Auto 25491 de diciembre 1º de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

CORRESPONDE AL JUEZ QUE CONOCIÓ EL PROCESO EN PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA

EXTRACTOS: «La controversia entre los despachos judiciales mencionados subyace exclusivamente, en el alcance y aplicación que cada uno hace del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 35 de la Ley 794 de 2003, para determinar en cabeza de cuál recae la competencia de conocer de un proceso ejecutivo cuyo título base de recaudo consiste en la sentencia condenatoria que profirió el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio el 2 de abril del presente año pues el actor presentó la demanda ejecutiva el 13 de agosto último ante el Juez Doce Laboral de Circuito de Bogotá, D.C.

El artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, antes de la expedición de la Ley 794 de 2003, aplicable en materia laboral por la remisión expresa del artículo 145 de Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, señalaba que el demandante tenía la posibilidad de presentar la demanda ejecutiva ante el mismo despacho que profirió la sentencia condenatoria, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de esta o la del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, evento en el cual el mandamiento ejecutivo se notificaba por estado.

Vencido el término anterior, la ejecución solo podía adelantarse en proceso separado ante el juez competente, conforme a las reglas generales.

Ahora, con la expedición de la Ley 794 de 2003 mediante la cual se modificó el Código de Procedimiento Civil, su artículo 335 que regula lo concerniente a los denominados por la doctrina como procesos ejecutivos impropios, es decir, aquellos en donde el título base de recaudo siempre será una condena proferida en sentencia judicial o las obligaciones provenientes de decisiones judiciales, sufrió importantes reformas, como las siguientes:

1. El juez competente para conocer de estos procesos ejecutivos, siempre será el del conocimiento, es decir, aquel que profirió la sentencia en primera instancia.

2. No se requiere de formulación de demanda para cobrar ejecutivamente las condenas impuestas a través de estas providencias, pues basta la petición que en este sentido se haga para que se libre el respectivo mandamiento de pago.

3. El término de los sesenta días únicamente determina la clase de notificación que debe hacerse del mandamiento aludido, esto es, por estado si es dentro de dicho término que se hace la solicitud aludida o, en la forma prevista en los artículos 315 a 320 y 330 del Código de Procesamiento Civil si la petición se hace por fuera del mismo.

La teleología de esta norma así lo enseña, pues en uno u otro evento el juez competente siempre será el del conocimiento, es decir, aquel que conoció del proceso ordinario en primera o única instancia, sin que, además, sea necesario presentar nueva demanda, pudiéndose hacer tal solicitud en cualquier tiempo puesto que tal y como quedó dicho atrás, el término que trae consigo el artículo 335 citado (60 días) solo determina la forma de llevarse a cabo la notificación del mandamiento de pago, mas no impone al ejecutante un plazo máximo para hacer efectivo el cobro ejecutivo ante el funcionario judicial como mal lo entendió el juez de Villavicencio.

Así se dejó consignado en el informe de ponencia para debate al proyecto de ley 284 de 2002 Cámara, convertido posteriormente en la Ley 794 de 2003, en donde se introdujo este artículo. Esto dijo:

“La propuesta de modificación se basa en la manifiesta inconveniencia de la alternativa que presenta el hoy artículo 335, originada en el hecho de permitir la ejecución de la sentencia ante el mismo juez o ante otro diferente. Lo anterior, además de auspiciar la litigiosidad con la posibilidad de formular nuevas demandas, desconoce la regla que orienta al proceso civil colombiano acerca de que el juez del conocimiento será el de la ejecución” (Gaceta del Congreso. Año XI, Nº 468, nov. 5/2002, pág. 7).

En este orden de ideas, en casos como el presente el fuero general al que alude el Juez Primero Laboral del Circuito de Villavicencio no cobra vigencia, pues en esta materia el competente para conocer de un proceso ejecutivo a continuación de un ordinario, siempre será el juez del conocimiento, con independencia de si la solicitud se hace dentro o por fuera del término de los sesenta días consagrados en norma bajo estudio, con lo cual, y contrario a lo afirmado por ese mismo funcionario, se garantiza la observancia de los principios de celeridad y economía procesal, tan caros en la administración de justicia, como claramente quedó expuesto en los antecedentes de la Ley 794 de 2003.

En el caso sub examine, el juez del conocimiento lo fue el primero laboral de Villavicencio, pues mediante sentencia de 2 de abril de 2004, puso fin al proceso ordinario laboral que José Guillermo Juez Rodríguez instauró contra la Empresa Royal de Colombia Cundinamarca Ltda. profiriendo condena a favor del primero y en contra de la segunda, luego, este mismo funcionario según lo previsto en el artículo 335 estudiado y, de conformidad con lo expuesto por la Sala, es el competente para conocer del proceso ejecutivo laboral de marras».

(Auto de 1º de diciembre de 2004. Radicación 25.491. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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