Auto 25190 de julio 11 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CONCIERTO PARA DELINQUIR CONVERTIDO EN SEDICIÓN

Efectos en el proceso penal de la inexequibilidad de esta conversión.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte de plano el conflicto negativo de competencias suscitado entre los juzgados Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y segundo penal del circuito de la misma sede, quienes en su orden rehúsan conocer del juicio que se sigue en contra de Jairo Lewis López Parra, acusado de la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

(...).

El supuesto de la colisión se fundamenta en una realidad jurídica consistente en haberse tipificado, según lo afirma uno de los despachos colisionantes, como sedición conductas que antes se catalogaban como concierto para delinquir (L. 975/2005, art. 71 y L. 599/2000, art. 340, nums. 2º y 3º).

Con respecto a esa temática, por mayoría la Corte había definido el asunto —desde luego hasta antes de haberse proferido la sentencia de constitucionalidad C-370 del 18 de mayo de 2006—, asignando la competencia a los juzgados penales del circuito si el juicio se encontraba en trámite, y a los juzgados penales del circuito especializados si el proceso se hallaba para dictar sentencia (3) .

3. La situación ha cambiado. Desde el momento en el que la Corte Constitucional decretó la inexequibilidad, entre otros, del artículo 71 de la Ley 975 de 2005 por vicios de trámite, el asunto no puede definirse en los términos que por mayoría la Sala había estimado que eran los correctos. Claro, porque los efectos de la aplicación del artículo 71 citado, con ocasión de su inconstitucionalidad, no son ya un problema de mera competencia, sino una temática vinculada con la aplicación del principio de favorabilidad, cuyos beneficios le corresponde resolver al juez penal del circuito especializado.

4. Conviene señalar que la inexequibilidad por regla general se proyecta hacia el futuro, salvo el reconocimiento por favorabilidad de normas declaradas inconstitucionales, como la Sala lo tiene por aceptado. En efecto, vigente aún la Constitución de 1886, en la sentencia del 11 de noviembre de 1986, la Corte indicó:

“El artículo 26 de la Constitución Nacional, desarrollado por el artículo 6º, tanto del Código Penal como del de Procedimiento Penal, consagra el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley criminal, cuando una conducta o un proceso sean susceptibles de ser regidos por varias normatividades, presentándose el fenómeno de la sucesión de leyes en el tiempo. En virtud del mismo, la benignidad de una ley abrogada, derogada o declarada inexequible, proyecta sus efectos más allá de esta pérdida de vigencia (ultra - actividad), o la ley posterior, con estas características, retrograda sus consecuencias (retroactividad), para cubrir situaciones pasadas, en vía de definición, o ya juzgadas”.

Si así es, y si los efectos de la sentencia recién proferida por la Corte Constitucional rigen hacia el futuro (ex nunc), los beneficios del declarado inconstitucional artículo 71 de la Ley 906 de 2004 se mantienen y no afectan situaciones consolidadas bajo su imperio. Así, entre otras cosas, lo ha explicado, en situaciones similares, la Corte Constitucional en los siguientes términos:

“No sobra añadir con idéntica orientación argumentativa, que la Corte Constitucional en el tema de los efectos de los fallos de inexequibilidad, ha elaborado “el principio de presunción de legalidad, en virtud del cual se respetan los efectos que surtió la ley y las situaciones establecidas bajo su vigencia. La necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los asociados, es sin duda la razón de ser de estos principios básicos que dominan el ejercicio del control de constitucionalidad. Los mismos argumentos que imponen, en principio, la irretroactividad de la ley, imponen, en principio, la irretroactividad de los fallos...” (4) .

Si a lo dicho se añade que según el artículo 43 de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la administración de justicia”, las sentencias de constitucionalidad producen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, la cuestión acerca de las consecuencias de la decisión con respecto a la inconstitucionalidad del artículo 71 de la Ley 975 de 2005 queda saldada.

5. Una de las razones que tuvo la Corte para dirimir los conflictos de competencias sobre el mismo tema, asignándosela a los juzgados penales del circuito ordinario, radicaba en que al variar la tipicidad (sedición en vez de concierto para delinquir), el juzgamiento de esa conducta estaba atribuida a aquellos despachos, según las reglas del artículo 77 de la Ley 600 de 2000. Pero al desaparecer del orden jurídico el artículo que lo permitía, hoy no es posible realizar ese tipo de juicios, salvo aquellos puntuales casos en donde se deba reconocer el principio de favorabilidad por los efectos benéficos que aquellas normas puedan comportar.

En tales circunstancias, con mayor razón es en el interior del proceso, donde el juez, contando con todos los elementos de juicio, con la posibilidad de examinar la plenitud de la actuación procesal y de la actividad probatoria, así como las alegaciones de las partes, puede optar por poner fin al proceso condenando o absolviendo por el delito de concierto para delinquir, o condenar o absolver por el de sedición previsto en la ley de justicia y paz, en el lenguaje de la favorabilidad.

En este marco opera el concepto de competencia en su más elevado entendimiento, según el cual, la justicia material se realiza mediante la aplicación de la ley sustancial por el juez al que le fue asignado el proceso, a quien por razón de una ley que puede eventualmente ser aplicable por favorabilidad, le corresponde decidir si el comportamiento objeto de juzgamiento ha cambiado de denominación jurídica y deben asignársele las consecuencias benéficas que ello comporta.

Así las cosas, le corresponde conocer del asunto al juez penal del circuito especializado, autoridad a la cual se le enviará el expediente.

Decisión

En consecuencia, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE;

Dirimir la colisión negativa de competencias, en el sentido de atribuirle el conocimiento de la actuación al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.

Comuníquese esta determinación al juzgado segundo penal del circuito de la misma sede.

Comuníquese y cúmplase».

(Auto de 11 de julio de 2006. Radicación 25190. Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla)

(3) Cfr. auto del 16 de mayo de 2006, radicado 25449, entre otros.

(4) Sentencia T-401 de 1996.

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