Auto 25241 de mayo 11 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONCILIACIÓN EN AUDIENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Indexación, al momento del pago, de las sumas conciliadas.

EXTRACTOS: «La controversia planteada por la recurrente tiene que ver con la actualización de las sumas conciliadas, a las que fue condenada la entidad demandada en la sentencia de primera instancia referentes a la indemnización de perjuicios morales y materiales, al momento de la liquidación para el pago por parte de la Nación, del 80% tal como se pactó en la audiencia de conciliación, acuerdo que fue aprobado por la Sala el pasado 12 de diciembre de 2005.

La Sala accederá a la solicitud del demandante, por las razones que se exponen a continuación:

En el acuerdo que lograron las partes en la audiencia de conciliación, la Nación, Ministerio de Defensa, se comprometió a pagar el 80% de la condena impuesta en primera instancia a favor de cada una de las personas relacionadas en la parte resolutiva de esa providencia. Así mismo se dispuso que esa entidad reconocería los intereses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo a partir de la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación.

El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo dispone al respecto lo siguiente:

“Cuando se condene a la Nación (...) al pago de una devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

(...) Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorios.

INC. 6º—Adicionado por la Ley 446 de 1998, artículo 60. Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”.

La norma transcrita hace referencia a los intereses que se causan desde la ejecutoria de la providencia que imponga la condena.

Aunque se advierte que en el acuerdo conciliatorio, ni en el auto aprobatorio del mismo, ni en la norma referida se hace pronunciamiento alguno frente a la actualización de la condena que se impuso en la sentencia de primera instancia y que fue objeto de la conciliación, lo cierto es que esa omisión no da lugar a pasar por alto la obligación de la entidad demandada de actualizar la suma conciliada al momento de la liquidación.

En efecto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias oportunidades frente al tema de la indexación de las sumas a las que han sido condenadas las entidades estatales desde el momento de la ocurrencia del hecho, entre otros, y hasta la ejecutoria de la providencia que impone la condena.

Particularmente, tratándose de una conciliación, debe recordarse que los efectos del acuerdo conciliatorio es que este hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo, en los términos del artículo 66 de la Ley 446 de 1998, asemejándose a una sentencia, pues también pone fin al proceso cuando la conciliación es total.

Entonces, al conciliarse sobre una suma concreta y determinada, contenida en el fallo de primera instancia, es evidente que la misma debe ser actualizada desde la sentencia de primera instancia que impuso la condena hasta el momento en que se aprueba, en aplicación del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, sin que haya lugar a manifestación expresa.

Las razones que ha expuesto la jurisprudencia de esta corporación para que opere, por el simple ministerio de la ley, la indexación de las sumas a las que se condena, giran en torno al principio de equidad, en virtud de la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

La Sala Plena del Consejo de Estado (1) se pronunció sobre el tema de la actualización de las sumas de dinero en los siguientes términos:

“Como ya lo ha señalado en repetidas oportunidades la corporación, las sumas que se ordenará pagarle a la actora en este evento deberán ser actualizadas mediante la aplicación de los ajustes de valor contemplados en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual deberá aplicarse la fórmula que ha estructurado la Sección Tercera, y que ya ha acogido y utilizado en otros casos la Sección Segunda. En efecto, es incuestionable que la inflación que viene padeciendo nuestra economía, reflejo de un fenómeno que es mundial, produce una pérdida notoria de la capacidad adquisitiva de la moneda, por manera que ordenar hoy el pago de esas cantidades por su valor nominal implicaría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un empobrecimiento correlativo para la actora. Por consiguiente, en aras de la aplicación del principio de equidad contemplado en el artículo 230 de la Carta Fundamental y de las disposiciones legales que se relacionan con este tema, es indispensable que se ordene la ‘indexación’ de esos valores, para que el restablecimiento del derecho sea completo. De suyo, normas como el artículo 1626 del Código Civil según el cual ‘el pago efectivo es la prestación de lo que se debe’, y el propio artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, llevan implícita la condición de que el resarcimiento sea total e íntegro; y es elemental que el deterioro de la moneda debe ser absorbido por el obligado a satisfacer dicha prestación”.

Por su parte, la Sección Cuarta (2) ha manifestado sobre el tema lo siguiente:

“(...) En este caso si bien la sentencia cuya liquidación en concreto y cumplimiento se pide no decretó la actualización del capital o corrección monetaria, como lo ha hecho el Consejo de Estado en otros casos, invocando el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, con base en los índices de precios fijados por el DANE, vigentes al momento del pago (inicial) y el índice vigente a la fecha de la sentencia (final), la Sala debe ocuparse de un hecho de particular importancia que se ha presentado y que tiene incidencia en los alcances de los actos procesales y de las pretensiones de la demanda. Se trata del deterioro del poder adquisitivo de la moneda ocasionado por el paso tiempo sin que se verifique el pago de una obligación dineraria lo cual, en un contexto de inflación como el que caracteriza a Colombia, favorece de manera inequitativa al deudor porque, fruto de ese deterioro, y en ausencia de ajustes o reexpresiones del principal adeuda cada día menos.

(...) Sobre esas bases, y considerando que la inflación en Colombia es un hecho notorio que, como tal, no requiere prueba, es preciso que el valor de los intereses que se dejó de pagar en 1997 se reexprese o indexe ( )” (negrillas por fuera del texto original).

La Sección Segunda también se ha pronunciado sobre el tema en los siguientes términos:

En fallo del 31 de julio de 1995 (3)

“La jurisprudencia de la Sala ha considerado que conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo cuando la suma que la administración debe cancelar al actor es una suma fija cierta, determinada y congelada a la fecha de la sentencia, debe ser ajustada al valor con el objeto de que el restablecimiento del derecho se acomode a las variaciones de precios, y tenga alguna equivalencia entre lo que el empleado dejó de percibir y lo que con ocasión del fallo viene a obtener.

Esta Sala en providencia de 25 de febrero de 1993, con ponencia de la doctora Dolly Pedraza de Arenas, dijo:

Para ello se acudirá al sistema y fórmula que ha venido siendo utilizado de tiempo atrás por la Sección Tercera de la corporación, según los cuales el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de esta sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de ejecutoria del último acto acusado), así:

 

(...) No obstante, para la Sala, era criterio dominante que la actualización o indexación se hubiera pedido expresamente en la demanda, punto que ahora se recoge, para disponer que en casos como este, que tratan de suma fija, y por ende no tienen mecanismo alguno de actualización monetaria, ello pueda operar sin que expresamente se haya solicitado, con fundamento en las siguientes razones:

1. Es derrotero para la administración de justicia, señalado por el constituyente de 1991, mirar el derecho sustancial en juego, sobre las formalidades (art. 228). Se había movido con ese mismo sentido el legislador, al expedir el Código de Procedimiento Contencioso, que en su artículo 4º dice: ART. 4º—Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete al derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.

2. La Carta de 1991 somete al juez al imperio de la ley, pero autoriza el uso de la equidad como un criterio auxiliar para resolver problemas jurídicos y justamente el punto del cual ahora se ocupa la Sala, es un punto de equidad (art. 230).

3. En efecto, si se pide un restablecimiento que consiste básicamente en el pago de una suma de dinero, es fácil entender que se está solicitando ese valor para la fecha en que se produzca la condena, pues nadie pide menos valor del que le causa el perjuicio recibido, como un resultado lógico.

4. Un completo restablecimiento del derecho supone que cuando lo ordena un fallo, aquel debe guardar suficiente interés para el actor. Por eso el legislador ha conferido al juez administrativo la facultad para estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, justamente con el objeto de restablecer el derecho particular en la misma proporción en que se causó el daño. Dicho en otros términos más sencillos, el restablecimiento del derecho debe ser justo, equitativo y razonable.

5. El demérito monetario es un fenómeno económico, fácilmente perceptible por todos, y por lo tanto su efecto no necesita solicitud expresa en la demanda ni la prueba de su impacto se precisa en el expediente” (negrillas por fuera del texto original).

En providencia del 15 de noviembre de 1995 (4) explicó:

“En armonía que la concepción del Estado social de derecho que a nuestra República le imprimió la Constitución de 1991, dentro de cuyos fines está el respeto a la dignidad humana y al trabajo dentro de la vigencia de un orden justo, para lo cual le asignó a las autoridades la función de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, la corporación ha venido discurriendo acerca de la procedencia de decretar el ajuste de valor o indexación de las condenas que profiere esta jurisdicción, y dentro de tal dinámica así lo ha dispuesto cuando se trata de sumas fijas, llegando incluso a decretar oficiosamente su ajuste” (negrillas por fuera del texto original).

Y en sentencia del 30 de enero de 1996 (5) dijo:

“( ) Sin que implique hacer más gravosa la situación de la entidad, se ordena la indexación de las sumas a reconocer, pues como se ha dicho, tal ajuste tiene su fundamento legal en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo tomando como base el “índice de precios al consumidor, o al por mayor”, y procede su reconocimiento oficioso, a fin de establecer plenamente el derecho” (negrillas por fuera del texto original).

La Sección Tercera (6) también ha tocado el punto así:

“Finalmente, toda indemnización debe ser íntegra y completa de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que se pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza en la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación” (negrillas por fuera del texto original).

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es unánime al reconocer la indexación de sumas fijas de dinero, la Sala observa que este caso no es la excepción y por lo tanto la entidad demandada deberá hacer la liquidación, al momento del pago, con base en lo ordenado por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de que la parte demandante no se vea afectada por el fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Esta última disposición, sobre el ajuste del valor, señala textualmente:

“ART. 178.—La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.

Entonces, así no se ordene en la providencia que aprueba el acuerdo conciliatorio, se entiende que todas las entidades obligadas al pago de sumas de dinero derivadas de la conciliación, deben indexar las cifras de la condena impuesta en primera instancia al momento de la ejecutoria de la providencia aprobatoria cuando realicen la liquidación del porcentaje conciliado, que en este caso es del 80% de la condena impuesta en fallo de primera instancia.

Esto es así en virtud del principio de equidad consagrado en el artículo 230 de la Constitución, el cual se aplica en los procesos contractuales y extracontractuales con base en lo dispuesto en el artículo 1626 del Código Civil, según el cual el pago efectivo es la prestación de lo que se debe, el cual no puede ser afectado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Finalmente la Sala observa que si bien los demandantes interpusieron recurso de reposición contra el auto por el cual la Sección Tercera aprobó la conciliación judicial, lo cierto es que con base en los argumentos del recurso, se observa que en realidad lo que pretende la parte actora no es la reposición de la decisión sino la aclaración de la misma pues como se vio, la actualización de sumas de dinero no necesita pronunciamiento expreso debido a que la actualización opera por ministerio de la ley.

En consecuencia, la Sala no repondrá la providencia recurrida sino que la aclarará de oficio, en los términos del artículo 309 del CCP aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. NO SE REPONE el auto que dictó la Sección Tercera el 12 de diciembre de 2005.

2. SE ACLARA de oficio, la providencia del 12 de diciembre de 2005, por la cual se aprobó la conciliación judicial, en el sentido de que la entidad demandada actualizará las sumas conciliadas al momento de la liquidación y pago atendiendo los parámetros del Consejo de Estado, desde la sentencia de primera instancia hasta la ejecutoria de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Auto de 11 de mayo de 2006. Expediente 25241. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra).

(1) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 1996. Exp. S-638 Actor: Gloria Marina Vanegas Castro. Consejero Ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.

(2) Sección Cuarta. Sentencia de 14 de agosto de 2003. Exp. 12.324. Actor: Empresa de Licores de Cundinamarca. Demandado: DIAN. Consejero Ponente: Germán Ayala Mantilla.

(3) Sección Segunda. Sentencia de 31 de julio de 1995. Exp. 6.301. Actor Erasmo Díaz A. y otros. Consejero Ponente: Diego Younes Moreno.

(4) Sección Segunda. Sentencia del 15 de noviembre de 1995. Exp. 7.760. Actor: Guillermo de Jesús Calle Guerra. Consejero Ponente: Joaquín Barreto Ruiz.

(5) Sección Segunda. Sentencia del 30 de enero de 1996. Exp. 12.408. Consejera Ponente: Clara Forero de Castro.

(6) Sección Tercera. Sentencia del 20 de marzo de 1980. Exp. 1379. Magistrado Ponente: Carlos Bentacur Jaramillo.

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