Auto 26434 de marzo 13 de 2007 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Conjuez Ponente:

Dr. Ricardo Calvete Rangel

Aprobado acta 035

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil siete.

Vistos

Procede la Sala integrada por conjueces de la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de revisión presentada por el defensor de la condenada Bertha Baquero de Gómez.

Antecedentes

1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca relató los hechos de la siguiente manera:

“Da cuenta el paginario que durante la administración del señor Willer Octavio Barrera Peña, como alcalde de la población de Silvana, comprendida entre el 2 de enero de 1995 y el 12 de agosto de 1997, ocurrieron serias irregularidades al interior de la misma, generándose un grave deterioro de su erario público.

Mediaron, además, malos manejos de los dineros que ingresaban a las arcas del municipio, por concepto de impuesto predial, los cuales se utilizaban para efectuar préstamos de destinación personal, con el aval de los funcionarios de la tesorería municipal. Con este propósito se crearon documentos apócrifos y se alteraron otros”.

2. Los hechos anteriores fueron investigados en dos sumarios así: uno contra José Oliverio Castillo Candela, Jorge Eduardo Castillo Soriano, Amanda Barbosa Cubillos, Hugo Humberto Herrera Manrique, Ricardo Castillo Soriano, María Teresa Piernagorda, y Héctor Armando González, este último favorecido con la preclusión de la instrucción al momento de la calificación. El otro sumario se adelantó contra Bertha Baquero de Gómez, Amanda Barbosa, Olga Janeth Beltrán y Pedro Julio Cruz.

El primer sumario fue calificado en primera instancia el 14 de diciembre de 1998, y confirmada la calificación el 18 de junio de 1999. El segundo, al cual fue vinculada la accionante en revisión Bertha Baquero de Gómez, como determinadora del delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades en concurso homogéneo y sucesivo, y falsedad personal, fue calificado en primera instancia el 24 de marzo de 2000, precluyendo en su favor la imputación por falsedad personal y llamando a juicio por el otro delito. Apelada la resolución de acusación por el defensor de Amanda Barbosa Cubillos, el fiscal ad quem confirmó el llamamiento a juicio el 13 de septiembre de 2000.

3. Las dos resoluciones de acusación fueron acumuladas en la etapa del juicio, y el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá profirió sentencia el 26 de noviembre de 2004, en la cual tomó las siguientes determinaciones:

a) Condenó a Pedro Julio Cruz a la pena de 24 meses de prisión, multa equivalente a 2.94 salarios mínimos legales mensuales, y la obligación de pagar perjuicios por el mismo valor, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

b) Condenó a José Oliverio Castillo Candela, Jorge Eduardo Castillo Soriano y Bertha Baquero de Gómez, a 66 meses de prisión, multa equivalente a 23.33 salarios mínimos legales mensuales, como coautores del delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades en concurso homogéneo y sucesivo.

c) Condenó a Olga Janeth Beltrán Rodríguez a la pena de 60 meses de prisión, multa equivalente a 53 salarios mínimos legales mensuales, y perjuicios en cuantía de 2.10 salarios mínimos legales mensuales, como autora de los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, uso de documento público falso, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación.

d) Condenó a Amanda Barbosa Cubillos a 90 meses de prisión, multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales, y al pago de perjuicios en cuantía de 221.63 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autora de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso.

A todos los condenados se les impuso la pena de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena privativa de la libertad.

e) En la misma providencia se ordenó la extinción de la acción penal respecto de Hugo Humberto Herrera Manrique, José Ricardo Castillo Soriano, María Teresa Piernagorda, por los delitos por los cuales fueron acusados, y respecto de Amanda Barbosa Cubillos por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo, mediante proveído del 17 de mayo de 2005, en el cual redujo la pena impuesta a Olga Janeth Beltrán Rodríguez a cincuenta (50) meses de prisión, e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el mismo tiempo. En todo lo demás confirmó la sentencia.

5. Interpuesto el recurso de casación por los defensores de los procesados José Oliverio Castillo Candela, Jorge Eduardo Castillo Soriano, Bertha Baquero de Gómez y Pedro Julio Cruz, la Corte resolvió no casar la sentencia impugnada, y en la misma providencia declaró la extinción de la acción penal del delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por prescripción, a favor de los acusados José Oliverio Castillo Candela y Jorge Eduardo Castillo Soriano.

Demanda de revisión

El defensor de Bertha Baquero de Gómez presenta demanda de revisión con fundamento en la causal segunda del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, y en síntesis los fundamentos que expone son los siguientes:

1. La Sala de Casación Penal, mediante sentencia de septiembre 11 de 2006, decidió no casar el fallo proferido por el tribunal Superior de Cundinamarca, manteniendo la sentencia condenatoria dictada en las dos instancias contra su representada.

2. La Sala Penal de la Corte no podía emitir esa sentencia porque la acción penal se encontraba extinta por prescripción, y en consecuencia el proceso no podía proseguirse.

3. La señora Bertha Baquero de Gómez fue acusada y condenada por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades en concurso homogéneo y sucesivo. Este delito de conformidad con el Decreto 100 de 1980 tenía pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, pena idéntica a la que contempla el artículo 408 de la Ley 599 de 2000.

4. El llamamiento a juicio se produjo por la Fiscalía Quinta Seccional de la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración Pública y del Medio Ambiente, mediante resolución de acusación de fecha 24 de marzo de 2000, decisión contra la cual la acusada interpuso recurso de reposición, “el que fue resuelto por el mismo despacho el día 14 de julio de 2000, no reponiendo la decisión acusatoria tomada”. ... “De esta manera, como esa decisión no era recurrible, pues no contenía puntos nuevos dejados de decidir, la resolución acusatoria para mi cliente, quedó ejecutoriada el día 14 de julio de 2000, significando ello que cuando se dictó la sentencia de casación por parte de esta misma Sala, 11 de septiembre de 2006, el nuevo término prescriptivo se encontraba más que superado, pues los seis (6) años se cumplieron el día 14 de julio de 2006”.

5. En consecuencia, la decisión que debió tomar la Sala Penal era la de decretar extinguida la acción penal y ordenar la cesación de procedimiento, como lo hizo respecto de otros condenados por el mismo delito.

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

(...).

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

Por su parte, el artículo 222 ibídem, dice que la acción se promoverá por medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:

1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo.

2. La conducta o conductas punibles que motivaron la actuación procesal y la decisión.

3. La causal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud.

4. La relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos básicos de la petición.

Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda instancias y constancia de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación cuya revisión se demanda.

Dependiendo de la causal que se invoque será la prueba que se debe acompañar, pues cada una de ellas contiene hipótesis diferentes. En el evento de la causal segunda, y específicamente tratándose de la prescripción de la acción a partir de la etapa del juicio, es fundamental aportar la constancia de la ejecutoria de la resolución de acusación, pues sin acreditar la fecha a partir de la cual se produjo ese fenómeno jurídico es imposible realizar el cálculo correspondiente.

En el presente caso el demandante, no obstante que aporta copia de la resolución de acusación y de la providencia en la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el entonces defensor de la acusada Bertha Baquero de Gómez, omite aportar la prueba de la ejecutoria del pliego de cargos, y simplemente se limita a afirmar que como no había posibilidad de interponer apelación contra la respuesta a la reposición, la resolución de acusación contra su cliente quedó ejecutoriada el 14 de julio de 2000, dato objetivo, que no corresponde a la verdad, de acuerdo con las copias aportadas con la demanda. Veamos:

— En el informe de secretaría de junio 27 de 2000, con el cual se pasa el expediente al despacho para que se pronuncie sobre el recurso de reposición, se agrega: “Igualmente se halla por resolver el recurso de apelación presentado por el doctor Argemiro Acuña Hernández, apoderado judicial de Amanda Barbosa Cubillos, todos en contra de la providencia de marzo veinticuatro del año en curso”.

— En la resolución de julio 14 de 2000, que despacha negativamente el recurso de reposición interpuesto, en el punto segundo de la parte resolutiva dice: “Concédase el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el defensor de Amanda Barbosa Cubillos ante los señores fiscales delegados ante los tribunales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, en el efecto suspensivo”.

— En el registro de la actuación procesal contenido en la sentencia de casación, se hace constar que la unidad de fiscalías delegada ante los tribunales superiores de los distritos judiciales de Bogotá y Cundinamarca, resolvió el recurso de apelación el 13 de septiembre de 2000 confirmando la acusación, con lo cual cobró ejecutoria, e interrumpió el término de prescripción para empezar a correr de nuevo a partir de cero días.

Cuando la resolución de acusación o la sentencia condenatoria se refieren a varios procesados, la ejecutoria no se presenta de manera individual sino conjunta, de manera que independientemente de que un sindicado apele o no, si otro lo hace la ejecutoria queda en suspenso, y eventualmente su situación podría ser mejorada si resulta inescindiblemente vinculada al objeto de la apelación.

Como el delito imputado tiene prevista una pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años, y a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación el término de prescripción se reduce a la mitad, esto significa que si no se hubiera dictado la sentencia de casación del once (11) de septiembre de 2006, la extinción de la acción se habría presentado el 13 de septiembre siguiente, de manera que el demandante no solo no cumplió con aportar con la demanda la prueba necesaria para demostrar los hechos básicos de la petición, sino que de lo allegado se desprende que no le asiste razón.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Penal— administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Inadmitir la demanda de revisión presentada por el defensor de la condenada Bertha Baquero de Gómez.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ricardo Calvete Rangel—Franciso Acuña Viscaya—Guillermo Angulo González—Soledad Cortés de Villalobos—Alfonso Gómez Méndez—William Monroy Victoria—Alfonso Pinilla Contreras—Andrés E. Ramírez Moncayo—Yesid Reyes Alvarado.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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