Auto 26670 de enero 24 de 2007 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación 26.270

Aprobado Acta 06

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil siete.

Vistos

Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la apoderada de las víctimas Natalia Margarita Zamora Guzmán y sus dos menores hijos Ana Manuela y José Alejandro Ramírez Zamora, contra la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 5 de septiembre de 2006, mediante la cual revocó el auto que negó la preclusión solicitada a favor del procesado Luis Guillermo Blandón Jiménez y en su lugar la decretó, ordenando el levantamiento de todas las medidas y anotaciones que se hubieran derivado de la acción penal adelantada en su contra por el delito de homicidio culposo.

Antecedentes del caso

Los hechos objeto de la investigación tuvieron ocurrencia el 10 de marzo de 2006 en la vía que de la ciudad de Armenia conduce al municipio de la Tebaida, Quindío, específicamente a la altura del Club Campestre, sitio en el cual el taxi Mazda 323 de placas VKH- 259, conducido por Ferney Fernando Franco Gaviria, colisionó con la buseta Chevrolet de placas WRC-995 conducida por Luis Guillermo Blandón Jiménez, a consecuencia de cuyo impacto falleció en el mismo acto el señor Alejandro Ramírez Suárez, quien viajaba como pasajero en el primer vehículo, cuyo conductor sufrió lesiones de consideración, al igual que doce personas más que viajaban en la buseta mencionada.

Con ocasión del homicidio del pasajero del taxi se adelantaron diligencias preliminares a efectos de establecer el responsable del accidente, pero ninguna imputación se hizo respecto del conductor del mismo, pues la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., acudió a indemnizar total e integralmente a la señora Natalia Margarita Zamora Guzmán, según documento signado por la misma, lo cual dio lugar a la preclusión de la instrucción a favor del citado Ferney Fernando Franco Gaviria, decisión que una vez en firme dio lugar a solicitud similar en pro de Luis Guillermo Blandón Jiménez, la cual fue despachada adversamente.

Sin embargo, la fiscalía insistió en la petición de preclusión a favor del último, argumentando que este no era responsable del acontecer trágico en el que perdiera la vida el señor Ramírez Suárez, comoquiera que Blandón Jiménez como conductor de la buseta debió enfrentar una situación de fuerza mayor o caso fortuito, derivado de la intempestiva invasión del carril por el que transitaba, por parte del conductor del taxi en el que se movilizaba la víctima.

Después de escuchar a las partes en la audiencia celebrada para tales fines el 23 de agosto de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia negó la preclusión solicitada, decisión que impugnada por la fiscalía fue revisada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Armenia, que en proveído del 5 de septiembre de 2006 la revocó y en su lugar decretó la preclusión de la instrucción a favor de Luis Guillermo Blandón Jiménez tras encontrar probado que este no infringió el deber de cuidado que le era exigible como conductor del vehículo automotor.

En el numeral tercero de la parte resolutiva del proveído el tribunal anunció que contra esa decisión procedía el recurso de casación que debía interponerse en el término común de 60 días después de la notificación, según lo normado en el artículo 183 de la Ley 906 de 2004.

Dentro del término señalado, la apoderada de las reconocidas como víctimas, señora Natalia Margarita Zamora Guzmán y sus dos menores hijos Ana Manuela y José Alendro (sic) Ramírez Zamora, presentan demanda de casación contra la “sentencia” de preclusión, alegando la violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho y de derecho, con base en los cuales pretende que se case la decisión recurrida y en su lugar se niegue la preclusión solicitada a favor de Blandón Jiménez.

Consideraciones de la Corte

La casación en el sistema procesal penal colombiano solo procede contra sentencias, entendidas por tales el acto jurisdiccional que pone fin al proceso o resuelve definitivamente el asunto, condenando o absolviendo al procesado, tradición que no cambia en el sistema adoptado a través de la Ley 906 de 2004, pues al igual que en los anteriores estatutos, su naturaleza está definida como aquella providencia que decide sobre el objeto del proceso, el cual no es otro que la responsabilidad del procesado.

Por lo tanto, si la decisión que se impugna a través de ese extraordinario recurso no cumple tal condición básica, es decir, si no contiene un pronunciamiento expreso sobre la responsabilidad penal de quien está siendo sometido a juzgamiento, condenándolo o absolviéndolo, carecerá de tal carácter (sentencia), y no tendrá ese mecanismo de impugnación.

Es cierto que el artículo 334 de la Ley 906 de 2004 denomina “sentencia” a la decisión que decreta la preclusión de la investigación, tal como se lee en su tenor literal del siguiente contenido:

“ART. 334.—Efectos de la decisión de preclusión. En firme la sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto” (se ha resaltado).

No obstante, ya la Sala, en auto del 30 de noviembre de 2006, dentro del radicado 26.517, determinó que esa disposición no puede interpretarse con sujeción exclusiva a su tenor literal sino de manera sistemática y tomando como eje hermenéutico la propia denominación que el legislador le asignó.

Dentro de ese contexto interpretativo, dijo la Sala, la nueva normatividad procesal no implicó un cambio frente a la naturaleza jurídica que reviste una decisión de preclusión de la instrucción, pues como se afirma en el antecedente citado,

“(...) la regulación efectuada tanto en la Ley 600 de 2000 (art. 169) como en la Ley 906 de 2004 (art. 161) acerca de la clase y naturaleza de las providencias que se profieren en el decurso del proceso penal son en esencia similares, con las únicas modificaciones consistentes en que los autos interlocutorios ahora se denominan simplemente “autos” y los de sustanciación “órdenes”, denominación esta última que igual se asigna a las decisiones de la fiscalía. Pero la definición que el legislador asignó tanto en uno como en el otro estatuto procesal a cada una de esas providencias, se repite, es sustancialmente idéntica, de suerte que sentencias siguen siendo aquellas que “deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión”, en tanto que autos (los de naturaleza interlocutoria) continúan siendo aquellos que “resuelven algún incidente o aspecto sustancial”.

“Frente a tales definiciones y con referencia al estatuto procesal penal de 2000, la jurisprudencia de esta Corte siempre entendió que la preclusión de la instrucción (o la cesación de procedimiento, según el estado del proceso en que se emita la decisión) revestía naturaleza interlocutoria, y de ahí que jamás se haya admitido la interposición contra decisión de esa naturaleza del recurso de casación, en tanto ese extraordinario medio de impugnación solo procede contra sentencias de segunda instancia, conforme lo establece el artículo 205, mandato que —dicho sea de paso— se mantiene en la Ley 906 de 2004 (art. 180).

“Y como atrás se señaló, se carece de razones para concluir que ese entendimiento legal ha variado con la expedición del nuevo estatuto procesal penal, solo porque el artículo 334 antes citado utiliza la expresión “sentencia”. Si no fuera así, resultaría inexplicable, por ejemplo, que el legislador hubiese distinguido entre sentencia y preclusión cuando en el artículo 32, numeral 2º de la Ley 906 de 2004 atribuye a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de la acción de revisión en caso de proferirse alguna de esas decisiones por parte de la propia corporación o de los tribunales superiores. E igual acontece con los artículos 33, numeral 3º y 34, numeral 3º al radicar en los tribunales superiores similar competencia si la sentencia o la preclusión es emitida por los jueces penales del circuito especializado, los jueces del circuito o los jueces municipales del respectivo distrito.

“En ese mismo orden de ideas, obsérvese cómo el artículo 192 de la misma Ley 906 de 2004 estructura las causales de procedencia de la acción de revisión, según se trate de sentencias condenatorias, sentencias absolutorias o decisión de preclusión.

“Así las cosas, si la Ley 906 de 2004 frente a la regulación de la acción de revisión distinguió entre sentencia y preclusión, es porque partió del presupuesto que se trata de providencias que revisten naturaleza jurídica diversa”.

“Una reflexión adicional que sustenta la anterior conclusión tiene que ver con la disposición contenida en el último inciso del artículo 176 de la misma Ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual la “apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria” (se resalta), porque si no se entendiera que la preclusión reviste carácter interlocutorio (o auto en la nueva sistemática procedimental penal), esa determinación no sería susceptible del recurso de apelación, puesto que la misma de ser considerada como “sentencia” ni es ni condenatoria ni tampoco absolutoria (...)”.

En el mismo antecedente la Sala hizo alusión a otro pronunciamiento reciente, en sede de tutela, en donde expresamente se le asignó el carácter de auto al que resuelve acerca de la solicitud de preclusión:

“(...) Igualmente ha de dejarse en claro que el pronunciamiento que en la respectiva audiencia haya de hacer el cognoscente en uno u otro sentido, vale decir, negando o decretando la preclusión, tendrá el carácter de auto, en la medida en que a través de ese pronunciamiento está resolviendo un aspecto sustancial de la actuación (art. 161-2); tan trascendente que puede —con efectos de cosa juzgada— extinguirla acción penal.

“Ahora, de cara a la posibilidad de impugnación no vacila el juicio para predicar la procedencia de los dos recursos ordinarios, esto es, la reposición (que procede para todas las decisiones, excluida la sentencia) y la apelación, porque esta la admiten ‘los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias’ (cfr. art. 176)” (1) .

Finalmente, como un argumento más para sustentar la tesis que hoy rige alrededor del punto discutido, la Sala acudió al contenido material del artículo 177 de la Ley 906 de 2004, para advertir que al regular en su numeral 2º el efecto en el cual se concede el recurso de apelación contra la preclusión, de manera clara se refirió al “auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión”, norma que confirma que la preclusión es un auto y que contra él sólo procede el recurso de apelación.

En las anotadas condiciones, la pretensión de la apoderada de las víctimas, orientada a que la Corte revise en casación la preclusión de la instrucción decretada a favor del indiciado Luis Guillermo Blandón Jiménez, resulta improcedente. De una parte, por no tener la decisión contra la cual se dirige el recurso la condición de sentencia, y de otra, porque de acuerdo con la ley procesal que rige el caso, el auto que decreta o rechaza la preclusión solo es susceptible del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Rechazar el recurso de casación presentado a nombre de las víctimas Natalia Margarita Zamora Guzmán y sus dos menores hijos Ana Manuela y José Alejandro Ramírez Zamora, contra la decisión mediante la cual se precluyó la instrucción a favor del indicado Luis Guillermo Blandón Jiménez por las razones expresadas en la parte motiva de esta decisión.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alfredo Gómez Quintero—Sigifredo Espinosa Pérez—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Mauro Solarte Portilla—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Sentencia del 21 de marzo de 2006. Radicación 24749.

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