Auto 24764 de junio 10 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES FINANCIERAS O ASEGURADORAS

EN CUÁLES CASOS SON CONTRATOS ESTATALES

EXTRACTOS: «Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, el 18 de diciembre de 2002, el cual negó el mandamiento de pago solicitado.

Antecedentes procesales.

1. El municipio de Puerto López (Meta), mediante apoderado judicial, presentó el 15 de octubre de 2002, demanda ejecutiva en contra de la Nación - Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, la Caja Popular Cooperativa, la Superintendencia de la Economía Solidaria - Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, con el fin de que se librara mandamiento de pago por $ 480’332.291, suma de dinero que poseía en las cuentas de ahorros y corrientes de la Caja Popular Cooperativa, a diciembre de 1997.

2. El tribunal, mediante el auto recurrido, negó el mandamiento de pago solicitado, por considerar que dentro de los documentos aportados con la demanda, no se anexó título ejecutivo o documento que preste algún mérito ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible a favor del municipio de Puerto López y en contra de las entidades demandadas.

Sostuvo que la parte ejecutante debió aportar el contrato administrativo de cuenta corriente y de ahorros, toda vez que los documentos allegados no eran aptos para iniciar la ejecución.

3. Inconforme con la anterior decisión, el municipio interpuso recurso de apelación, en el que indicó que respecto a los contratos de cuenta corriente y de ahorros, el tesorero del municipio de Puerto López simplemente registró su firma en la Caja Popular Cooperativa para cada una de las cuentas que el alcalde le solicitó abrir, razón por la cual el contrato escrito de cuenta corriente no se dio, pues la costumbre mercantil no exige esa formalidad. Consideró, que es pleno título el integrado con los extractos de las cuentas, el reconocimiento que hizo la Caja Popular Cooperativa de las mismas y el original del reconocimiento de la obligación contenido en la Resolución 2 de septiembre 5 de 2002, expedida por el liquidador de la Caja Popular Cooperativa.

Expresó que el artículo 299 del Decreto 663 de 1993, señala que “los depósitos de ahorro o a término constituidos en establecimientos de crédito” son bienes que no forman parte de la liquidación, disposición aplicable en virtud del artículo 120 de la Ley 79 de 1988, norma que precisa las prioridades de pago de acreencias en la liquidación del patrimonio de una cooperativa e indica que los depósitos que captan esas entidades de asociados y terceros están excluidos de la masa a liquidar, lo que implica que esas sumas de dinero están en un orden diferente y superior al de los gastos de liquidación, salarios, prestaciones y obligaciones fiscales, inclusive.

Concluyó que la Caja Popular Cooperativa —Cajacoop— al entrar en liquidación, debió devolver de inmediato las sumas de dinero que el municipio de Puerto López tenía depositadas en las diferentes cuentas, por tratarse de dineros ajenos al patrimonio a liquidar y al haber sido reconocidos los depósitos del municipio en la Resolución 2 del 5 de septiembre de 2002, es procedente librar el mandamiento de pago solicitado.

Consideraciones de la Sala

El tribunal negó el mandamiento de pago solicitado, por echar de menos “el contrato administrativo [sic] de cuenta corriente y de ahorros”. Consideró, que los documentos con los que se pretendía la ejecución, esto es, los extractos de las cuentas de ahorro y corriente expedidos por la Caja Popular Cooperativa de depósitos de dinero del municipio de Puerto López y el reconocimiento de las sumas depositadas al momento de la intervención de la Caja, podían servir de prueba sobre la existencia de la obligación, pero no configuran un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible.

I. Con la expedición de la Ley 80 de 1993, el legislador unificó en una sola categoría los contratos del Estado al establecer que “todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto (1) , previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad” son contratos estatales (2) (art. 32).

En el artículo 13 estableció que los contratos estatales “se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas” en esa ley.

Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación sostuvo (3) que

“La Ley 80, con la creación del contrato estatal, acabó en la práctica con la disputa sobre los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración con o sin cláusulas exorbitantes (art. 32), previstos en la legislación anterior (Dec. 222/83). En la exposición de motivos el legislador dejó sentado ese criterio, en cuanto propuso una sola categoría contractual para regular las relaciones negociales entre el Estado y los particulares. Allí, se dijo:

“a) Hacia una única categoría contractual. De lo anterior, se puede concluir que, por lo menos entre nosotros, la distinción entre las dos categorías contractuales no ha sido clara... tendremos que concluir que todos los contratos que celebren los órganos del Estado se pueden agrupar en una única categoría: Los contratos estatales, regulados y regidos, como se anotó, por la autonomía de la voluntad como principio rector y por las normas que tutelan el interés colectivo””.

Sobre el contenido de los contratos estatales, el artículo 40 de la Ley 80 establece que sus estipulaciones contractuales “serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza” y, además, permite a las entidades del Estado “celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”.

A pesar de que la Ley 80 enmarcó los contratos en una sola categoría (4) , en el parágrafo 1º del artículo 32 determina que los contratos de los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras (5) de carácter estatal, que “correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social” no están sujetos a las disposiciones de ese régimen de contratación y “se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”.

Sobre esa disposición, la Sala Plena de esta corporación señaló que los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal “no solo no serán estatales en los términos del estatuto general de contratación pública, sino que sus conflictos no deberán dirimirse por la jurisdicción administrativa cuando actúen bajo la forma de establecimiento de crédito, compañía de seguros o de entidad financiera y siempre que el objeto del contrato corresponda al giro ordinario de su actividad propia. Esos contratos estarán así regulados por las normas legales aplicables a la actividad financiera de créditos o seguros, como, por ejemplo, el estatuto orgánico del sistema financiero, el Código de Comercio, el Código Civil, etc. El juez será el ordinario civil, que es el natural de la clase de conflictos originados en contratos propios de esas actividades” (6) .

II. El artículo 75 de la Ley 80 de 1993 establece que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para “conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento”.

En auto del 29 de noviembre de 1994 (Exp. S-414), la Sala Plena de esta corporación definió el alcance de esta disposición así:

“... de la norma transcrita claramente se infiere que la Ley 80 le adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, entendiéndose que se trata en este último caso de proceso de ejecución respecto de obligaciones ya definidas por voluntad de las partes o por decisión judicial. Observa que la Ley 80 de 1993 aplica un principio según el cual el juez de la acción debe ser el mismo juez de la ejecución, recogiendo lo que ha sido la tendencia dominante en el derecho moderno, de trasladar asuntos que eran del resorte de la jurisdicción ordinaria por razón de la materia, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, buscando criterios de continuidad y unidad en el juez, posición que si bien no es compartida por todos los jueces, sí es una tendencia legislativa...”.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional señaló (7) :

“Así las cosas, no le cabe duda a la Corte de que cuando el legislador en la disposición que es objeto de impugnación parcial, utilizó la expresión “procesos de ejecución” ineludiblemente se refirió a estos como sinónimo de los procesos ejecutivos, tal y como se encuentran regulados en nuestro estatuto procesal civil. Lo cual se corrobora, además, al leer la exposición de motivos que curiosamente es la misma que cita el demandante para fundamentar la demanda, y que dice:

“De igual manera debe destacarse que se consagra un único juez para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o de cumplimiento. La competencia que al respecto se le confiere a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra de acuerdo con la consagración que el proyecto dispone de la única categoría contractual la de los contratos estatales. Con ello, además de mantener la uniformidad que lo inspira, evitará discusiones que hoy se suscitan en torno a una distinción artificiosa que la jurisprudencia y la doctrina foránea produjeron y que fue recogida y desarrollada entre nosotros, en torno a las dos categorías contractuales para defender una doble jurisdicción, pero que en realidad de verdad tal distancia no es consecuencia de posturas substanciales que la justifiquen, sino por el contrario obedece a cuestiones de índole procesal o adjetiva””.

No cabe duda, por consiguiente, que esta jurisdicción es competente para conocer de procesos ejecutivos, siempre y cuando medie un “contrato estatal”, esto es, cuando el título ejecutivo que se aduce lo constituye un contrato celebrado con la administración pública, o bien, por este y otros documentos que determinen la obligación, como las actas de recibo de obra, las cuentas de cobro, el acta de liquidación del contrato, etc., en cuyo caso se trataría de un título ejecutivo complejo (8) .

Cabe entonces precisar cuál es la jurisdicción competente para conocer de los procesos ejecutivos derivados de contratos celebrados por entidades que integran el sistema financiero y que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, lo cual daría lugar a las siguientes hipótesis:

Primera: contrato celebrado entre una entidad financiera o aseguradora de carácter público y un particular. En este evento, la entidad, a pesar de ser de naturaleza pública, por expresa disposición del estatuto de contratación estatal, parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, aquellos contratos que correspondan “al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social”, no son estatales y en consecuencia, la jurisdicción ordinaria conoce tanto de los procesos declarativos como los ejecutivos derivados de esos contratos. Por esta razón, se considera que este evento es igual a aquel en el que ambas partes son de naturaleza privada.

Segunda: cuando el contrato es suscrito entre una entidad pública del sector financiero o asegurador y otra entidad estatal. En este caso, a pesar de que, en principio, el contrato no se considera estatal por haber sido suscrito por una de las entidades del sistema financiero excluida del régimen de contratación de la Ley 80 de 1993, el contrato adquiere tal naturaleza pero por haber sido celebrado con una “entidad estatal”, es decir, la naturaleza de contrato del Estado está determinada no por la entidad pública del sector financiero, sino por aquella entidad estatal que contrata con la primera, a la que le es aplicable el régimen de contratación de la Ley 80.

Por este motivo, la jurisdicción contenciosa administrativa será la competente para conocer de los procesos declarativos o ejecutivos que se deriven de esos contratos, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

Sobre ese aspecto la Sala sostuvo:

“Sin embargo, el régimen de excepción [art. 32, par. 1º] así establecido no está excluyendo la atribución a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales que se deriven de los contratos celebrados en desarrollo de dichas actividades cuando el contratante sea también una entidad estatal de aquellas que están sujetas a dicho estatuto, caso en el cual la atribución de competencia prevista en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 se mantiene, en razón de la naturaleza que adquiere el respectivo contrato.

En otros términos, si el contrato al cual se refiere la figura exceptiva del parágrafo del artículo 32, lo celebra un establecimiento de crédito, compañía de seguros u otra entidad financiera, siendo ella de carácter estatal, con un particular, la regulación y la jurisdicción escaparán a lo previsto en la Ley 80 de 1993. Pero si el contrato es celebrado, no con un particular, sino con otra entidad estatal, como ocurre en este caso en que el contratista es el municipio de Buenaventura, es claro que los preceptos de dicha ley, al menos en cuanto a la jurisdicción se refiere, no se ponen en duda(9) (negrillas fuera del texto).

En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil expresó que

“En principio, la jurisdicción competente para conocer de los contratos que celebren las entidades financieras y del sector asegurador de carácter estatal dentro del giro ordinario de las actividades propias de este tipo de entidades, entendiendo por tales, aquellos que correspondan a las funciones y operaciones señaladas en el EOSF y los contratos conexos directamente con aquellas, será la jurisdicción ordinaria, salvo que dicho contrato se celebre con otra entidad estatal que se rija en su integridad por la Ley 80 de 1993” (10) .

Tercera: contratos celebrados entre una entidad financiera o aseguradora privada y una entidad estatal. Este evento es semejante al anterior, toda vez que a pesar de tratarse de una entidad del sistema financiero sujeta a las disposiciones del régimen privado, es decir, el estatuto orgánico del sistema financiero y el Código de Comercio, el hecho de que la otra parte del contrato sea una “entidad estatal” de aquellas contempladas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, le otorga la categoría de estatal al contrato celebrado; en consecuencia, le es aplicable el régimen de contratación estatal y por consiguiente, las normas de competencia establecidas por el artículo 75, es decir, la jurisdicción competente para conocer de los procesos declarativos y ejecutivos derivados de esos contratos es la contenciosa administrativa.

La Caja Popular Cooperativa es una entidad cooperativa especializada de ahorro y crédito de naturaleza privada (11) ; por consiguiente, los contratos que celebre en desarrollo de su objeto social no están sujetos a las normas del régimen de contratación estatal, por ser una entidad privada y los procesos declarativos y ejecutivos que se susciten con ocasión de los mismos, son de competencia de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, en el presente caso, se tiene que los contratos de cuentas corriente bancarios y los de ahorros celebrados por el municipio de Puerto López, en aplicación del criterio subjetivo consagrado por la Ley 80 de 1993, son de naturaleza estatal, lo que determina, entonces, que la jurisdicción contenciosa es la competente para conocer de los procesos ejecutivos relacionados con los contratos bancarios celebrados por el municipio.

III. Los contratos bancarios de cuenta corriente y depósitos de ahorros, se encuentran regulados por los artículos 1382 a 1399 del Código de Comercio y 125 y siguientes del estatuto orgánico del sistema financiero (D. 663/93).

De conformidad con el artículo 1382 del Código de Comercio se tiene que “por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero, y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco”.

Adicionalmente el artículo 1396, establece que “los depósitos recibidos en cuentas de ahorro estarán representadas en un documento idóneo para reflejar fielmente el movimiento de la cuenta” y los registros que se hagan en ese documento por el banco, “serán plena prueba de su movimiento”.

Sobre el perfeccionamiento de estos contratos, la Corte Suprema de Justicia señaló que “celebrado el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, que se perfecciona por el simple consentimiento del cuentacorrentista y del banco, surgen para aquel, sin previa solemnidad las facultades de hacer depósitos a su nombre, en dinero o en cheques, y de disponer de los saldos mediante el giro de cheques que ha de suministrar el banco(12) (se resalta).

El principio de consensualidad en los contratos mercantiles está previsto en el artículo 824 del Código de Comercio, el cual prevé que “los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco”, a no ser que la norma exija determinada solemnidad.

De suerte que los contratos bancarios de cuenta corriente y depósito de ahorros que el municipio de Puerto López celebró con la Caja Popular Cooperativa, se rigen por las anteriores disposiciones y al no haberse celebrado por escrito, tiene razón el apoderado del municipio ejecutante al afirmar que no debió el a quo exigir el cumplimiento de esa formalidad y que era suficiente probar la existencia de dichos contratos con los extractos bancarios que expidió la entidad ejecutada, por cada cuenta bancaria que el municipio abrió en esa cooperativa para depositar dineros públicos (13) y el acto por el cual reconoció los saldos que allí existían al momento en que dicha cooperativa fue intervenida.

De este modo, en virtud del carácter consensual del contrato de cuenta corriente bancaria y de ahorros, la ley permite acudir a otros medios de prueba para demostrar el monto de los dineros consignados e inferirse de ellos la existencia del contrato, tal y como se deduce de los artículos 1386 y 1396 del Código de Comercio según los cuales, “constituye plena prueba de la consignación en cuenta corriente el recibo de depósito expedido por el banco” (art. 1386) y “los depósitos recibidos en cuenta de ahorro estarán representados en un documentos idóneo para reflejar fielmente el movimiento de la cuenta. Los registros hechos en el documento por el banco, serán plena prueba de su movimiento” (art. 1396).

IV. Sin embargo, en el presente caso no es posible librar el mandamiento de pago solicitado por el municipio, por razones diferentes a las condiciones de los documentos que se allegaron con la demanda como título ejecutivo, como pasa a explicarse.

a) El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (14) mediante Resolución 1889 del 19 de noviembre de 1997, ordenó la toma de posesión de los negocios bienes y haberes de la Caja Popular Cooperativa – Cajacoop y posteriormente, por Resolución 780 del 7 de mayo de 2002, la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó su disolución y liquidación, actos administrativos que fueron aportados con la demanda (fls. 19 a 23 y 106 a 112).

Por encontrarse Cajacoop en proceso de disolución y liquidación, el pago de los dineros depositados en esa entidad quedó condicionado a las reglas aplicables al proceso liquidatorio, tal como lo indicó la directora de operaciones y tecnología de la caja al alcalde de Puerto López, en comunicación del 4 de junio de 2002 (fl. 103), en la cual precisó que como consecuencia de la declaratoria de disolución y liquidación de la cooperativa, “el pago de las acreencias del municipio se efectuará según procedimiento legal de graduación y calificación de acreedores preestablecido en los decretos 756 de 2000 y 2418 de 1999 y de acuerdo con las disposiciones de la junta directiva del Fogacoop sobre este tema” (15) .

b) El ordenamiento legal distingue los bienes sometidos al proceso de liquidación de una entidad financiera, entre incluidos y excluidos de la masa de la liquidación (16) . Los primeros, aquellos que pertenecen a la entidad en liquidación y constituyen prenda general de sus acreedores y garantizan el pago de las obligaciones a cargo de la entidad, mientras que los otros, pertenecen a personas diferentes a la entidad y son entregados a ella con el fin de que los administre y reporte una utilidad a su propietario.

c) La masa de la liquidación, de acuerdo con el artículo 299 del estatuto orgánico del sistema financiero —D. 663/93— se integra con “todos los bienes actuales y futuros de la entidad intervenida”. Adicionalmente, la norma precisa que “además de lo dispuesto en los artículos 1154 y 1399 del Código de Comercio (17) , no forman parte de la masa de la liquidación”, o sea, que se excluyen de ella, “los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de depositario o fiduciario” (Dec. 663/93, art. 299, lit. d ) y “los depósitos de ahorro o a término constituidos en establecimientos de crédito” (lit. f, ibídem). Respecto de las cooperativas autorizadas para captar recursos de asociados y de terceros, la Ley 79 de 1988 (18) , establece que los depósitos de esas personas están excluidos de la masa de la liquidación. Distinción que importa para evitar la confusión entre el patrimonio de la entidad y los bienes entregados por terceros, así como para el tratamiento de los mismos en el trámite de la liquidación.

A pesar de la anterior distinción, ambas clases de bienes son objeto del proceso de liquidación. En efecto, las normas aplicables contemplan que antes de realizar el pago de los créditos a cargo de la masa de la liquidación, deben restituirse las sumas y bienes excluidos de la masa y realizarse la provisión para la restitución de las sumas excluidas de la misma cuando los titulares no se presentan para recibir el pago (D. 756/2000, art. 16 y D. 2418/99,art. 5º). Por lo anterior, la denominación “bienes excluidos” no implica que sean ajenos al proceso de liquidación de la entidad, sino que les otorga un tratamiento especial dentro del mismo, razón por la cual la toma de posesión para liquidar conlleva la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos, tal como lo indica el artículo 116 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999:

“ART. 116.—Mod. art. 22, L. 510/99. La toma de posesión conlleva: (...)

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial” (negrillas fuera del texto) (19) .

El numeral 9º del artículo 1º del Decreto 756 de 2000, incluye dentro de las medidas preventivas que se deben adoptar a la toma de posesión de una cooperativa que desarrolla la actividad financiera, el aviso a los jueces de la República “sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de la toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida”.

No resulta extraño, entonces, que la Superintendencia de la Economía Solidaria haya ordenado dentro de la resolución que ordenó la liquidación de la Caja Popular Cooperativa, “el aviso a los jueces de la República... sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de la toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida” (fls. 110 y 111).

d) El municipio de Puerto López presentó demanda ejecutiva el 15 de octubre de 2002, por las sumas de dinero depositadas en Cajacoop, es decir, con posterioridad a la expedición de los actos administrativos que decretaron la toma de posesión para administrar, 19 de noviembre de 1997, y luego de la disolución y liquidación de esa entidad cooperativa, 7 de mayo de 2002, por lo que la misma se encontraba sometida a las disposiciones legales del proceso liquidatorio y por ese motivo, el juez de primera instancia no podía entrar a analizar los presupuestos del título ejecutivo, sino, simplemente por tratarse de obligaciones anteriores, rechazar la demanda, en aplicación de la prohibición de admitir nuevos procesos ejecutivos en contra de la Caja Popular Cooperativa, entidad sometida a liquidación forzosa administrativa.

Por lo expuesto, se revocará la providencia impugnada y en su lugar se rechazará la demanda».

(Auto de 10 de junio de 2004. Expediente 24.764. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

(1) El artículo 2º de la Ley 80 de 1993 establece cuáles son las entidades estatales para los efectos de esa ley.

(2) Teniendo en cuenta la enorme dificultad que se presentó para diferenciar entre “contratos administrativos” y “contratos de derecho privado de la administración”, por la variedad de criterios para determinar cuál era la jurisdicción competente para conocer de los procesos declarativos contractuales, el legislador de 1993 aplicó el criterio subjetivo para determinar cuáles son “contratos estatales”.

(3) Auto del 23 de septiembre de 1997, número S-701.

(4) No obstante que el legislador pretendió dar un carácter universal a la Ley 80 de 1993 respecto a los “contratos estatales”, quedaron por fuera de este régimen de contratación, “entre otros, los contratos celebrados por aquellas entidades mixtas en las que el Estado tiene una participación minoritaria, entendida esta como aquella igual o inferior al 50% del capital (art. 2º); los contratos de los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal (art. 32, par. 1º); los de concesión del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional (art. 34); los de radiodifusión sonora (art. 35); y los de exploración y explotación de recursos naturales (art. 76)” Auto S-701 citado.

(5) El artículo 1º del Decreto 663 de 1993 —estatuto orgánico del sistema financiero— establece que el sistema financiero y asegurador está conformado por: a. Establecimientos de crédito (art. 2); b. Sociedades de servicios financieros (art. 3); c. Sociedades de capitalización (art. 4); d. Entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros (art. 5).

(6) Auto del 23 de septiembre de 1997, número S-701.

(7) Sentencia C-388 del 22 de agosto de 1996.

(8) Sin embargo, la Sala ha accedido a librar mandamiento de pago, sin que se haya aportado copia del contrato estatal, cuando de los documentos que se aportan con la demanda se puede demostrar su existencia. Al respecto puede consultarse el auto del 27 de noviembre de 2003. Exp. 25.618.

(9) Auto del 7 de marzo de 2002, Exp. 19057, posición que fue reiterada en auto del 5 de noviembre de 2003, Exp. 24706.

(10) Concepto del 29 de mayo de 2003, Radicación 1488.

(11) El artículo 3º de la ley 79 de 1988 indicó que por medio del “acuerdo cooperativo” un número determinado de personas crean y organizan “una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa”. El capítulo VII de esa ley (arts. 61 a 65), definió cuáles son las diferentes clases de cooperativas, distinguiendo entre especializadas, multiactivas e integrales (art. 61). Las cooperativas especializadas son aquellas que “se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural” (art. 62), las multiactivas son aquellas “que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica” y las integrales son las “que en desarrollo de su objeto social, realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios” (art. 64). La ley también estableció que las entidades del sector cooperativo podían organizar, bajo la naturaleza jurídica cooperativa, instituciones financieras (art. 88), para ejercer la actividad financiera en forma especializada, entre las que se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito. Por su parte, la Ley 454 de 1998 indicó que la actividad financiera se desarrolla, principalmente, por las cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito, las primeras, establecimientos de crédito sometidas a la inspección vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria (art. 40) y las otras son organismos cooperativos especializados cuya función principal es adelantar actividad financiera con sus asociados y se encuentran sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria. La Caja Popular Cooperativa es una cooperativa de ahorro y crédito cuya inspección, vigilancia y control la ejerce la Superintendencia de la Economía Solidaria.

(12) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de marzo de 1981. Gaceta Judicial. CLXVI, pág. 405.

(13) De conformidad con el artículo 3º de la Ley 1ª de 1980, “las únicas personas autorizadas para celebrar contratos de cuenta corriente bancaria a nombre de las entidades públicas son su representante legal, o jefe de la entidad respectiva y en su defecto las personas en quienes estos deleguen, previo visto bueno de la Tesorería General de la República y las tesorerías departamentales o municipales según el caso. Las cuentas corrientes bancarias de las entidades públicas deben ser abiertas y mantenidas con el lleno de los requisitos legales y reglamentarios establecidos o que establezcan las autoridades fiscalizadoras del orden nacional, departamental o municipal, en forma tal, que ningún establecimiento bancario podrá abrir cuenta alguna sin el previo cumplimiento de tales requisitos”. Por su parte, el Decreto 359 de 1995 (art. 21), establece los documentos mínimos que se deben exigir para dar trámite a la solicitud de apertura de una cuenta corriente con autorización de la dirección del tesoro nacional, cuando en las mismas se manejen los recursos del presupuesto.

(14) Mediante la ley 454 de 1998 se trasformó el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial y se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad a la que se le asignaron las funciones de inspección, vigilancia y control del sector cooperativo, las cuales eran ejercidas antes de la expedición de esa ley por el Dancoop.

(15) El Decreto 756 de 2000 establece reglas especiales para el procedimiento aplicable a la toma de posesión de las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que son sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria o de aquellas que siendo vigiladas por la Superintendencia Bancaria están inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. El artículo 24 de ese decreto indica que los procesos de intervención de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, que no se encuentren inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, se sujetarán a lo dispuesto en el Decreto 2418 de 1999; sin embargo, a pesar de esa distinción, el artículo 25 de esa norma consagra que en lo no previsto en el Decreto 756 se aplicarán las normas pertinentes al proceso de toma de posesión y liquidación forzosa administrativa del Decreto 633 de 1993 y en especial, lo establecido en la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2418 de 1999.

(16) En general, el Decreto 633 de 1993 y para las cooperativas financieras y cooperativas de ahorro y crédito los decretos 2418 de 1999 y 756 de 2000.

(17) El artículo 1154 establece los privilegios del beneficiario en caso de liquidación del asegurador y el 1399 indica que en caso de liquidación administrativa están excluidos de la masa de la liquidación los depósitos que se encuentren en cuentas corrientes, depósitos a término y depósitos de ahorro.

(18) Por medio de esta ley se actualizó la legislación cooperativa.

(19) La Ley 222 de 1995 establece la preferencia del concordato, artículo 99, y la “continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros demandados”, artículo 100. El primero de estos artículos indica que “A partir de la providencia de apertura y durante la ejecución del acuerdo, no podrá admitirse petición en igual sentido, ni proceso de ejecución singular o de restitución del inmueble donde desarrolle sus actividades la empresa deudora”.

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