Auto 25206 de mayo 13 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTRATOS ESTATALES

AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN

EXTRACTOS: «En escrito radicado el 10 de febrero de 2004, la directora de ordenamiento jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, interpone recurso de reposición contra el auto del 27 de noviembre de 2003, en cuanto decretó la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto 2170 de 2002, a excepción de su parágrafo, con el fin de que se revoque dicha decisión y se niegue la medida cautelar decretada.

(...).

Para resolver se considera

Estima la recurrente que la posibilidad de que las audiencias de adjudicación las realice de oficio la entidad estatal y señale las reglas para la celebración de las mismas, que es lo que establece el artículo 3º del Decreto 2170 de 2002, no vulnera en forma evidente normas superiores, toda vez que no puede alegarse válidamente que solo el Contralor General de la República y las demás autoridades de control fiscal pueden disponer la adjudicación en audiencia pública, ya que de una interpretación armónica de las normas del estatuto de contratación pública y del espíritu del legislador, “la administración y en particular el representante legal de la entidad es quien tiene la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y, en general, para adelantar la gestión contractual de la entidad correspondiente”.

Para la Sala, la anterior consideración no conduce a modificar la decisión tomada en el auto que se recurre, como pasa a precisarse.

Se decretó la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto 2170 de 2002, por cuanto de conformidad con el inciso segundo del artículo 273 de la Constitución Política, es la ley la que debe señalar los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública y las condiciones en que esta se realiza.

Por consiguiente, mientras la ley disponga que el acto de adjudicación tiene lugar en audiencia pública “en el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política” (o sea, cuando ésta la ordene el Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes por solicitud de cualquiera de los proponentes) y no señale otros casos en los que se pueda acudir a este mecanismo (art. 30, num. 10), es evidente que la norma reglamentaria la excede al establecer que, igualmente, puede disponerse “de oficio por la entidad estatal”, ya que la ley no señaló que la misma entidad contratante pudiera ordenarla (1) .

Que el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 señale que el acto de adjudicación debe notificarse cuando esta se realice mediante resolución motivada y que debe comunicarse a los no favorecidos, cuando aquella no se lleva a cabo en audiencia pública, no significa, como lo insinúa la recurrente, que la entidad pública se encuentre facultada para disponer los eventos en los que la adjudicación debe realizarse utilizando el mecanismo de la audiencia pública.

Es cierto que las actuaciones de las autoridades deben ser públicas, como una manifestación del principio de transparencia (art. 24, ord. 3º), pero allí, la ley señala, precisamente, como desarrollo de ese principio, que se debe permitir “el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. No se repone el auto proferido por la Sala el 27 de noviembre de 2003, en cuanto decretó la suspensión provisional del artículo 3º, a excepción del parágrafo, del Decreto 2170 de 2002».

(Auto de 13 de mayo de 2004. Radicación 25.206. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

(1) Tampoco puede afirmarse que la decisión de la administración de realizar la adjudicación por audiencia pública esté autorizada por el artículo 5º del Decreto 287 de 1996, el cual reglamentó los artículos 24, 25, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993, ya que dicha norma fue derogada, expresamente, por el artículo 29 del Decreto 2170 de 2002.

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