Auto 25010 de junio 10 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DE LA ASEGURADORA

NO PROCEDE CUANDO EN LA PÓLIZA SE PACTÓ CLÁUSULA COMPROMISORIA

EXTRACTOS: «1. El llamamiento en garantía. El inciso tercero del artículo 146 del Código Contencioso Administrativo preceptúa que “en los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 a 57 del Código de Procedimiento Civil”.

A su vez el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo permite el llamamiento en garantía en los procesos de reparación directa y en los relativos a controversias contractuales, el cual por remisión del artículo 267 ibídem, debe cumplir con los requisitos y condiciones que sobre la materia establecen los artículos 55, 56 y 57 del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 57 del Código Contencioso Administrativo establece que quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro del término para contestarla, según fuere el caso y la relativa a la existencia y representación de ser necesario.

En síntesis, el llamamiento en garantía es una figura procesal, una potestad que tiene el demandado para vincular al proceso a quien, con fundamento en una relación legal o contractual, tiene la obligación de asumir el pago de la indemnización en el evento de ser condenado aquel. Implica una relación diferente, paralela al proceso principal, no solo por ventilarse entre partes distintas sino por incluir nuevas pretensiones.

En efecto, la vinculación a un proceso en calidad de parte tiene fundamentos e implicaciones diferentes a los de aquella que se realiza en condición de tercero y la razón principal de esta distinción radica en el hecho de que el actor, al formular su demanda contra una persona determinada, busca la definición de una relación jurídica que se plantea entre ambos, mientras que frente al llamamiento en garantía, por solicitud de cualquiera de las partes, la vinculación del tercero supone siempre la existencia de una relación jurídica independiente, entre el llamante y el tercero citado, que debe dirimirse en la sentencia únicamente cuando el demandado resulte condenado.

2. El caso concreto.

La apoderada del Banco de la República solicitó el llamamiento en garantía de las compañías aseguradoras Suramericana S.A., y Colseguros S.A., así como también que se vinculara al Congreso de la República como tercero posiblemente perjudicado. Aportó para tal efecto la póliza de seguro global bancario número 1999, suscrita el 30 de junio de 1999 con las compañías de seguros llamadas, cuya vigencia iba hasta el 30 de junio de 2000, en la cual se amparó la responsabilidad legal ante terceros por daños causados en ejercicio de su objeto social y aportó copia de la misma (fls. 124 a 170).

(...).

En este orden de ideas, considera la Sala que el llamamiento de las compañías Suramericana de Seguros S.A., y Colseguros S.A., cumplió con los requisitos de forma previstos en los artículos 55 y 56 del Código de procedimiento Civil, al haber acreditado la existencia de una relación contractual que le permitiría al llamante exigir, en principio, el reembolso total o parcial de las sumas a que pudiere ser condenado en la sentencia.

Sin embargo, el recurrente manifiesta su inconformidad con la vinculación al proceso de sus representados, fundamentada en la existencia de la cláusula compromisoria, pactada en la condición cuarta de la póliza (fl. 357) y en la necesaria falta de competencia que surge como consecuencia de la misma.

En virtud de la cláusula compromisoria, las partes en un contrato acuerdan que todas o algunas de las controversias que se susciten durante su desarrollo y ejecución serán ventiladas exclusivamente ante la justicia arbitral, con arreglo a lo que en particular convengan.

En el caso concreto se pactó en la condición cuarta que

“Las compañías de una parte y el asegurado de otra, acuerdan someter a la decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en relación con la presente póliza” (fl. 357, cdno. 1).

Por lo tanto, al haberse acreditado la existencia de la cláusula compromisoria y la manifestación expresa de los llamados de no renunciar a la misma, la Sala concluye que esta jurisdicción no se podría pronunciar sobre la eventual responsabilidad del asegurado surgida con fundamento en la mencionada póliza y en consecuencia, no era procedente aceptar el llamamiento en garantía formulado. Por tal motivo, se revocará el auto apelado en este aspecto.

En este sentido, se rectifica la tesis sostenida en la providencia proferida el 19 de febrero de 2004, expediente 26.048, mediante la cual en un caso similar, sí se aceptó el llamamiento en garantía que se hizo a compañías aseguradoras, a pesar de haber solicitado que se declarara la misma excepción».

(Auto de 10 de junio de 2004. Expediente 25.010. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «En el contrato de seguro global bancario las partes estipularon cláusula compromisoria en los siguientes términos: “Las compañías de una parte y el asegurado de otra, acuerdan someter a la decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en relación con la presente póliza”, pero ella no tiene la virtud de enervar o abstraer la competencia del juez contencioso administrativo para conocer de este proceso porque en este caso se está discutiendo la responsabilidad civil extracontractual de la demandada imputada por un tercero (demandante en la acción de reparación directa) ajeno al contrato de seguros.

Nótese que la cláusula compromisoria se pactó para dirimir las controversias suscitadas entre las partes del contrato (aseguradoras - asegurado), esto es, aquellos conflictos que devienen del contrato que atañen con la responsabilidad contractual y no los que refieren a la responsabilidad extracontractual que se juzga en la reparación directa.

Por otra parte, cuando se trata de aceptar o no el llamamiento en garantía, el juez solo examina si se reúnen los requisitos de carácter formal señalados por la ley porque la responsabilidad que eventualmente les asista a los llamados, solo es posible definirlo al momento de dictar sentencia, por ende, el examen de responsabilidad o el alcance del derecho contractual (o legal) del llamante, es un asunto de fondo que se examina y resuelve al momento de dictar sentencia, pues solo en caso de que el Ilamante resulte condenado, es cuando debe examinarse el contenido de la relación legal o contractual, para ver si da derecho efectivo a la solicitud del Ilamante.

c) En cuanto a la falta de jurisdicción por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, no se juzga la conducta contractual de las partes del contrato de seguro, que fue el aspecto que sustrajeron del conocimiento de la justicia natural, sin que ello pueda entenderse como la posibilidad para las partes que frente a todo aquello atinente al seguro deba ir a los árbitros, incluida la responsabilidad civil extracontractual que atribuye un tercero ajeno al compromiso interpartes derivado de una imputación atinente a la onerosa liquidación, con fórmula incorrecta, de los créditos de vivienda en UPAC y que en estricto sentido no se relacionan con las controversias derivadas del contrato».

María Elena Giraldo Gómez. 

* * *

Por compartir el criterio expuesto por la señora consejera doctora María Elena Giraldo Gómez en su salvamento de voto, con el debido respeto adhiero a lo allí consignado.

Germán Rodríguez Villamizar. 

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