Auto 24530 de noviembre 24 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CAUSALES DE CASACIÓN PENAL

La Ley 906 de 2004 sigue los mismos lineamientos reglados en estatutos precedentes.

EXTRACTOS: «La Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones en lo que a las causales de casación previstas en la Ley 906 del 2004 se refiere.

1. De tiempo atrás el legislador ha determinado como causales de casación: la violación de la ley sustancial —directa o indirecta—, la incongruencia entre la acusación y la sentencia y la nulidad —el proferimiento del fallo en un juicio viciado de nulidad—. Véanse, por vía de ejemplo, los artículos 580, 226, 220 y 207 de los Decretos 409 de 1971, 050 de 1987 y 2700 de 1991, y de la Ley 600 del 2000, en su orden.

2. La violación directade la ley sustancial, tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, surge como consecuencia de un enfrentamiento inmediato entre aquello que la sentencia de segunda instancia —pasible del recurso extraordinario— da por probado dentro del proceso y la aplicación de la ley.

La violación directa, como lo explica la doctrina de la Corte y lo recogía la primera de las disposiciones citadas, se presenta de tres formas: a) por falta de aplicación o exclusión de la norma, que consiste en que el juzgador reconoce una situación de hecho, pero no aplica la consecuencia en el derecho, esto es, deja de imponer, la disposición que regula el caso concreto, porque, o la olvida, o no la conoce, o está convencido de su derogatoria o inexequibilidad, o considera que no es de recibo; b) por indebida aplicación de la norma; en este supuesto, el funcionario yerra en el proceso de adecuación típica: entre varias disposiciones que tienen existencia y validez jurídica se equivoca en el diagnóstico y escoge aquella que no corresponde; y, c) por interpretación errónea. Aquí, el juez aplica la norma correcta, pero le confiere un alcance diferente al previsto por el legislador, es decir, la comprende de manera errada.

El artículo 181 de la Ley 906 del 2004, que fija las reglas del denominado “sistema acusatorio oral”, en apariencia cambia los parámetros del motivo primero de casación.

En efecto, establece que el recurso extraordinario es viable por “Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso”.

La diferencia es apenas formal, pues queda claro que la falta de aplicación, la interpretación errónea y la aplicación indebida son las formas a través de las cuales se presenta la violación directa. De tal manera que el legislador no hizo más que recoger la fórmula que de antiguo se estilaba y que la jurisprudencia venía desarrollando.

No cabe incertidumbre alguna en cuanto las normas del denominado bloque de constitucionalidad, constitucionales o legales que rigen un caso específico, tienen carácter material, sustancial. De tal manera que con la enunciación que hizo el artículo 181.1, o sin ella, antes y ahora, ese tipo de disposiciones eran y son sustanciales.

La causal primera de casación del artículo 181 de la Ley 906 del 2004 equivale a la tradicional violación directa de la ley sustantiva, circunstancia que comporta que quien acuda a ella debe cumplir las exigencias ya decantadas por la Sala: el impugnante no puede desconocer los hechos o la valoración probatoria en la forma en que los encontró demostrados el tribunal, porque su inconformidad radica exclusivamente en la aplicación de la ley.

3. Las legislaciones arriba citadas prevén, dentro de la causal primera, dos motivos de violación a la ley sustancial: la directa —ya tratada— y la indirecta, entendida esta como la vulneración a la norma, pero en forma mediata, esto es, a través de la incorrecta apreciación que de la prueba hace el juez. Por modo que la vía para cuestionar la estimación de los elementos de juicio es la violación indirecta —causal primera, cuerpo segundo, según la redacción de los Códigos de Procedimiento Penal anteriores a la Ley 906 del 2004—.

Esta especie de infracción nace de:

a) Los errores de derecho, que consisten en la equivocación del juez respecto de las normas que regulan el proceso de aducción de los elementos de prueba, y se concretan por medio del (i) falso juicio de legalidad, que tiene lugar cuando la prueba es aportada con desconocimiento de las formalidades previstas en la ley, y, (ii) falso juicio de convicción, que radica en que el juzgador, o desconoce el valor (positivo o negativo) que el legislador ha señalado para la prueba, o le confiere uno que no tiene.

b) Los errores de hecho, que son yerros de contemplación de la prueba, esto es, que el funcionario se equivoca al observar, al apreciar las pruebas. Se presentan a través de los que se denominan: (i) falso juicio de existencia, que sucede cuando el juez omite valorar una prueba existente, o supone una que no obra en la actuación; (ii) falso juicio de identidad, que tiene lugar cuando se tergiversan, distorsionan, falsean los alcances objetivos de la prueba, se le brinda un contenido diverso del real, o, en otras palabras, se la pone a decir lo que no dice; y, (iii) falso raciocinio, supuesto en el cual la prueba existe y se valora a partir de su contenido verídico, pero en el análisis judicial para concederle o negarle eficacia, el funcionario infringe los postulados de la sana crítica, esto es, desconoce las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los aportes de la ciencia.

El artículo 181.3 del Código de Procedimiento Penal del 2004 establece que hay lugar a la casación por “El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción... de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”.

Las “reglas de producción”, de fabricación, de creación, de elaboración de la prueba, no son otras que las normas, las pautas, las guías, los métodos que indican cómo se puede lograr una prueba e incorporarla a un proceso. Y esas reglas no son más que las previstas en la ley procesal respectiva.

Así, el manifiesto “desconocimiento de las reglas de producción” de la prueba equivale al error de derecho y se concreta en los falsos juicios de legalidad y de convicción.

El numeral 3º en cita también considera como motivo para acudir al recurso extraordinario “El manifiesto desconocimiento de las reglas de... apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”.

Es obvio que la causal hace referencia a errores de contemplación, de valoración, de apreciación de los elementos de juicio. Y queda claro que estas equivocaciones estructuran los denominados errores de hecho que surgen de falsos juicios de existencia —por omisión o suposición—, de falsos juicios identidad y/o de falsos raciocinios.

En estas condiciones, como tercer motivo de casación el artículo 181 de la Ley 906 del 2004, recogió la violación indirecta de la ley sustancial.

Adviértase que el concepto de “prueba” aquí tratado, en principio —porque el tema debe ser objeto de un análisis detallado posterior— comprende los de prueba propiamente dicha, evidencia física y elementos materiales probatorios, de que trata la Ley 906 del 2004 y que tienen sus propias reglas de producción y valoración, pero que pueden fundamentar decisiones judiciales.

4. No hay lugar a un mayor análisis para colegir que la causal segunda de casación del estatuto procesal del 2004 equivale a la de nulidad anterior, porque el “desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes” comprende las tradicionales causas de invalidación, toda vez que la violación del “derecho a la defensa” es el desconocimiento “de la garantía debida” al procesado.

5. El nuevo estatuto no trasladó la causal de casación que traían los precedentes, relacionada con la incongruencia entre la acusación y la sentencia. De ahí no es viable concluir que cuando el juez incurre en esa irregularidad no pueda ser invocada a través del recurso extraordinario, pues resulta indiscutible que cuando el juzgador profiere un fallo desatendiendo los parámetros de la acusación desconoce las reglas básicas de un proceso como es debido porque afecta de manera sustancial su estructura básica, esto es, el yerro es demandable por vía de la causal segunda.

6. En conclusión: el recurso extraordinario de casación previsto en la Ley 906 del 2004 sigue los mismos lineamientos reglados en estatutos precedentes. Por tanto, también se rige por los principios de taxatividad —solo procede por las causales expresamente consagradas en el artículo 181—; limitación —el recurrente fija, limita, la competencia del tribunal de casación, salvo la excepción del artículo 184.3—; prioridad —el impugnante debe presentar los cargos en un orden lógico, comenzando por el de mayor amplitud—; y no contradicción —el demandante no puede presentar cargos que se contradigan o excluyan, salvo que lo haga separada y subsidiariamente—.

7. Finalmente, tratándose de un medio de gravamen extraordinario, que está por fuera de las dos instancias previstas dentro del debido proceso, quien acuda a él debe cumplir con las exigencias lógicas, técnicas y formales que tradicionalmente se han reglado. El nuevo estatuto procesal no las excluyó: las previó en el inciso segundo de su artículo 184».

(Auto de 24 de noviembre de 2005. Radicación 24.530. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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