Auto 25775 de agosto 29 de 2006 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

IMPEDIMENTO DE JUEZ QUE NEGÓ SOLICITUD DE PRECLUSIÓN

Se fundamenta en que ha comprometido su independencia e imparcialidad.

EXTRACTOS: «Decide la Sala acerca del impedimento manifestado por una Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para seguir conociendo del proceso adelantado contra Oscar Díaz, por el delito de tráfico de estupefacientes.

Antecedentes

Con apoyo en lo preceptuado por el numeral 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se declaró impedida para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia por medio de la cual el Juzgado 28 Penal del Circuito de esta ciudad condenó a Oscar Díaz, por el delito de tráfico de estupefacientes.

Adujo haber desatado, con antelación, la alzada presentada por el fiscal y la defensa contra la decisión del Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá, que negó la preclusión de la investigación solicitada por la Fiscalía 249 Seccional; confirmando la decisión por no encontrar demostrada la causal alegada.

Consideraciones de la Sala

1. Debido a que los hechos tuvieron lugar con posterioridad al 1º de enero de 2005, el proceso se ha adelantado por el trámite del sistema penal acusatorio, previsto en la Ley 906 de 2004.

A la luz de lo normado por el artículo 57 del nuevo Código de Procedimiento Penal, cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la Sala Penal del Tribunal de Distrito, según corresponda, para que sea sustraído del conocimiento del asunto. Es decir, que la Corte es competente para resolver de plano el impedimento propuesto.

El numeral 14 del citado artículo consagra como causal de impedimento para conocer el juicio en su fondo, que el juez que haya decidido la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación, la haya negado.

Disposición reiterada por el artículo 335 del mismo estatuto, al preceptuar que en firme el auto que rechaza la preclusión de la investigación, las diligencias volverán a la fiscalía restituyéndose el término que duró el trámite de preclusión; quedando impedido para conocer del juicio el juez que la denegó.

A su turno el artículo 59 ibídem dispone que si la causal se extiende a varios integrantes de las salas de decisión de los tribunales, el trámite se hará conjunto.

Y, los artículos 62, 64 y 65 de la obra en cita, ordenan suspender la actuación procesal desde el mismo momento en que se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente; prevén que la desaparición de la causal de impedimento no provoca la recuperación de la competencia, y la improcedencia de los recursos de las decisiones que se adopten durante su trámite.

2. Teniendo en consideración la estructura del sistema penal acusatorio y la participación de la Sala que manifestó su impedimento en el trámite del proceso, la Corte llega a la conclusión que la causal invocada se configura.

En efecto, atendiendo a que la finalidad de los impedimentos es la de garantizar la imparcialidad e independencia judicial, resulta un imperativo legal para los administradores de justicia separarse de los asuntos en los cuales el equilibrio como deban actuar se vea comprometido por la presencia de alguna de las causales previstas en la ley, ya que el juez del juicio no debe tener influenciado su criterio por haber participado en el proceso como fiscal, juez de control de garantías, o juez de conocimiento en el caso de haber decidido sobre la solicitud de preclusión de la investigación elevada por la fiscalía.

Con ese propósito el nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento, separó las funciones de quienes intervienen en la actuación procesal: un juez imparcial que evalúa la responsabilidad del acusado apoyado en las pruebas presentadas para su conocimiento en audiencia pública, oral, concentrada con plena confrontación y contradicción; un fiscal que ejerce la acción penal a través de la acusación y que como titular de la pretensión punitiva tiene la obligación de presentar en el juicio las pruebas de cargo necesarias para enervar la presunción de inocencia; una defensa, que en plena igualdad de condiciones con el acusador represente el interés del sujeto pasivo de la acción penal; el Ministerio Público actuando, cuando sea necesario, en procura del respeto del ordenamiento jurídico y de las garantías fundamentales; y la víctima asistida del derecho a conocer la verdad, a acceder a la administración de justicia y a obtener la reparación de los daños ocasionados con el delito.

En particular, la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.

Por regla general no está facultada para practicar las pruebas por sí y ante sí de manera anticipada, puesto que su tarea consiste en recaudar elementos materiales probatorios que en caso de formular acusación debe presentar de forma oral y pública en el juicio para convertirse en prueba apta para desvirtuar la presunción de inocencia; salvo en el evento previsto en el numeral 2º del artículo 154 de la Ley 906 de 2004, que autoriza la práctica de prueba anticipada en audiencia preliminar, ante el juez de control de garantías.

No le incumbe asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos transgresores de la ley, y sólo podrá solicitar la adopción de dichas medidas al juez de control de garantías, el cual debe ser diferente al juez de conocimiento.

Por vía excepcional impondrá medidas restrictivas a la libertad de las personas, con sujeción a control judicial posterior por el juez de control de garantías.

Y ordenará medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones, las cuales también serán sometidas a control judicial posterior y automático, por parte del juez de control de garantías.

Conserva la función de acusar a los presuntos infractores de la ley penal ante el juez de conocimiento, acusación que no es vinculante para el juez.

Fue despojada de la potestad de declarar la preclusión de la investigación en los casos previstos en la ley, la que está atribuida al juez de conocimiento a petición suya.

Ahora, ante el juez de conocimiento debe ser presentado el escrito de acusación con el ánimo de dar inicio al juicio público, oral, con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las garantías; a él solicitará la fiscalía la preclusión de la investigación con fundamento en las hipótesis legales; y debe decidir mediante sentencia que proferirá acorde a sus propias impresiones, obtenidas del acusado y de los medios de prueba practicados en el juicio oral, y excepcionalmente de manera anticipada.

Frente a esta estructura procesal es evidente que la separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, como la institucionalización del juicio oral, público, concentrado y contradictorio, tiene como uno de sus cometidos principales garantizar que el juez del juicio llegue a la audiencia oral sin contaminación alguna sobre las evidencias y los elementos materiales de prueba recaudados por la fiscalía.

A ese mismo propósito converge la creación del instituto del juez de control de garantías, para adoptar las medidas previas al juicio tendientes al aseguramiento de los imputados y sus bienes, y a la práctica excepcional de pruebas anticipadas en aquellos eventos de peligro de muerte del testigo o de otros casos fijados por la ley. Por esa razón el artículo 250 superior consagró expresamente que en ningún caso podrá ser juez de conocimiento, en aquellos asuntos en los que haya ejercido esa función.

Y, que el juez de conocimiento deba decidir la solicitud de preclusión de la investigación elevada por la fiscalía apoyado en el criterio expuesto por los intervinientes en la audiencia, sin que proceda decretar pruebas de oficio para verificar si la causal fue correctamente invocada.

Decisión que por gravitar generalmente sobre puntos de derecho sustancial, impide que el juez que decide la solicitud puede adelantar el juicio y dictar sentencia, precisamente por haber comprometido su criterio apreciando los elementos materiales de prueba, lo cual pone en tela de juicio su independencia e imparcialidad, como valores supremos de la administración de justicia.

Así, es palmar para la Sala, insiste, la configuración de la causal de impedimento expresada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por haber resuelto previamente la apelación presentada por la fiscalía y la defensa, contra el proveído que denegó precluir la investigación, efectuando para esos efectos juicios de valor sobre la legalidad e ilicitud de los elementos materiales de prueba con eventuales repercusiones en la tipicidad de la conducta; tópicos que por lo demás fueron analizados ampliamente por la juez de conocimiento en el fallo apelado. [...].

Así pues, es evidente para la Corte que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conformada por los señores magistrados, Jorge Enrique Torres Romero, Juan Iván Almanza Latorre y Jairo José Agudelo Parra, se encuentra impedida para desatar la apelación interpuesta por la defensa contra la sentencia de condena».

(Auto de 29 de agosto de 2006. Radicación 25775. Magistrado Ponente: Dr. Julio Enrique Socha Salamanca).

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