Auto 24395 de julio 14 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA LABORAL

LA NOTIFICACIÓN POR COMISIONADO SE ENCUENTRA DEROGADA

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Radicación Nº 24395. Conflicto de competencia

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil cuatro.

Procede la Corte a resolver el conflicto de competencia negativo suscitado entre la Juez Quinta Laboral del Circuito de Cartagena y el Juez Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso instaurado por Antonio María Pupo Romero en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación.

I. Antecedentes

El señor Antonio María Pupo Romero demandó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación, mediante libelo que por reparto correspondió a la Juez Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, funcionaria judicial, que mediante auto calendado el 30 de enero de 2004, lo admitió y ordenó su notificación a través de juez comisionado, en virtud a que el domicilio principal de la entidad demandada lo es la ciudad de Bogotá.

Remitido el despacho comisorio, le correspondió al juez décimo laboral quien lo devolvió inicialmente por que el comitente no había fijado el término adicional de traslado, que preveía el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez especificado por la Juez Quinta Laboral de Cartagena que concedía 15 días más para efectos de la notificación del auto admisorio, el Juez Décimo Laboral de Bogotá decidió no cumplir con la comisión, argumentando para ello que, carecía de competencia por cuanto el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil había sido derogado por la Ley 794 de 2003, ordenando devolver nuevamente las diligencias al juzgado de origen.

La Juez Quinta Laboral de Cartagena a su vez reiteró la orden de comisionar al juez de Bogotá, apoyándose en lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001, que según su apreciación, exige que el auto admisorio de la demanda se notifique personalmente y que al ser una norma del procedimiento laboral, no es dable acudir a la aplicación de la analogía que consagra el artículo 145 del Código Procedimiento Laboral y Seguridad Social.

Las diligencias fueron devueltas al Juzgado Décimo Laboral de Bogotá, y el titular de dicho despacho judicial insistió en que el artículo 70 de la Ley 794 de 2003 derogó el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil con lo que la notificación surtida a través de funcionario comisionado no resultaba válida; agregó que la Ley 712 de 2001 no regula expresamente las notificaciones por comisionado.

II. Consideraciones

El artículo 18 de la Ley 270 de 1996 radica en esta corporación la facultad de dirimir los conflictos que sobre competencia negativa se susciten entre funcionarios de distritos judiciales diferentes, como ocurre en esta oportunidad en el caso que ocupa la atención de la Sala.

El Código de Procedimiento Laboral desde su expedición y aun en su reforma introducida por la Ley 712 de 2001 viene consagrando la notificación personal del auto que admite la demanda (art. 41 modificado por el art. 20 de la citada ley), con el que se garantiza el debido proceso y se cumple con los principios de la contradicción y publicidad, pilares del derecho de defensa. Cuando había necesidad de comisionar, para cumplir con este rito, se hacía necesario acudir al artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, por vía de remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social habida cuenta que el ordenamiento laboral no contempla la figura de la notificación por comisión.

Sin embargo, al expedirse la Ley 794 de 2003, que modificó el Código de Procedimiento Civil, reguló el trámite de los procesos de ejecución y se dictaron otras disposiciones, tuvo como designio el buscar la tutela efectiva de los derechos sustanciales a través de procedimientos más ágiles, a fin de darle más celeridad a los procesos y evitar la lentitud o la tardanza en el trámite de los procesos, tratando de llegar a una eficaz y justa administración de justicia.

Con dicha ley, pretende el legislador entregarle un poco más de responsabilidad a las partes interesadas en los procesos y que sean ellos los que se encarguen de ayudar a los jueces en la celeridad del rito procesal. De allí que en la discusión del proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, al referirse al tema de las notificaciones se expresó:

“Por esta razón, las normas de notificación, tanto las hoy vigentes como las aprobadas en Senado, básicamente las consagradas en los artículos 315, 318 y 320, se modifican sustancialmente mediante este pliego, para efectos de crear un sistema lo más alejado posible del actual que sea a la vez dinámico, moderno y que le entregue responsabilidades y cargas a quien esté interesado en que se surta una notificación. En este sentido, las normas aquí propuestas trasladan la eficacia y la celeridad de la notificación fundamentalmente al interesado, pues los despachos judiciales solo se encargarán de hacer lo estrictamente necesario, evitándose así el desprestigio y el desgaste de la administración de justicia, en un tema, muy importante, pero en cuanto a su concreción bastante formal, es decir, mucho más operativo que de fondo.

Obviamente, la labor del juez apuntará a velar y revisar la legalidad de todas las actuaciones adelantadas con miras a la concreción de la notificación, pero no se desgastará en los asuntos operativos, los cuales bien pueden trasladarse al sujeto procesal interesado en que se surta la notificación personal” (Gaceta del Congreso —Senado y Cámara-ponencia— pág. 6 —año XI. Nº 468— nov. 5/2002).

Y efectivamente, al reformar el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil a través del artículo 29 de la mencionada ley, la forma o manera de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda, quedó en lo pertinente así:

“ART. 29.—El artículo 315 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

ART. 315.—Práctica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se procederá así:

1. La parte interesada solicitará al secretario que se efectúe la notificación y este sin necesidad de auto que lo ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días una comunicación a quien debe ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la que informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al juzgado, a recibir notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación, deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días, si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días” (destaca la Sala).

Pero además la disposición reza, que cuando el secretario del juzgado no haya hecho llegar la comunicación en el término establecido, ella puede ser remitida por la parte interesada y en el evento de haberse enviado ambas, para todo efecto legal se tendrá en cuenta la primera que se haya entregado.

Es de anotar que la ameritada comunicación debe enviarse a la dirección que se dio en la demanda o a la que se le informó al juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de quien se debe notificar personalmente; que entratándose de personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia, la comunicación se remitirá a la dirección que aparezca registrada en la cámara de comercio o en la oficina que haga sus veces.

Además la disposición estipula que se deberá entregar al juez, o a la parte que la remitió, una copia del aviso, cotejado y sellado por la empresa de servicio postal, acompañado de la constancia expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente.

Ahora bien, si el citado no comparece dentro del término que señala el precepto y se han hecho todas las diligencias mencionadas, el secretario del juzgado sin necesidad de auto que se lo ordene, debe proceder a practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320 modificado por el artículo 32 de la Ley 794 de 2003. Así mismo, si el comunicado es devuelto con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, a petición del interesado, se procede conforme al artículo 318, modificado por el artículo 30 ejusdem.

En relación con la notificación por aviso, dice el artículo 32 de la ley de reforma que modificó el 320 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

“Notificación por aviso. Cuando no se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la del auto que ordena citar a un tercero, o, la de cualquier otra providencia que se deba realizar personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino (...).

El aviso se entregará a la parte interesada en que se practique la notificación, quien lo remitirá a través del servicio postal a la misma dirección a la que fue enviada la comunicación a que se refiere el numeral 1º del artículo 315 (...)”.

Establece esta disposición, que cuando se deba surtir un traslado con entrega de copias, el notificado dispone de tres (3) días contados a partir de la notificación para que las retire de la secretaría, vencidos los cuales comienza a correr el término del traslado. Además se advierte que si se trata de auto admisorio de la demanda o mandamiento coercitivo, se debe agregar al aviso copia de la demanda y del proveído que se pretende notificar, sin incluir los anexos y que una vez concluido aquel procedimiento, el secretario debe agregar al expediente copia del aviso, con la constancia emanada de la empresa de servicio postal de haber sido entregada en la dirección ofrecida por el interesado.

Como bien se puede observar, con la reforma y específicamente en el tema de la notificación personal, lo que se pretende es buscar la colaboración directa de los interesados en los procesos para con los despachos judiciales, donde se involucra y se le asigna una gran responsabilidad al servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, de donde dependerá el éxito del trabamiento de la relación jurídico procesal.

Es dable anotar, que respecto al artículo 29 de la Ley 794 de 2003 solo se ha sometido a examen de constitucionalidad su inciso cuarto que establece “... En el evento de que el secretario no envíe la comunicación en el término señalado, la comunicación podrá ser remitida directamente, por la parte interesada en que se efectúe la notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada”, que se declaró exequible con la sentencia C-798 de 2003 por estar lo preceptuado en concordancia con el deber constitucional fijado en el mandato del artículo 95 numeral 7º de la Carta Política, consistente en que toda persona colabore con el buen funcionamiento de la administración de justicia.

De otro lado, la mencionada reforma, de manera expresa derogó el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil norma especial que consagraba la comisión a los jueces para la práctica de las notificaciones y por ello en la exposición de motivos se advierte que:

“Es importante aclarar que el sistema utilizado elimina el régimen de notificaciones por comisionado, tanto para municipios diferentes de la sede del despacho como para notificaciones en el extranjero, eventos en los cuales debe utilizarse el mismo régimen pero los términos de comparecencia son mayores, 10 y 30 días, respectivamente. Por esta razón, se deroga expresamente el actual artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, que regla la notificación por comisionado, que bajo el esquema propuesto no tendrá ni operancia ni razón de ser” (Gaceta del Congreso —Senado y Cámara-ponencia— pág. 6 —año XI. Nº 468— nov. 5/2002).

La circunstancia de que la misma reforma al modificar el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil que habla de la comisión para el cumplimiento de algunos actos que deban hacerse en otros municipios o fuera de la sede del juez de conocimiento, como por ejemplo la práctica de pruebas o medidas cautelares, allanamientos en diligencias, entrega de bienes, ejecución de hechos, diligencias de remate, reconocimiento de firmas, etc., haya establecido un parágrafo permitiendo que en aquellos procesos en que se deba cumplir una diligencia de secuestro o alguna otro medida cautelar, antes de ser noticiado el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago, el comisionado pueda efectuar el acto de comunicación personal, no significa que la notificación por comisionado que consagraba el citado artículo 316 ibídem, subsista, pues lo que con ello se está procurando es que de estar presente el demandado o el ejecutado en esa clase de diligencias, se les pueda enterar del auto respectivo y evitar así por economía procesal, que se tenga que remitir la comunicación a que se refiere el numeral 1º del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil.

Indudablemente que estas medidas procedimentales, se han dado con la esperanza de encontrar una mejor racionalización y agilización en el trámite de los procesos a fin de evitar los niveles de congestión y atraso en la administración de justicia, como se indica en la exposición de motivos de la Ley 794 de 2003, consagrando un procedimiento expreso para el acto en comento, en el cual desde el despacho judicial el secretario titular, se insiste, con la colaboración del interesado, tienen la carga de buscar la notificación de los autos admisorios de las demandas y la vinculación de terceros. De allí que sea necesario ajustarse a los parámetros señalados en las disposiciones en comento.

Por consiguiente, en materia laboral para la práctica de la notificación personal del auto admisorio de la demanda previsto en el artículo 20 de la Ley 712 de 2001 se debe acudir por remisión analógica al procedimiento civil y concretamente a las normas prenombradas de la aludida reforma de la Ley 794 de 2003, salvo cuando se trata de la notificación dentro de un proceso en el cual sea parte una entidad pública, dado que para ese puntual asunto nuestro procedimiento prevé un trámite especial de obligatorio cumplimiento y siempre que se den todos los presupuestos de la norma que es del siguiente tenor:

“ART. 41.—Modificado Ley 712 de 2001, artículo 20 (...).

PAR.—Notificación de las entidades públicas. Cuando en un proceso intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones.

Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiera, por cualquier motivo recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso.

En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al de la sede de la entidad demandada, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional, quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarle lo ocurrido al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria.

Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia.

En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en la diligencia que deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba...”.

Estima la Sala que excepcionalmente el juez laboral podría recurrir a la comisión prevista en el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, para efectos de la notificación del auto admisorio en casos especialísimos, como por ejemplo cuando en un determinado sitio no exista empresa de servicio postal o no llegue el correo, caso en el cual se daría cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil entregando las respectivas comunicaciones y avisos por un empleado del despacho judicial. Lo anterior está acorde con el artículo 6º del Acuerdo 2255 de 2003 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura que preceptúa:

“ART. 6º—Notificación en los sitios en donde no exista empresa de servicio postal autorizada. Solo en aquellas sedes en donde no exista empresa de servicio postal autorizada, la comunicación y el aviso de que tratan los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil, serán entregados por un empleado del despacho judicial, en cuyo caso los costos de traslado serán sufragados por la parte interesada, incluyendo los asuntos de mínima cuantía...”.

Así las cosas, volviendo al caso sometido a estudio de la Sala, por razón de que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación es una entidad pública, el juez de conocimiento deberá seguir el procedimiento establecido en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 712 de 2001, verificando que se den todos los presupuestos.

Con todo lo anterior y sin necesidad de más consideraciones, le asiste razón al Juez Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C. cuando insiste en que para la notificación del auto admisorio de la demanda, carece de competencia; y por ende, corresponderá a la secretaría del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena proceder de conformidad, dándole aplicación estricta en lo pertinente a las disposiciones mencionadas en este proveído, para lo cual se le remitirán las diligencias.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre la Juez Quinta Laboral del Circuito de Cartagena y el Juez Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, estableciendo que la competencia para notificar el auto admisorio de la demanda presentada por Antonio María Pupo Romero en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación, corresponde al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, conforme al artículo 29 de la Ley 794 de 2003.

2. Devolver las diligencias a la Juez Quinta Laboral del Circuito de Cartagena, para que proceda en los términos fijados en la parte motiva de esta providencia.

3. Comuníquese esta determinación al Juez Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C.

Notifíquese y cúmplase.

Luis Javier Osorio López—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas, salvo voto—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente me aparto del criterio de la mayoría al resolver el conflicto de competencia planteado entre la Juez Quinta Laboral del Circuito de Cartagena y el Juez Décimo Laboral de Bogotá, dentro del proceso instaurado por Antonio María Pupo Romero en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación, por lo que paso a indicar.

La regulación prevista en el numeral 1º del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 29 de la Ley 794 de 1994, es sólo una de las etapas previstas en el trámite de notificación de providencia, y su alcance ha de ser concordado con lo que dispone ese mismo artículo en sus numerales 2º y 3º, y su aplicación debe realizarse sin hacer nugatoria la garantía procesal que representa la posibilidad de recibir notificación personal en el juzgado de la ciudad de residencia de quien deba recibir la notificación, y de la eficacia del aviso fijado en los juzgados de la ciudad donde deba esta surtirse.

La mayor agilidad de las diligencias de notificación de las providencias que deban hacerse personalmente no puede conllevar la pérdida de una significativa condición de eficacia del acceso a la justicia: que los ciudadanos puedan ser notificados personalmente en algún despacho judicial en el municipio de su residencia, de providencias dictadas por jueces de otras municipalidades.

No puedo compartir una interpretación de la ley, como la que prohíja la providencia de la que me aparto, en virtud de la cual para hacer más ágil el sistema de notificaciones, sean los ciudadanos, en lugar de los documentos, los que se deban trasladar. Así sucede en el sub lite, en que en lugar de que el juez de Cartagena envíe unos documentos a Bogotá, es el demandado o tercero notificado quien deba viajar desde Bogotá a Cartagena. Esta decisión repetida en toda la geografía nacional, repercutirá en enormes costos sociales, fácilmente advertidos al comparar los costos del valor del importe postal por el envío de una carta con el de un tiquete terrestre o aéreo para una persona.

La administración de justicia tiene entre sus aspiraciones el que en todo municipio haya un juez, no solo por el valor simbólico de la presencia del Estado en toda localidad, sino porque es la manera de hacer real y concreto el derecho al acceso a la justicia, en cualquiera de sus manifestaciones, tanto para poner en movimiento el aparato judicial como para ejercer el derecho de defensa.

En aras de los índices de agilidad del reparto de documentos no pueden ser mermadas las condiciones que hacen eficaz el derecho de defensa, en especial en la jurisdicción laboral, regida por el principio de la gratuidad.

Así entonces, no comparto la lectura que desde el numeral 1º del artículo 315 se hace de los numerales 2º y 3º del mismo, dándole a la norma que señala como se procede para comunicar al interesado la existencia de un proceso, la virtualidad de señalar el juzgado en el que se ha de hacer la notificación personal o fijar el aviso, y de hacerlo de manera tal que amputa de los mecanismos de garantía de acceso a la administración de justicia, la posibilidad de comparecer ante ella en el domicilio de su residencia, cualquiera que fuere el juez que lo requiriere. Para este efecto, entonces obra el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil que regula de manera general la actuación a través de comisionado. No puede derivarse de la derogatoria de una norma que señalaba un trámite judicial —la notificación por comisión, del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil— el que esta queda prohibida, menos cuando la misma preceptiva, la contempla de manera general.

Eduardo López Villegas. 

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