Auto 26517 de noviembre 30 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

PROVIDENCIA QUE DECIDE LA PRECLUSIÓN

Tiene la naturaleza de auto.

Radicación 26517

Magistrada ponente:

Dra. Marina Pulido de Barón

Bogotá, D.C., noviembre treinta de dos mil seis.

Vistos

Define la Corte la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de preclusión de la investigación dictada a favor de Ludwin... por el Juzgado Segundo Penal Municipal de conocimiento de Bucaramanga.

Antecedentes

1. Con ocasión de petición elevada por la fiscalía orientada a obtener la preclusión de la investigación seguida contra Ludwin... por el delito de lesiones personales culposas, según hechos ocurridos el 1º de marzo de 2006 donde resultó lesionado el señor Vidal... por acción de un vehículo automotor conducido por aquel, el Juzgado Segundo Penal Municipal de conocimiento de Bucaramanga realizó el pasado 25 de octubre la respectiva audiencia, durante la cual profirió la decisión judicial que acogió la petición del ente acusador, por cuya virtud el funcionario dispuso consecuencialmente cesar con efectos de cosa juzgada la persecución penal en contra del indiciado.

2. Como en el acto de notificación en estrados de la providencia mediante la cual se decretó la preclusión de la investigación la víctima interpuso contra la misma el recurso de apelación, el a quo ordenó el envío de la actuación a los juzgados penales del circuito de conocimiento, pero el décimo de esa categoría, al cual correspondió por reparto, mediante proveído del 31 de octubre se abstuvo de definir la alzada, por considerar que la decisión de preclusión reviste el carácter de sentencia, según así se desprende de lo establecido en el artículo 334 de la Ley 906 de 2004.

En tal virtud y al amparo de lo previsto en el numeral 1º del artículo 34 del mencionado estatuto procesal penal, ordenó la remisión de la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.

3. Recibida la actuación, la citada corporación, en Sala Unitaria, profirió el auto del 15 de noviembre, por cuyo medio dispuso su envío a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no sin antes aludir al incorrecto trámite que le imprimió al asunto el Juez Décimo Penal del Circuito, porque al manifestar su incompetencia y radicar la misma en el tribunal superior, debió remitirlo directamente a la Corte, de conformidad con lo señalado en el numeral 4º del artículo 32 de la codificación que se viene citando.

Para resolver se considera

La figura de la definición de competencia regulada en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004 se adscribe perfectamente dentro de la filosofía que inspiró la adopción del sistema penal acusatorio concebido en esa codificación, es decir, propender por la solución de los conflictos de naturaleza penal de manera ágil, célere y expedita, aun cuando, desde luego, con total respeto de las garantías constitucionales que les asisten a las partes.

En ese sentido, la norma ordena que una vez se presente controversia sobre temas de competencia, sin más trámites, se debe disponer el envío de la actuación al funcionario llamado a dirimirla. Y aunque el precepto en cita establece que dicha figura, cuando la discusión la suscita el juez, opera en los casos en que se ha presentado acusación y, por extensión, cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 del código expedido mediante le Ley 906 de 2004, es decir, con ocasión de la formulación de la imputación, la Sala ha entendido que la regulación allí contenida también comprende “la fijación del juez que ha de conocer de la preclusión de la investigación de que tratan los artículos 331 y siguientes, pues esta posibilidad de darle término al proceso compete en exclusiva al juez de conocimiento” (1) .

Por supuesto que también debe abarcar, añade ahora la Corte, la definición del juez llamado a resolver la apelación interpuesta contra la decisión de preclusión de la investigación, porque se trata de una providencia trascendental, frente a la cual resulta perentorio garantizar la segunda instancia.

Bajo tal perspectiva, debe reconocerse que razón asiste al Tribunal de Bucaramanga cuando criticó la decisión del Juez Décimo Penal del Circuito de esa misma ciudad, al optar por enviar la actuación al órgano judicial que consideró competente para asumirla, en tanto lo apropiado era remitirla a quien corresponde definir la competencia para conocer del mismo, es decir, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como se extracta de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

Lo anterior porque, ciertamente, dentro de las atribuciones que la referida disposición legal le asigna a la Corte, se encuentra la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, como en este caso, o de juzgados de diferentes distritos. Por tal razón, como ya lo señaló la Sala en la providencia arriba citada, es de su resorte definir la manifestación de incompetencia proveniente de un juzgado cuando este señala como competente a un tribunal, conforme acontece en el presente evento donde el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga indicó que corresponde al tribunal superior de esa ciudad conocer de este asunto en sede de segunda instancia.

En tales condiciones y por ser de su competencia, la Corte pasa a definir qué autoridad judicial es la llamada a resolver la apelación interpuesta por la víctima contra la providencia del 25 de octubre de 2006, mediante la cual se dictó preclusión de la investigación a favor de Ludwin...

Pues bien, el Juez Décimo Penal del Circuito, para rehusar el conocimiento del asunto en segunda instancia, sostiene que en cuanto el artículo 334 de la Ley 906 de 2004 denomina “sentencia” la decisión que decreta la preclusión de la investigación, es de la incumbencia del tribunal la definición de la apelación, norma que es del siguiente tenor:

“... Efectos de la decisión de preclusión. En firme la sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto”.

Para la Sala, la disposición transcrita en cuanto califica de “sentencia” la decisión de preclusión no puede interpretarse con sujeción exclusiva a su tenor literal sino de manera sistemática y tomando como eje hermenéutico la propia denominación que el legislador le asignó. Lo anterior porque, como se verá, la nueva normatividad procesal no implicó un cambio frente a la naturaleza jurídica que reviste dicha decisión.

En efecto, importa señalar, en primer término, que la regulación efectuada tanto en la Ley 600 de 2000 (art. 169) como en la Ley 906 de 2004 (art. 161) acerca de la clase y naturaleza de las providencias que se profieren en el decurso del proceso penal son en esencia similares, con las únicas modificaciones consistentes en que los autos interlocutorios ahora se denominan simplemente “autos” y los de sustanciación “órdenes”, denominación esta última que igual se asigna a las decisiones de la fiscalía. Pero la definición que el legislador asignó tanto en uno como en el otro estatuto procesal a cada una de esas providencias, se repite, es sustancialmente idéntica, de suerte que sentencias siguen siendo aquellas que “deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión”, en tanto que autos (los de naturaleza interlocutoria) continúan siendo aquellos que “resuelven algún incidente o aspecto sustancial”.

Frente a tales definiciones y con referencia al estatuto procesal penal de 2000, la jurisprudencia de esta Corte siempre entendió que la preclusión de la instrucción (o la cesación de procedimiento, según el estado del proceso en que se emita la decisión) revestía naturaleza interlocutoria, y de ahí que jamás se haya admitido la interposición contra decisión de esa naturaleza del recurso de casación, en tanto ese extraordinario medio de impugnación solo procede contra sentencias de segunda instancia, conforme lo establece el artículo 205, mandato que —dicho sea de paso— se mantiene en la Ley 906 de 2004 (art. 180).

Y como atrás se señaló, se carece de razones para concluir que ese entendimiento legal ha variado con la expedición del nuevo estatuto procesal penal, solo porque el artículo 334 antes citado utiliza la expresión “sentencia”. Si no fuera así, resultaría inexplicable, por ejemplo, que el legislador hubiese distinguido entre sentencia y preclusión cuando en el artículo 32, numeral 2º de la Ley 906 de 2004 atribuye a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de la acción de revisión en caso de proferirse alguna de esas decisiones por parte de la propia corporación o de los tribunales superiores. E igual acontece con los artículos 33, numeral 3º y 34, numeral 3º al radicar en los tribunales superiores similar competencia si la sentencia o la preclusión es emitida por los jueces penales del circuito especializado, los jueces del circuito o los jueces municipales del respectivo distrito.

En ese mismo orden de ideas, obsérvese cómo el artículo 192 de la misma Ley 906 de 2004 estructura las causales de procedencia de la acción de revisión, según se trate de sentencias condenatorias, sentencias absolutorias o decisión de preclusión.

Así las cosas, si la Ley 906 de 2004 frente a la regulación de la acción de revisión distinguió entre sentencia y preclusión, es porque partió del presupuesto que se trata de providencias que revisten naturaleza jurídica diversa.

Una reflexión adicional que sustenta la anterior conclusión tiene que ver con la disposición contenida en el último inciso del artículo 176 de la misma Ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual la “apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria” (se destaca), porque si no se entendiera que la preclusión reviste carácter interlocutorio (o auto en la nueva sistemática procedimental penal), esa determinación no sería susceptible del recurso de apelación, puesto que la misma de ser considerada como “sentencia” ni es ni condenatoria ni tampoco absolutoria.

Tal conclusión, empero, no es consecuente con la connotación trascendental que ostenta la decisión de preclusión de la investigación, aspecto sobre el cual se pronunció recientemente la Sala, en sede de tutela, donde, incluso, expresamente le asignó el carácter de auto al que resuelve acerca de la solicitud de preclusión. En efecto, allí se precisó:

“Igualmente ha de dejarse en claro que el pronunciamiento que en la respectiva audiencia haya de hacer el cognoscente en uno u otro sentido, vale decir, negando o decretando la preclusión, tendrá el carácter de auto, en la medida en que a través de ese pronunciamiento está resolviendo un aspecto sustancial de la actuación (art. 161-2); tan trascendente que puede —con efectos de cosa juzgada— extinguir la acción penal.

Ahora, de cara a la posibilidad de impugnación no vacila el juicio para predicar la procedencia de los dos recursos ordinarios, esto es, la reposición (que procede para todas las decisiones, excluida la sentencia) y la apelación, porque esta la admiten ‘los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias’ (cfr. art. 176)” (2) .

Ahora bien, importa precisar, finalmente, que es desde la perspectiva de los efectos de la decisión de preclusión, en cuanto la misma reviste connotación de cosa juzgada, que se entiende la indebida pero insular inclusión de la expresión “sentencia” en la redacción del artículo 334 de la Ley 906 de 2004.

Más aún, si se revisa el contenido material del artículo 177, fácil se advierte que allí se encuentra consagrado el efecto en el cual se concede la apelación, y es así como al referir al suspensivo menciona en su numeral 2º el “auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión” (destaca la Sala), norma que no solo confirma que la preclusión es un auto sino que contra él procede el recurso de apelación.

Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para que la Corte defina en este caso la competencia para conocer de la apelación de la decisión de preclusión, asignándola al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, habida cuenta que la de primera fue proferida por un juzgado penal municipal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Definir la competencia para adoptar pronunciamiento en segunda instancia sobre la preclusión de fecha 25 de octubre de 2006, asignándola al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, de conformidad con las razones consignadas en la anterior motivación.

2. Disponer, en consecuencia, el inmediato envío de la actuación al citado Juzgado Penal del Circuito.

3. Remitir copia de esta decisión a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, para su conocimiento.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese y cúmplase.

Mauro Solarte Portilla—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Auto del 30 de mayo de 2006. Radicación 24964.

(2) Sentencia del 21 de marzo de 2006. Radicación 24749.

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