Auto 1289 de marzo 7 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CUANTÍA DEL INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN

SENTENCIAS EN ASUNTOS AGRARIOS

EXTRACTOS: «1. La procedencia del recurso extraordinario de casación está condicionada, entre otros requisitos, a que la parte recurrente se encuentre revestida de legitimidad para el ejercicio del derecho de impugnación, la cual deriva del agravio que a sus derechos haya provocado la sentencia cuestionada. No es otro el sentido que se desprende del mandato contenido en los artículos 365 y 366 del Código de Procedimiento Civil, que, en su orden, consagran, que es una de las finalidades del recurso “reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida” y que él procede contra las sentencias allí señaladas, “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda…” del valor, se precisa, fijado hoy en día y a partir del 14 de julio de 2000, por la Ley 592 de ese mismo año.

2. Infiérese, por tanto, que el “interés para recurrir en casación”, constituye uno de los presupuestos de la legitimación y, de otra parte, que como tal, está sujeto al factor cuantía, al punto que cuando no se encuentra determinada en el proceso, antes de resolverse sobre la concesión del recurso, debe justipreciarse por un perito, tal y como con absoluta claridad lo establece el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil.

3. En el presente caso, el tribunal decidió conceder el recurso extraordinario de casación de que se trata al encontrar satisfechas las exigencias legales, entre ellas, “el valor del interés para recurrir” de la demandante, lo que dedujo, de un lado, del hecho de que el predio sobre el que versa el litigio es agrario y fue avaluado en la suma de $100.000.000 y, de otro, que el artículo 50 del Decreto 2303 de 1989 no fue modificado por la Ley 592 de 2000, de donde la cuantía del interés de la recurrente supera el límite que se desprende de la aplicación de la primera de esas disposiciones, límite que a decir del tribunal, para el momento de dictarse el fallo de segundo grado, ascendía a la suma de $ 53.785.000.

4. El artículo 50 del Decreto 2303 de 1989 establece que son susceptibles de recurrirse en casación las sentencias allí indicadas proferidas en asuntos agrarios “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos moneda corriente ($10.000.000)” y puntualiza en su parágrafo último, que “La cuantía de que trata este artículo se reajustará en la forma en que la ley lo ordene”.

Por su parte, la precitada Ley 592, vigente, como ya se dijo, a partir del 14 de julio de 2000 (fecha de su publicación, art. 2º), en su artículo 1º modifica el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, para sujetar la procedibilidad del recurso de casación a que “el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales,…”, que para el mencionado año (2000) equivalían a $ 110.542.500, y en su artículo 2º consagra que ella “deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

5. Inocultable es, que el propósito del legislador al promulgar la comentada ley fue, de un lado, imponer un reajuste a la cuantía que venía rigiendo del interés para recurrir en casación y, de otro, prever un sistema automático de incremento año a año de ese valor diverso al imperante hasta ese momento, lo que hizo fijando el monto de tal interés por su equivalente al número de salarios mínimos legales mensuales vigentes allí indicado (425), en el entendido que el salario mínimo legal mensual es reajustado anualmente por el Gobierno Nacional; con lo cual hay que entender, que se creó una regulación de ese interés distinta de la establecida por el Decreto 522 de 1988.

6. Tomando como punto de partida dicho propósito del legislador y resultando claro, además, que el artículo 50 del Decreto 2303 de 1989 no es norma aislada, ni absolutamente independiente, de las generales que se ocupan de regular el recurso extraordinario de casación, menos en lo que atañe al preciso aspecto de la cuantía del interés para recurrir, pues como ya se hizo ver, tal precepto consagra que el valor de $10.000.000 que fija expresamente como tope mínimo del agravio económico que debe sufrir el recurrente “se reajustará en la forma en que la ley lo ordene”, propio es colegir, entonces, que las disposiciones de la Ley 592 de 2000 sí comprenden la materia agraria y que, por ende, desde su vigencia, los litigios de tal naturaleza también están sometidos, por una parte, al incremento de la cuantía del interés para impugnar en casación y, por otra, al incremento anual automático de su valor, derivado del sistema de fijar su monto por equivalencia del que tenga el salario mínimo legal mensual, porque es evidente que el Decreto 522 de 1988 desapareció del ordenamiento al ser expresamente modificado por la Ley 592 de 2000 que, como se dijo, derogó (por mandato de su artículo 2º) “todas las disposiciones que le sean contrarias”; mayormente si, como se sabe, la cuantía para recurrir en casación señalada en el derogado Decreto 522 de 1988 (art. 2º) estaba igualmente prevista “para los efectos del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil”. En sana lógica, pues, desaparecida la regulación que para su momento introdujo el citado decreto, el parágrafo último del artículo 50 del Decreto 2303 de 1989 debe entenderse en armonía con el artículo 2º de la Ley 592 de 2000; lo cual denota que la cuantía del interés para recurrir en casación los asuntos agrarios quedó equiparada a la exigida en materia civil, conforme la regulación contenida en la recién citada ley.

7. Siendo ello así, síguese que el mayor valor que los peritos dieron al inmueble materia del litigio en la primera instancia ($ 100.000.000) no alcanza el mínimo de $ 110.542.500 impuesto por la ley para hacer viable en este caso el recurso extraordinario y, en definitiva, que es preciso concluir que el recurso de casación fue concedido prematuramente por el tribunal, pues, por fuerza de las consideraciones que se dejan expuestas, era pertinente que se justipreciara previamente la cuantía actual del respectivo interés (CPC, art. 370)».

(Auto de marzo 7 de 2001. Expediente 252863189001-1996-1289-03. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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