Auto 25528 de marzo 5 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

NO EN TODOS LOS CASOS DE LLAMAMIENTO SE APLICA LA LEY 678 DE 2001

EXTRACTOS: «Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en contra del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16 de junio de 2003, en el cual se rechaza por improcedente el llamamiento en garantía que hace la entidad demandada a la Compañía de Seguros Suramericana S.A.

I. Antecedentes

El 6 de septiembre de 2002, el señor José Gregorio Díaz y Diana Liceth García en nombre propio y en representación de sus hijos menores, John Sebastián Díaz y Diana Valentina Leyton García; en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron declarar administrativa y extracontractualmente responsable al municipio de Santiago de Cali, por los supuestos perjuicios y daños antijurídicos sufridos, con motivo de la muerte de la menor María Ineri Díaz Agredo, en accidente de tránsito atribuido a un hueco ubicado en la vía pública por donde se dirigía la señora Diana Liceth García con la menor.

(...).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 16 de junio del año 2003, resolvió rechazar por improcedente el llamamiento en garantía que hace el municipio de Santiago de Cali a la Compañía de Seguros Suramericana, bajo los siguientes argumentos:

“El artículo 19 de la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición (...).

“PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor”.

Aplicada la norma anteriormente transcrita al caso que hoy nos ocupa, se observa que la entidad demandada municipio de Santiago de Cali - Valle, a través de su apoderado judicial, al contestar la demanda, dijo: “Excepción de culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el accidente sufrido por la víctima se ocasionó a consecuencia del descuido personal y la exposición voluntaria o involuntaria al peligro, pues si la conductora de la moto hubiera tenido el suficiente cuidado y precaución al conducir la moto y transitar por la vía, habría podido evitarse el insuceso”.

Luego entonces, y de conformidad con lo anterior, al haber propuesto la entidad demandada como eximente de responsabilidad la excepción a que nos hemos referido anteriormente, no podría formular llamamiento en garantía contra la compañía de seguros inicialmente citada, razón por la cual la solicitud en este sentido, debe rechazarse por expresa prohibición legal”.

III. Consideraciones de la Sala

Con el fin de determinar la solución legal prevista para el presente caso, la Sala analizará la institución procesal del llamamiento en garantía, inicialmente en su ámbito de aplicación del procedimiento civil y contencioso administrativo, y posteriormente desde el punto de vista de aplicación de la Ley 678 de 2001.

De acuerdo al artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, el llamamiento en garantía procederá en los procesos de reparación directa y relativos a controversias contractuales. Como en la normatividad citada solo se establece la oportunidad de presentación del llamamiento, sin indicar otros requisitos necesarios para determinar su procedibilidad, se debe de aplicar la remisión ordenada en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto dispone aplicar el Código de Procedimiento Civil en los aspectos no regulados por el Código Contencioso Administrativo. Por lo tanto, la Sala iniciará esta parte de sus consideraciones, reconociendo la forma en que el Código de Procedimiento Civil regula el llamamiento en garantía.

“ART. 57.—Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

Tal como se observa, el llamamiento en garantía supone la existencia de un vínculo contractual o legal entre alguna de las partes del proceso, y un tercero cuya intervención es solicitada en virtud de la obligación, contractual o legal, de responder por la condena impuesta a alguna de las partes.

Advierte la Sala que el llamamiento en garantía funda su procedencia en la existencia del mencionado vínculo legal o contractual, que condiciona a un tercero ajeno a los intereses de la litis, a los resultados de la misma. Si bien existen otros requisitos de procedibilidad para el llamamiento en garantía, los mismos atienden a cuestiones de técnica procesal que no corresponden al presente análisis, toda vez que frente a la decisión apelada por la parte demandada, estas reglas procesales no se encuentran en discusión.

Estas precisiones sirven de fundamento para que la Sala estudie la figura del llamamiento en garantía frente a lo previsto en la Ley 678 de 2001, teniendo en cuenta que el a quo aplicó conjuntamente los puntos referidos anteriormente, en la providencia apelada por la parte demandada.

En lo que compete al presente análisis, la Ley 678 de 2001 establece en los siguientes artículos el objeto de la misma, así como la naturaleza de las instituciones en ella consagradas:

“LEY 678 DE 2001

(Agosto 3)

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Aspectos sustantivos

ART. 1º—Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición.

ART. 19.—Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.

PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor” (resaltado fuera de texto).

De los apartes resaltados se deduce lo siguiente:

I) La Ley 678 de 2001 se dirige a regular la responsabilidad de los agentes y ex agentes del Estado, mediante la figura de la acción de repetición consagrada en la Constitución Política, o utilizando el llamamiento en garantía con fines de repetición.

II) El llamamiento en garantía con fines de repetición se define en el artículo 19 de la misma ley, disponiendo que se puede solicitar el llamamiento del agente “... para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario”. Además de lo anterior, existen requisitos referentes a la conducta del agente llamado en garantía, así como de titularidad del llamamiento, que hacen especialísimo este tipo de intervención procesal.

Se tiene entonces que las disposiciones analizadas crean una institución independiente del regular llamamiento en garantía aplicado por esta jurisdicción, correspondiente a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil (CPC, arts. 55, 56 y 57), en razón de la remisión dispuesta por el Código Contencioso Administrativo (CCA, art. 267).

La especialidad de la figura radica, inicialmente, en el sujeto susceptible de ser llamado en garantía, pues el mismo es calificado, al exigirse que sea un agente o ex agente del Estado. En el llamamiento en garantía aplicado por esta jurisdicción, bajo las directrices del ordenamiento procesal civil, la intervención del sujeto llamado en garantía no se establece con relación a su calidad, sino al vínculo existente entre este y una de las partes del proceso.

Sin embargo, la particularidad de la institución se revela en el objeto de la misma, pues tal como lo ordena el artículo 19 de la Ley 678 de 2001, el llamamiento se profiere para determinar conjuntamente, la responsabilidad de la administración y de sus agentes, dentro de los procesos de responsabilidad emprendidos en contra del Estado.

De esta manera, la Sala advierte que el llamamiento en garantía con fines de repetición, hace alusión directa a los hechos y derechos debatidos en un proceso de responsabilidad en contra del Estado, por lo que se aleja de lo dispuesto para el llamamiento en garantía previsto en el Código de Procedimiento Civil, donde, como requisito de procedibilidad, prevalece la relación entre alguna de las partes y el tercero interviniente.

Las anteriores razones hacen inaplicable lo dispuesto por la Ley 678 de 2001 al presente caso, teniendo en cuenta que el objeto de la petición presentada por la parte demandada, municipio de Cali, no se dirige a determinar la responsabilidad del llamado en garantía en los hechos que originan la presente demanda, así como tampoco se formula respecto de una persona que es o haya sido agente del Estado, tal como lo sugiere el recurrente en la sustentación de su apelación. En consecuencia, la Sala no estudiará de fondo las consideraciones presentadas por el a quo en la providencia actualmente apelada, toda vez que las mismas se fundaron en una normatividad inaplicable al presente caso.

En este orden de ideas, la procedencia de la solicitud de llamar en garantía a la Compañía de Seguros Suramericana S.A., debe ser analizada conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 55 a 57.

(...).

De lo anterior se deduce que para la época del accidente sufrido por la menor Díaz Agredo, la llamada en garantía amparaba al municipio de Cali en el evento de que sea declarado responsable por la muerte de la menor en mención, situación esta que hace procedente el llamamiento formulado por el apoderado del municipio de Cali. Por lo tanto, la Sala revocará el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle el 16 de junio de 2003, admitiendo en su lugar el llamamiento en garantía solicitado por la parte accionada».

(Auto de 5 de marzo de 2004. Expediente 25.528. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra).

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