “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

En principio, entonces, resultaría válido el entendimiento del tribunal, en el sentido de que los destinatarios de la denominada “ley de justicia y paz” serían exclusivamente los miembros de esos grupos armados ilegales.

Así se infiere de la denominación que se dio al estatuto y así lo expresan los artículos 1º y 2º de sus “principios y definiciones”, en cuanto el legislador estableció que su objetivo era el de “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley”, específicamente de “guerrilla o de autodefensas” y aclaró que las reglas de investigación, procesamiento, sanción y beneficios allí previstos tenían como destinatarias esas personas.

2. No obstante, dentro del capítulo XII, que trata de la “vigencia y disposiciones complementarias”, se incluyó el artículo 70, en los siguientes términos:

“Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencias ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.

Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas”.

3. La ubicación de la norma —dentro del capítulo de “disposiciones complementarias”— y el tema regulado, permite concluir que, por oposición a los argumentos del A quo, su aplicación está dada para todos los casos, exceptuados precisamente los relacionados en la propia disposición y los cometidos por los integrantes de grupos al margen de la ley “durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos”.

Véase:

a) La Ley 975 determinó los beneficios a que se haría acreedor el miembro de la organización delictiva que se reintegre a la vida civil: frente a las sanciones normales previstas en la legislación común, determinó la pena alternativa del artículo 29.

De tal manera que si los miembros de la guerrilla o de grupos de autodefensa, cumplidos los presupuestos reglados en la Ley 975, se hacen merecedores a las rebajas previstas en esa disposición, no tendría sentido alguno que, con la interpretación del tribunal, se les otorgara un descuento adicional, el del artículo 70. La admisibilidad de este, entonces, solo resulta coherente para casos diversos de los de las personas desmovilizadas y de “los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico”, porque así expresamente lo quiso el legislador.

b) La clase de delitos citados en la disposición, aporta un argumento adicional, en el sentido de que el descuento no está dirigido a esos grupos ilegales. En efecto, el objetivo de “justicia y paz” perseguido por el estatuto tiende a que cese la actividad en que están inmiscuidas esas agrupaciones.

En esas condiciones, el “premio” de la pena alternativa del artículo 29 es para aquellas actividades propias del conflicto, de los combates y conductas conexas a ellas. Por modo que la referencia a delitos sexuales, de narcotráfico y de lesa humanidad comporta que la finalidad perseguida por los redactores del artículo 70 era “beneficiar” a otra clase de delincuentes, pues, al menos teóricamente, esos comportamientos no son propios del conflicto armado ni guardan relación alguna con ellos.

c) Que la disposición en cita tuviera el alcance de favorecer a penados diversos de los grupos de guerrilla y autodefensa se explica fácilmente desde criterios de tratamiento igualitario, de equidad, porque no parece coincidir con el mandato del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que personas vinculadas las más de las veces con conductas punibles de extrema gravedad, resultaran favorecidas con una “pena alternativa” de 5 a 8 años, en tanto que una gran mayoría, castigada por comportamientos más leves, cumpliría un tiempo mucho mayor.

d) Un seguimiento a los antecedentes legislativos del artículo de que se trata, permite concluir que su inclusión y final aprobación estuvo signada con el objetivo de que los condenados que no eran destinatarios del mecanismo de “justicia y paz”, esto es, la delincuencia común, la ajena al conflicto armado, resultara beneficiada con un descuento punitivo.

Véase:

• En el informe de ponencia para primer debate (Gaceta del Congreso 74, de mar. 4/2005), se dijo:

“Se establece una rebaja de pena para las personas que al entrar [en] vigencia la ley cumplan penas por hechos delictivos, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta ...”

La senadora Claudia Blum de Barberi, para mostrar su desacuerdo, dejó constancia en el sentido de que la norma

“... va más allá del marco de la iniciativa que se está estudiando... La senadora considera que esta propuesta debería analizarse en el marco de un proyecto independiente, previo un análisis sobre su impacto frente a las políticas criminales y de seguridad ciudadana que se aplican en el país”.

Es claro, entonces, que la propuesta y la disidencia tenían claridad respecto del alcance general de la disposición.

• Por encargo de los presidentes de las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes, una subcomisión de legisladores presentó un “pliego de modificaciones”. Se infiere que propusieron la exclusión de la disposición (no aparece incluida en el articulado), sin que se ofreciera explicación alguna para hacerlo (Gaceta del Congreso 77, de mar. 7/2005).

• En el “informe de ponencia para segundo debate” en la Cámara de Representantes se hizo referencia, sin modificación alguna, a la propuesta precedente de excluir el artículo (Gaceta del Congreso 273, de mayo 17/2005). Otro tanto sucedió con el análisis presentado por el representante Roberto Camacho, por encargo de la Presidencia de la Cámara (Gaceta del Congreso 286, de mayo 24/2005).

• En la Gaceta del Congreso 289, del 25 de mayo del 2005, se observa que la determinación de excluir la norma relacionada con la rebaja fue objeto de apelación, con las siguientes razones:

“Es importante señalar que el legislador dentro de sus funciones que le ha otorgado el Constituyente —cláusula general de competencia legislativa— consagrada en los artículos 114 y 150 constitucionales, tiene la facultad de definir las conductas punibles e imponer las sanciones, así como de conceder las rebajas de penas que considere necesarias y apropiadas de acuerdo con la política criminal adelantada por el Estado con observancia de las limitaciones que en materia penal y penitenciaria establece la Carta Política, toda vez que se encuentran de por medio derechos fundamentales de los asociados, como la libertad y valores superiores como la represión del delito o la resocialización del delincuente.

Nada se opone a que el Congreso de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales disponga una rebaja de penas, función que le es propia y que corresponde a una decisión de carácter político que tiene su fundamento en la ponderación de las situaciones y realidades que en un momento histórico se presenten en la sociedad, teniendo en cuenta que es el órgano encargado de señalar las bases de la política criminal del Estado. Ponderación, y en ese orden, reflexión y recelo, que conduce a excluir de la rebaja de pena a quienes se encuentren condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico...

La realidad social del país y los objetivos que se buscan con esta disposición, que son, entre otros, otorgar una mayor protección a la dignidad de las personas privadas de la libertad —artículo 1º de la Carta Política—, aliviar el problema de sobrepoblación que se presenta en los establecimientos de reclusión que funcionan en el país, así como también facilitar la búsqueda de la reparación, reconciliación y convivencia pacífica al permitir una más rápida reincorporación del condenado a la sociedad y a su medio familiar, ubica la presente iniciativa dentro de una política criminal y penitenciaria razonada...

... se trata de un beneficio preciso y determinado, que no es permanente y que aliviará la condición de todos los condenados —a excepción de los que el legislador considere que no deben acceder a él— y de las personas que dependen de ellos, otorgándoles una nueva oportunidad de rehacer su proyecto de vida, lo que contribuirá en el logro de la paz social” (resalta la Sala).

Los argumentos transcritos no dejan duda alguna: la inclusión inicial de la norma y la posterior postura de que fuera reconsiderada su exclusión, con fundamento en la cláusula general de competencia legislativa del Congreso, obedeció a la intención expresa de que todos los condenados fueran beneficiados con un descuento punitivo, en aras de la protección de la dignidad de los reclusos, de contribuir a la descongestión carcelaria, y de lograr la reincorporación del penado a la sociedad y a su familia. La disposición, entonces, fue redactada con carácter general, esto es, con destino a la totalidad de penados, con las excepciones dispuestas en la misma.

• La presidencia del Senado delegó en su similar de la comisión segunda presentar un informe sobre esa impugnación. Uno de los senadores designados por esta concluyó que el artículo resultaba inconveniente y pidió fuera archivado, porque

“... hace relativamente poco tiempo fue reformado el Código Penal, el cual incrementó las penas para este tipo de delitos. Pretender, en este momento, rebajarlas es contradecirnos nosotros mismos. Nos encontramos, también, con los argumentos expresados en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, en donde vemos cómo con este artículo se viola el principio erga omnes y el fin resocializador de la pena”.

La mayoría de los congresistas designados con ese mismo fin, allegaron un segundo informe en sentido contrario, esto es, reclamando la inclusión de la disposición, con los mismos argumentos iniciales, esto es, con su carácter de regla general, con destino a todos los condenados.

En estos términos fue aprobada la disposición por la comisión tercera constitucional de la Cámara de Representantes en sesión del 1º de junio y se dispuso que, recogida en el texto de la ley, siguiera su curso legal (Gaceta del Congreso 318, de jun. 3/2005).

• La Gaceta del Congreso 299, del 27 de mayo del 2005, relaciona el debate que se dio en el Senado para determinar la viabilidad o no de la apelación. De alguna de tales intervenciones surge incontrastable que la norma de la rebaja de penas era general, para todos los sentenciados. En efecto, se dijo que ella recogía el llamado “... tema del jubileo, entonces es la propuesta de una rebaja general de penas del 10% para casi todos los sindicados y condenados de este país”.

Finalmente, el “informe de conciliación” de la comisión designada por los presidentes de Senado y Cámara destaca que

“... fueron acogidos del texto aprobado en el honorable Senado los artículos 5º y 71...”

Los artículos 71 y 72, corresponden a rebaja de penas y sedición, respectivamente, cuyos textos fueron aprobados en virtud del recurso de apelación surtido ante la honorable comisión segunda...

Frente al artículo 71 denominado “rebaja de penas”, el honorable representante Luis Fernando Almario Rojas presentó una proposición aditiva que no fue acogida por esta comisión accidental de conciliación, motivo por el cual dejó la siguiente constancia:

“Por el derecho a la igualdad, dejo constancia en el acta de conciliación, que no estoy de acuerdo con las excepciones para la rebaja de penas. La ley debe ser general”.

Así, el texto conciliado y que finalmente fue promulgado como el artículo 70 de la Ley 975 del 2005, fue el que se introdujo con el fin expreso de que cobijara a todos los condenados. Nótese que la inconformidad expuesta radicó exclusivamente en que la disposición debió ser aún más general, esto es, que ni siquiera había lugar a excluir de la redención a los penados por delitos sexuales, de lesa humanidad y narcotráfico.

4. En las condiciones dichas, la persona adquiere el derecho a la rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la Ley 975 del 2005, siempre y cuando satisfaga las siguientes exigencias: i) que haya sido condenada por conductas punibles diversas de las previstas en sus artículos 1º y 2º y aquellas contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico; ii) que “[los condenados] cumplan penas por sentencias ejecutoriadas” “al momento de entrar en vigencia la presente ley” (25 de julio del 2005); y, iii) que, con fundamento en lo probado, el juez de ejecución concluya en la demostración de a) el buen comportamiento del condenado; b) su compromiso de no repetición de actos delictivos; c) su cooperación con la justicia; y, d) sus acciones de reparación a las víctimas.

II. Sobre la posibilidad de conceder, por favorabilidad, la condena condicional con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia.

1. En la decisión recurrida, el tribunal no solo concluyó que no procedía la aplicación retroactiva del artículo 70 de la Ley 975 del 2005, sino que afirmó que aún en el supuesto contrario no procedería el análisis sobre la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pues la decisión en ese sentido, adoptada en los fallos en primera y segunda instancias, había hecho tránsito a cosa juzgada y, por tanto, no podía ser modificada con posterioridad.

2. Esa conclusión comporta una valoración restringida del principio y derecho fundamental a que tiene todo procesado para que retroactiva o ultractivamente se le aplique la ley que resulte más favorable a su situación.

Lo anterior, porque el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia ordena que “la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Así, el mandato superior es general, sin limitaciones, que, obviamente, no puede establecer el intérprete.

3. Si de la orden constitucional surge que se impone aplicar retroactivamente la nueva ley, es evidente que ello obliga también respecto de las consecuencias que de esa circunstancia deriven, pero en el entendido necesario de que no se trate de las mismas situaciones de hecho y de derecho valoradas en las sentencias, porque en esta hipótesis, a pretexto de la favorabilidad lo que en verdad haría el funcionario ejecutor sería reformar los fallos.

Por vía de ejemplo, si los falladores negaron subrogados penales bajo la consideración de que la pena impuesta excedía los parámetros objetivos, motivo por el cual se abstuvieron de valorar los denominados subjetivos, resulta incontrastable que si, en razón de admitir retroactivamente la nueva ley, el nuevo límite se ubica dentro del previsto para ese sustituto, se impone para quien dirige el cumplimiento de la condena el análisis de aquellos aspectos que fueron obviados por los juzgadores. Esto en modo alguno implica reforma, sino aplicación exacta e incondicional de la favorabilidad.

4. Las siguientes disposiciones de la Ley 153 de 1887 son de recibo en el tema tratado:

“ART. 44.—En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito.

Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena.

ART. 45.—La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones:

La nueva ley que quita explícita o implícitamente el carácter de delito a un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.

Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.

Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado.

Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua.

Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna”.

Si, a voces de las disposiciones señaladas, la aplicación irrestricta de la garantía constitucional permite exonerar del cumplimiento total de un castigo impuesto legalmente, sin que hacerlo signifique modificar, en contra de la cosa juzgada, los fallos en firme, es obvio que una consecuencia natural de ese derecho también lo es que se estudie la viabilidad de otorgar un subrogado penal —quien puede lo más, puede lo menos—, cuando quiera que su rechazo haya obedecido exclusivamente a que el límite punitivo impuesto llevó a que los jueces obviaran el estudio de los factores subjetivos.

III. El caso concreto

1. En contra del doctor Cristian José Arregocés Pinto se profirió fallo condenatorio el 31 de julio del 2003, que, recurrido, fue ratificada por la Corte el 17 de marzo del 2004, esto es, el fallo hizo tránsito a cosa juzgada con antelación a la vigencia de la Ley 975 del 2005.

2. Según certificado 03 del 13 de julio del 2005, expedido por el director de la cárcel de Riohacha, el doctor Arregocés Pinto ejerce la actividad de artesano, no ha sido objeto de sanciones disciplinarias y “su conducta ha sido calificada en el grado de buena”.

Ese documento, debidamente motivado, permite inferir el cumplimiento del artículo 70, esto es, “el buen comportamiento del condenado”.

3. Igual demostración obra respecto de “su compromiso de no repetición de actos delictivos”, como que así expresamente lo manifestó en su petición y se desprende de su voluntad de acogerse a la disposición.

4. Asiste la razón al solicitante en cuanto que en el caso concreto no existe obligación de cumplir “acciones de reparación a las víctimas”, como que ninguna fue individualizada dentro del proceso.

5. Por “cooperación con la justicia”, como presupuesto para acceder a la rebaja, debe entenderse la colaboración, la ayuda, la contribución, el apoyo, la asistencia que el procesado haya prestado a los fiscales y jueces a cargo de la investigación adelantada en su contra, aunque no se descarta la posibilidad de que se pueda conceder el mismo alcance a otra que, debidamente probada, haya brindado en asuntos diversos.

La cooperación exigida no puede significar que, en contra del derecho fundamental previsto en el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, se imponga el deber de confesar, porque la garantía de la no autoincriminación es fundamental, circunstancia dentro de la cual no puede cargarse en contra de quien es sindicado de la comisión de una conducta punible que no admita su responsabilidad.

En estas condiciones, se infiere que si, como en el caso en estudio, el procesado estuvo presto en todo momento a atender los requerimientos de la justicia, esa circunstancia es suficiente para concluir en su contribución en los términos de la norma.

Satisfechas así las exigencias del artículo 70 de la Ley 975, se revocará la providencia recurrida. En su lugar, se concederá al doctor Arregocés Pinto el beneficio previsto en esa disposición. Para hacerlo, debe considerarse lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 1º de la Ley 48 de 1987 que otorgó una rebaja “de la sexta parte de la pena privativa de la libertad impuesta, o que llegue a imponerse por delitos cometidos antes del 1º de julio de 1986”, y frente al artículo 629 del Código de Procedimiento Penal de 1987, que disponía que ese tipo de reducciones, al igual que las previstas por trabajo y estudio, “se tendrán[n] en cuenta como parte cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse”, la Sala, en auto del 9 de agosto de 1989 (M.P. Guillermo Duque Ruiz), expuso:

Es cierto que la Ley 48 de 1987 consagra una rebaja o aminorante de pena, pero se repite que es una atenuante no referida a la ley sino al juez que en un momento dado la está dosificando; es decir que es una rebaja para la pena “imponible”, para la que llegare a determinar el juzgador, y no una rebaja referida a las penas máximas que consagran los diferentes dispositivos legales, que es, esta sí, la que se debe tener en cuenta para los efectos de la prescripción.

Posteriormente, el 18 de septiembre de 1990, con el mismo ponente, la Corte agregó:

“Lo primero que debe resolver la Sala, es si la rebaja de pena prevista en al Ley 48 de 1987 debe descontarse de la sanción debidamente dosificada según el tipo penal violado ... para determinar cuál fue la pena impuesta y saber así si por ese aspecto punitivo es procedente la condena de ejecución condicional, o si por el contrario... la referida rebaja de pena en nada incide sobre “la punibilidad del delito”...

Para la Sala, es claro que la rebaja de pena concedida por la Ley 48 de 1987 sí afecta la punibilidad de los delitos cometidos por las personas... la pena... se rebajó en una sexta parte, afectándose así y de manera general la punibilidad de todos aquellos hechos punibles comprendidos en dicha normatividad”.

Como el artículo 70 de la Ley 975 del 2005 concede un descuento similar a aquel a que hacen referencia las decisiones transcritas, el manejo debería ser el mismo. No obstante, la Sala considera que la razón estaba de parte de quienes aclararon el voto en la última providencia, porque el inciso final del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal del 2000 (similar al 629 del D. 50/87) dispone:

“La reducción de penas por trabajo y estudio, al igual que cualquier otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de la pena impuesta o que pudiera imponerse (resalta la Sala)”.

El mandato es claro: cualquier disminución de pena prevista por el legislador debe ser aplicada en las mismas condiciones dadas para los descuentos por trabajo y estudio, esto es, no afectará ni la sanción prevista en el tipo ni la dosificada por el juez, sino que será abonada al penado como si ya la hubiera cumplido.

Un argumento adicional para esta postura surge de que tal interpretación resulta benéfica para el condenado. En efecto, tratándose de garantías como permisos de fin de semana y libertad condicional, entre otras, que exigen el cumplimiento de un determinado porcentaje de la sanción impuesta, resulta provechoso lograr el mismo de la base inicial, que es mayor, que de aquella obtenida luego de aplicarle la rebaja. En el caso presente, por ejemplo, las 3/5 partes de 40 meses (la pena impuesta inicialmente), se cumplirían con 24 meses, pero como se abonarían 4, realmente la exigencia quedaría satisfecha con 20. Con la valoración inicial, ese porcentaje equivaldría a 21,6 meses, porque las 3/5 partes se obtendrían de 36 meses.

Así, el descuento del 10% de las sanciones impuestas al doctor Arregocés Pinto no afectará las penas decretadas en los fallos. Pero se le abonarán como partes ya cumplidas de ellas 4 meses de prisión y de interdicción de derechos y funciones públicas y 5,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.

Esa circunstancia comporta que como el elemento objetivo previsto en el artículo 63 del Código Penal no varió, no hay lugar a estudiar la procedencia del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin perjuicio de que si con posterioridad se satisfacen las exigencias legales, se proceda a ello respecto de la libertad condicional.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Revocar la providencia impugnada.

2. Conceder al doctor Cristian José Arregocés Pinto la rebaja de penas prevista en el artículo 70 de la Ley 975 del 2005. En consecuencia, para todos los efectos legales se tendrán como partes cumplidas de las sanciones que le fueran impuestas en los fallos 4 meses de prisión y de interdicción de derechos y funciones públicas y 5,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.

3. No otorgar al doctor Arregocés Pinto la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez, Salvo el voto— Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo, con aclaración de voto—William Monroy Victoria, Conjuez—Jorge Luis Quintero Milanés, salvo el voto—Yesid Ramírez Bastidas, salvo el voto—Mauro Solarte Portilla—Javier Zapata Ortiz, Salvo el voto.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

El Tribunal Superior de Riohacha le negó a Cristian José Arregocés Pinto, quien había sido condenado por el delito de prevaricato a la pena de 40 meses de prisión, la rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, negativa ante la cual interpuso recurso de apelación que la mayoría de la Sala revocó, decisión de la que me aparto con base en los argumentos que a continuación expongo:

1. La norma en referencia dispone que las personas que al momento de entrar en vigencia esa ley cumplan penas por sentencias ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje en una décima parte, con excepción de los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.

2. En cuanto al ámbito de aplicación de esa preceptiva, la mayoría de la Sala considera que cubre a los delincuentes comunes, con estos fundamentos:

2.1. Los miembros de las organizaciones delictivas que se reintegren a la vida civil quedan sometidos, por los delitos cometidos, a la pena alternativa fijada en el artículo 29, sustancialmente menor a las penas ordinarias. Si ello es así, no tendría sentido que, además, tengan derecho a la diminuente de pena consagrada en el artículo 70.

2.2. La clase de delitos citados en la disposición evidencia que el descuento no está dirigido a esos grupos ilegales y que la finalidad de la norma era beneficiar a otra clase de delincuentes.

2.3. No resulta igual que personas vinculadas las más de las veces con delitos de extrema gravedad, resulten favorecidas con una pena alternativa de 5 a 8 años de prisión, en tanto que una gran mayoría, castigadas por comportamientos más leves, tenga que purgar penas mayores. Y,

2.4. Los antecedentes legislativos evidencian que el propósito que se buscó con la norma fue precisamente el de beneficiar con ella a la delincuencia convencional.

3. Tengo para mí que ninguno de los cuatro argumentos expuestos para avalar la procedencia de la rebaja de pena invocada por el condenado parte de supuestos constitucionales porque referencias como la ubicación del artículo 70 en el contexto de esa ley, los delitos en él aludidos y los antecedentes legislativos de la ley, tienen como común denominador el suponer la legitimidad constitucional de la norma cuya aplicación se pretende pues la única referencia de esta índole que se hace remite a una desafortunada referencia al derecho fundamental de igualdad, desconociendo que a partir de una norma constitucionalmente ilegítima no se pueden pretender tratamientos legales igualitarios, los que, además, deben ser entre iguales.

4. En el contexto de un Estado constitucional de derecho el horizonte de proyección de la judicatura se determina a partir de un ámbito normativo que parte de la Carta Política y del bloque de constitucionalidad, y si bien la ley vincula al juez, este está habilitado para percatarse de la legimitidad o ilegitimidad de esta y para dar prevalencia a las disposiciones superiores en caso de existir contradicción entre aquella y estas, de suerte que no está obligado a aplicar una disposición que desconoce instituciones superiores como el principio de unidad de materia, las exigencias del procedimiento legislativo, las competencias de los distintos ámbitos del poder público y el acervo valoral del estatuto superior.

5. En efecto: el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se aprobó por fuera del mencionado principio pues el tema de la ley no era conceder una rebaja generalizada de penas sino determinar el régimen penal y procesal penal al que quedaban sometidos los miembros de grupos armados al margen de la ley que se reintegraran a la vida civil, materia de la ley ignorada para incluir la aminorante en un proceder constitucionalmente ilegítimo al atentar contra la transparencia del procedimiento legislativo y desestimar el principio democrático.

En la reconstrucción que se hace del trámite dado al proyecto que dio origen a la Ley 975, se omiten las irregularidades en que se incurrió y que, de acuerdo con doctrina constitucional vigente, serían suficientes para cuestionar su legitimidad constitucional, como ocurre, por ejemplo, con la imposibilidad de apelar, en el curso de los debates parlamentarios, la negación de artículos específicos de un proyecto de ley.

Y el respeto en la distribución de competencias que hace la Carta Política entre los distintos ámbitos de la función pública, es lo que legitima los actos de la legislación, de la administración, de la jurisdicción y de los órganos de control y electoral, reparto de competencias que hace efectivo el principio de separación de los poderes públicos tan central en la historia del Estado de derecho, principio manifiestamente desconocido en este caso pues bajo la forma de una rebaja generalizada de penas, se dio lugar a un indulto, institución respecto de la cual existe no solo un procedimiento legislativo agravado que fue desconocido —C.P., art. 150 17— sino también precisas competencias del ejecutivo —artículo 201.2—, razones que me llevaron a plantear una excepción de inconstitucionalidad para negar la aplicación de la norma aludida y, en consecuencia, la rebaja invocada por el peticionario, planteamientos preliminares que desarrollo a más espacio así:

6. Bien conocido es el apotegma constitucional que “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley válida: a) La norma superior; y, b) la ley dictada por el legislador en el marco de competencias que le ha fijado la norma superior y que, por supuesto, tenga conexidad axial con ella, juicios de validez en titularidad del juez en ejercicio de los controles directo o difuso que le dispensa un sistema político de separación de poderes con cooperación armónica, de pesos y contrapesos, de frenos y contrafrenos, concebido para evitar el desbordamiento de alguno de ellos con incidencias catastróficas para la vigencia del Estado social y democrático de derecho.

En el trámite legislativo aparece una constancia según la cual

“... los artículos 61 sobre rebaja de penas y 64 sobre sedición, del proyecto de ley de justicia y paz, fueron aprobados por la vía de la apelación violando la Constitución Política y a Ley 5ª de 1992, en vista de su negativa inicial que de esos artículos hizo la Comisión Primera del Senado.

“Por ese camino de la inconstitucionalidad terminaron convirtiéndose en los artículos definitivos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005. El artículo 159 de la Constitución Política, solo autoriza la apelación de proyectos de ley negados en primer debate. Lo mismo hace el artículo 166 del reglamento del Congreso (L. 5ª/92). En consecuencia, no existe habilitación jurídica para apelar la negación de los artículos de ningún proyecto de ley. A esto se suman otras irregularidades de trámite que las consigné en una constancia que oportunamente presenté en la discusión del proyecto de ley de justicia y paz…” (1) .

7. Al Congreso de la República se le reconoce el derecho a la libertad de configuración, limitado de doble manera por el principio de unidad de materia y el respeto de la ley con la norma constitucional.

8. Sobre la primera limitante, el tribunal constitucional sentenció que busca la racionalización y el afianzamiento del proceso legislativo, espacio por excelencia para la concreción de la democracia. En un principio, tiene implicaciones en el desenvolvimiento del proceso legislativo pues “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia” y “serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella” (C. Pol., art. 158), ofreciendo mecanismos para evitar su desconocimiento.

“La razón de su exigencia constitucional, la Corte ha tenido oportunidad de precisar que, por su intermedio, se busca racionalizar y tecnificar el proceso normativo, procurando que las disposiciones incluidas en un proyecto de ley guarden la necesaria armonía o conexidad con el tema general que suscitó la iniciativa legislativa o, en su defecto, que converjan en un mismo propósito o finalidad sociológica. De esta manera, se logra impedir las incongruencias temáticas que tienden a aparecer en forma súbita o subrepticia en el curso de los debates parlamentarios, las cuales, además de resultar extrañas al asunto o materia que se somete a discusión, en últimas, lo que pretenden es evadir el riguroso trámite que la Constitución prevé para la formación y expedición de las leyes” (2) .

Después, para garantizar “la deliberación pública y transparente sobre temas conocidos desde el mismo surgimiento de la propuesta”, materias predefinidas para “que en esa dirección se canalicen las discusiones y los aportes previos a la promulgación de la ley”, y para que el producto del proceso legislativo sea el resultado de “un sano debate democrático en el que los diversos puntos de regulación hayan sido objeto de conocimiento y discernimiento” evitándose con ello “la aprobación de normas sobre materias que no hacen parte o no se relacionan con aquella y se impide el acceso de grupos interesados en lograr normas no visibles en el proceso legislativo”.

“El principio de unidad de materia que se instaura, contribuye a darle un eje central a los diferentes debates que la iniciativa suscita en el órgano legislativo. Luego de su expedición, el cumplimiento de la norma, diseñada bajo este elemental dictado de coherencia interna, facilita su cumplimiento, la identificación de sus destinatarios potenciales y la precisión de los comportamientos prescritos. El estado social de derecho es portador de una radical pretensión de cumplimiento de las normas dictadas como quiera que solo en su efectiva actualización se realiza. La seguridad jurídica, entendida sustancialmente, reclama, pues, la vigencia del anotado principio y la inclusión de distintas cautelas y métodos de depuración desde la etapa gestativa de los proyectos que luego se convertirán en leyes de la República” (3) .

Y, al final, con implicaciones también en el terreno del control de constitucionalidad, que puede ser riguroso —no lo supera “toda norma que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de regulación”— o flexible— “sólo violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a la materia regulada” (4) , y que involucra desde el título y la determinación del núcleo temático de la ley, en lo que resultan importantes la exposición de motivos en cuanto allí se relacionan las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; los debates de comisiones y plenarias; las variaciones entre los textos originales y los definitivos, etc., de donde, como desarrollo de los artículos 158 y 169 superiores, y 148 y 193 de la Ley 5ª de 1993 (o reglamento interno del Congreso), se requiere inclusive la titulación legislativa y determinar el eje temático de la ley “pues es ese núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera o no el principio de unidad de materia” (5) .

9. Así, pues, la Constitución le señala al legislativo un par de condiciones para el correcto ejercicio de su función natural al indicar que este se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir la ley, y, simultáneamente ha de observar una estricta relación interna desde el punto de vista sustancial entre las normas que harán parte de la ley para que todas ellas estén referidas a igual materia, de tal manera que el Congreso violará ese principio constitucional “cuando incluye cánones específicos que, o bien no encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado” (6) .

10. Esa cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen al Congreso los artículos 114 y 150 de la Carta, traducida a libertad de configuración del legislador en materia penal y penitenciaria, y particularmente en lo referente a rebajas de penas privativas de la libertad, encuentra ciertos límites indiscutibles en la misma Constitución que

“...no le permite actuar arbitrariamente sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. Se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como los de la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores” (7) .

11. La acción del legislador en estas materias tiene el límite que las medidas que adopte

“... deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajusta a la Constitución”, esto es, “puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad” (8) .

12. Es decir: cuando la rebaja de pena no obedece a una política criminal sino a una “gracia”, a la manera de un “jubileo” (término utilizado en los debates parlamentarios de esta L. 975/2005), que “equivale a una suerte de indulto” (9) , deben coincidir los requisitos que establece el artículo 150 -17 del código político, que son: a) Que exista una mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos de los miembros de ambas cámaras a favor de su concesión; b) Que se otorgue únicamente respecto de delitos políticos; y, c) Que existan graves motivos de conveniencia pública que lo hagan aconsejable.

“Lo que el legislador ha pretendido hacer —agregó la Corte al declarar inexequible el Proyecto de Ley 36 de 1999 Senado y 196 de 1999 Cámara “por la cual se celebra el gran jubileo y el advenimiento del tercer milenio de esta era, se concede una rebaja de penas, y se dictan otras disposiciones”—, es perdonar una parte de la pena legalmente impuesta o próxima a imponerse, a personas sindicadas de cualquier tipo de delitos, o condenadas por ellos, contra la expresa directriz constitucional que solo permite ese perdón tratándose de delitos políticos” (10) .

13. La exposición de motivos del Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado, titulado de “justicia y paz”, le señala como único núcleo temático.

“.... contar con un marco jurídico claro para comenzar un proceso de paz, tanto con los grupos guerrilleros como con las autodefensas… que muestren un propósito sincero” al desmovilizarse y desmantelar esas organizaciones criminales, frente a las cuales no son viables la amnistía ni el indulto, pero a quienes, “dentro de un marco legal estructurado en los ejes verdad, justicia y reparación, dando especial importancia al derecho de las víctimas, se puede pensar en conceder beneficios…

También es lógico que satisfechas las condiciones de verdad, justicia y reparación, sea indispensable ofrecer a las personas que muestren propósitos de enmienda y actitud de rectificación, un camino para su reincorporación a la sociedad, gozando de un beneficio jurídico compatible con su colaboración para la recuperación institucional y la consolidación de la paz. De manera general, dicho beneficio consiste en la posibilidad de gozar de la suspensión condicional de la pena una vez purgado un período básico de privación efectiva de la libertad y haber cumplido los compromisos impuestos por los jueces en términos de reparación, buen comportamiento y penas accesorias. Los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen y colaboren de manera efectiva en la consecución de la paz nacional serán juzgados por un tribunal para la verdad, la justicia y la reparación, a cuyo cargo estará la atribución de dictar sentencia, imponer penas, asegurar que los derechos de las víctimas sean cabalmente resarcidos y otorgar los beneficios. De esta manera, podrá darse cumplimiento a la exigencia de impartir justicia de manera independiente y transparente, propia de un Estado de derecho” (11) .

14. Y, en el informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado y 293 de 2005 Cámara, en cuya sede “también se propone en la iniciativa una rebaja de penas entre una décima y una quinta parte para las personas que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan penas por hechos delictivos” (sin aportar razones de la modificación), se precisó como contenido del proyecto:

“En fin, para lograr la reincorporación de los violentos, bajo una nueva concepción fundamentada en la justicia restaurativa y en menor grado en la retributiva, con compromisos serios de no actuar al margen de la ley, de reparar los daños ocasionados y trabajar en la consecución de la paz, en el proyecto obra una recelosa y reflexiva regulación del marco jurídico en 11 capítulos, contentivos de 65 artículos…” (12) .

15. El título de la Ley 975 del 25 de julio de 2005, de “justicia y paz”, y su finalidad, (13) reiterada en el capítulo I sobre “principios y definiciones”, artículos 1º “objeto de la presente ley” y 2º “ámbito de la ley”, no se pueden evadir a través de “disposiciones complementarias”, mucho menos cuando ya el tribunal constitucional, a través de sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, declaró inexequibles los “jubileos”.

“Sin embargo, advierte la Corte que entre los argumentos que se esgrimieron en el Congreso al momento de revisar las objeciones presidenciales, se encuentra uno según el cual en este caso no se trata de una medida de política criminal, sino de una “gracia” concedida por el legislador a la población reclusa del país, en tanto mensaje de perdón y reconciliación; lo cual conduce de inmediato al tema del indulto en el ordenamiento jurídico colombiano” (14) .

16. Complementariamente dígase que la ley debe también guardar afinidad sustancial con el acervo de valores, principios, derechos y deberes que consagra la Carta Política, la cual junto con el Código Penal, la jurisprudencia y la doctrina nacionales y comparadas, diferencian al delincuente político del común (15) , de donde se desprende que al darles la Ley 975 de 2005 tratamiento punitivo similar, ataca valores superiores como la justicia, el orden justo, la seguridad ciudadana y jurídica, los fines de la pena, la resocialización del delincuente y la igualdad (por equipar a los que natural y jurídicamente son completamente distintos).

Esos fueron los fundamentos que por repetida ocasión planteé en Sala de manera inútil, con el fin de excluir del derecho positivo el tantas veces referido artículo 70 de la llamada “ley de justicia y paz”, dejando constancia que según decisiones de Sala Penal que llevaron ponencia mía (art. 71), participo del criterio de la unidad de materia flexible pero no ilimitada.

Cordialmente,

Yesid Ramírez Bastidas. 

(1) Darío Martínez Betancourt, senador de la República.

(2) Corte Constitucional, sentencia C-657 de 2000, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. En idéntico sentido, sentencias C-523 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-087 de 2001, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y C-714 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(3) Corte Constitucional, sentencia C-025 de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4) “La ley es un canal de expresión democrática pues recoge las iniciativas que existen para la regulación de ámbito de las relaciones sociales, las somete a una deliberación pública y transparente, capta los aportes de una sociedad civil comprometida con su propio destino y permite la legitimación del poder político tanto por la concurrencia ciudadana a los procedimientos de producción del derecho como por su vinculación a la determinación de sus contenidos”. Corte Constitucional, sentencia C- 995 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.

(5) Corte Constitucional, sentencia C- 540 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. “Según lo prescribe el artículo 158 de la Carta Política, todos los proyectos de ley tienen que referirse a una misma materia, so pena de resultar inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no guarden relación con ella. Esta precisión, interpretada en armonía con aquella que exige la necesaria correspondencia entre el título de la leyes y su contenido material (C.P., art. 169), conforman lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado el principio de unidad de materia legislativa”. Corte Constitucional, sentencia C-657 de 2000, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella …. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”. Corte Constitucional, sentencia C- 309 de 2002, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.

(6) Corte Constitucional, sentencia C-390 de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

(7) Corte Constitucional, sentencia C-1404 de 2000, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, Álvaro Tafur Galvis. La sociedad, los ofendidos y las víctimas también tienen un cúmulo importante de derechos que les tiene que garantizar el Estado de derecho, como aquellos de la verdad, la reparación y a que se haga justicia cumpliéndose efectivamente la pena impuesta. Corte Constitucional, sentencias C-740 de 2001, SU-1184 de 2001, C-228 de 2002, C-004 de 2003 y C-014 de 2004. Por todos: José Joaquín Urbano Martínez. Los Nuevos Fundamentos de las Pruebas Penales, obra sin publicar, págs. 30 y 31.

(8) Corte Constitucional, sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis.

(9) Corte Constitucional, sentencia C-260 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

(10) Corte Constitucional, sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis.

(11) “Este proyecto de ley tiene como fundamento: el equilibrio entre justicia y paz, la credibilidad que suscita por el avance en las actuales desmovilizaciones y su alcance universal por ser aplicable a miembros de las autodefensas y de las guerrillas. Una vez aprobado se convertirá en un instrumento valioso para consolidar de manera progresiva la paz nacional y afianzar el imperio del Estado de derecho. Ahora bien: no puede ponerse en duda que a esta ley solo podrán acogerse quienes hayan demostrado su voluntad de paz y solo respecto de los hechos cometidos con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal y con anterioridad a la promulgación de la presente normatividad”.

(12) Gaceta del Congreso 299, 27 de mayo de 2005.

(13) “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la construcción de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

(14) “Pero no obra el legislador dentro de los parámetros constitucionales cuando de manera caprichosa decide favorecer a quienes por una mera cuestión de azar se hallaban en una circunstancia que él resuelve calificar de privilegiada, sin que corresponda a la instrumentación de una política criminal razonada y razonable”. Corte Constitucional, sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis.

(15) Corte Constitucional, Auto Col. 21.639, M.P. Dr. Álvaro O. Pérez Pinzón.

SALVAMENTO DE VOTO

Al margen de las consideraciones consignadas en el salvamento de voto del honorable magistrado Yesid Ramírez Bastidas, las cuales comparto íntegramente, y por eso me plego a ellas, estimo del caso hacer una consideración adicional para aclarar el alcance de mi posición en relación con la interpretación que debió darse al artículo 70 de la Ley 975 de 2005, la cual salvaría, en mi criterio, el problema planteado frente a la falta de unidad de materia con el título y el núcleo temático de la ley, que nos llevó a plasmar nuestra disidencia con la posición mayoritaria.

En efecto, como se puso en evidencia en el aludido salvamento de voto, el entendimiento de que la rebaja de pena contenida en la citada norma cobija a todos los delincuentes comunes que cumplen penas por delitos diversos a los exceptuados en la misma (contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico), no solo rebasa los núcleos temáticos de la ley y la finalidad contenida en su título, sino que además desconoce la diferenciación que la misma Carta Política hace del delincuente político del común, de cuya tradición jurídica se hizo un amplio análisis en la colisión de competencia 24.222 de octubre 18 del año en curso, con ponencia del suscrito magistrado.

Por lo tanto, con el fin de guardar afinidad sustancial con el objeto de la ley y, especialmente, con el acervo de valores, principios, derechos y deberes que consagra la Carta Política, considero que debió restringirse la aplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, a los sujetos que al entrar en vigencia estuvieran condenados por hechos relacionados con su militancia en los grupos armados al margen de la ley de que trata la misma normatividad (guerrilla y autodefensas), dado que esa condición los hace destinatarios directos de su objeto.

De tal manera, se garantiza la igualdad entre los miembros de los grupos armados al margen de la ley (guerrillas y autodefensas) que se acojan a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005 y aquellos que por estar ya condenados no pueden acceder a los mismos.

Esa es la razón por la cual la rebaja de pena aludida en el artículo 70 se dirige a las “personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencias ejecutoriadas”, con las excepciones citadas en la misma norma.

Pero además, como se analizó en el salvamento de voto del honorable magistrado Yesid Ramírez, en la sentencia C-1404 de 2000, la Corte Constitucional concluyó que cuando una rebaja de pena general no obedece a una determinada política criminal (que en los antecedentes de la norma aquí analizada jamás se mencionó), sino a una “gracia”, ello “equivale a una suerte de indulto”, caso en el cual deben concurrir los requisitos que establece el artículo 150 -17 de la Carta, a saber: i) que la ley sea aprobada por una mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos de los miembros de ambas cámaras; ii) que se otorgue únicamente respecto de delitos políticos; y, iii) que existan graves motivos de conveniencia pública que lo hagan aconsejable.

Véase cómo dentro de ese contexto, los artículos 70 y 71 del capítulo XII de la Ley 975 de 2005, se complementarían, pues, de un lado se asume que la rebaja de pena es para los miembros de los grupos armados al margen de la ley, entendiendo por estos “el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002”, que para la fecha de su vigencia cumplan penas por sentencias ejecutoriadas, y, de otro, que la inclusión dentro de la categoría de delito político de la conducta de quienes “conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera en el normal funcionamiento del orden constitucional y legal”, viabiliza la aplicación de una rebaja de pena general, que, como se afirmó, “equivale a una suerte de indulto”, que solo puede cobijar a los llamados delincuentes políticos.

La interpretación que prohíja la Sala Mayoritaria, a saber que la rebaja de pena cobija a los delincuentes comunes, no solo desconoce que todo el texto de la ley se refiere de manera exclusiva a los miembros de los grupos armados al margen de la ley —dentro de la definición que ella misma trae—, y que por lo tanto son ellos el objeto de la misma, sino que además lleva a pensar que la rebaja incluida en el referido artículo 70 configuraría lo que en el lenguaje parlamentario se conoce como “un mico”, para destacar así una disposición aislada, que ninguna relación tiene con la materia de la ley.

Por lo tanto, para resolver la inquietud planteada en las discusiones de la decisión de la que respetuosamente me aparto, era necesario asumir una interpretación racional de la norma, atendiendo a la lógica interna de la ley objeto de estudio. Sobre este presupuesto, el precepto normativo debió relacionarse con todos los demás contenidos en la ley, excluyendo aquella interpretación que daba lugar a una proposición carente de afinidad sustancial con la materia regulada en la ley.

Con todo respeto,

Sigifredo Espinosa Pérez. 

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