Auto 26029 de agosto 29 de 2006 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TRÁMITE DEL HÁBEAS CORPUS

Mientras no se expida la ley estatutaria, se aplica directamente la Constitución.

EXTRACTOS: «2.1. Cierto es, como se indica por los juzgados colisionantes, que la institución de hábeas corpus aparecía regulada por los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000, y que estas disposiciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia proferida el 13 de junio de 2001, tras considerar que la regulación íntegra y completa del derecho fundamental de hábeas corpus y los mecanismos y procedimientos para su protección, sólo puede ser objeto de ley estatutaria y no de una ley ordinaria.

En tal medida separó el ordenamiento jurídico las aludidas disposiciones, y difirió los efectos del fallo a partir del 31 de diciembre de 2002, siendo este el plazo que concedió al Congreso de la República para expedir la ley estatutaria en la que se regule el derecho fundamental del hábeas corpus y los procedimientos y recursos para su protección “pues si no lo hace las disposiciones precitadas desaparecerán del ordenamiento positivo a partir de ese momento”.

2.2. Por encontrarlo pertinente al caso que ahora le ocupa, es de recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha convenido en sostener lo siguiente:

“El ordenamiento jurídico colombiano se integra como sistema de jerarquías normativas y ubica la Constitución Política en posición prevalente frente al resto del ordenamiento que lo compone, conforme se establece de lo contenido en su artículo 4º.

En razón de ese carácter normativo y aplicación directa, la Carta Política se erige en “norma de normas” (C.P., art. 4º), y da lugar a que el ordenamiento jurídico se reconozca así mismo un todo constitucionalizado y jerarquizado, como ha de ser desarrollado por los poderes constituidos, en exigible sujeción a sus valores y principios. En ese sentido, la expedición, interpretación o aplicación de las normas que como orden lo integran no puede evadir su sometimiento al estatuto superior, sin dar lugar a desquiciar el sistema, e invalidar los fundamentos que lo inspiran.

Esta fuerza vinculante de las normas constitucionales, subordina, como es obvio, el ámbito de la actividad jurisdicente. Si bien el juez debe aplicar la ley respetando la jerarquía normativa que emana de la Carta, la función integradora del sistema le impone ajustar su interpretación a los mandatos de esta; excluir aquellas disposiciones que resultan inarmónicas ante el orden constitucional; reificar la norma acorde con los valores y principios básicos; complementarla con estos para dotarla de sentido; o acudir directamente a la fuerza normativa directa que como orden ostenta el constitucional.

El sistema de eficacia directa de la Carta Política de que se viene hablando, significa, entonces, que la Constitución, a partir de su posición jerárquica preponderante como norma superior, en sí misma es fuente de derecho, debiendo ser tomada como premisa de decisión por el operador del sistema como norma aplicable al igual que cualquier otra, para extraer de ella la solución que el caso demande, pues de tal principio se establece que la Constitución se aplica junto a la ley para interpretarla o complementarla —como en este caso—, o incluso frente a ella cuando resulte manifiestamente incompatible” (cfr. Conc. mayo 16/2001. Rad. 17216).

2.3. En este caso, observa la Corte, que pese a las prevenciones realizadas al órgano legislativo por parte la Corte Constitucional en la sentencia C-620 de 2001, el Congreso de la República no ha expedido la correspondiente ley estatutaria de hábeas corpus, razón por la cual, en acatamiento del principio de eficacia directa y fuerza vinculante de la Constitución, el fundamento normativo inmediato de este pronunciamiento, no es otro que la Carta Política, a partir de la supremacía de los valores y principios establecidos en ella, pues los derechos y libertades que la Constitución reconoce, en razón de su valor normativo resultan directamente operantes, aun cuando el legislador, como acontece en este particular evento, no haya procedido a regularlos.

2.4. El artículo 30 de la Carta Política establece que quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

Tal como figura redactado el mencionado precepto, pareciera que la razón está de parte del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Tunja, al sostener que el competente para conocer de la acción de hábeas corpus invocada por la defensora del procesado Joselín Gómez Romero, es el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, pues ante dicha autoridad se presentó la solicitud.

No obstante que ambos despachos colisionantes cuentan con competencia constitucional para tramitar y decir el asunto, es claro que las normas que la distribuyen obedecen a una lógica que no puede ser desconocida, pues no de otra manera podría ser entendido que dentro de los criterios generales para determinar la competencia se halla lo referido al factor territorial, y cuando no fuere posible determinar a priori el lugar de realización de la conducta, la legislación prevé la competencia a prevención (cfr. L. 600/2000, arts. 75 y ss.).

En tales condiciones, si como se señala en la solicitud, el procesado se encuentra privado de la libertad “en el Complejo Penitenciario y Carcelario El Barne de Cómbita Boyacá, patio 1” (fl. 2), y la autoridad que supuestamente ha venido prolongando ilegalmente la privación ilegal de su libertad, es el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, obviamente que los funcionarios competentes para conocer de la acción por el factor territorial, serían los jueces penales de ese circuito judicial, y, en este caso, el Juez Cuarto Penal Municipal de Tunja, autoridad a la cual se le asignará el asunto».

(Auto de 29 de agosto de 2006. Radicación 26029. Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla).

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