Auto 24307 de octubre 18 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL

SEDICIÓN POR PERTENENCIA A GRUPOS DE AUTODEFENSAS

Juez competente para hacer la nueva adecuación típica de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 975.

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Radicación 24307

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre del dos mil cinco (2005).

VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado Penal del Circuito de Guateque (Boyacá) y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja para conocer del proceso seguido contra Juan Carlos Torres acusado por los delitos de concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, previsto en el artículo 340 inciso 2º del Código Penal, porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

Antecedentes:

1. El 9 de marzo de 2004 tropas del Ejército Nacional, previa información de que Juan Carlos Torres, alias “el sicario”, hacía parte de un grupo de autodefensas de Casanare, hallaron en su residencia en el municipio de Chivor un fusil AK-47, abundante munición calibre 7.62, una granada de fragmentación y material de intendencia.

Privado de libertad el mencionado de quien se dice además participó en un combate presentado en el sitio El Sinaí del citado municipio el día 1º de marzo de dicho año en el que murieron tres miembros de las autodefensas y se les incautó a estas material de guerra, la unidad de fiscalías especializadas de Tunja inició y efectuó la correspondiente investigación cuyo mérito calificó con resolución de noviembre 12 de 2004 acusando al imputado como autor de los punibles de concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, previsto en el artículo 340 inciso 2º del Código Penal, porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

2. Ejecutoriada tal decisión, el asunto, para efectos de surtirse la etapa de juzgamiento, se asignó al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, el cual, tras haber efectuado por iniciativa del procesado diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, se declaró carente de competencia para dictarla por encontrar que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 el delito de concierto para delinquir agravado del que la derivaba se tipifica ahora como sedición cuyo conocimiento concierne al Juzgado Penal del Circuito de Guateque a donde remitió el proceso proponiendo colisión negativa.

3. Recibido el asunto por este último despacho, también rehusó su conocimiento por considerar que por virtud del objeto, ámbito de aplicación de la Ley 975 de 2005 y condiciones para acceder a sus beneficios, los efectos de la misma solo se hacen procedentes en relación con grupos de personas o individuos que pertenezcan a un grupo armado al margen de la ley o a una parte significativa o integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas organizaciones y en tanto acrediten dicha condición en los términos de ese ordenamiento.

Además —se afirma por el juzgado al que se propuso la colisión— entratándose de la competencia para conocer de los procesos que se adelanten a partir de dicha ley, incluidos aquellos que se prosigan por el delito de sedición, aquella corresponde al Tribunal Superior de Distrito que señale el Consejo Superior de la Judicatura y no a los juzgados del circuito so pretexto de la cláusula general de competencia o del principio de favorabilidad.

Y si de la redefinición del concierto para delinquir se trata para afirmar que ahora se tipifica como sedición, su conocimiento en cuanto su descripción difiere sustancialmente de la sedición propiamente dicha, atañe a los tribunales que se designen sin que pierda entidad el concierto para delinquir en la medida en que no haga relación a las condiciones de una desmovilización y en consecuencia sigue siendo competente para conocerlo el juzgado especializado, más aun cuando se trata de delitos cuya tipificación pretende proteger bienes jurídicos diversos.

Consideraciones:

Siendo competente la Sala de conformidad con el artículo 18 transitorio, inciso 2º, del Código de Procedimiento Penal, para dirimir el conflicto que en los anteriores términos se ha planteado, pues se ha suscitado entre un juzgado penal del circuito y otro especializado, encuéntrase que, si bien estos no discuten el supuesto fáctico de la acusación principalmente en lo que se refiere a la militancia del procesado en un grupo de autodefensa, sí lo hacen en relación con su adecuación típica en la medida en que el juzgado de Tunja considera que tal acontecer, del cual derivaba su competencia por estar hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 975 definido como concierto para delinquir agravado, ahora se describe como sedición, mientras que el de Guateque estima persistir la calificación de concierto para delinquir en tanto la citada ley resulta en su concepto inaplicable a este asunto donde no se trata de ningún desmovilizado, ni se puede predicar la reunión de las exigencias previstas en la misma para acceder a los beneficios en ella consagrados.

Surge de una tal oposición de criterios un primer interrogante que tiene que ver con la aplicabilidad de la Ley 975 de 2005 al caso examinado pues mientras el juzgado proponente de la colisión la supone, el provocado la niega.

En búsqueda de una respuesta pareciera en principio el despacho de Guateque ostentar la razón si en cuenta se tiene que efectivamente la Ley 975 precisó en sus artículos 1º y 2º su objeto y ámbito de aplicación, aquel en términos de “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley ...” y este para regular “lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional” mientras que en sus artículos 10 y 11 fijó una serie de condiciones que habrán de reunir quienes pretendan acceder a sus beneficios, dando evidentemente a entender que su aplicación solo procede en cuanto se trate de grupos o personas desmovilizadas y en la medida en que reúnan dichas exigencias.

Y aunque toda la ley discurre en ese sentido, sin embargo se introdujo en su estructura un capítulo que hace relación a su “vigencia y disposiciones complementarias” disponiendo en el artículo 71, como adición al 468 del Código Penal que “también incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal” de manera que en esas condiciones debe entenderse modificado por adición el ordenamiento penal y por lo mismo aplicable aquella de modo general y no solo a quienes siendo miembros de grupos armados al margen de la ley se desmovilicen.

Por ende la Ley 975 es en principio aplicable solo al objeto y ámbito en ella previstos, pero no puede entenderse restringida a los mismos cuando como en el caso del citado artículo 71 introduce modificaciones al Código Penal, pues en ese evento no puede tener tales limitaciones por la naturaleza misma del ordenamiento así adicionado.

En consecuencia a diferencia de lo sostenido por el Juzgado de Guateque la Ley 975 de 2005 sí tiene aplicabilidad en este asunto en tanto adicionando la descripción típica del delito de sedición introdujo una nueva casuística que en ordenamientos anteriores se venía tratando como concierto para delinquir y que finalmente se preveía en el artículo 340, inciso 2º, del Código Penal como concierto para delinquir en la modalidad de “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”.

En esas condiciones y en ejercicio de su libertad de configuración legislativa el Congreso motivado en el afán de alcanzar la paz y la reconciliación nacional ubicó en el mismo plano del delito político a quienes hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal y en consecuencia definió dicha conducta como sedición, por manera que a partir de la vigencia de la Ley se sanciona como tal la mera pertenencia a uno de tales grupos protegiendo de ese modo el régimen constitucional y legal como bien jurídico.

Por ende, independientemente de las consideraciones que puedan hacerse en torno a los beneficios que de una dicha tipificación se deriven, además de los punitivos toda vez que la sedición se pune con menos drasticidad que el concierto para delinquir agravado o del tratamiento que pueda darse a las conductas punibles que en ejercicio de esa militancia puedan llegar a cometerse, es lo cierto que quien pertenezca a una de tales agrupaciones incurre, por ese mero hecho en sedición y que a la misma descripción deben responder, dada la favorabilidad que conlleva, quienes perteneciendo a esos grupos hayan sido enjuiciados como autores del concierto para delinquir en la modalidad ya precisada y desde luego en tanto la organización a que se pertenezca interfiera con su accionar el normal funcionamiento del orden constitucional y legal.

En el asunto que se examina, sin que la Corte entre a cuestionar la tipificación de las otras conductas que se imputan al acusado y en relación con las cuales no hay discusión acerca de su competencia, es lo evidente que entratándose del concierto para delinquir agravado la acusación contra Juan Carlos Torres tuvo por fundamento su pertenencia a las autodefensas campesinas de Casanare, como así finalmente lo aceptó en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, luego es claro que en esas circunstancias su conducta debe ahora tipificarse como sedición bajo el entendido que las autodefensas en tanto usurpan al Estado el monopolio de las armas y de la fuerza interfieren con su accionar el orden constitucional y legal.

Así las cosas, estima la Sala que frente a un cambio típico originado en una modificación legislativa no hay lugar a la variación de la calificación jurídica conforme al artículo 404 de la Ley 600 de 2000, dado que la nueva adecuación no obedece a error en la calificación ni a prueba sobreviniente, aparte de que tal procedimiento no podría ejecutarse en el trámite de sentencia anticipada.

Pero como lo que sí se observa es un fenómeno de favorabilidad que se refleja en la pena y en otras consecuencias propias de la nueva imputación jurídica, al no estar comprometida de modo inmediato la libertad (en virtud a que el trámite a seguir es el de dictar el fallo como efecto de la aceptación de cargos, sin que pueda operar excarcelación por el numeral 5º del artículo 365), la aplicación de aquella prerrogativa fundamental , bien puede materializarse en la sentencia, sin que con tal proceder se afecte alguna garantía constitucional, fallo que puede y debe ser dictado por el juez especializado en ejercicio de la prórroga de competencia, en quien esta se mantiene no solo porque en este momento procesal se encuentra vigente la calificación impartida en la resolución de acusación sino porque a él le está atribuido el conocimiento en virtud de la Ley 733 de 2002. Y si se quiere, a lo anterior podría añadirse una razón práctica —refractaria a violación de garantías, se insiste— como sería la de evitar el traslado masivo de expedientes y con ello el desaprovechamiento del conocimiento que de la actuación tiene el actual director de la misma.

Finalmente ha de dejarse en claro que esta solución que se plantea por la Sala solo tendrá aplicación en los asuntos que se encuentren en fase de juzgamiento y en oportunidad para emitir sentencia, dado que los en trámite de instrucción tendrán que ser calificados conforme a la nueva adecuación típica y surtirse la acusación ante el juez penal del circuito. Así mismo tampoco les es aplicable esta tesis a los asuntos que aun se tramitan en juicio faltándoles alguna actuación para que se pueda dictar fallo, vale decir en traslado, en audiencia preparatoria o para realizar audiencia de juzgamiento, en razón a que al seguirse el procedimiento bajo la dirección del juez especializado no solo resulta inaplicable la prórroga de competencia, sino que se podría ver sometido el sindicado —entre otras consecuencias— a esperar un año para tener derecho a la excarcelación por un eventual vencimiento de términos, dada la duplicidad de estos previstos para los jueces especializados, conforme al artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000.

La Sala, en esas condiciones, dirimirá el conflicto en la dirección anotada.

En consecuencia, variada así y por virtud de la ley la denominación jurídica de la conducta que en ese sentido se imputó al acusado es ella la que deberá ahora predicarse por comportar un tratamiento menos restrictivo que el que se daba al concierto para delinquir agravado y por lo mismo calificada ahora como sedición ello tiene obvias incidencias en su conocimiento como que le concierne al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja y no al circuito de Guateque.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Atribuir el conocimiento de esta causa al Juzgado Penal del Circuito de Especializado de Tunja.

2. Remítanse, por secretaría, las diligencias al despacho citado y copia de esta providencia al Penal del Circuito de Guateque, para su información.

Contra este auto no procede recurso alguno.

Cópiese, devuélvase y cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla, con aclaración de voto—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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