Auto 24323 de noviembre 24 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 93

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., noviembre veinticuatro de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

I. El recurso extraordinario de casación en el marco del sistema acusatorio colombiano.

1. En la nueva sistemática procesal penal, el recurso de casación ha sido instituido como un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (art. 181).

“En la tradición del positivismo formalista, el derecho procesal estaba desprovisto de una vinculación sustancial con lo que era materia de litigio; se agotaba en una ritualidad cuya configuración se realizaba fundamentalmente en la instancia legislativa ... pero esa dimensión del derecho procesal ha sido superada pues el constitucionalismo ha rescatado las garantías centenariamente elaboradas como contenidos del derecho procesal para vincularlas inescendiblemente a la realización de las normas sustanciales ... Con ello, ha dotado al proceso de una nueva racionalidad pues ya no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera sino de realizarlas reconociendo esas garantías irrenunciables pues su respeto ineludible también constituye una finalidad del proceso... De allí que el proceso penal constituya un método con el que, a través de distintas etapas teleológicamente dirigidas y en un marco de profundo respeto de los derechos de los intervinientes, se averigua la verdad en relación con la comisión de una conducta punible y se lo hace como presupuesto para la emisión de una decisión justa” (1) .

2. Los jueces en su actividad y decisión se encuentran sometidos al imperio de la ley válida de manera que cada sentencia debe traducir la aplicación de las normas constitucionales y legales a supuestos fácticos específicos, porque de lo contrario surge el recurso de casación como un control a la actividad del juez: el procedimiento y la sentencia, juicio de validez que la Constitución Política y la ley asignaron a un organismo especializado: el Tribunal de Casación.

3. En ese contexto, el de casación se concibe como un recurso extraordinario y como un medio de control jurisdiccional de la constitucionalidad y de la legalidad de los fallos, al seguir siendo un recurso en el sentido que se puede interponer para controvertir la sentencia de segundo grado antes que alcance ejecutoria material; y, es extraordinario porque se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso, esencialmente, por haberse proferido con violación de garantías fundamentales, materializado a través de una demanda que no es de libre elaboración porque debe ceñirse a rigurosos parámetros lógicos, a causales taxativas y solo procede contra sentencias de segundo grado.

4. En la Ley 906 de 2004, para hacerlo funcional a la nueva dinámica procesal, se le perfiló a la manera del certiorari del derecho angloamericano y del mexicano, un verdadero recurso de amparo, fundamentalmente para la garantía de derechos esenciales de partes e intervinientes y la unificación de la jurisprudencia, con un trámite de sustentación y decisión en audiencia, un recurso de insistencia, el deber de la Corte de superar los defectos de la demanda para decidir de fondo “atendiendo los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada” (art. 184, inc. 3º), además de una gran flexibilidad en punto de la llamada técnica para hacer del recurso algo más afín con el Estado de derecho en su expresión máxima de Estado constitucional de derecho:

“al concebir el recurso extraordinario de casación como un control constitucional y legal, se está evidenciando que la legitimidad de la sentencia debe determinarse no solo a partir de disposiciones legales sustanciales y procesales, sino también respecto de normas constitucionales en tanto parámetros de validez de aquellas. Y esto, en la estructura y dinámica de las democracias constitucionales, es comprensible pues de la misma manera como la legitimidad de la ley, incluida, desde luego, la ley penal, no se infiere de sí misma sino de su compatibilidad con el texto fundamental; así también, la legitimidad de las sentencias judiciales debe soportarse tanto en la ley como en el ámbito de validez de esta” (2) ”.

5. Y al establecer que el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, es evidente su mayor cobertura en tanto ya no se anteponen exigencias relacionadas con la pena fijada por la ley en el respectivo delito, sino que la nueva regulación permite que todos los problemas planteados en sede de aplicación de la ley penal en esa instancia puedan debatirse en casación, de manera que desaparece la distinción entre la casación común u ordinaria y la excepcional previstas en ordenamientos jurídicos precedentes.

6. La casación como medio de control constitucional y legal implica para la Corte Suprema de Justicia la tarea de verificar que las sentencias de segunda instancia se ajusten a la normatividad constitucional especialmente en lo referente al respeto de los derechos fundamentales garantizados a cada uno de los intervinientes, y que los fallos de los jueces se ciñan a la legalidad estricta. Bajo ese supuesto,

“la afectación de derechos o garantías fundamentales se convierte en la razón de ser del juicio de constitucionalidad y legalidad que, a la manera de recurso extraordinario, se formula contra la sentencia. O lo que es lo mismo, lo que legitima la interposición de una demanda de casación es la emisión de una sentencia penal de segunda instancia en la que se han vulnerado derechos o garantías fundamentales” (3) .

7. Entre los fines del recurso se pretende (L. 906/2004, art. 180):

7.1. La efectividad del derecho material en punto de su supremacía con respecto a la mera formalidad (C.P., arts. 228, 10; cdno. ppal.).

7.2. El respeto de las garantías de las partes y de intervinientes, que de no haber ocurrido en las instancias a consecuencia de errores de juicio o de actividad, el recurso de casación surge como el eslabón final de la cadena procesal que debe enmendar el yerro, prerrogativa que se encuentra en titularidad y en condiciones similares frente a todas las partes e intervinientes, a quienes —en el sistema adversarial y en un Estado social de derecho cuyo principal valor es la igualdad— se debe brindar equilibrio real en las posibilidades jurídicas para expresar y defender sus intereses y controvertir los de la contraparte.

7.3. La reparación de los agravios inferidos a los intervinientes, para corregir los yerros denunciados con satisfacción para quien los sufrió, además de hacer pedagogía para que no se vuelvan a presentar. Y,

7.4. La unificación de la jurisprudencia para que la ley sea interpretada del mismo modo en un espacio y tiempo determinados, garantizando los principios de igualdad frente a la ley y la seguridad jurídica, sin que implique por supuesto impedir la dinámica del pensamiento jurídico, finalidad que se deriva del artículo 235 de la Constitución Política que distingue a la Corte Suprema de Justicia como el vértice de la jurisdicción ordinaria para actuar como tribunal de casación con competencia para unir la decisión de las escalas inferiores:

“i) Una misma autoridad judicial —individual o colegiada— no puede introducir cambios a sus decisiones sin la debida justificación, ii) los jueces no pueden apartarse por su sola voluntad de las interpretaciones que sobre el mismo asunto ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y iii) esta no puede renunciar a su labor de darle unidad al ordenamiento jurídico. Es que los asociados requieren confiar en el ordenamiento para proyectar sus actuaciones, de manera que tanto las modificaciones legales, como las mutaciones en las interpretaciones judiciales deben estar acompañadas de un mínimo de seguridad —artículo 58 C.P.—, en consecuencia los jueces actúan arbitrariamente y por ello incurren en vías de hecho, cuando se apartan, sin más, de la doctrina probable al interpretar el ordenamiento jurídico” (4) .

8. Las causales de casación (L. 906/2004, art. 181).

Dígase que si el recurso de casación procede cuando las sentencias penales de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores afectan derechos o garantías fundamentales, esta característica es compatible con el sentido que se le imprimió al recurso, porque tratándose de un control constitucional y legal, es claro que la legitimidad del fallo se supedita principalmente al respeto de los derechos y garantías fundamentales que están en juego en el proceso penal, entendimiento bajo el cual las causales de casación se compendian así:

8.1. Causal primera: violación directa (1º, (sic) L. 906/2004, art. 181.1), por afectación de derechos o garantías fundamentales derivadas de falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.

Esta clase de yerros suele presentarse en la aplicación de la ley sustancial cuya noción se extiende a los preceptos constitucionales, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia.

En muchos ordenamientos jurídicos existen derechos o principios que no se encuentran directamente en el texto constitucional pero que, por expreso mandato constitucional, tienen rango constitucional. El bloque de constitucionalidad es entonces un intento por sistematizar jurídicamente ese fenómeno, según el cual las normas materialmente constitucionales —esto es, con fuerza constitucional— son más numerosas que aquellas que son formalmente constitucionales —esto es, aquellas que son expresamente mencionadas por el articulado constitucional (5) .

Esa doctrina se ha consolidado en Colombia, proponiéndose su integración de esta manera:

Así, conforme a esa dogmática, habría que concluir que hacen parte del bloque en sentido estricto (i) el preámbulo, (ii) el articulado constitucional, (iii) los tratados de límites ratificados por Colombia, (iv) los tratados de derecho humanitario, (v) los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles, (vi) los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta, y (vii) la doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con esas normas internacionales. Como es obvio, esta lista genérica incluye específicamente los convenios de la OIT y la doctrina elaborada por los órganos de control de esa organización internacional. Y de otro lado, para integrar el bloque en sentido lato, habría que agregar a las anteriores pautas normativas (i) las leyes estatutarias y (ii) las leyes orgánicas en lo pertinente (6) .

En la violación directa de la ley sustancial el error del juez es de juicio o in iudicando al momento de aplicar o interpretar la ley (Constitucional o legal) llamada a regular el caso a resolver, y puede acontecer por uno de estos sentidos:

— Falta de aplicación —error de existencia—, cuando se ignora que la norma existe, se considera que no está vigente o se estima que está vigente, pero no es aplicable.

— Aplicación indebida —error de selección—, cuando la norma escogida y aplicada no corresponde al caso concreto. E,

— Interpretación errónea —error de sentido—, cuando la norma seleccionada es la correcta, pero el juez no le da el alcance que tiene o lo restringe.

Frente a esta causal la jurisprudencia viene enseñando que el demandante debe aceptar los hechos y la valoración probatoria tal y como fueron plasmados por los jueces de instancia en la sentencia, debiendo proponer una discusión eminentemente jurídica en la cual demuestre el error o errores del intelecto al momento de aplicar o interpretar la ley y la consecuente trascendencia del yerro en el sentido del fallo.

8.2. Causal segunda (L. 906/2004, art. 181.2), referida a los defectos sustanciales de garantía o de estructura aptos para invalidar las actuaciones, lo cual implica que la sentencia se haya dictado en juicio viciado, con la prevención que no cualquier irregularidad conspira contra la vigencia del proceso pues la afectación debe ser esencial y estar vinculada en calidad de medio para socabar algún derecho fundamental de los sujetos procesales, y si bien la demanda correspondiente no exige formas específicas para su proposición, sustentación y desarrollo, tampoco es un escrito de libre factura porque igual que en las otras causales, debe ajustarse a ciertos parámetros lógicos de modo que se comprenda con claridad y precisión los motivos de ataque, las irregularidades sustanciales alegadas y la manera como se quebranta la estructura del proceso o se afectan las garantías de los intervinientes.

Los motivos que generan esta causal son específicos, como lo señala el principio de taxatividad (art. 458), y son: la nulidad derivada de la prueba ilícita y la cláusula de exclusión (arts. 23 y 455); la nulidad por incompetencia del juez (art. 456); y, la nulidad por violación a garantías fundamentales: derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales (art. 457).

El orden de postulación de los cargos en la demanda de casación se rige por el principio de prioridad, según el cual es necesario tener en cuenta la incidencia procesal que la prosperidad de alguno de ellos pueda conllevar en atención al efecto corrector o invalidante del recurso, de donde se debe proponer inicialmente el cargo de nulidad, y, si fueren varios, también se presentarán empezando por el que eventualmente mayor efecto nocivo produzca, pues si alguno llegare a demostrarse, se devuelve la actuación para rehacer todo el trámite alcanzado por la irregularidad, lo cual impone identificar los límites de afectación de cada motivo de anulación propuesto.

Cuando se denuncia la vulneración del debido proceso, corresponde al demandante determinar en cuál de los diferentes eslabones concatenados y subsiguientes que lo estructuran se presenta el irremediable defecto, vr. gr., en la formulación de la imputación, en la formulación de la acusación, en el juicio oral, en alguna de las audiencias de obligatoria realización o en los fallos de instancia.

También le corresponde al censor demostrar que la irregularidad cometida durante el desarrollo del proceso e inadvertida en el fallo, incide de tal manera que para remediarla no queda ninguna alternativa distinta a invalidar las diligencias y por eso quien así alega debe indicar con precisión el momento procesal al que han de retrotraerse las actuaciones una vez excluidas las alcanzadas por los vicios.

Si la nulidad se vincula a la vulneración del derecho de defensa por ausencia de esta garantía o porque el profesional a cargo de la misma dejó de solicitar pruebas o no interpuso los recursos de ley o si la causa generadora de invalidez se refiere al desconocimiento del principio de imparcialidad o a la deficiencia en materia probatoria, para la correcta formulación de la censura, corresponde al demandante ocuparse de los siguientes aspectos:

— Especificar las fases procesales en que se careció de defensa, las pruebas, actuaciones y decisiones que así se cumplieron.

— Indicar cuáles son aquellos medios probatorios cuya ausencia extraña, por ejemplo, documentos, testimonios, experticios e inspecciones.

— Explicar razonadamente que tales medios de convicción eran procedentes por estar admitidos en la legislación procesal penal; conducentes, por relacionarse directamente con el objeto de la investigación o del juzgamiento; y, factibles de practicar, puesto que ni los abogados defensores ni los fiscales están obligados a intentar la realización de lo que no es posible lógica, física ni jurídicamente.

— Así el libelista debe aproximarse al contenido material de las pruebas omitidas para brindarle a la Corte la oportunidad de confrontar el aporte de aquellos elementos de juicio con las motivaciones del fallo y así poder concluir si en realidad se han vulnerado las garantías fundamentales del procesado.

— Además, es preciso que el recurrente se ocupe acerca de la manera como las pruebas dejadas de practicar por la postura negligente del anterior defensor o por la falta al deber de objetividad de la fiscalía (arts. 115 y 142), tenían capacidad de incidir favorablemente en la situación del procesado, aspecto que se configura cuando

evidentemente se han omitido algunos medios de convicción con la fuerza suficiente para demostrar la inocencia del procesado o para acreditar una situación favorable a sus intereses, caso en el cual se vulnera el derecho a la defensa (7) ,

tópicos que deben abordarse separadamente debido a que su comprobación implica desarrollo y sustentación específicos, con la observación crítica que no toda situación que se mencione en el proceso debe ser objeto de prueba indefectiblemente y la omisión de cualquier diligencia no constituye quebrantamiento automático de la garantía fundamental de la defensa ni del principio de objetividad, si se tiene en cuenta el respeto por la iniciativa o la estrategia de la defensa, y que el fiscal en sana crítica debe seleccionar únicamente los medios conducentes al esclarecimiento de la verdad, de tal manera que la omisión de diligencias inconsecuentes, dilatorias, inútiles o superfluas, están bien lejos de menoscabar los derechos a la defensa o al debido proceso.

— En relación con la trascendencia del vacío dejado por la prueba cuya práctica se omitió, la posibilidad de declarar la nulidad no deriva de la prueba en sí misma considerada sino de su confrontación lógica con las que sí fueron tenidas en cuenta por el juzgador como soporte del fallo,

para a partir de su contraste evidenciar que las extrañadas, de haberse practicado, derrumbarían la decisión, erigiéndose entonces como único remedio procesal la invalidación de la actuación censurada a fin de que esos elementos que se echan de menos puedan ser tenidos en cuenta en el proceso (8) .

— Si la vulneración del derecho a la defensa por la inactividad del defensor se hace consistir en no haber interpuesto recursos ordinarios contra las providencias, no es suficiente con postular esta clase de manera genérica sino que resulta indispensable que el demandante individualice las decisiones que era necesario recurrir, que en cada caso identifique los argumentos que en su criterio podían rebatirse y que exponga las razones por las cuales la decisión adoptada tenía que ser sustancialmente más favorable a los intereses que representa.

— En el régimen de la Ley 600 de 2000 existía una causal de casación autónoma para la incongruencia entre la acusación y la sentencia (art. 207, num. 2º), mientras que en el nuevo artículo 448, el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena, yerro que debe postularse en sede casacional con arreglo a la causal segunda aquí tratada (nulidad)

porque el yerro no solo compromete la estructura del proceso sino que constituye un error de garantía que afecta el derecho a la defensa al sorprendérsele al procesado con imputaciones fácticas y jurídicas que no tuvo la oportunidad de controvertir por no haber sido incluidas en el pliego de cargos (9) de manera que la incongruencia como garantía y postulado estructural del proceso, implica que el fallo debe guardar armonía con lo que el imputado acepte en la audiencia de formulación de la imputación (art. 293) o en la acusación (art. 337), que debe verificarse en los aspectos personal, fáctico y jurídico:

En el primero, debe haber identidad entre los sujetos acusados y los indicados en la sentencia; en el segundo, identidad entre los hechos y las circunstancias plasmadas en la acusación y los fundamentos del fallo; y, en el tercero, correspondencia entre la calificación jurídica dada a los hechos en la acusación y la consignada en la sentencia ... La congruencia personal y fáctica es absoluta y la jurídica es relativa porque el juzgador puede condenar por una conducta punible diferente a la imputada en el pliego de cargos siempre y cuando no agrave la situación del procesado con pena mayor (10) .

— En el sistema adoptado en la nueva sistemática procesal, por excepción será posible incurrir en errores de adecuación de la conducta a la norma jurídica tomada como base para el juzgamiento, figura que antaño se conocía como “error en la calificación jurídica”, porque la imputación de cargos que se hace en la acusación es fundamentalmente fáctica aunque con trascendencia jurídica (“hechos jurídicamente relevantes”, art. 337.2).

Y de conformidad con el artículo 62, las sentencias y los autos deberán cumplir, entre otros requisitos, la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, de manera que podría ocurrir un yerro por falta de coherencia entre la situación fáctica y la respuesta jurídica a la misma, esto es, en la “adecuación típica” en cualquiera de sus extremos y circunstancias, el que debe postularse al amparo de la causal segunda (nulidad), que buscará retrotraer la actuación a la audiencia de imputación (art. 286) o a la audiencia de formulación de acusación (art. 338) porque si tal irregularidad afecta la competencia del fiscal, la Corte no puede entrar a dictar el fallo de sustitución so pena de incurrir en incongruencia.

No obstante, el cargo debe sustentarse con los parámetros lógicos que gobiernan alguna de las causales primera o tercera de casación, esto es, violación directa o indirecta del bloque de constitucionalidad, de la Constitución o de una ley de contenido sustancial porque

“para su demostración, es necesario precisar si los desaciertos se produjeron al momento de ubicar los hechos en el respectivo tipo penal o en el proceso de análisis y valoración de las pruebas, y adicionalmente concretar cómo se produjo el yerro, con fundamento en las directrices propias de la violación directa o indirecta, según el caso (11) .

8.3. La causal tercera se refiere al “manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”, punto frente al cual el legislador fundió las denominadas violaciones indirectas por errores de derecho o de hecho, todas relacionadas con el tema probatorio:

— Cuando se invoca la violación indirecta de la ley sustancial, el recurrente debe concretar el error, si de derecho o de hecho, la prueba o pruebas sobre las que recae y demostrar su trascendencia o incidencia en la transgresión de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal.

— Si se trata de un error de derecho, el cual entraña la apreciación material de la prueba por el juzgador, quien la acepta no obstante haber sido aportada al proceso con violación de las formalidades legales para su aducción, o la rechaza porque a pesar de estar reunidas considera que no las cumple (falso juicio de legalidad); también, aunque de restringida aplicación por haber desaparecido de la sistemática procesal nacional la tarifa legal, se incurre en esta especie de error cuando el juez desconoce el valor prefijado a la prueba en la ley, o la eficacia que esta le asigna (falso juicio de convicción).

— Frente al tema de la legalidad del elemento probatorio, el artículo 276 de la Ley 906 de 2004 establece que la legalidad del elemento material probatorio y la evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes.

El artículo 23 erigió como principio rector la cláusula de exclusión, según la cual toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, debiendo excluirse de la actuación procesal, como también ocurre con las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia, además que cada medio de conocimiento o prueba (art. 382) tiene unas reglas específicas sobre su producción y práctica que deben respetarse como condición de validez y existencia jurídica de las mismas, como también cada medio de prueba tiene unos criterios de apreciación (arts. 383 y ss.) que el juez deberá aplicar en sana crítica.

Si en los fallos de instancia se excluyó una prueba que reunía las condiciones de legalidad o se apreció una prueba que ha debido excluirse, es procedente invocar esta causal de casación, siempre que pueda verificarse el principio de trascendencia.

Las pruebas viciadas de ilegalidad en su obtención o producción, o violatorias de los derechos fundamentales, se excluyen para todo efecto, no se tienen en cuenta por no existir jurídicamente, y la decisión a que haya lugar se adopta con base en las pruebas restantes, sin que sea necesario declarar la invalidez de las actuaciones procesales.

— La Ley 906 de 2004 introduce una especie de “tarifa negativa” para limitar el poder suasorio de las pruebas de referencia al estipular en el artículo 381 que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en esa clase de medios de convicción (art. 437).

— Ahora: si el yerro es de hecho, corresponde indicar la modalidad y especie del mismo, es decir, esta clase de yerros se pueden presentar cuando el juzgador se equivoca al contemplar materialmente el medio, bien porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso, ora porque la supone existente sin estarlo o se la inventa (falso juicio de existencia); o cuando no obstante considerarla oportuna y legalmente recaudada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de ella (falso juicio de identidad); o, porque al apreciar la prueba transgrede los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, esto es, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria (falso raciocinio).

Cuando el reparo se dirige por error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición de prueba, es deber del casacionista demostrar el yerro mediante la indicación correspondiente de la sentencia donde se alude a dicho medio que materialmente no obra en el proceso; y si lo es por omisión de prueba, compete concretar en qué parte de la actuación se ubica esta, qué objetivamente se establece de ella, cuál el mérito que le corresponde siguiendo los postulados de la sana crítica, y cómo su estimación conjunta con el arsenal probatorio que integra la actuación, da lugar a variar el sentido del fallo.

Si lo pretendido es denunciar la configuración de errores de hecho por falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria, (sic) el recurrente debe señalar qué en concreto dice el medio probatorio, qué exactamente dijo de él el juzgador, cómo se tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y, lo más importante, la trascendencia del desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva de la sentencia.

Y si se denuncia falso raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crítica, se debe precisar qué dice de manera objetiva el medio, qué infirió de él el juzgador, cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue desconocida, y cuál el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y de qué manera; y, finalmente, demostrar la consecuencia del desacierto indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona, y que habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto al impugnado (12) .

— El sistema de valoración probatoria sigue siendo el de persuasión racional o de la sana crítica, como se deduce, vr.gr., de distintos pasajes normativos de la Ley 906 de 2004: artículo 308, sobre requisitos para la medida de aseguramiento, la cual será decretada cuando el juez de control de garantías “pueda inferir razonablemente” que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta punible que se investiga; artículo 380, los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto”; y, artículos 7º y 381, para proferir sentencia condenatoria deberá existir “convencimiento de la responsabilidad penal, más allá de toda duda”. Y,

8.4. La causal cuarta, hace relación a que cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación integral decretada en la providencia que resuelve el incidente, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil (art. 181-4).

Con esta norma se pretende que si la discusión tiene ribetes únicamente económicos, solo lleguen al tribunal de casación aquellos asuntos que por su cuantía se consideren de cierta importancia. No obstante, como una de las finalidades de la casación consiste en garantizar los derechos constitucionales de los intervinientes, entre ellos las víctimas, nada obsta para que la Sala pueda admitir una demanda cuando en un caso concreto sea necesario restablecer un derecho fundamental aunque no alcance la cuantía exigida en las normas civiles.

9. El debido proceso casacional:

9.1. Legitimación: están legitimados para recurrir en casación las partes y los intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueran abogados en ejercicio (art. 182).

En lo referente a este presupuesto, se tiene que:

— El interés jurídico para demandar en casación consiste en que el impugnante pretenda poner fin a un agravio que se le ocasionó con el fallo de segundo grado, de manera que la parte no afectada negativamente por el fallo carece de interés jurídico para promover la casación.

— Una de las manifestaciones del interés es la de haber recurrido el fallo de primera instancia, porque la ilegalidad de esta decisión no puede alegarse con criterio supletorio ni existe posibilidad alternativa entre la apelación y la casación; esto es, que el cuestionamiento sobre la legalidad de la sentencia del a quo debe efectuarse en la oportunidad que el procedimiento otorga pues, de lo contrario, el silencio o la pasividad son actitudes que reflejan conformidad con las decisiones adoptadas por el juez.

Esta exigencia puede presentar las siguientes excepciones, desaparecido como está el grado jurisdiccional de consulta en la nueva codificación:

(i) que al sujeto procesal de manera manifiesta y arbitraria se le hubiera impedido recurrir el fallo de primer grado, vr. gr., como consecuencia de una indebida notificación; (ii) que como consecuencia de la apelación interpuesta por otro sujeto procesal con interés jurídico, la decisión del ad quem desmejore o agrave su situación jurídica, o (iii) el planteamiento de vicios in procedendo (causales de nulidad o invalidación de lo actuado) que afectan la estructura del procedimiento o vulneran garantías fundamentales, pues

“Esta nueva postura jurisprudencial encuentra también sustento en la consideración de que la aceptación del contenido material del fallo, revelada a través del silencio de parte, solo resulta válida si el procedimiento que lo sustenta es legítimo, y en la circunstancia de ser la casación en nuestro medio, fundamentalmente un juicio de validez, como puede inferirse del contenido de los artículos 219 y 228 del estatuto procesal” (13) .

— Y además de haber apelado el fallo de primera instancia, resulta indispensable ponderar la identidad temática entre los aspectos sobre los cuales versó el recurso de apelación y los motivos que posteriormente se invocan como causal de casación, puesto que no es viable atacar con el recurso extraordinario aspectos que no comprendieron el objeto de inconformidad frente a la sentencia de primer grado porque, por exclusión de materia, mal puede alegarse un yerro sobre un tema respecto del que no hubo pronunciamiento en el fallo recurrido.

9.2. Interposición: el recurso debe interponerse motivadamente ante el tribunal dentro de un término común de sesenta (60) días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante la presentación de una demanda que contenga de manera clara y precisa las causales invocadas y los fundamentos que se esgrimen, exigencias que resultan compatibles con el nuevo modelo procesal en lo atinente a las causales que dan lugar a la interposición del recurso. Y desaparece el acto de concesión, y por tanto, el recurso de queja. El ad quem debe limitarse a remitir la demanda junto con los anexos necesarios a la Corte, para su estudio.

Resulta oportuno señalar que si bien se exige precisión y concisión, es necesario entender que el escrito que se allega dentro de aquel término no es de libre elaboración, sino que es la “demanda de casación” lógicamente estructurada y con observancia de las causales y motivos antes tratados toda vez que las exigencias lógicas, jurídicas y técnicas para cuestionar la legalidad de la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal no desaparecen por el hecho de que se plasmó en la legislación procesal penal la naturaleza de control constitucional de la casación ni por el hecho de que frente a determinadas circunstancias, que adelante se tratarán, la Corte pueda dejar de lado tales requisitos en salvaguarda de los derechos fundamentales.

9.3. Admisión del recurso: comprende la constatación de los requisitos de procedencia y el cumplimiento de las exigencias de sustentación mínima (14) .

El auto admisorio de la demanda de casación no requiere motivación, debe ser proferido por el magistrado sustanciador, como así lo ha venido haciendo, no se adopta en audiencia, y aunque no es susceptible de recursos, se debe notificar a las partes intervinientes, pues por criterio general (art. 168) se notificarán las sentencias y los autos, y, por efecto práctico debido a que antes de toda audiencia deben realizarse las citaciones a los interesados, en los términos de los artículos 171 y siguientes.

La inadmisión de la demanda de casación la dispone el inciso segundo del artículo 184 al ordenar:

“No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público, la demanda que se encuentra en cualquiera de los siguientes supuestos: si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto no se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso”.

La inadmisión de la demanda de casación —así sea parcial— se hará a través de auto motivado de la Sala, decisión que no podrá ocurrir en relación con una demanda en forma, esto es, aquella que reúna los requisitos formales o de técnica e indique la necesidad de su trámite fundada en los fines de la casación (arts. 180 y 184, inc. 3º, cdno. ppal.), cuya trascendencia valorará la Corte en ejercicio de su poder de selección.

En consideración a que el auto inadmisorio de la demanda de casación no se toma en audiencia, no es susceptible del recurso de reposición por los intervinientes interesados (art. 176, inc. 2º, cdno. ppal.), pero en cambio el legislador introdujo el “recurso” de insistencia.

Además, atendida la naturaleza del recurso de casación como control constitucional y legal, y la supremacía del derecho material sobre las formas, la Corte deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo, “atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada” (art. 184, inc. 3º).

9.4. Sustentación del recurso: deberá hacerse dentro de la audiencia que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes, incluyendo el Ministerio Público, los que en su intervención oral no podrán elevar sus propios cargos de casación sino que deberán ceñirse a expresar su parecer sobre el contenido puntual de la demanda.

Si el recurrente no comparece, ha de entenderse que desiste del recurso (art. 199), y se dispondrá por tanto la declaración de deserción.

9.5. Decisión: la admisión de la demanda solo implica que el libelo satisface los aspectos formales lógico-técnicos, o que adoleciendo de defectos al respecto fue escogida por la Corte para unificar la jurisprudencia o para restaurar la vigencia de los derechos fundamentales. De manera que, pese a haber sido admitida una demanda sin reparos o superado estos, la Sala puede proferir un fallo desestimatorio si al estudiar el fondo del asunto, encuentra que la sentencia impugnada se ajusta al bloque de constitucionalidad, a la Constitución o a la ley. Y en caso contrario, cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso, salvo la acción de revisión.

Si prospera algún motivo de nulidad, la Sala señalará en qué estado queda el proceso, si es que puede recuperar alguna vigencia, y frente a otras causales, dictará el de sustitución que corresponda. Y una vez que dicte sentencia dentro del mismo lapso o a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.

Como puede verse el recurso extraordinario de casación en la Ley 906 de 2004 es eminentemente reglado, y el hecho de que la Corte deba superar los defectos de la demanda para decidir de fondo atendiendo los fines de la impugnación, no significa que el recurso sea discrecional o excepcional sino que se le dota de la libertad de selección del libelo, en todo caso sujeta a parámetros claramente establecidos por la ley.

10. Otros aspectos:

— Puede existir acumulación de fallos para decidir en uno solo varias demandas presentadas contra diversas sentencias, cuando a juicio de la Sala sea necesario por razones de unificación de la jurisprudencia (art. 186).

— Se conserva la aplicación extensiva de la decisión del recurso de casación a los no recurrentes en cuanto les sea favorable (art. 187).

— Igualmente se mantiene el principio de no agravación en cuya virtud, cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su representante, cuando tuvieren interés, la hubieran demandado.

— Al proferirse la sentencia de segundo grado se suspende el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años (art. 189).

— Durante el trámite del recurso extraordinario de casación lo referente a la libertad y demás asuntos que no estén vinculados con la impugnación, serán de la exclusiva competencia del juez de primera instancia. Y,

— Existe la posibilidad de fallo anticipado cuando por razones de interés general la Corte, en decisión mayoritaria de la Sala, anticipe los turnos para convocar a la audiencia de sustentación y decisión (art. 191).

II. La demanda de casación presentada por el defensor del procesado Carlos Carranza

El libelo ofrece serios desaciertos que impiden su admisión, a saber:

1. En relación con el cargo primero, el recurrente deja entrever que la sentencia proferida por el tribunal violó directamente la ley sustancial porque su defendido fue condenado como coautor penalmente responsable de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cuando el material probatorio obrante en el proceso no daba para deducir compromiso penal y a lo sumo se estaría en presencia del delito de encubrimiento por favorecimiento previsto en el artículo 446 del Código Penal.

2. Como quedó visto, cuando se demanda una sentencia por violación directa de la ley sustancial en cualquiera de sus tres modalidades (falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea), el casacionista debe demostrar, sin desconocer los hechos plasmados en el fallo y sin discrepar de la forma como el juzgador los declaró probados, que entre las partes motiva y resolutiva de la providencia no existe armonía.

3. Al impugnante le resultaba imperioso acreditar, mediante la confrontación objetiva de esos dos elementos constitutivos de la sentencia, que entre ambos, en lugar de un nexo lógico, existía falta de correspondencia. Sin embargo, el demandante no establece que el tribunal en la motivación del fallo hubiera reconocido sin lugar a equívocos que en la actuación no obraba prueba para dictar fallo de condena, y, no obstante tal reconocimiento, en la parte resolutiva lo condenó como autor penalmente responsable de la conducta punible de tráfico de estupefacientes.

4. Por el contrario, atentando contra el principio de sustentación mínima, el censor se opone a las valoraciones probatorias que hiciera el tribunal al confirmar la sentencia condenatoria proferida contra Carlos Carranza, sin mencionar los errores de juicio en que ha podido incurrir el ad quem al asumir tal determinación, como tampoco señala por qué razón la imputación debió ser por el delito de encubrimiento por favorecimiento, aspecto que por cierto no fue propuesto en la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado con lo cual se deja en entredicho el interés jurídico, y además, resulta contradictorio que a pesar de afirmar la comisión de esta conducta punible reclame absolución a favor de su asistido.

5. Tampoco señala por qué a su defendido se le debió absolver a pesar de que en los fallos se valoraron los medios de prueba acopiados cuya apreciación dedujo serio compromiso penal en la conducta punible investigada, olvidando que la casación no fue instituida para anteponer el criterio del libelista al expuesto por los jueces de instancia que llega a esta sede precedido de la doble presunción de acierto y legalidad, sino para corregir verdaderos yerros trascendentales, que deben ser enunciados y establecidos clara y concretamente, cuya demostración cabal ha de tener, además, la potencialidad de hacer cambiar el sentido del fallo.

6. En el cargo segundo, el demandante afirma que la sentencia se dictó en proceso viciado por transgredir los derechos fundamentales al debido proceso y presunción de inocencia, porque la fiscalía en su intervención en la audiencia de sustentación del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia varió el lugar donde fue aprehendido Carlos Carranza.

7. En este reparo la falta de sustentación es elocuente pues no explica la trascendencia que en el sentido del fallo pudo haber tenido esa manifestación de la fiscalía frente a las valoraciones probatorias que llevaron a los jueces de instancia a la certeza sobre la intervención de Carranza a título de coautor en el tráfico de estupefacientes que se llevaba a cabo con los ocupantes del vehículo marca Sprint de placas FTM-740, entre ellos el aquí procesado.

8. En el cargo tercero, el libelista acusa al tribunal de haber incurrido en errores de hecho por falso juicio de existencia y raciocinio en la valoración de las pruebas.

9. Frente al primer yerro, el casacionista no señala cuál o cuáles fueron las pruebas que el ad quem omitió, qué decían las mismas y cuál su incidencia en la declaración de justicia plasmada en la sentencia, limitándose a indicar que algunos medios de convicción justificaron la presencia del acusado en el sitio y a la hora de los hechos o la aprehensión del mismo en las afueras de un establecimiento de comercio y no al interior del mismo, con lo cual nada acredita frente a los fundamentos del fallo.

10. En relación con el falso raciocinio el censor omitió indicar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue desconocida por el tribunal en la valoración de las pruebas, cuál el aporte científico, la regla de lógica apropiada, la máxima de la experiencia que se debió tomar en consideración, como tampoco acredita la incidencia del desacierto en la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona y por qué el fallo debería ser distinto.

11. Además, en el trámite y definición del proceso seguido contra Carlos Carranza no encuentra la Corte transgresión de derechos o garantías fundamentales que impongan superar los defectos de la demanda para decidir de fondo, como así lo dispone el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Inadmitir la demanda de casación presentada en defensa del procesado Carlos Carranza.

Contra esta providencia solo procede el “recurso” de insistencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

(1) Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La casación ha evolucionado a la par del proceso; “nace en Francia, durante un período histórico caracterizado por la creencia en la omnipotencia de la ley y la desconfianza de los jueces. Es casi de rutina citar las palabras de Robespierre: “El legislador es un mundo; el juez un grano de arena. El legislador tiene todos los atributos y todos los fueros de mando; el juez es un mecanismo de obediencia””. Gladis E. de Midón, La casación, Buenos Aires, Rubinzal-Culzione Editores, 2001, pág. 39.

(2) Corte Constitucional, sent. C-590, junio 8 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(3) Corte Constitucional, sent. C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) Corte Constitucional, sent. SU-120 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(5) Rodrigo Uprimny Yepes, El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal, oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, Nuevas Ediciones Limitada, Tercera Edición, Bogotá, 2003, Volumen I, pág. 97.

(6) Corte Constitucional, sentencias C-578 de 1995, C-136 de 1996, C-358 de 1997, C-191 de 1998, C-582 de 1999, C-708 de 1999 y C-567 de 2000.

(7) Corte Suprema de Justicia, cas., marzo 3 de 2004, rad 16403.

(8) Corte Suprema de Justicia, auto marzo 12 de 2001, rad. 16463.

(9) Corte Suprema de Justicia, cas., agosto 4 de 2004, rad. 15415.

(10) Corte Suprema de Justicia, auto junio 30 de 2004, rad. 20965.

(11) Corte Suprema de Justicia, sentencia Cas., julio 17 de 2003, rad. 13128.

(12) Corte Suprema de Justicia, auto agosto 10 de 2005, rad. 23.503.

(13) Corte Suprema de Justicia, auto febrero 11 de 1999, rad. 9998.

(14) Corte Suprema de Justicia, auto junio 22 de 2005, rad. 23.701.

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