Auto 24282 de mayo 22 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. Nº 730012331000200201158 01

Número interno 24282

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Jesús María Herrera Oyuela.

Demandado: Nación-rama judicial-Fiscalía General de la Nación.

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En repetidas ocasiones, esta corporación ha dicho que el llamamiento en garantía procede cuando entre al llamado y llamante existe una relación de garantía de orden real o personal, de la que surge la obligación, a cargo de aquél, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso (1) . En el mismo sentido, se ha reiterado también que, tal como se desprende del texto legal, “la procedencia del llamamiento en garantía está supeditada a la existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la misma litis principal se defina la relación que tienen aquellos dos”.

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto 15871 de 1999.

En consecuencia, la Sala reitera que los requisitos que debe reunir el escrito de llamamiento en garantía son los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, es decir, el nombre de la persona llamada y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí mismo al proceso; la indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación —bajo juramento— de que se ignoran; los hechos en que se basa el llamamiento, así como los fundamentos de derecho que se invoquen, y la dirección de la oficina o habitación donde el llamante y su apoderado recibirán notificaciones personales.

Caso concreto

Como se dijo, lo entidad demandada solicitó el llamamiento en garantía del Fiscal 23 Seccional o de los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación; para ello, solicitó que, previo a ordenar el llamamiento, se oficie a la dirección seccional de fiscalías con el fin de lograr una plena identificación y ubicación del o los llamados en garantía. Como fundamento de su petición aporta copia de una providencia del Consejo de Estado en la que se decidió, antes de pronunciarse sobre el llamamiento, oficiar a la dirección seccional de fiscalías para lograr la identificación y ubicación de un juez regional.

Si bien es cierto que, en el caso traído a colación por la entidad demandada y en otros similares, la Sala ha aceptado liberar de la carga impuesta por la ley a quien llama en garantía en el sentido de identificar al llamado y aportar su dirección, lo ha hecho por razones específicas que justifican la mencionada liberación. En efecto, en esos casos, se ha tratado de fiscales regionales que, conforme a la ley, tienen identidad reservada. Por esa razón, la Sala ha sido clara al afirmar que se trata de un caso específico y que no implica que, de manera general, el juez deba cumplir la carga impuesta por la ley al llamante. Al respecto afirmó:

“Si bien es cierto en la solicitud del llamamiento en garantía que realiza la apoderada de la entidad demandada (Nación-Fiscalía General de la Nación) no se indica el nombre ni el lugar de domicilio o residencia del llamado, por lo cual no se cumple en principio, con uno de los requisitos legalmente exigidos para su formulación (art. 55, num. 1º), debe tenerse en cuenta que en este caso el llamado en garantía es un funcionario judicial cuya identidad se protege dadas las características propias de la denominada justicia regional.

(...).

En razón de lo anterior, la solicitud sobre el particular es razonable y no implica un desconocimiento de las cargas procesales, sino tan solo un incumplimiento excusable de las mismas(2) (negrillas de la Sala).

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 25 de mayo de 2000. Expediente 17689.

“Lo anterior no permite concluir como regla general que es al juez a quien corresponde asumir la función de establecer la identidad y domicilio del llamado en garantía. Pero en ese caso las circunstancias particulares que se presentan, justifican plenamente la petición demandada, en el sentido de que por el tribunal se trate de lograr el conocimiento de quien fue el fiscal que intervino en el caso que da lugar a la demanda, así como su domicilio” (3) .

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 25 de septiembre de 1997. Expediente 13845.

Así las cosas, es claro que la identificación del llamado en garantía y la dirección donde se le puede ubicar, es una carga que debe cumplir el llamante y un requisito legal para que, conforme el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, prospere el llamamiento en garantía. En casos similares al que hoy ocupa la atención de la Sala la jurisprudencia ha afirmado lo siguiente:

“En la solicitud del llamamiento en garantía que realiza la apoderada de la entidad demandada (Nación - Fiscalía General de la Nación) no se indicó el lugar de domicilio o residencia de los llamados, por lo cual no se cumple con uno de los requisitos legalmente exigidos para su formulación (art. 55, num. 1º).

En este sentido le asistía razón al tribunal en negar la medida solicitada. Sin embargo, al momento de sustentar el recurso, la recurrente aportó la información correspondiente al lugar de domicilio de los fiscales llamados” (4) (negrillas de la Sala).

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 22 de febrero de 2001. Expediente 18768.

Teniendo en cuenta que, en el sub judice, el llamado en garantía es un fiscal seccional frente al cual la ley no ha establecido reserva de identidad, es claro que la fiscalía ha podido, antes de solicitar el llamamiento, oficiar a la dirección seccional de fiscalías para que le informara la identidad y ubicación del Fiscal Seccional 23 y, de esa manera, cumplir con la carga procesal que le impone la ley.

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que, en este caso, la entidad demandada no cumplió la carga procesal que le impone la ley y, en esa medida, la solicitud de llamamiento en garantía no reúne con los requisitos exigidos por la ley. En consecuencia, lo procedente es, como decidió el a quo, negar la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto proferido el 18 de noviembre de 2002, el Tribunal Administrativo del Tolima.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

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