Auto 25154 de abril 6 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Delito de falsedad en documento público agravado por el uso.

EXTRACTOS: «Según lo establece el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 (que corresponde al artículo 80 del anterior estatuto penal), en la etapa instructiva la acción penal prescribe en un término igual al máximo de la pena establecida en la ley, sin que sea inferior a cinco (5) años.

Pero, como los hechos ocurrieron en vigencia del anterior estatuto penal, se impone precisar cuál es la preceptiva favorable para el cómputo de este fenómeno, sobre lo cual no se remite a duda que en este caso lo es el artículo 287 del actual estatuto penal, al sancionar el tipo penal de falsedad material en documento público con una pena máxima de seis (6) años de prisión, mientras que el 218 del Decreto-Ley 100 de 1980, ordenamiento anterior, lo castiga con una pena máxima de diez (10) años de prisión, mucho más drástica que la contenida en el actual tipo penal.

A esos seis años que resultan de aplicar la disposición favorable se les incrementa la mitad, es decir, tres (3) años más, en razón a que la conducta por la que se procede se encuentra agravada por el uso del documento, de conformidad con la circunstancia específica prevista en el artículo 290 de la mencionada Ley 599 y, de igual manera, en el 222 del anterior estatuto, lo cual permite colegir que el término de prescripción de la acción penal en la fase instructiva en el asunto sometido a consideración de la Sala es de nueve (9) años.

Ahora bien, en sentido contrario a lo que sostiene el defensor de Luis Alberto de Jesús Guerrero Suárez, para la Sala es claro que el fenómeno prescriptivo de la acción penal no se verificó en la fase instructiva del proceso en relación con la modalidad delictiva de falsedad material de particular en documento público, en tanto, como ya se dijo, se encuentra agravada por la circunstancia de haberse usado los documentos, la cual necesariamente se integra al tipo especial para todos los efectos, máxime en estos casos en que tal situación es la que determina la afectación al bien jurídico protegido, pues es en ese momento, y no en el de su creación, cuando el documento se incorpora al tráfico jurídico.

Además, es necesario puntualizar que de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 83 del actual estatuto penal y, en similar sentido el primero del 80 del anterior ordenamiento, para determinar el término de prescripción de la acción penal “se tendrán en cuenta las causales modificadoras de la punibilidad”, naturaleza que, desde luego, revisten las circunstancias específicas de agravación.

Si ello es así, como en efecto lo es, se colige que para establecer el momento a partir del cual empieza a correr la prescripción de la acción penal en la etapa instructiva del proceso, al tenor de lo estipulado en el artículo 84 de la Ley 599 de 2000 (83 del D.L. 100/80), el hecho que cuenta con relevancia jurídica es el del aludido uso del documento falsificado, que adquiere una connotación de permanencia en la medida en que él sujeto activo lo utiliza indeterminadamente para los fines jurídicos que se traza con su creación y para lo cual cuenta con aptitud probatoria.

Por razón de ese carácter permanente del uso de lo documentos, la iniciación del término de la prescripción se configura por “la perpetración del último acto”, como así lo indica para este tipo de conductas el inciso segundo del referido artículo 84 de la Ley 599 y, en iguales términos, el 83 del anterior estatuto penal.

En síntesis, no adquiere relevancia para el cómputo prescriptivo en la fase instructiva cuando se trata de la falsedad en documento público agravada por la aludida circunstancia, el momento en que el documento apócrifo fue creado sino, necesariamente, el de su uso, que tiene una connotación de permanencia, lo cual significa que, acorde con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 84 de la Ley 599 y el 83 del Decreto-Ley 100, “el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto”, que equivale al de su último uso jurídicamente idóneo.

En el asunto que concita la atención de la Sala, se encuentra acreditado que el sindicado Guerrero Suárez utilizó en una primera oportunidad la cédula de ciudadanía apócrifa Nº 79.381.302 que aparecía a nombre de Mauricio Rodríguez Suárez, los días 24 de abril y 6 de mayo de 1998 cuando tramitó la activación de los teléfonos celulares números 2358020, 1614801 y 2957999 con la empresa Comcel , pero este acto no fue el último de perpetración, ya que este lo constituyó precisamente el que dio inicio a esta actuación cuando exhibió dicho documento y la licencia de conducción Nº 001446, igualmente espuria, al ser requerido por los funcionarios del CTI, el 7 de abril de 2000, luego entonces, será este último día el que determina el inicio del término prescriptivo de la acción penal para la fase de instrucción.

En ese orden de ideas, es claro que a partir de ese momento y hasta el 10 de abril de 2003, fecha en la cual quedó debidamente ejecutoriada la resolución de acusación proferida en contra del procesado Luis Alberto de Jesús Guerrero Suárez, cuando la fiscalía delegada ante el Tribunal de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el calificatorio de primer grado, escasamente corrieron tres años y, por ende, lejos estuvo de cumplirse el término de nueve años previsto para que hubiera operado el fenómeno alegado por el censor.

Lo anterior se torna suficiente para colegir que no le asiste razón al defensor en su solicitud previa de cesación de procedimiento en favor de su prohijado por prescripción de la acción penal en la fase instructiva del proceso».

(Auto de 6 de abril de 2006. Radicación 25154. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

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